“Todo el tiempo estoy buscando [trabajo] y he mandado mi hoja de vida, pero cuando ven mi edad –y yo soy activa, una mujer súper activa, no me duele nada, estoy bien no tengo Alzheimer ni nada de eso, pongo de mi parte– pero creo que cuando ven mi edad me echan para atrás”, se lamenta Evelyn (de 68 años), una venezolana que llegó a Ecuador hace cinco años para reunirse con sus dos hijas.

Su relato nos acerca a la situación que viven muchas personas mayores migrantes en América Latina, pero también en otras partes del mundo, inmersas en la exclusión social y el abandono por parte de los Estados receptores. Parte del problema radica en la forma en la que se aborda e integra el envejecimiento en nuestras sociedades actuales. ¿Se está sembrando la idea de que el envejecimiento es una carga?

Según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el umbral para llamar a alguien “persona mayor” o “adulto mayor” es de 60 años para adelante. En América Latina, este grupo poblacional aumentará unas 3,5 veces en los próximos 50 años, pasando de 57 millones de personas en 2020 a unos 200 millones en 2070, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Una de las cosas que hay que destacar es el papel de los medios de comunicación para hacer visibles a estas poblaciones migrantes [...] ese es el primer mensaje que hay que dar”, dice Marcela Bustamante, representante regional de la ONG HelpAge International con sede en Colombia, sobre la importancia de documentar y difundir información sobre las personas mayores para no caer en un desconocimiento total que agrave las condiciones de vulnerabilidad en las que ya se encuentran. Hasta ahora, la cobertura se ha centrado en la población en edad productiva y en los grupos vulnerables como las mujeres y los menores de edad.

Precisamente, una de las últimas evaluaciones titulada Un reclamo de dignidad: Vejez en la movilidad humana, realizada por HelpAge International y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en América Latina, revela el estado de afectación en el que se encuentran las personas mayores en cuanto al ejercicio de sus derechos, que además se vieron empeorados por la pandemia de covid-19.

El estudio reveló “erosiones o vulnerabilidades de los derechos en el acceso a la documentación, en el acceso a la información, en el acceso al trabajo o en el acceso a regularizar su situación. Y la pandemia, obviamente, terminó de socavar los derechos porque si antes, por ejemplo [...] muchos si tenían algún ingreso, pues dejaron de percibirlo. Si tenían un trabajo, este disminuyó”, señala Bustamante.

Según datos recogidos por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), los flujos migratorios de personas mayores de 65 años en el mundo suponen el 12%, siendo América Latina una de las regiones que más envejece.

En la región Andina, para ACNUR y HelpAge International, en los últimos años las nacionalidades colombiana y venezolana han concentrado la mayor parte de los flujos en este rango de edad, con un mayor movimiento de esta última debido a la crisis social y política del país caribeño.

Casi 5 millones de venezolanos se encuentran desplazados en América Latina y el Caribe, de acuerdo con las cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, gestionada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, que no precisan de un registro específico del número de personas mayores. Por su parte, Colombia, Perú y Ecuador, países que históricamente han sido emisores de flujos migratorios, se han convertido ahora en países receptores para esta nacionalidad.

Discriminación laboral y feminización de la migración de la tercera edad

“Yo salí de Venezuela con la esperanza de tener un empleo formal, pero lo que conspira contra mí es la edad, un hombre ya de 67 años”, dice Domingo Javier González Salas, que actualmente se gana la vida como conductor de Uber en Ecuador, apoyando a su hija con el transporte al trabajo y haciendo otros traslados privados que le permiten ayudar económicamente a su familia.

Conforme al artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, uno de los derechos vitales de las personas mayores es el de un “trabajo digno”, así como la “igualdad de oportunidades sin importar la edad”, no obstante, la realidad para esta población es la informalidad como medio de supervivencia, siendo precisamente la edad una de las principales causas que los excluye de la sociedad en todos los niveles.

“A lo que les llevó el trabajo informal durante la pandemia es a estar fuera de los subsidios que los gobiernos prestaron a través de los sistemas de protección social […], porque no pudieron acceder a ningún alivio”, afirma Bustamante, que subraya que el 79% está inmerso en este sector, lo que influye en “la precariedad y la explotación laboral, con largas jornadas de trabajo y bajos ingresos”.

En América Latina y el Caribe, la edad media de jubilación se sitúa entre los 60 y los 65 años, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero al ser una de las regiones más desiguales y con un alto nivel de informalidad laboral, muchas personas mayores se ven obligadas a seguir trabajando ante la ausencia de una jubilación digna. Y esta situación se agrava cuando se combinan otros factores, como la migración.

“He hecho de todo, he vendido pan, he limpiado casas, he vendido pollo, no sé cuántas cosas he hecho para poder subsistir”, explica Evelyn, que encontró en el activismo como migrante y en su dedicación a un proyecto de huerto comunitario una salida y una forma de mantenerse activa en su cotidianidad.

“En muchos casos ellas [las mujeres mayores] venían siguiendo a sus familias. Mientras sus familias se iban moviendo más al sur, es decir, cruzaban Ecuador, cruzaban Perú hasta llegar a Chile, ellas venían detrás. Muchas venían solas, realmente solas acá […] Eso hizo que también se vieran más vulnerables”, dice la activista y socióloga afrovenezolana María Emilia Durán, quien añade que también hay una tendencia a la feminización en la movilidad de esta población.

“Las mujeres mayores con las que pude trabajar, tuvieron como primera opción las ventas callejeras. Muchas trabajaban vendiendo caramelos o algo en los semáforos o en el transporte público”, por motivos de facilidad, continua.

Esta circunstancia de precariedad laboral para las mujeres mayores, señala Durán, las confina de por sí a espacios inseguros donde, a falta de protecciones sociales, están condenadas a su suerte, expuestas u obligadas, por instinto de supervivencia, a exponerse, muchas veces incluso a la explotación laboral o sexual.

Por otro lado, está el tema de los cuidados, que se traduce en el trabajo no remunerado que realizan las mujeres mayores en sus familias, a falta de otras opciones. Este trabajo invisible e infravalorado las avoca a una vejez empobrecida. Es el caso de María Isabel (de 62 años), que ayuda en las tareas del hogar y el cuidado de sus nietos, si bien mantiene su deseo de encontrar un trabajo que le permita alcanzar su anhelada libertad financiera.

Tras la muerte de su esposo, la crisis económica y la tristeza de no tener a su familia cerca, María Isabel se vio obligada a dejar su casa en Venezuela y emprender el camino hacia la reunificación familiar. “Me vine sola [a Bogotá], no fue fácil, pero acá estamos”, cuenta.

“Estoy realizando estas actividades para colaborar con la familia, pero no es mi responsabilidad, porque esa parte ya la hice con mis hijos [...] pero claro, tengo que empatizar y ayudarlos, así como ellos me ayudan a estar acá”, dice esta licenciada en contaduría pública.

“En realidad lo que yo quiero, como mujer venezolana de la tercera edad, es ser independiente económicamente, porque todavía estoy en mis cinco sentidos y me siento capaz, tengo la movilidad, tengo la intención, tengo la energía, pero no se me ha presentado la oportunidad, ¡ni siquiera de encontrar un novio acá!”, continúa mientras sonríe con picardía para sí misma.

Impacto de la pandemia y retos pendientes

“La situación en general de las personas mayores ha estado bastante grave, ya lo era antes de la pandemia y ahora aún más”, dice Durán sobre cómo la pandemia dejó al descubierto vacíos en las políticas públicas que revelaron problemas de acceso a los servicios de salud para la población migrante mayor en Ecuador, una realidad que no es ajena a otros países de la región. Así, se han constatado negligencias médicas en el tratamiento de otras enfermedades y enormes carencias en la atención a la salud mental, señalan HelpAge International y ACNUR en su evaluación.

“Una de las cosas que más pude evidenciar [trabajando con población migrante venezolana] fueron mujeres adultas que tenían enfermedades preexistentes. Eran diabéticas, hipertensas, requerían atención médica constante y no estaban teniendo acceso, sin mencionar que sus derechos sexuales y reproductivos estaban sumamente afectados”, indica Durán, que enfatiza en la soledad que acompaña las trayectorias de las personas mayores.

Trabajar improvisadamente vendiendo en la calle o verse encerrados dependiendo de sus hijos o como cuidadoras de sus nietos, genera “estados emocionales tales como melancolía, ansiedad, depresión, cansancio y dificultades en el proceso de adaptación e integración”, subrayan también HelpAge International y ACNUR.

“Al capitalismo no le importan las personas mayores y a estos gobiernos neoliberales menos. Hay una conciencia del sujeto productivo solo si eres capaz de producir. Por eso hoy se discute el tema del aumento de la edad de jubilación”, que avanza en detrimento de una vejez digna y una muerte digna, asegura Durán.

El envejecimiento de la población mundial avanza mucho más rápido de lo que creemos, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las medidas de adaptación a la futura realidad demográfica renquean.

Se estima que en 2050 una de cada cinco personas tendrá más de 60 años, y que “el 80% de la población mayor va a vivir en países de bajos ingresos. Es una migración que está envejeciendo en pobreza”, bajo sistemas de protección frágiles o con poca presencia del Estado, subraya Bustamante.

“Nos preguntamos qué está pasando con la población que está envejeciendo –que es toda–; que está migrando y no forma parte de los sistemas provisionales, cómo va a ser la vejez, cómo se va a integrar esta población migrante que está en edad de trabajar en los sistemas provisionales. Son reflexiones que los gobiernos tienen que hacerse”, apunta Bustamante. Su organización se une a multitud de voces que piden construir sociedades más inclusivas y libres de todo tipo de mitos y estereotipos en torno a la vejez.

“La persona mayor no quiere ser una carga para nadie, yo tengo mis grupos y toda la gente que está en mis grupos, todos me dicen lo mismo, y yo me siento igual, yo también quiero tener ingresos, porque al tener ingresos no te sientes inútil y tenemos conocimientos para dar muchas cosas”, expresa Evelyn.