Tras destaparse en 2014 que los solicitantes de asilo en Irlanda habían empezado a vender sexo porque no podían sobrevivir con los subsidios en efectivo que recibían de los centros de acogida, la ministra de Justicia de ese país, Frances Fitzgerald, se apresuró a ordenar una investigación sobre estas denuncias y declaró a la radio irlandesa que estaba examinando la introducción de una ley que tipificara la compra de sexo como delito.
Luca Stevenson, coordinador del Comité Internacional de Derechos de los Trabajadores del Sexo en Europa (ICRSE, por sus siglas en inglés) señala que los solicitantes de asilo residentes en los centros de acogida recibían por ese entonces solamente 20 euros a la semana y afirma que la respuesta de Fitzgerald pasa por alto las condiciones estructurales que empujan a las mujeres a vender su cuerpo. En lugar de perseguir a aquellos que pagan a las mujeres por la prestación de servicios sexuales, considera que: “es preciso dar mayores subsidios a los solicitantes de asilo, a los migrantes y a los refugiados para que no tengan que verse abocados a vender sexo”.
Los comentarios de Stevenson se extraen de un reciente seminario organizado por el ICRSE en Bruselas (Bélgica) sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores sexuales que viven en Europa y Asia Central.
Asistieron al evento trabajadores del sexo (tanto hombres como mujeres), funcionarios de la Unión Europea y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, y fue la primera vez que los trabajadores del sexo migrantes que viven y trabajan en Europa se han reunido “para expresar sus necesidades, inquietudes y demandas”.
“En Reino Unido y muchos otros lugares, los recortes y las medidas de austeridad empujan a las mujeres a la prostitución, es una realidad”, indica Stevenson, que también ejerce como trabajador sexual. “Y lo que escuchamos es que nuestra única forma de supervivencia, es decir, vender servicios sexuales, debería ser criminalizada, dejándonos así aún más desposeídos”, afirma.
En la actualidad, la mayoría de los profesionales del sexo en Europa son migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. De acuerdo con las cifras citadas por el ICRSE, los migrantes representan el 65% de los trabajadores sexuales en Europa occidental.
Los defensores de los derechos humanos advierten que estos trabajadores sexuales migrantes, que a menudo no pueden acceder al mercado de trabajo formal debido a su situación como indocumentados, son los que se encuentran más expuestos a la aplicación de las leyes que prohíben vender o comprar sexo.
Se violan muchos de los derechos humanos básicos cubiertos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tales como el derecho al empleo, a la vivienda, a la salud y a no ser objeto de violencia, señalan los defensores de derechos humanos, a menudo con escasas posibilidades de subsanar esta situación.
Repercusiones de la crisis de los refugiados
La crisis europea de los refugiados de 2015 y 2016 y las políticas que las instituciones de la Unión Europea y los legisladores nacionales han adoptado como respuesta, según observaciones de un nuevo informe del ICRSE, han exacerbado aún más las violaciones de los derechos de los trabajadores sexuales migrantes, y ponen en peligro a los migrantes que venden sexo.
Sabrina Sánchez, una trabajadora sexual que emigró de México a España, señaló que la violación del derecho a la vivienda es particularmente importante, ya que muchos propietarios exigen contratos de trabajo antes de alquilar un apartamento. “Obviamente, en tanto que trabajadora sexual no tienes ningún papel de este tipo, así que, si quieres trabajar y vivir en un lugar, tienes que alquilar por semana, sin contrato, sin garantía de no ser expulsada y te exigen entre dos y tres veces más el precio de mercado”, afirmó.
Catherine Murphy, asesora de política de Amnistía Internacional, comentó a Equal Times que la forma de medir el “éxito” de la aplicación de la legislación contra el trabajo sexual y de lucha contra la trata de personas es profundamente equivocada.
“A menudo se aplaude la drástica reducción visible del trabajo sexual en general o del trabajo sexual de los migrantes”, afirma. “Pero lo que se está consiguiendo es una violación característica y específica de los derechos humanos”.
Muchos de los trabajadores del sexo y representantes de las ONG presentes en el seminario del ICRSE pidieron a los legisladores dar a los refugiados y a los migrantes más oportunidades económicas. Asimismo, les instaron a poner fin a la deportación de trabajadores sexuales migrantes, así como a posibilitar un mejor acceso a la asistencia sanitaria y a la protección jurídica, de modo que nadie se vea obligado a vender sexo para sobrevivir.
“Los trabajadores sexuales migrantes trabajan para mantener a sus hijos, a su familia y a veces a comunidades enteras, y todo lo que reciben como reconocimiento son la criminalización y deportación”, afirmó Paulina Nicol, trabajadora sexual rumana del Colectivo inglés de prostitutas con sede en el Reino Unido.
“Queremos que los trabajadores sexuales migrantes sean vistos y comprendidos, sean reconocidos como trabajadores migrantes”, indicó Kemal Ordek, de la organización turca de trabajadores sexuales Kırmızı Şemsiye.
El tema de la deportación es particularmente primordial en Turquía, un país que cuenta con una de las mayores poblaciones de refugiados y migrantes en el mundo, incluyendo aproximadamente 2,7 millones de sirios. Ordek señaló que el Gobierno turco deportó recientemente trabajadores sexuales turcomanos que luego fueron asesinados por motivos de honor en Turkmenistán.
Diferentes enfoques del trabajo sexual
Los problemas a los que se enfrentan los trabajadores sexuales migrantes ofrecen un microcosmos del debate más amplio y agitado sobre la prostitución y los diferentes enfoques adoptados por los países de la Unión Europea para reducir la demanda de sexo comercial.
Muchos países europeos, como Suecia y Noruega, intentan desincentivar el trabajo sexual al castigar por ley a aquellos que pagan por el sexo en lugar de penalizar a quienes lo venden.
Sin embargo, los movimientos de trabajadores del sexo de todo el mundo afirman que este enfoque no funciona. Exigen, por contra, la despenalización completa del trabajo sexual. Cualquier otra medida perjudica a los trabajadores del sexo, afirman, y en particular a los trabajadores sexuales migrantes, dejándoles en una situación aún más propensa a la violencia y los abusos, tanto por parte de las fuerzas del orden público como de los clientes.
Los defensores del trabajo sexual instan a los gobiernos a que hagan todo lo posible para proteger los derechos humanos de los trabajadores sexuales, independientemente de su nacionalidad o condición jurídica.
“Lo único que hacen todas esas leyes que crean supuestamente para proteger a las mujeres es aumentar la violencia contra nosotras. Nos dejan sin medios para defendernos”, comenta Paula Ezkerra, trabajadora sexual y miembro de la Asamblea de Activistas pro Derechos sobre el Trabajo Sexual, con sede en Barcelona.
Las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de Naciones Unidas como ONU Mujeres y el Grupo Asesor sobre VIH y el trabajo sexual de ONUSIDA, también piden la despenalización del trabajo sexual, mejores condiciones de trabajo y reducir la vulnerabilidad social y la marginación de los trabajadores sexuales.
En abril de este año, Francia introdujo una nueva ley, inspirada en la legislación escandinava, que ha convertido en ilegales los burdeles y el proxenetismo. El Gobierno francés ha indicado que la ley ayudará a resolver los problemas de trata de personas, citando las estimaciones según las cuales el 90% de los 20.000 a 40.000 trabajadores sexuales del país son víctimas de las redes de trata de Nigeria, China y Rumania.
No obstante, los defensores afirman que esta ley actúa en detrimento de los trabajadores sexuales más vulnerables, es decir, los que suelen trabajar en la calle.
Nathalie Simonnot, subdirectora de la Red Internacional Médicos del Mundo y cofundadora de la organización de trabajadores sexuales Lotus Bus, con sede en París, dio el ejemplo de las trabajadoras sexuales chinas. Simonnot comentó que estas mujeres han perdido su clientela asidua de personas generalmente mayores, ya que ahora tienen miedo de ser multadas por la policía.
Como resultado, la nueva ley obliga a las mujeres a trabajar con proxenetas y dueños de burdeles para que los clientes se sientan seguros, forzándolas a renunciar a una parte de sus ingresos. “Antes no era así”, afirmó Simonnot. “El 100% del dinero que ganaban era para ellas”.
La disminución de los clientes y su dependencia forzosa de terceros ha obligado a las trabajadoras sexuales a trabajar más horas y por la noche, algo que antes consideraban demasiado peligroso. También tienen que trabajar más horas por menos dinero, lo que significa que pueden enviar menos remesas a sus familiares y parientes en China.
Las leyes ya existentes contra la trata de personas son apropiadas y suficientes para combatir la trata, afirmó. “No debemos crear leyes específicas para los trabajadores sexuales porque siempre terminan perjudicándoles”.
