Desde que aparecieron las plataformas digitales (Uber, Deliveroo, Glovo…) en nuestra sociedad, ha sido larga y costosa la actividad sindical para conocer esa realidad y defender los derechos de quienes trabajan para dichas plataformas. En el sindicato UGT, por ejemplo, nos hizo falta una nueva herramienta sindical y una nueva forma de enfocar el problema.

Hay estudios que estiman que entre el 65% y el 80% de los trabajos del futuro aún no existen. Son pues, tiempos complicados para las organizaciones sindicales, ya que nos dedicamos a intentar mantener la estabilidad y el equilibrio de las relaciones laborales.

El modelo de negocio de las plataformas digitales –que han dado vida a lo que ya se conoce como economía colaborativa–, puede ser un anticipo de lo que se avecina. Hace 3 años ni las imaginábamos y ahora los coches negros con cristales tintados y los jóvenes en bicicleta con mochilas gigantes tiñen la estampa de cualquier gran ciudad.

Para nosotros fue una sorpresa. De la noche a la mañana nos encontramos con cientos de personas pedaleando, repartiendo comida de aquí para allá, todos uniformados y con mochilas de las mismas empresas. Así, iniciamos el trabajo de campo para conocer la realidad de estos trabajadores. No fue tarea sencilla. El discurso de estas empresas es que ellas son meras plataformas que, mediante un portal, conectan a oferentes con demandantes.

Según este modelo, los repartidores son autónomos y las plataformas carecen de responsabilidad sobre su forma de prestar el trabajo y sobre los problemas que se podrían derivar, por ejemplo, de un accidente laboral mientras reparten. Además, descubrimos que esta precarización del trabajo acarrea unos menores ingresos para el trabajador y para las arcas de la Seguridad Social, aproximadamente de un 30% respecto a los que corresponderían al mismo trabajo si se desarrollase bajo las condiciones de empleo por cuenta ajena.

Otra gran dulcificación de la precariedad la encontrábamos en el perfil de trabajador que se mostraba: jóvenes estudiantes que quieren sacarse un dinero y que deciden, flexible y libremente cuándo y cómo trabajar. La realidad es otra: se aprovechan de la necesidad de colectivos con bajos recursos y dificultades de empleabilidad. En cuanto a la libertad y flexibilidad, no existen.

Para poder trabajar en este nuevo sector decidimos realizar una plataforma sindical en línea, un lugar donde todos los trabajadores de plataformas nos pudieran derivar sus consultas y problemas laborales, con el compromiso por nuestra parte de responderles en menos de 24 horas. Esto fue un gran acierto. Conseguimos hacer que personas no sindicalizadas, empezaran a mostrar interés por sus condiciones y vieran en nuestra unión sindical una herramienta útil que les ayudara en su día a día.

Hay que recalcar la importancia de las plataformas auto-organizadas que surgieron desde el núcleo de las empresas, cuyas primeras reivindicaciones llevaron a huelgas muy exitosas. No obstante, se vieron pronto comprometidas en cuanto los líderes fueron detectados y “desconectados”. Así se consiguió introducir el miedo en el resto de trabajadores y que aquellos con vocación sindical, quedaran fuera del campo de juego, sin posibilidad de seguir organizando a las masas.

En lo que se refiere al sindicato tradicional, con herramientas actualizadas, conseguimos dar pasos clave. En primer lugar, convencimos a trabajadores para interponer denuncias a la autoridad laboral y demandas individuales en el juzgado de lo social. Las resoluciones de la autoridad laboral tardaron en llegar, pero fueron favorables y nos dieron la energía para continuar. Íbamos por el buen camino.

Lo más importante de todo es que, a raíz de denuncias y huelgas, se logró mediatizar el conflicto. En este momento la sociedad en general ya sabe que los repartidores (riders, según la jerga de las tecnológicas que los emplean) no son tan felices como decían los anuncios (de las empresas en cuestión), y que estos trabajan en condiciones muy precarias. Las sentencias judiciales tardaron, ya que la empresa, en acto previo al juzgado, ofrecía sumas de dinero cuantiosas a los demandantes, quienes acababan aceptando, evitando así lo que de algún modo llegaría inevitablemente: una sentencia que manchara la imagen de las marcas.

De los juzgados a la opinión pública

Y así fue. Empezaron a sucederse sentencias que, aun teniendo pronunciamientos en ambos sentidos, en su gran mayoría tendían a reconocer la relación laboral de los riders, exigiendo que fueran dados de alta por las empresas de plataformas.

Ahora bien, la sentencia que inclinó la balanza de manera definitiva (en España) es la 188/2019 del Juzgado de lo Social de Madrid, conflicto que implicaba a más de 500 trabajadores contra Deliveroo y en la que el juez reconoce que “los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad no son esos, sino que son la aplicación Deliveroo, controlada y proporcionada por la empresa para su uso por los repartidores, y la correspondiente marca, que naturalmente no es controlada por los repartidores”, y destaca que “una vez aceptado el pedido, el mismo había de atenderse de acuerdo con la detalladas instrucciones determinadas por la empresa, sin margen apreciable de autonomía del trabajador”. En definitiva, se reconoce que estos trabajadores son dependientes de la empresa y no autónomos como se ha pretendido todo este tiempo.

Más recientemente, en California, “zona cero” y sede de buena parte las plataformas digitales, la Asamblea estatal pasó una ley para que las empresas de transporte de la economía colaborativa (Uber, Lyft y otras) contraten formalmente a sus conductores.

Aun así, esta batalla no ha acabado. Estas empresas siguen trabajando para mantener un modelo de negocio que tanto la autoridad laboral como el poder judicial han resuelto que no es legal. Ahora escalan un peldaño y apuntan al Gobierno de España para que cambie la normativa, que desregule el mercado bajo la premisa de que se trata de una adaptación a los nuevos tiempos, al futuro del trabajo. En definitiva, nuestra siguiente batalla es evitar que los grandes grupos de interés económico absorban a nuestros dirigentes y les hagan legislar a su favor y en contra de trabajadores y ciudadanía en general.

Como última conclusión, descubrimos lo que a nosotros nos pareció la clave a tener en cuenta a partir de ahora en estos conflictos: el coste de multas, pagos o indemnizaciones no es en sí disuasorio. Lo que sí es significativo es el coste de imagen y reputación que las acciones de denuncia y protesta acarrean. Esta es una nueva arma a esgrimir por los sindicatos.

Si a finales del siglo XIX y comienzos del XX, las herramientas eran la huelga y la interrupción del proceso productivo, hoy en día se puede erosionar la imagen y la reputación (de quienes no respetan los derechos de los trabajadores).

No hay que olvidar que este modelo de negocio se encuentra en una fase donde no es importante un balance de pérdidas y beneficios nivelados, pudiendo incluso sostener pérdidas durante varios ejercicios. Así, de nada sirve hacerles una huelga puntual. Donde libran su actividad es en la captación de grandes lotes de financiación. Deliveroo, Glovo, etc., necesitan seguir atrayendo a inversores externos y que se siga creyendo que este negocio es estable y tiene un potencial de crecimiento futuro.

Por tanto, ante unas empresas a las que no les importan las sanciones de la autoridad laboral ni estar dando pérdidas, dado que su forma de sobrevivir es mantener una imagen para atraer inversores, nuestra única forma de actuar contra ellos a modo de presión es hacerles ver que tenemos la capacidad de influir en la opinión de la gente. Tenemos que hacerles ver que somos fuertes y que hemos entendido cómo jugar esta partida: que su sector en nuestra sociedad cabe, pero no para aprovecharse de las personas, sino para que esté al servicio de todos y que en este nuevo sector ganemos todos.