“¡No me rendiré!”, afirma la ganadora del Premio Goldman, que busca justicia para las víctimas del envenenamiento por plomo en Kenia

“¡No me rendiré!”, afirma la ganadora del Premio Goldman, que busca justicia para las víctimas del envenenamiento por plomo en Kenia

Phyllis Omido talks to children from her local community outside a former lead smelter plant. The children play in the dirt, next to the factory wall, where the soil is still contaminated with lead.

(Goldman Environmental Prize)

Phyllis Omido —apodada la “Erin Brockovitch de África oriental”— ganó el Premio Medioambiental Goldman en 2015 por su activismo contra el envenenamiento por plomo en su comunidad, Owino Uhuru, situada cerca de Mombasa, en la costa keniana.

En Kenia, como en muchos otros lugares de África, la refundición del plomo que contienen las baterías de automóviles inservibles es un gran negocio, especialmente por la creciente popularidad de los paneles solares. Pero reciclar el plomo fundiendo las baterías usadas es increíblemente tóxico: los humos nocivos que emanan y las aguas residuales derramadas contaminan el aire, el suelo y el agua. Los efectos secundarios de la inhalación o ingestión de plomo provocan daños cerebrales, insuficiencia renal, problemas reproductivos e incluso la muerte.

La campaña de Omido logró que se ordenara el cierre de la fundición de plomo Kenya Metal Refineries EPZ Limited, de propiedad india, que envenenaba el medio ambiente local y provocó la muerte y enfermedades a muchos de sus residentes, incluido su propio hijo.

Omido nunca imaginó que su hazaña iba a ser sólo la primera parte de la batalla. Después de ganar el premio y de conseguir el cierre de la fábrica —y de varias fundiciones de plomo más— Omido, de 41 años, fundó el Centro para la Justicia, la Gobernabilidad y la Acción Ambiental (CJGEA) y tenía pensado dedicar su dinero y esfuerzo a conseguir tratamiento para las personas afectadas por la letal contaminación por plomo. En cambio, se ha visto obligada a luchar en una nueva cruzada: recuperar los 375.000 dólares procedentes de donaciones y del premio, que su organización perdió debido a la quiebra del banco en el que tenía su dinero depositado, y a mantener a salvo de agresiones a su familia y a sus compañeros de trabajo y a sí misma.

“Gané 175.000 dólares [del Premio Goldman] y recibí más de 200.000 dólares en donaciones para la organización. Todo se perdió con la quiebra del Banco Imperial de Kenia”, explica Omido a Equal Times.

En octubre de 2015, el Banco Central de Kenia (CBK) anunció que procedía a imponer la administración y el control judicial del Imperial Bank durante un año, por haber encontrado “condiciones empresariales inseguras”. El 11 de diciembre de 2018, el Banco Central anunció que los clientes del Imperial Bank tendrían acceso al 12,7% de su dinero a través del Kenya Commercial Bank (KCB). Según un portavoz del KCB, este banco se encuentra en la fase final de la adquisición del Imperial Bank, lo que permitirá a los depositantes que reúnan los requisitos necesarios recuperar otro 19,7% de sus saldos restantes. Lamentablemente, esto continúa dejando a los depositantes como Omido sin esperanza de recuperar una gran parte de su dinero.

El resultado ha sido catastrófico para el CJGEA. “Los donantes han retirado su apoyo a la organización por falta de confianza. He perdido tres socios internacionales clave, porque no podían creer que su dinero se hubiera esfumado con el banco. Ahora estoy tratando de conseguir nuevos socios, pero resulta muy difícil”, dice Omido desolada.

El CJGEA proporcionaba a más de 800 niños y muchos adultos tratamiento médico, asistencia nutricional y suplementos que les ayudan a eliminar el metal pesado de sus cuerpos; pero Omido dice que su organización ya no puede permitírselo. “En el momento en que dejamos de proporcionar este apoyo, murieron diez niños”. Omido explica que está llevando a cabo una investigación para averiguar cuántos de los 5.000 residentes de Owino Uhuru están envenenados por plomo. Hasta la fecha, sólo han examinado a un tercio de esta depauperada comunidad. Omido se mantiene incansable en su misión, por pura valentía y determinación: “La organización sigue funcionando porque estoy decidida a que se haga justicia con la gente”, dice.

La oportunidad que se convirtió en pesadilla

En 2009, Omido, madre soltera de un bebé llamado King David, fue contratada por EPZ Limited como enlace con la comunidad. La empresa llevaba dos años funcionando y le encargó la elaboración de un informe de impacto ambiental. Con la colaboración de un grupo de expertos, descubrió que la proximidad de la fábrica a Owino Uhuru dejaba a sus residentes expuestos al plomo. Los análisis del suelo revelaron que los niveles de plomo se multiplicaron casi por diez entre 2008 y 2009, año en que la planta entró en funcionamiento. Su informe sugirió a la empresa la reubicación de la fábrica, pero sus recomendaciones fueron rechazadas por la dirección, que reasignó a Omido a otro puesto.

Al poco tiempo, su hijo King David enfermó. Omido sospechó entonces que la causa de los frecuentes vómitos y fiebres de su hijo era su leche materna. Las pruebas revelaron que su sangre contenía 35 microgramos de plomo por decilitro (35 μg/dL); el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos considera un nivel de 5 μg/dL en niños como causa de intervención. En ese momento, Omido renunció a su trabajo y empezó a hacer campaña por el cierre de la fábrica, que finalmente dejó de funcionar en 2014.

Hosea Jackson, uno de los residentes de Owino Uhuru, de 50 años, dice que en 2006 cuando la fábrica se estaba construyendo, nadie podía imaginar que iba a suponer una amenaza para sus vidas. Los buenos empleos son una rareza en este asentamiento informal y EPZ Limited ofrecía a los lugareños 6 dólares USD (unos 5,3 euros) al día por extraer el plomo de las baterías de los automóviles usados —casi el doble de lo que la mayoría recibe por trabajar en el puerto de Mombasa—. “Nos dijeron que se trataba de una fábrica de galletas, así que no pusimos ninguna pega. Cuando la fábrica acabó abriendo sus puertas, todo el mundo la recibió con alegría, porque creaba puestos de trabajo. Pero, poco después, mis hijos empezaron a tener una tos persistente. Yo nunca llegué a trabajar en la fábrica, pero los humos nos hacían toser a todos a todas horas”, explica.

Un informe de 2018 de Quartz Africa señala que los trabajadores de la planta carecían de protección y que el humo de la chimenea de la fundición sobrevolaba las casas, situadas a pocos metros de distancia.

Jackson, padre de siete hijos, dice que dos de ellos padecen los síntomas del envenenamiento por plomo. “Mi esposa sufrió un aborto espontáneo y yo empecé a enfermar. Me encontraba débil todo el tiempo y tenía fiebres persistentes. Nos dimos cuenta gracias a que nos habían informado sobre los peligros de la fábrica. El médico confirmó que yo había desarrollado problemas renales debido a la intoxicación por plomo”, dice.

Jackson explica que Omido y su organización proporcionaban un salvavidas vital a esta comunidad, donde se cree que hay hasta 3.000 personas afectadas por el envenenamiento por plomo en diferentes grados. “El CJGEA nos ofrecía ayuda —tratamiento médico, alimentos— pero al poco tiempo dejó de hacerlo. Ahora gasto unos 100 dólares al mes (88 euros) en medicamentos y no estoy trabajando”.

Muchas personas se vieron obligadas a dejar por completo su tratamiento desde que el dinero del CJGEA fue dilapidado por el Banco Imperial. “Una madre murió por un fallo renal, porque no tenía dinero para trasladarse al hospital. La habíamos puesto en tratamiento y estaba a punto de recuperarse cuando perdimos el dinero”, lamenta Omido.

Agresiones y acoso

Omido dedica los limitados recursos que hoy posee el CJGEA a concienciar a más personas sobre el envenenamiento por plomo y a divulgar información sobre cómo pueden los afectados buscar ayuda. Pero no se contenta con eso, quiere hacer más. “He perdido dinero, personal, socios y niños, pero no me rendiré hasta que se haga justicia. Me entristece profundamente ver a las madres y a los niños morir por esto, y eso me da fuerzas para seguir adelante”.

En 2016, el CJGEA y nueve residentes locales contrataron a un equipo de abogados para presentar una demanda colectiva contra el Gobierno de Kenia, EPZ Limited y la Penguin Paper and Book Company (la empresa que albergó la fundición, no relacionada con la editorial internacional). Los demandantes alegan que la fábrica violaba el derecho keniano y el internacional. Reclaman 1.600 millones de chelines kenianos (aproximadamente 15 millones de dólares, 13 millones de euros) para limpiar las tierras contaminadas e indemnizar a las miles de personas afectadas.

Desde la presentación de la demanda, Omido y sus colegas han sufrido agresiones, han sido acosados, golpeados, atacados, arrestados y amenazados de muerte. A dos de sus colegas incluso les incendiaron y destruyeron sus casas. El entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, John H. Knox, emitió una advertencia instando a Kenia a tomar las medidas necesarias para poner fin a estos “abusos contra los derechos humanos”.

Se prevé que el veredicto se dará a conocer en julio. “Espero que esta sea la última audiencia y que se dicte sentencia. Espero que el fallo sea a nuestro favor. Reclamo tratamiento para todos en la comunidad, la limpieza del medio ambiente y una indemnización por las vidas perdidas y para aquellos cuya salud se ha visto afectada”, dice.

Han pasado cinco años desde el cierre de la planta, pero el suelo sigue siendo tóxico, el agua sigue envenenada, la gente sigue enfermando y las madres no pueden llevar sus embarazos a término. Se ha hablado de reubicar a la comunidad, pero muchas de las familias viven en esta tierra desde hace generaciones y la proximidad del puerto hace escasear los empleos y la tierra en esta zona. La mayoría de la gente no tiene adónde ir.

CJGEA colabora, además, con otros activistas y organizaciones ecologistas para difundir lo sucedido en Owino Uhuru y concienciar a los habitantes de la zona costera de Lamu, donde la construcción de una controvertida central térmica de carbón ha sido paralizada después de que los jueces revocaran el mes pasado su licencia medioambiental.

“Mi misión es dar a conocer a la gente su derecho a la información. Para que no suceda lo mismo que en Owino Uhuru, la gente tiene que saber exactamente para qué sirve la planta, sus efectos negativos, si los tiene, y cómo les beneficiará. La mayoría de las veces a la gente sólo se le habla de los beneficios y, por eso, al final acaban lamentándose”. Contra viento y marea, Omido está decidida a conseguir que los afectados de Owino Uhuru reciban lo que se les debe y a asegurarse de que ninguna comunidad de Kenia vuelva a sufrir como ellos en el futuro.