Limpiadores, trabajadores de centros de llamadas, trabajadores de cuidados subcontratados, guardias de seguridad figuran entre los trabajadores esenciales que han mantenido a nuestras sociedades en marcha desde que llegó la covid-19. Ha llegado la hora de actuar para que su vida laboral alcance un nivel decente.

La falta de personal en las residencias de mayores y la ausencia de higiene en las escuelas se han convertido en una problemática común. La contratación pública representa grandes cuotas de mercado en sectores como la limpieza, la seguridad y los centros de llamadas. No es casualidad que estos mismos sectores, que se encuentran entre los peor pagados y los más precarios, también se encuentren entre los que presentan la tasa más baja de cobertura en materia de negociación colectiva.

Más de la mitad de las licitaciones públicas en la Unión Europea solo tienen en cuenta el precio para seleccionar la empresa que obtiene el contrato. En estos casos, la calidad del servicio, las condiciones de trabajo o el impacto ambiental simplemente no se toman en consideración. Como resultado, nuestras normas de contratación pública incentivan a las empresas a subcotizarse entre ellas en materia de condiciones de trabajo. Las empresas que están dispuestas a reducir costos a expensas del trabajo decente ganan contratos públicos. Estos recortes se aplican en la remuneración y las condiciones de los trabajadores, situándolos muy por debajo de un salario digno y de los niveles seguros de dotación de personal o de equipos suficientes de salud y seguridad. Este no es, sencillamente, el tipo de competencia que deberíamos recompensar.

La realidad es muy simple: para prestar servicios de calidad, los trabajadores esenciales necesitan buenas condiciones de trabajo. En última instancia, es el público quien paga el precio de una mala prestación de servicios.

Los bajos salarios y la precariedad de los trabajadores esenciales son el resultado directo de los obstáculos que les impiden negociar colectivamente. Cuando los trabajadores tienen voz, la utilizan para defender sus intereses, así como los de las comunidades en las que viven y prestan servicio.

Nuestra propuesta de condicionar los contratos públicos a la negociación colectiva es, de hecho, una situación que resulta beneficiosa para todos. Sabemos que la negociación colectiva es la forma más eficaz de elevar el salario y las condiciones de los trabajadores a largo plazo. La investigación apunta a que extender la negociación colectiva pondría en los bolsillos de los trabajadores 25.000 millones de euros adicionales al año. Al gastar este dinero localmente en sus comunidades, podría ser crucial para revitalizar la economía real en este momento decisivo.

La contratación pública asciende a 2 billones de euros anuales en la Unión Europea, lo que representa el 14% del PIB. No podemos pasar por alto la oportunidad de utilizar el dinero público para garantizar un trabajo decente y una calidad decente de los servicios. Debemos fijar un mínimo de decencia para los trabajadores esenciales, garantizando que los contratos públicos solo vayan a las empresas que tienen convenios colectivos con sus trabajadores.