No hay descanso para los trabajadores iranís en su lucha por unos sindicatos independientes

No hay descanso para los trabajadores iranís en su lucha por unos sindicatos independientes

En esta fotografía tomada el 14 de agosto de 2012, un pequeño grupo de trabajadores iranís participa en una protesta poco habitual a las puertas del edificio del Ministerio de Industria en Teherán (Irán) para exigir el pago de sueldos atrasados.

(AP )

El 17 de enero de 2017, tras semanas de frustración, un panadero iraní llamado Ahmad Archadi se prendió fuego delante de un edificio del Gobierno en Ardebil, en el noreste de Irán. Falleció en el hospital al día siguiente, como resultado de su protesta mortal contra la distribución injusta por las autoridades locales de la harina de trigo subvencionada. Archadi recibía presiones de su banco por un préstamo contraído para su pequeño negocio que no podía devolver si no recibía la harina subvencionada.

Los trabajadores como Archadi encuentran difícil, si no imposible, que el Gobierno iraní les escuche. Los sindicatos independientes están prohibidos en Irán y una serie de sindicalistas han sido encarcelados por intentar ejercer su derecho a la libertad de reunión y de asociación. Como consecuencia, los 29 millones de trabajadores de Irán se enfrentan a obstáculos enormes en su lucha por obtener derechos fundamentales.

A pesar de que la justicia social fue un principio central de la revolución de 1979, no se han producido cambios en cuanto a los derechos, las condiciones de trabajo o la condición de la clase trabajadora de Irán.

Según un informe del Parlamento iraní, el salario mínimo mensual de los trabajadores en 2016 era 813.000 tomanes (unos 214 USD), mientras que el umbral nacional de pobreza se fijó en 2.400.000 tomanes (unos 605 USD) al mes.

El Gobierno es el empleador principal en Irán, pero ni siquiera los 9 millones de funcionarios del país gozan de un empleo estable ni del pago mensual regular de su salario. Además, el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público ha disminuido drásticamente durante la última década debido a las elevadas tasas de inflación (10,04% en 2016) y las sanciones económicas internacionales.

Los grupos defensores de los derechos laborales dicen que los derechos de los trabajadores iranís han sido el blanco de un número creciente de ataques durante las dos últimas décadas. En 1997 se legalizaron los contratos temporales, lo que ha llevado a una eliminación masiva de puestos fijos. Actualmente, alrededor del 80% de los trabajadores iranís, tanto en el sector privado como el público, son empleados con contratos de corta duración, en algunos casos por un periodo tan breve como 60 días.

Desde 2002, la legislación laboral de Irán no se aplica a las empresas con menos de 10 empleados. Como consecuencia, muchos empleadores despiden de forma rutinaria a trabajadores para mantener por debajo de 10 su número de empleados. En estas empresas los empleados trabajan con contratos en blanco –contratos de trabajo temporal firmados por los trabajadores antes de definir las condiciones–, lo que puede dar lugar a situaciones graves de explotación.

Una larga historia de represión

“Existe una gran diferencia entre las promesas del Gobierno islámico y la realidad en el terreno”, dice Mansour Osanlou, un antiguo prisionero político en Irán y activista sindical prominente que ahora vive en el exilio en Nueva York.

“Desde 1979, el régimen ha emprendido diferentes medidas, como organizar ataques contra afiliados a sindicatos, la detención arbitraria de dirigentes sindicales, juicios injustos y largas penas, entre otras cosas, para intentar alterar o impedir la formación de sindicatos independientes”.

Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch publicado en 2013 también señaló que “la opresión ejercida por el Gobierno iraní sobre la sindicación y las medidas severas que este ha adoptado contra los activistas defensores de los derechos laborales han dejado a los trabajadores sin voz para influir en las políticas gubernamentales ni en las condiciones de trabajo”.

En su libro Labor Unions and Autocracy in Iran (Sindicatos y autocracia en Irán), publicado en 1985, el historiador iraní Habib Lajevardi expuso la teoría de que los regímenes autocráticos en Irán siempre han tenido miedo de los sindicatos, simplemente porque tienen miedo de cualquier tipo de elecciones libres.

“Si se permitiera a los trabajadores formar sus propias organizaciones y elegir a sus propios dirigentes, ¿cómo podría luego el Gobierno seguir impidiendo a los ciudadanos elegir a sus representantes en los órganos legislativos nacionales?”, escribió Ladjevardi.

A principios del decenio de 2000, durante la era de reformas después de la revolución en Irán (1997-2005), empezó una nueva ola de sindicalismo en el país. El sindicato de trabajadores de la empresa de autobuses de Teherán y los suburbios (SWTSBC, por sus siglas en inglés) fue el primer sindicato en luchar activamente por los derechos de sus afiliados en este periodo.

Poco después, la Asociación de docentes iranís (ITTA, por sus siglas en inglés) fue establecida a nivel nacional. Sin embargo, esta primavera de sindicalismo se convirtió rápidamente en invierno y la mayoría de los sindicalistas fueron detenidos cuando el presidente Mahmud Ahmadineyad asumió el poder en 2005.

“No es que pudiéramos defender nuestros derechos durante la administración reformista”, dice Osanlou, que era miembro activo del SWTSBC cuando vivía en Irán. “Pero en esa época, debido a la demanda social de una mayor libertad, nos presionaban menos y podíamos organizar huelgas y reclutar nuevos afiliados”.

Hoy en día, cualquier intento por parte de los trabajadores de organizar huelgas es sofocado enérgicamente por las fuerzas del orden. “En la era de las reformas, los afiliados a sindicatos podían al menos convocar una reunión y encontrarse”, dice Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Center for Human Rights in Iran con sede en Nueva York, a Equal Times. “Actualmente no pueden organizar ningún acto público”.

“Sin embargo, algunas organizaciones sindicales han logrado trabajar de forma clandestina, pero cuando intentan actuar en público, se convierten en el objetivo del Gobierno”, añade.

Ataques a los docentes

Mientras tanto, la presión sobre los sindicalistas independientes ha aumentado hasta tal nivel que, en una entrevista reciente con un canal de televisión en persa de internet, Hashem Khastar, un profesor jubilado y afiliado a la ITTA, dijo: “[Con la revolución de 1979] se supone que teníamos que transformar los cuarteles en escuelas, pero ahora se están transformado las escuelas en cuarteles”.

La ITTA es uno de los sindicatos más influyentes de Irán debido al elevado número de docentes empleados en Irán (alrededor de 1,3 millones) y su papel esencial a la hora de sensibilizar a los jóvenes. Por este motivo el Gobierno ha impuesto castigos tan duros para reprimir al sindicato.

El 5 de marzo de 2017, en respuesta a las represalias continuas contra los sindicatos, los afiliados de la ITTA organizaron protestas en varias ciudades iranís y exigieron la puesta en libertad de su dirigente encarcelado, Esmail Abdi.

En febrero de 2016, Abdi, un profesor de matemáticas e instructor de ajedrez profesional de 42 años, fue condenado a seis años de cárcel por “distribuir propaganda contra el régimen” y “perturbar el orden público y la seguridad”.

No es la primera vez que se le imputan estos cargos a Abdi. En 2015, la guardia revolucionaria de Irán lo detuvo para que no viajara a Canadá para asistir a una conferencia internacional de docentes.

La Internacional de la Educación (IE), una federación sindical que representa a más de 32 millones de trabajadores del sector de la educación, organizó entonces una campaña mundial para conseguir la puesta en libertad de Abdi.

Dominique Marlet, una de las coordinadoras principales de la IE, señala a Equal Times que los cargos imputados a Abdi “son injustos y violan diferentes convenciones de derechos humanos, incluidas las que protegen la libertad de expresión y de asociación, así como el derecho de los sindicatos a ser consultados con respecto a políticas de educación”.

Y añade: “Las autoridades intentan acallar las quejas de los docentes mediante la represión y el encarcelamiento prolongado de sindicalistas y activistas”.

Abdi no es el único sindicalista iraní en la cárcel y la prohibición del Gobierno de formar sindicatos independientes no se limita a la ITTA.

Reza Shahabi, miembro del consejo de administración del SWTSBC; Mohammad Reza Ahangar, activista sindical de la ciudad kurda de Kamyaran; y Behnam Ebrahimzadeh, activista defensor de los derechos laborales y del niño, se enfrentan a largas penas de prisión en Irán.

A pesar de la presión sin precedentes que sufren los sindicatos iranís, muchos observadores creen que es imposible reprimir la lucha por los derechos de los trabajadores en este país.

“El activismo sindical tiene una larga historia en Irán y está muy arraigado en el país”, dice Ghaemi. “Los trabajadores iranís saben que su situación laboral solo mejorará si negocian colectivamente y sobre bases justas con sus empleadores”.

Desde el punto de vista de Ghaemi, el acuerdo nuclear de Irán y el levantamiento de las sanciones contra Irán podrían constituir una nueva oportunidad para que los trabajadores reorganicen los sindicatos. “Irán está muy interesado en atraer a empresas europeas y hacer negocios con ellas, y esto podría ser una oportunidad para los activistas iranís”, explica Ghaemi.

“Todas las empresas de la UE se comprometen a garantizar un comportamiento empresarial responsable. Cuando esas empresas van a Irán pueden apoyar los derechos básicos de los trabajadores”, añade.

“Incluso cuando el Gobierno iraní no permite la creación de una organización a nivel nacional, las empresas europeas pueden respaldar el derecho de los trabajadores de organizar pequeños sindicatos y disfrutar de la representación colectiva”.

Este artículo ha sido traducido del inglés.