Periodistas, activistas y presentadores de tertulias televisivas se han convertido en el nuevo blanco de las autoridades libanesas. Aunque son acusados y procesados por difamación, no corren el riesgo de ser efectivamente condenados a penas de cárcel puesto que, pasado un tiempo, la acusación suele retirar los cargos. Sin embargo estas acusaciones ejemplifican la presión que el Gobierno quiere imponer sobre la libertad de expresión de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de mayo de 2018.

“Los ataques jurídicos contra periodistas y activistas se han disparado estos dos últimos años, sobre todo desde noviembre de 2017”, declara a Equal Times Ayman Mhanna, director ejecutivo de la Samir Kassir Foundation. “En 2017 contabilizamos una veintena de ataques, tres de los cuales tuvieron lugar en octubre, seis en noviembre y tres en diciembre. En enero de 2018 ya hemos tenido diez; y durante la primera semana de febrero, otros tres”.

Entre los casos más recientes está el del presentador de la tertulia televisiva LBCI Marcel Ghanem, que en enero fue acusado de menospreciar y obstruir la justicia tras haberse negado a comparecer a una primera citación judicial en noviembre. El 10 de noviembre de 2017 el presentador había invitado a dos periodistas saudíes que criticaron al Gobierno libanés en su programa de tertulia semanal Kalam Ennas (que significa Charla de la gente). Ghanem fue entonces procesado, y el 16 de febrero quedó en libertad bajo fianza.

El 18 de enero, Hanin Ghaddar, profesora visitante inaugural de la cátedra Friedmann en The Washington Institute, y antigua editora de NOW Media, fue condenada por un tribunal militar a seis meses de cárcel in absentia [había abandonado el país]. Se la acusaba de haber “difamado” a las Fuerzas Armadas libanesas en una conferencia en Estados Unidos en el año 2014.

Otro presentador del programa de tertulia televisiva LBCI, Hisham Haddad, fue igualmente juzgado el 25 de enero por haber bromeado acerca de Mohammad bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, y de Saad Hariri, primer ministro del Líbano, en su programa semanal Lahonwbass (que se podría traducir como “Bueno, hasta aquí hemos llegado”).

Cinco días después, respondiendo de manera irónica a la situación, Haddad apareció en su programa con un traje de preso, mofándose del sistema judicial. Fue nuevamente procesado.

“LBCI y el juez llegaron a un acuerdo durante una reunión con representantes de los Ministerios de Justicia e Información”, explica Hisham Haddad a Equal Times. “Se suponía que iba a ser un juicio civil, pero se retiraron los cargos. Nunca me había visto atacado por la justicia, pero no me importa. ¡Me hizo ganar audiencia! He recibido un enorme apoyo por parte de los telespectadores”.

“Los políticos no quieren que la gente hable mal de ellos”

Para Gino Raidy, vicepresidente de March Lebanon, una organización no gubernamental preocupada por la libertad de expresión, esta intensificación de la represión contra la libertad de expresión se debe a las próximas elecciones de mayo.

Las elecciones se habían previsto inicialmente para junio de 2013, pero al final se van a celebrar cinco años más tarde. En un primer momento el Parlamento pospuso las elecciones a noviembre de 2014, y después autoprorrogó su mandato en dos ocasiones hasta que se adoptó como fecha final mayo de 2018. ¿Cuál fue la causa del reiterado retraso? La incapacidad del Parlamento para ponerse de acuerdo sobre una nueva ley electoral para el reparto de escaños parlamentarios, lo cual se logró finalmente en junio de 2017.

Hasta que no se introdujeron las reformas propuestas, las elecciones en el Líbano estaban basadas en un sistema sectario en el que los partidos que representaban a las principales comunidades religiosas obtenían la mayoría de los escaños. Con la nueva ley se va a aplicar por primera vez un sistema de representación proporcional para intentar acabar con el sistema parlamentario sectario del país.

“Los políticos no quieren que la gente hable mal de ellos”, dice Raidy. “Pero está claro que hay dos raseros, dos varas de medir, porque ningún simpatizante de Nabih Berri [portavoz del Parlamento libanés] ni de Gibran Bassil [ministro de Asuntos Exteriores] ha sido arrestado por los insultos virulentos que profirieron contra el líder del partido contrario, tanto en Internet como en la calle”.

El lunes 29 de enero estallaron en el Líbano violentas protestas encabezadas por el partido Amal de Berri después de que Bassil tratara a Berri de “matón”. Bassil es el yerno del presidente libanés Michel Aoun y encabeza el Movimiento Patriótico Libre, un partido políticamente sectario y opuesto al partido Amal de Berri.

“Vi a gente en Internet invocando incluso la muerte, y sin embargo no se tomó ninguna medida contra ellos”, añade Raidy. “Pero al menos al Gobierno le resulta más difícil justificar sus actuaciones, y también daña su imagen. Los juicios son solo una herramienta para intimidar a las personas de cara a las elecciones y para imponer autocensura. Yo creo que la gente debería respetar lo que otras personas dicen, aunque no les guste. No deberían reaccionar en caliente”.

Sin embargo los últimos acontecimientos dejan patente que las cosas ya no son como antes, dice Raidy. “Los partidos tradicionales están amenazados y atemorizados por la aparición de partidos de la sociedad civil; las alianzas tradicionales se están rompiendo y la sociedad civil se ha movilizado”.

Esta es una opinión que comparte Haddad. “Yo voy a seguir diciendo lo que me dé la gana, pero de forma inteligente, sin pronunciar ningún nombre en concreto. El período electoral va a ser muy duro, pero veo que se aproxima un cambio, o al menos un principio de cambio”.

Críticas casi prohibidas en el Líbano

En un informe de enero de 2018 publicado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) se explica que la Constitución del Líbano garantiza la libertad de expresión “dentro de los límites establecidos por la ley”. Se añade que el Código Penal libanés criminaliza la calumnia y la difamación contra funcionarios y contempla en tales casos penas de cárcel de hasta un año, en virtud del artículo 384 (sobre insultos al presidente, a la bandera o al emblema nacional) y del artículo 157 (sobre insultos a la bandera o al Ejército).

“Estos arrestos reflejan una clase política manifiestamente intolerante ante cualquier pregunta o crítica. Es inaceptable que numerosas personas estén pasando semanas en la cárcel por reírse de los políticos en Internet”, declara a Equal Times Bassam Khawaja, investigador de HRW sobre el Líbano y Kuwait.

“Los fiscales deberían dejar de formular estas ridículas acusaciones contra personas que se expresan en contra de las autoridades. Pero en última instancia, para que las críticas pacíficas al Gobierno dejen de ser delito es preciso que el Parlamento del Líbano revoque estas leyes. Estas acciones judiciales paralizan la libertad de expresión en el país, y las demandas judiciales contra periodistas en particular menoscaban la capacidad de los medios para cuestionar al Gobierno y obligarle a rendir cuentas”, continúa Khawaja.

Mhanna asiente: “Me parece muy peligroso que la justicia se esté utilizando para fines políticos. Se está produciendo una injerencia del poder político en los asuntos judiciales, se está haciendo un uso arbitrario de los artículos referentes a la difamación, se están incumpliendo los procedimientos de interrogación y hay una impunidad absoluta. Aunque no haya una injerencia directa, los magistrados son designados por el Gobierno, de manera que la justicia no es realmente independiente. Todo esto tiene que cambiar lo antes posible”.

A pesar de haber sido contactado en repetidas ocasiones por Equal Times, el Ministerio de Justicia no ha querido hacer ningún comentario sobre este asunto.

El peligro de la autocensura

Muy conscientes de los riesgos, algunos periodistas del Líbano se están autocensurando. Kareem Chehayeb, periodista y analista libanés, dice que “la autocensura se vuelve intuitiva, puesto que existen tantos limbos legales y tanta ambigüedad que uno nunca sabe lo que esperar. No sabes cómo un líder político o corporativo va a interpretar tu crítica”, continúa. “También está el miedo a ser juzgado en un tribunal militar si te acusan de dañar la reputación del Ejército, entre otras cosas”.

Chehayeb dice que conoce a varios periodistas que quieren hacer más trabajo de investigación pero que temen las posibles repercusiones que ello conlleva, o que se sienten frenados por los discursos limitados de los medios de comunicación donde trabajan.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha descrito los medios libaneses como “abiertos y directos pero también extremadamente politizados y polarizados”. En su análisis sobre el Líbano, RSF dice que “ciertos partidos políticos y hombres de negocios usan los diarios, los canales de radio y televisión, como herramientas de comunicación. El Código Penal libanés contempla los delitos de difamación, calumnia y difusión de información falsa. Los periodistas son juzgados en tribunales especiales de prensa o tribunales militares; lo más habitual es que les condenen a pagar multas, aunque no dejan de correr el riesgo de ser encarcelados. El departamento gubernamental encargado de la lucha contra los crímenes cibernéticos también puede citar a blogueros y periodistas que difunden información en línea si se presenta una denuncia por alguna publicación en las redes sociales”.

Aunque Chehayeb nunca ha sido procesado, dice que ha “recibido amenazas a través de las redes sociales y correos electrónicos por parte de individuos que apoyan a determinados partidos y grupos”.

“Cuanto estaba grabando en vídeo las protestas, varios funcionarios de uniforme y de paisano vinieron a hacerme preguntas, como por ejemplo si estaba afiliado a algún medio de comunicación, si tenía una ‘licencia’, e incluso me pidieron que borrara las fotos y los vídeos”, explica Chehayeb.

“Uno de los partidos políticos también envió una denuncia a mi editor, acusándome de falsificar una cita de una conferencia de prensa. Al final se demostró que estaban mintiendo descaradamente”.

No obstante, hay cierta esperanza de que las próximas elecciones permitan que en el futuro haya más protección para los periodistas, las personalidades, los activistas y las organizaciones que quieren expresarse libremente, ya sea a través de los medios o en sus propias cuentas de redes sociales.

Al haber más candidatos de la sociedad civil arrestados o agredidos repetidamente por decir lo que piensan o por protestar, podría producirse un indicio de cambio antes de lo esperado.

Mientras tanto, muchos seguirán expresando sus opiniones y continuarán asumiendo riesgos para informar mejor al público libanés.