Lunes, 8:00 a.m. En el asentamiento de chabolas de La Petite Ceinture, en el distrito XVIII de París, Francia, no se oye aún un alma cuando llegan los dos trabajadores sociales voluntarios a recoger a Darius, de nueve años, que hoy comienza el curso escolar. A lo largo de las vías abandonadas del tren que en su día rodeó la capital francesa, unos 300 gitanos llevan desde 2015 viviendo en chamizos rudimentarios, sin electricidad ni agua.

De repente se abre una puerta y sale un niño corriendo.

“¡Qué noche más corta, qué poco he dormido. Tengo tantas ganas de volver al colegio! Por primera vez en mi vida seré como los demás niños”, cuenta Darius a Equal Times.

“El año pasado fui varios meses al colegio y tengo muchas ganas de volver a ver a mis amigos. Me gusta pintar y aprender”, dice entusiasmado. “Es mucho más divertido ir a la escuela que quedarse en la ’platz’ [que en romaní significa ‘la plaza’, el asentamiento donde ellos viven]”.

Matricular a Darius en la escuela ha sido una empinada cuesta arriba. Su familia llegó a Francia en 2011, desde Rumanía, y pasó por varios asentamientos ilegales sin poder acceder a una vivienda ni escolarizar a su hijo. En mayo de 2016, la ciudad de Saint-Ouen —un suburbio al norte de París donde recaló la familia— se negó a matricularle en el curso siguiente, a él y a otros cuatro niños gitanos.

La escuela dio como pretexto que el certificado de residencia de la familia estaba domiciliado en un centro comunitario y no en una dirección personal. Hubo que esperar a principios de octubre, después de obtener el apoyo del Défenseur des droits (una autoridad constitucional independiente responsable de defender los derechos de la ciudadanía) y de las autoridades administrativas pertinentes, para que los cinco niños pudieran sentarse a seguir una clase.

Dos semanas más tarde, la policía desalojó el asentamiento. Una vez más, la familia de Darius estuvo meses trasladándose de un lugar a otro, pasando de un hôtel social (refugio para personas sin hogar) a la calle y a otro asentamiento chabolista.

Por fin, cuando su familia se instaló en La Petite Ceinture, Darius pudo matricularse en un colegio a partir de enero de 2017. Pero el asentamiento fue desalojado el 22 de febrero, por enésima vez, y las autoridades alojaron a la familia durante dos semanas en Saint-Denis.

“A pesar de que el albergue se encontraba a 45 minutos de la escuela, nos organizamos para recoger a los niños la mañana después de su expulsión. Era muy importante que no desconectaran de nuevo con el colegio y que mantuvieran su rutina diaria” explica Philémon, uno de los dos trabajadores sociales de la organización, Les Enfants du Canal. “Después de un hecho tan traumático, las familias están desbordadas buscando soluciones y reorganizando su vida. Suelen estar tan desorientadas como los niños”.

Incumplimiento de sus obligaciones

En Francia es obligatorio escolarizar a todos los niños de entre seis y 16 años de edad, hayan nacido en Francia o en el extranjero, e independientemente de cuánto tiempo lleven en el país.

Hay unos 18.000 gitanos viviendo en chabolas y viviendas ocupadas en toda Francia. Varios estudios realizados por organizaciones sociales revelan que el 67% de los niños que viven en asentamientos chabolistas no va a la escuela con regularidad y el 30% jamás se ha matriculado —ni en Francia ni en su país de origen—. Según Clotilde Bonnemason, presidenta del Collectif pour le Droit des Enfants Roms à l’Education (Colectivo por el derecho a la educación de los niños gitanos, CDERE), los ayuntamientos ignoran deliberadamente a estas comunidades.

“Los alcaldes incumplen su obligación legal de censar a todos los niños que viven en su distrito. Cuando la gente vive en una casa, esto se hace de forma automática. Pero no hay un censo de quienes viven en casas ocupadas, en chabolas o en la calle. Simplemente son invisibles”, explica a Equal Times.

Con el pretexto del carácter ilegal y transitorio de los asentamientos, algunos ayuntamientos simplemente se niegan a reconocer la residencia de las comunidades gitanas en su territorio. Muchos sostienen que el peligro de desalojo inminente interrumpiría el proceso educativo.

Además aplican otras medidas disuasorias, como declarar caducadas sus cartillas de vacunación o excluirles del derecho a las prestaciones sociales por carecer de certificado de residencia o de declaración fiscal, lo que impide a los niños gitanos acceder a los comedores escolares. Con frecuencia se asigna a los niños gitanos escuelas alejadas de su residencia, y les resultan prohibitivos los gastos de transporte.

Los niños que no hablan francés deben estar en clases especiales y entrar en el programa de la Unidad pedagógica para alumnos alófonos recién llegados (UPE2A), puesta en marcha en 2012 por el Ministerio de Educación.

“Al no censar a los niños, los ayuntamientos no anticipan sus necesidades y no solicitan las ayudas que ofrece el Ministerio para poner en marcha estos programas educativos especiales. Después se quejan de que no tienen capacidad para acogerles. Es el efecto dominó”, explica Bonnemason.

Por ejemplo, de los cien niños que hoy viven en la comunidad de La Petite Ceinture, sólo cinco están matriculados en la escuela y hay 23 solicitudes pendientes. La razón principal que dan los colegios es el desalojo inminente del asentamiento, una decisión que lleva pendiente desde finales de agosto. Las asociaciones civiles prevén que las expulsiones tendrán lugar antes del invierno, posiblemente el 15 de noviembre. Esta será la quinta expulsión de La Petite Ceinture en dos años.

“Ya no podemos más”

“Me alegra que mis niños puedan ir al colegio. Así tienen la oportunidad de integrarse en la sociedad y de encontrar un trabajo digno”, explica Elena, la madre de Darius, a Equal Times. “Pero no sé qué pasará si nos vuelven a expulsar. Nos mandarán de un lado a otro de la región cada semana, sin ninguna visibilidad. Ya no podemos más”.

En la primera mitad de 2017, expulsaron a 4.382 gitanos por razones de seguridad y salubridad de 50 asentamientos ubicados por toda Francia. Según el censo realizado por la Liga de Derechos Humanos y el Centro Europeo de Derechos Romaníes, con el apoyo del Colectivo Romeuropa de Derechos Humanos Nacionales, el 59% de las expulsiones tuvieron lugar en la región de Ile-de-France (la división administrativa de la metrópolis parisina).

Las recurrentes expulsiones de las comunidades gitanas mantienen a este pueblo en un círculo vicioso de pobreza y marginación que obstaculiza cualquier procedimiento social o administrativo, como ofrecerles servicios de atención, de formación o de empleo.

Algunos ayuntamientos se niegan a anunciar la fecha de expulsión, negando a los habitantes el tiempo suficiente para prepararse. Cuando llega la policía tienen que evacuar la zona al instante. Si pierden los escasos documentos administrativos que tanto les cuesta obtener, se verán obligados a empezar de cero.

“La mayoría de las veces las autoridades ofrecen un alojamiento alternativo solo entre una y cuatro semanas”, explica Philémon. “Realojan a las comunidades en varios refugios para personas sin hogar, a veces ubicados en lugares remotos, sin transporte público”.

Además, los albergues imponen restricciones que las familias sin hogar no siempre cumplen. Se les permite traer sólo unas cuantas pertenencias y se prohíbe estrictamente cocinar dentro de estos albergues, donde no hay frigoríficos.

Desde agosto de 2012, respondiendo a las preocupaciones planteadas por la Unión Europea, es obligatorio enviar una “circular interministerial” anticipando la fecha de las evacuaciones de los asentamientos chabolistas y que las autoridades locales hagan un seguimiento. Sin embargo, los grupos de derechos civiles denuncian que casi nunca se cumplen estas recomendaciones.

Ciudades como Estrasburgo, Toulouse e Ivry han conseguido eliminar el chabolismo e integrar a las comunidades gitanas ofreciéndoles una vivienda estable, matriculando a sus hijos en las escuelas y ofreciendo a los adultos formación, clases de idioma y apoyo para encontrar trabajo.

“Todo empezó por el principio fundamental de que nadie debe habitar en los espacios públicos. Desde 2008, y en colaboración con varias asociaciones, empezamos a forjar lazos con estas comunidades para comprender sus necesidades”, explica Marie-Dominique Dreyssé, teniente de alcalde y responsable de Solidaridad del Ayuntamiento de Estrasburgo.

Los procesos de integración requieren tiempo, voluntad política y medios económicos. Además, la mayor parte de los ayuntamientos afirma que esta labor es responsabilidad del Estado, no de las autoridades municipales.

Sin embargo, de acuerdo con las asociaciones defensoras de derechos humanos, el coste de una sola expulsión o demolición oscila entre 150.000 y 230.000 euros al año. Mientras que los proyectos de integración comunitaria cuestan en torno a los 150.000 euros al año.

“Los políticos y la opinión pública deben comprender que no estamos ante ‘un problema gitano’ sino de precariedad de vivienda e inseguridad económica”, explica Bonnemason. “El hecho de que una persona se identifique como ‘gitana’ no justifica las dificultades que se ve obligada a padecer”.