Miles de “vagos” indignados de Francia retan a Macron en defensa del Código Laboral

Miles de “vagos” indignados de Francia retan a Macron en defensa del Código Laboral

Between 223,000 and 400,000 people marched in several cities across France against labour law reforms mainly aimed at making it easier to sack workers. The sign held by this demonstrator says "We’re fed up". Paris, 12 September 2017.

(Bryan Carter)
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Sin dudarlo un segundo, Cathy Le Gac se ha cambiado la blusa de enfermera por una cazadora de cuero y unos zapatos aptos para caminar. Junto con sus compañeros de un hospital parisino, está decidida a participar en la manifestación del 12 de septiembre contra la reforma laboral.

“Esto es un desprecio”, dice con amargura. “Desprecio por los asalariados, por los trabajadores… Desprecio clasista”.

Al igual que Cathy, miles de trabajadores, estudiantes y militantes se han manifestado en varias ciudades de Francia para denunciar los decretos del Gobierno francés destinados a facilitar el despido de trabajadores y a reformar el diálogo social en el seno de las empresas.

Organizada por la unión sindical Confédération générale du travail (CGT), la movilización ha congregado a más de 400.000 personas de todo el país, según los organizadores, 223.000 según el Ministerio del Interior.

En París, entre 24.000 y 60.000 manifestantes, dependiendo de la fuente informativa, han tomado las calles bajo una marea de pancartas y banderas, al son de cantos contestatarios y de discursos militantes.

Principal blanco de las críticas: Emmanuel Macron, que se enfrentaba a la primera protesta social importante desde su toma de posesión el pasado mes de mayo.

Tras el descenso de popularidad registrado en las encuestas de opinión pública, perjudicado por las impactantes revelaciones sobre sus gastos de maquillaje de 26.000 euros (31.000 USD) en sus primeros cien días en el cargo, y debilitado por la mala gestión de determinados asuntos, el presidente francés ha declarado recientemente en un discurso: “No voy a ceder ante vagos, cínicos y extremistas”.

Era lo que les faltaba a los manifestantes, que han aprovechado bien la frase para fabricar eslóganes: “Vagos de todo el país, uníos”, “Vagos en marcha contra la legislación laboral”, “Macron no hace nada”, podía leerse en las pancartas.

Detrás del buen humor mostrado, el tono es grave.

“Esta reforma no va a favorecer la paz social”, afirma Avi Bitton, un abogado especializado en Derecho laboral, vestido con su toga. “Esto va a tener repercusiones en la vida en familia, en la vida política del país, en la vida en sociedad. Podría desestabilizar la sociedad francesa”.

“Una ley sexista”

Ya con François Hollande, las leyes relativas al Código Laboral habían suscitado una ola de protestas. Durante la campaña presidencial, Emmanuel Macron prometía proseguir con las medidas de su predecesor, con el objetivo de reducir el paro del 9,8% al 7% de aquí a finales de su mandato quinquenal en 2022.

Según el Gobierno, los decretos son necesarios porque la legislación laboral francesa “no responde plenamente a las realidades económicas vinculadas a la globalización, ni a la diversidad de las empresas y de los sectores, y crea en cambio rigideces y desigualdades que ponen trabas a la iniciativa y a la contratación”.

Los detractores del Código Laboral francés han venido denunciando desde hace varias décadas su complejidad, y se divierten comparando ante las cámaras este ladrillo de 3.000 páginas con los códigos laborales de otros países, apenas más espesos que un catálogo de moda.

Pero muchos franceses consideran el Código como una protección contra la arbitrariedad en el mundo del trabajo. De hecho, seis de cada diez franceses se declaran en contra de las reformas actuales.

Limitaciones a las indemnizaciones por despido considerado improcedente por un tribunal laboral, fusión de las instancias representativas de los trabajadores, perímetro de despido económico... Detrás de estos complejos términos se esconde una filosofía económica sencilla, inspirada en el pensamiento empresarial: al facilitar el despido de los trabajadores y debilitar el poder de los sindicatos, los empleadores contratarán más trabajadores, lo que contribuirá a una bajada del paro.

“Falso”, responde Alexandre, un manifestante que trabaja como experto contable. “El empleador contrata personal cuando los negocios van bien. Si no van bien, no contrata a nadie, por muy fácil que le resulte despedir personal”.

“Los decretos se centran en la salida de los trabajadores, no en las nuevas contrataciones. Yo no entiendo cómo eso va a ayudar a la gente a encontrar trabajo”.

En la manifestación parisina, Sophia, que se describe como “feminista y activista”, sostiene con ambas manos una pancarta en la que puede leerse: “La legislación laboral, una legislación sexista”.

Denuncia específicamente la inversión de la jerarquía de normas: el que los acuerdos dentro de la empresa se impongan ahora a los convenios colectivos. Estos últimos, negociados por los representantes de los sectores profesionales, son más ventajosos que las disposiciones nacionales.

Pero al autorizar a las empresas a imponer condiciones menos favorables que las previstas por su correspondiente sector de actividad, la reforma podría, según la CGT, dar lugar a “una amplificación del dumping social, acentuando la competencia de las pymes y de sus trabajadores. Esto va a agravar la inseguridad social de esas empresas, que se encuentran cada vez más sometidas a la influencia de los contratistas”.

En las empresas de menos de 20 trabajadores, el director podrá negociar directamente con sus empleados todos los temas, inclusive la jornada laboral, los salarios, las primas y la organización, sin tener que pasar por un representante del personal. Para las empresas de entre 20 y 50 trabajadores, la negociación deberá hacerse con un delegado electo, pero no necesariamente vinculado al sindicato.

Annabelle Chassagnieux, experta en el CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), declara: “Las relaciones de poder, ya desiguales, van a inclinarse aún más a favor de los empleadores. Nos presentan decretos como si fueran fruto de un diálogo equilibrado entre las personas que hablan a un mismo nivel. Pero en las reuniones entre los responsables de Recursos Humanos, con una formación, y los trabajadores, existe un desequilibrio. Pretender que ese desequilibrio no existe es burlarse de la gente”.

“Observamos que las relaciones laborales se están individualizando cada vez más, y que la competencia entre los empleados es cada vez mayor. Este tipo de medida tendrá por único efecto el de aislar a los grupos más frágiles”, añade en una entrevista con Equal Times.

Por miedo a que no les renueven el contrato, los trabajadores más precarios, en particular los que tienen un contrato de duración determinada, difícilmente podrán rechazar las condiciones impuestas en la empresa. Además, las mujeres estarán infrarrepresentadas entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los que trabajan en las pymes.

Las organizaciones feministas temen también un cuestionamiento de los derechos de la familia incluidos en los convenios sectoriales, como la licencia por maternidad y los relativos a los niños enfermos.

En una economía cada vez más competitiva, y ante la lógica del rendimiento de la dirección, el desplazamiento progresivo de las mujeres y de las personas en situación delicada constituirá una forma de discriminación que oculta su nombre.

“Esta ley empobrece a las mujeres”, concluye Sophia.

A los ojos de los manifestantes, los límites a las indemnizaciones por despido considerado improcedente por un tribunal laboral, constituyen otra ofensa. Antes, si un empleado era objeto de un despido improcedente, es decir sin motivo real o serio, las indemnizaciones que le correspondían las fijaba un tribunal laboral en función del perjuicio estimado. La reforma propone fijar unos topes para que el empleador pueda saber exactamente de antemano lo que le costaría despedir de manera improcedente a uno de sus trabajadores.

El Gobierno justifica esta medida afirmando que “la incertidumbre sobre el coste de un eventual despido puede disuadir al empleador de contratar nuevos trabajadores. El baremo aporta una previsibilidad que permitirá eliminar esta incertidumbre y promover la creación de empleo en nuestro país”.

Esta limitación, una reivindicación de larga data de los empleadores, que esgrimen el espectro de la quiebra cuando sus extrabajadores les atacan en los tribunales para obtener una indemnización, hace saltar a Yann Gillet, sindicalista en el sector metalúrgico.

“¡El despido improcedente es un despido improcedente! Es por tanto ilegal, está fuera de la ley. ¿Cómo es posible que se le ponga un baremo a algo que está fuera de la ley?”.

Para compensar, los sindicatos han logrado obtener una subida del 25% de las indemnizaciones legales por despido: sin duda la única contrapartida para los trabajadores dentro del conjunto de los decretos.

Empleadores unánimes, sindicatos divididos

A pesar de la aprobación de una parte de la prensa nacional e internacional –el New York Times ha llegado incluso a calificar el Código Laboral de “engorroso obtuso y perjudicial” al tiempo que anima al Gobierno a “mantenerse firme”–, numerosos medios de comunicación franceses estiman que estas medidas se inclinan claramente a favor de los empleadores.

Hasta el presentador del telediario de France 2, Julian Bugier, tuvo dificultades para disimular su irritación ante el primer ministro Edouard Philippe el día de la presentación de los decretos.

Tras haber recordado a éste sus propias declaraciones, según las cuales “el Derecho laboral no es la primera causa del desempleo en Francia”, el periodista le pregunta si no se está contando “una especie de mentira al hacer creer que la flexibilización del trabajo va a permitir recuperar la cartera de pedidos”, y que esta reforma “retoma punto por punto las reivindicaciones históricas del MEDEF”.

De hecho, el presidente de la unión de patronos Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Pierre Gattaz, considera que se trata de “una etapa importante e interesante que puede ayudar a afianzar la confianza de los empresarios”.

Mismo discurso por parte de la Confédération des petites et moyennes entreprises, que aplaude un contenido “pragmático, que se ajusta a la realidad sobre el terreno y que no quita nada al equilibrio de la seguridad que necesitan los trabajadores”.

Una disposición particularmente bien recibida por el conjunto de los empleadores es la del “perímetro de apreciación del motivo económico establecido a nivel nacional”. A partir de ahora, las multinacionales no tendrán que demostrar una falta de rentabilidad en el conjunto de sus grupos para poder despedir trabajadores en Francia. Únicamente la situación económica de sus filiales francesas podrá justificar el inicio de un despido colectivo.

Las organizaciones sindicales han denunciado enseguida ese sistema de rendición de cuentas, advirtiendo sobre los fraudes fiscales que permiten arruinar artificialmente la salud financiera de una filial con el objetivo de reducir sus efectivos.

Este favor a las multinacionales no ha pillado por sorpresa a quienes evocan el pasado de los principales protagonistas del texto, a saber, la ministra de Trabajo Muriel Pénicaud, procedente del gigante de la agroalimentación Danone, Edouard Philippe, que pasó por la multinacional de energía Areva, y Emmanuel Macron, ex inversor bancario en Rothschild.

El anuncio por parte del Ejecutivo de nuevas reformas inminentes en la formación, las pensiones y el seguro de desempleo hace rechinar los dientes a los sindicatos. Pero estos últimos, carcomidos por sus rivalidades y una escasa representatividad (aproximadamente un 10%) de los trabajadores franceses, no son capaces de encontrar una postura común para oponerse al “macronismo”.

La Confédération française démocratique du travail (CFDT), primer sindicato de Francia, no ha hecho un llamamiento para participar en la movilización del martes, a pesar de haber calificado losdecretos de “profunda decepción”.

En París, solo podía verse en el cortejo una pequeña delegación de metalúrgicos de la CFDT. “Pienso que están proliferando demasiados individualismos y egos de cada lado”, dice el sindicalista Yann Gillet, un poco disgustado.

El sindicato Force ouvrière (FO) tampoco había llamado a manifestarse junto a la CGT, y ya se ha desvinculado de la próxima movilización, prevista para el 21 de septiembre, es decir la víspera de la aprobación de losdecretos en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, es muy probable que haya federaciones o uniones departamentales FO que se unan al movimiento, como sucedió el 12 de septiembre.

“Nuestra dirección nacional ha hecho un análisis relacionado con la concertación y considera que ha obtenido resultados positivos”, adelanta Gabriel Gaudy, secretario general de FO para la Región Parisina. “Pero después de haber luchado durante 14 manifestaciones contra la ley El Khomri, me resulta imposible mantenerme al margen de la actuación y los esfuerzos de mis compañeros”.

Si bien estima que los sindicatos están siendo “enérgicamente atacados en sus fundamentos esenciales”, cree que las manifestaciones por sí solas no bastan, y que es preciso “proseguir con la lucha en el seno de las empresas”.

Queda por convencer. La gran mayoría de los franceses no han secundado la convocatoria de huelga, y el grado del descontento social sigue siendo modesto en comparación a lo que ha llegado a vivir Francia en el pasado.

“Yo creo que sigue existiendo el temor a la precarización y también un poco de fatalismo; se piensa que podría haber sido peor”, declara Alexandre, el experto contable.

“Eso es lo triste: retrocedemos una y otra vez, supuestamente para evitar lo peor. Pero llegará un momento en que no podremos retroceder más”.

This story has been translated from French.