Ko Toe* estaba orgulloso de ser policía y trabajar para mantener el orden público en Yangón. Pero todo cambió cuando la junta militar de Birmania, dirigida por el general Min Aung Hlaing, dio un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021. Hoy en día, Ko Toe vive al otro lado de la ley, como una persona ‘ilegal’, término que se suele utilizar para calificar a los migrantes indocumentados en Tailandia.

Después de un mes presenciando cómo los soldados oprimían violentamente a los civiles, decidió dejar de trabajar y unirse al Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), una iniciativa descentralizada, no violenta y de base que utiliza diversas formas de acción directa –como huelgas, protestas, manifestaciones, el impago de facturas y el boicot a las empresas vinculadas al ejército– para plantar cara al régimen.

“Ya no estábamos lo suficientemente limpios como para llevar un uniforme de policía, pues el que yo llevaba no podía proteger a la gente, sino que la torturaba”, recuerda Ko Toe. Primero huyó de Yangón y se refugió en las montañas con la Unión Nacional Karen, un poderoso grupo armado étnico que lleva mucho tiempo promoviendo la autodeterminación del pueblo karen y que ahora proporciona entrenamiento militar a los activistas antigolpistas.

Como seguía sin sentirse seguro, un año después decidió realizar la travesía para cruzar a Mae Sot, una de las ciudades fronterizas tailandesas situadas más cerca de Birmania, en la provincia de Tak. Sin documentos legales, Ko Toe ha abandonado su antigua vida y ahora sobrevive de manera clandestina con algunos miembros más del MDC. Junto a un grupo de antiguos profesores, enfermeras y periodistas, vive en una casa pequeña donde venden bolsos hechos a mano para mantenerse a sí mismos y a la revolución.

Según los datos de varias organizaciones de derechos humanos, más de 3.000 personas han sido asesinadas, unas 20.000 han sido detenidas y cerca de 1,4 millones han sido desplazadas desde que el Tatmadaw, el ejército de Birmania, derrocó al gobierno civil electo en febrero de 2021 y detuvo al presidente Win Myint y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi junto a varios ministros y parlamentarios. Sin embargo, se cree que las cifras reales son mucho más elevadas, ya que resulta muy difícil obtener información precisa desde el interior de Birmania.

La represión política ha tenido unas graves consecuencias económicas, gracias a las seis rondas de sanciones de la Unión Europea y a la desinversión generalizada de los inversores extranjeros. Como resultado, el kyat se ha depreciado rápidamente, mientras que el coste de la vida en Birmania se ha disparado.

Un éxodo de trabajadores

Atrapados en un bucle tras cinco décadas de dictadura militar (1962-2011), los birmanos en edad de trabajar llevan mucho tiempo buscando mejores oportunidades laborales fuera del país, sobre todo en la vecina Tailandia, donde constituyen más de la mitad de la mano de obra migrante del país y se concentran en industrias como la agricultura, la pesca, la construcción y el sector servicios.

A partir de 2011, Birmania emprendió medidas para recorrer una senda semicontrolada hacia la democracia y muchos trabajadores migrantes birmanos regresaron a su país para montar empresas, gracias a las habilidades y el capital que habían adquirido mientras trabajaban en el extranjero. Sin embargo, el reciente golpe de Estado ha puesto fin a dicha tendencia.

En cambio, se ha disparado el número de trabajadores migrantes birmanos en Tailandia. En diciembre de 2020 había oficialmente 1.574.324 birmanos inscritos en el sistema tailandés de registro laboral. Dos años después, había 1.981.739. Se cree que son muchos más los que trabajan clandestinamente y de manera informal.

Sin embargo, la represión política en Birmania no es la única causa de este éxodo. Birmania y Tailandia también han tenido que enfrentarse a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de covid-19.

Después de registrarse el primer caso positivo en enero de 2020, Tailandia cerró sus fronteras exteriores y aplicó restricciones a los viajes dentro del país. Esto tuvo como consecuencia que a decenas de miles de migrantes birmanos se les prohibiera realizar sus viajes regulares entre ambos países y quedaran atrapados en Tailandia o en Birmania, especialmente en las poblaciones fronterizas.

Tras la reanudación de la actividad normal en Tailandia en 2022, algunos birmanos intentaron regresar legalmente a su país de adopción en virtud de un Memorando de Entendimiento firmado entre ambas naciones en un esfuerzo bilateral por conectar a los trabajadores migrantes en Birmania con los empleadores en Tailandia. Además, durante una de las amnistías en Tailandia para el registro de los trabajadores migrantes, los trabajadores irregulares también pudieron inscribirse para obtener la llamada ‘tarjeta rosa’, un documento que les permite trabajar legalmente en Tailandia durante un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, el proceso –en el que el gobierno tailandés hace una convocatoria abierta para que los empleadores tailandeses registren a los trabajadores migrantes irregulares que emplean– ha sido calificado de “innecesariamente complicado y propenso a la corrupción”.

Los trabajadores migrantes birmanos suelen sufrir toda una serie de abusos, desde la explotación por parte de los intermediarios y agentes de contratación hasta el robo de sus salarios, las malas condiciones laborales y de vida, e incluso el trabajo forzoso. También se enfrentan a importantes obstáculos para obtener los documentos necesarios para vivir y trabajar en Tailandia.

Como muchos otros migrantes, Ko Toe está indocumentado y asegura que no puede conseguir los documentos legales adecuados para vivir y trabajar en Tailandia porque carece de información clara sobre el proceso o de los recursos económicos para completarlo. “Un trabajador migrante no tiene los derechos que todo ser humano debería tener”, se lamenta.

La difusa línea entre los refugiados y los migrantes económicos

En teoría, existen dos tipos de migrantes: las personas que se ven obligadas a migrar debido a fuerzas incontrolables como la guerra y el cambio climático, y las que migran voluntariamente en busca de mejores oportunidades de vida y trabajo. “Sin embargo, en la práctica, la línea divisoria entre estos dos tipos no está tan clara”, afirma Sirada Khemanitthathai, una académica de la Universidad de Chiang Mai (Tailandia) especializada en migraciones.

Según Sirada, las pautas migratorias de los birmanos han cambiado en estos dos últimos años. Bajo el gobierno del partido Liga Nacional para la Democracia, presidido por Aung San Suu Kyi, muchos birmanos se convirtieron en trabajadores migrantes porque buscaban unas mejores oportunidades laborales y tenían planes para regresar a su país en el futuro. Pero ahora, a muchos de ellos, entre los que se encuentra Ko Toe, les mueven factores intermedios.

“No se puede impedir que migre la gente que huye de la agitación política y económica, la cual es la fuerza principal que les empuja a salir de su país de origen. Además, también existe una demanda de mano de obra en Tailandia, que constituye una potente fuerza de atracción”, explica Sirada.

Sin embargo, los funcionarios tailandeses han evitado abordar la relación que existe entre los factores políticos y la migración birmana. “Tailandia no dispone de un cauce para que se registren los refugiados. Si estás en los refugios temporales de la frontera, significa que eres un desplazado, pero si estás fuera, te consideran un trabajador migrante”, nos cuenta Sirada. Tailandia nunca ha reconocido oficialmente la condición de refugiados de las más de 90.000 personas que viven en nueve campos del ACNUR a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania desde la década de 1990 y no es signataria de varios acuerdos internacionales sobre los derechos de los refugiados.

Sirada insiste en que el Estado tailandés no reconoce a los refugiados políticos y quiere desvincular la migración de la política en Birmania. Se han documentado en muchas ocasiones los vínculos que existen entre los dirigentes tailandeses y los líderes de la junta birmana.

“El cambio político en Birmania no afecta a nuestra gestión de los migrantes. Lo que ha influido es la covid”, alega en una entrevista con Equal Times Jumnong Songkaorop, director de la Oficina de Administración de Trabajadores Extranjeros, una subdivisión dependiente del Ministerio de Trabajo tailandés. “Hay migrantes birmanos afectados por la covid-19 que cruzaron ilegalmente a Tailandia. Les permitimos trabajar y legalizar su situación. Todo esto se debe al trastorno causado por la pandemia”.

En enero de 2023, al mejorar la situación de la pandemia, Tailandia y Birmania reabrieron el Puente de la Amistad entre Mae Sot y Myawaddy. Es el primer puesto fronterizo entre Tailandia y Birmania que reabren en casi tres años. Pero hasta la fecha, sólo pueden cruzarlo los migrantes registrados en el sistema del Memorando de Entendimiento.

“Si no te gusta, vuelve a tu país y esquiva las balas”

Mae Sot, la ciudad más importante de la Zona Económica Especial de la provincia de Tak, es uno de los principales destinos de los trabajadores migrantes documentados e indocumentados de Birmania y de los países vecinos de Tailandia: Laos y Camboya. Las fábricas de la ciudad participan de manera considerable en la cadena de suministro de grandes marcas del sector textil y suelen estar en el punto de mira por explotar a migrantes indocumentados pagándoles mal y ofreciendo unas pésimas condiciones laborales.

La vida de los llamados héroes revolucionarios como Ko Toe no es fácil. Muchos de ellos acaban siendo trabajadores manuales en países extranjeros a pesar de estar altamente cualificados. “Antes nunca había pensado en coser”, confiesa Ko Toe, de 29 años. “Ni siquiera había visto una máquina de coser de cerca. Como policía, mi trabajo consistía en servir a la gente, pero ahora no me queda otra que coser para hacer frente a las dificultades. Sólo estoy intentando sacar lo mejor de una situación difícil”.

Como no pueden trabajar legalmente, su improvisado colectivo gana dinero produciendo bolsos hechos a mano bajo el nombre de CDM Unity. Envían sus productos a varios países del mundo y entre sus clientes hay desde miembros de la diáspora birmana hasta algunos simpatizantes extranjeros. Sin embargo, apenas consiguen llegar a fin de mes. La guerra en curso en Ucrania ha desviado la atención del mundo, que se ha olvidado de la causa de Birmania.

Los miembros del MDC suelen recibir alguna ayuda económica del Gobierno de Unidad Nacional, el gobierno paralelo prodemocrático formado en el exilio con antiguos legisladores elegidos en los comicios de 2020. De un sueldo de 205.000 MMK (unos 98 dólares estadounidenses) como agente de policía, Ko Toe recibe ahora 62.324 MMK (unos 29,75 dólares) mensuales, una cantidad que equivale a tres días del salario mínimo legal en Tailandia.

Pero las cosas tampoco van bien para quienes no están tan profundamente implicados en la resistencia. Actualmente, Ma Khin Htar*, una mujer de 28 años del estado de Rakáin, está buscando trabajo en Mae Sot. Antes estaba empleada legalmente en una fábrica de ropa, pero en 2022 se convirtió en indocumentada porque no podía permitirse un billete de avión a Tailandia, la única forma posible de viajar durante el cierre de las fronteras.

“No es fácil conseguir trabajo porque no tengo documentos legales”, confiesa Ma Khin Htar, que vendió su vivienda para financiar su último viaje a Tailandia. Tiene que asumir muchos gastos debido a su condición de indocumentada, desde pagar a intermediarios para que la lleven al otro lado de la frontera hasta sobornar regularmente a agentes de la policía tailandesa para evitar ser detenida y deportada.

“Pero quedarme en Tailandia sigue siendo lo mejor. Puedo mantener a mi familia, que está luchando por mantenerse a flote a causa de las guerras [los enfrentamientos posteriores al golpe de Estado y la represión de los rohinyás] en Rakáin”. Esta región situada en el norte y fronteriza con Bangladés lleva mucho tiempo asolada por una guerra civil entre un grupo étnico armado que lucha por la autonomía y el gobierno central. Esta lucha se ha intensificado desde el golpe de Estado.

Ko Sai, un activista birmano de los derechos laborales con sede en Mae Sot, señala que la incertidumbre en Birmania ha reducido las opciones de los trabajadores. En muchos de los casos de los que se ocupa, los trabajadores deciden seguir en empleos con unas malas condiciones porque no quieren regresar a Birmania. “‘Si no te gusta, vuelve a tu país y esquiva las balas’. Eso es lo que les dijo un empleador [a algunos trabajadores birmanos]”.

Sin embargo, nada indica claramente que la situación en Birmania vaya a mejorar. El 1 de febrero de 2023, dos años después de tomar el poder, el ejército de Birmania prolongó el mandato de su Consejo de Administración Estatal durante seis meses más. Por tanto, es probable que las elecciones que habían anunciado para agosto vuelvan a aplazarse. Los combates entre las fuerzas militares y numerosos grupos revolucionarios siguen extendiéndose por todo el país.

“Ya es hora de que Tailandia proponga políticas a largo plazo para los refugiados y los trabajadores migrantes birmanos. Esta situación puede prolongarse durante más de diez años”, advierte la académica tailandesa Sirada.