El 24 de marzo de 2018, más de 5.000 personas de toda Croacia se congregaron en la capital, Zagreb, para manifestarse contra la ratificación del Convenio de Estambul por parte de Croacia. Este documento del Consejo de Europa es el primer tratado vinculante del mundo que aborda la violencia contra la mujer. Ha recibido un amplio apoyo internacional, aunque en Croacia se ha encontrado con una oposición feroz, apoyada por medios de comunicación apoyados en grupos (neo)conservadores, algunos de ellos estrechamente ligados a la Iglesia Católica.

"No queremos que nuestros hijos aprendan en la escuela que no son ni ’ella’, ni ’él’, sino ’eso’", afirma Tomislav, un joven manifestante en la veintena. "Nos negamos a que Bruselas nos diga qué hacer aquí [en nuestro país]. No se trata de la protección de las mujeres; se trata de conseguir dinero para las ONG de izquierda", opina Neda, una mujer pequeña y franca, de unos cuarenta años, cuando se le pregunta por qué se manifiesta.

Grupos conservadores croatas de derechas se oponen con contundencia al convenio, ratificado por Croacia el 13 de abril de 2018, alegando que "impone una ideología de género" a las mujeres y pone en peligro los "valores familiares tradicionales".

El texto del convenio diferencia los términos "sexo" (como un grupo de características biológicas) y "género" (como roles construidos socialmente que una sociedad puede atribuir a hombres o a mujeres), promueve la educación basada en la igualdad de género y acabar con los roles de género. Pero algunos círculos interpretan que esto significa que los niños podrán "elegir su propio sexo" ya en la escuela primaria, y que un "tercer género" se convertirá en una nueva categoría legalmente reconocida.

"En nuestra sociedad hay tendencias clericales dominantes que se oponen a la igualdad de género, pero también una sociedad democrática que respeta las diferencias [entre las personas] y reivindica la igualdad de derechos para todos", señala Neva Tolle, coordinadora de Autonomna ženska kuća Zagreb (Casa de la Mujer Autónoma de Zagreb), una ONG que proporciona vivienda y apoyo jurídico a las mujeres víctimas de la violencia doméstica.

"Es vergonzoso que se utilice este grave problema social [la violencia contra las mujeres] para obtener rédito político. Las mujeres víctimas de la violencia masculina constituyen un grupo marginado y muy vulnerable. No debemos olvidar que la violencia hacia las mujeres es la forma más visible de discriminación y desigualdad entre los sexos", dice.

Para Tolle, la ratificación del Convenio de Estambul por parte de Croacia lleva años siendo una necesidad. "El marco jurídico croata es insuficiente. No ofrece la adecuada protección a las víctimas de la violencia doméstica", dice. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, entre 2013 y 2017, de las 159 personas asesinadas en Croacia, 91 eran mujeres, 63 de ellas fueron asesinadas por personas cercanas a ellas y 46 por sus parejas.

Tolle cree que el convenio presionará a los legisladores nacionales para que adapten las leyes croatas a las normas internacionales del tratado y se impongan sentencias más duras a los condenados por delitos de violencia doméstica. Además, los planes de estudio escolares tendrán que incluir materiales sobre la igualdad de género, subraya.

Una espiral de intolerancia

A pesar del cisma que provocó en el partido gobernante, la Unión Democrática Croata (HDZ), el convenio acabó siendo ratificado en abril por el Parlamento, con 110 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.

"Creo que la ratificación del convenio es una gran noticia, no porque esperemos que se produzcan grandes cambios de inmediato, sino porque, simbólicamente, supone una victoria importante para las fuerzas progresistas y cambia el equilibrio de poder con respecto a las fuerzas conservadoras", dice Bojana Genov, activista y coordinadora de Ženska mreža Hrvatske (Red de Mujeres de Croacia).

Para Genov, la movilización contra el Convenio de Estambul es sólo "la punta del iceberg", la parte mejor coordinada y más visible de la ofensiva conservadora contra los derechos cívicos y de las mujeres en Croacia.

Cuando Croacia se unió en 2013 a la Unión Europea, la ONG U ime obitelji (En nombre de la familia), entonces desconocida, lanzó un referéndum que acabó modificando la Constitución, para precisar que el matrimonio solo puede ser una unión entre un hombre y una mujer.

El país giró hacia la derecha en 2016, cuando el entonces ministro de Cultura, Zlatko Hasanbegovic (en ese momento, una figura prominente de la derecha nacionalista) recortó los fondos para los medios de comunicación independientes subvencionados por el Estado y las ONG.

Al mismo tiempo, la cadena pública nacional HRT comenzó a emitir programas más alineados con la ideología conservadora y religiosa de la coalición gobernante.

El surgimiento de las ideologías conservadoras no es exclusivo de Croacia, como tampoco lo es su impacto negativo para las mujeres: Bulgaria y Eslovaquia no ratificaron el Convenio de Estambul; en Polonia, la represión del partido gobernante contra la democracia y las libertades civiles se ha extendido al derecho de las mujeres al aborto; y Hungría se ha erigido en guardiana de los valores tradicionales y adalid de una "democracia antiliberal".

"Creo que estas tendencias llevan presentes en el país desde 1991 [cuando Croacia se convirtió en un Estado independiente tras separarse de Yugoslavia]; no sólo en los últimos años", dice Hrvoje Klasic, profesor de Historia de la Universidad de Zagreb. "Los actores conservadores y de derechas ganan poder cuando el líder del HDZ es débil", explica. En otras palabras, cuando el mayor partido de la derecha en Croacia no tiene una mayoría parlamentaria fuerte (como viene sucediendo desde 2015), no duda en cortejar a quienes están aún más a la derecha en el espectro político, para afianzar aliados políticos en el Parlamento.

El cuerpo de las mujeres como campo de batalla ideológico

Los movimientos conservadores croatas han encontrado un aliado de peso en la Iglesia Católica. A pesar de ser oficialmente un Estado laico, más del 85% de la población es católica romana. La Iglesia posee, por lo tanto, una influencia sustancial en todos los ámbitos de la vida, que resulta especialmente patente en el debate sobre el derecho al aborto.

Desde 1978, el aborto es legal en Croacia durante las primeras diez semanas de embarazo. Después de diez semanas, a las mujeres sólo se les permite abortar en casos de conducta sexual indebida o de posibles defectos de nacimiento. Además, en 2003 se promulgó una ley que permite a los profesionales médicos ejercer su derecho de objeción de conciencia y negarse a realizar un aborto.

"Aunque existe el derecho al aborto en teoría, en realidad es muy difícil conseguirlo", dice Genov. "Hay hospitales en los que todos los doctores, y el personal médico, se niegan a realizarlos", explica, y agrega que cambiar la ley restringirá aún más el derecho al aborto, ya limitado en la legislación vigente.

Los grupos provida de Croacia llevan décadas exigiendo la prohibición del aborto y afirmando la inconstitucionalidad de la ley vigente (léase: antigua), "heredada" de la legislación yugoslava. En marzo de 2017, el Tribunal Constitucional de Croacia dictaminó que la ley actual no viola la Constitución, pero que el Parlamento debe aprobar una nueva legislación en un plazo de dos años. Esta nueva ley no prohibirá el aborto, pero debería "lograr un equilibrio entre el derecho a la privacidad de las mujeres y la protección de la vida non-nata".

Para Genov, el concepto de "asesoramiento previo al aborto" que propugna la nueva ley es muy espinoso: "No hay razón para pensar que las mujeres deberían recibir asesoramiento, como si no fueran capaces de tomar esa decisión por sí mismas”.

"En Croacia no se imparte educación sexual en las escuelas. Esto es una incoherencia: los legisladores podrían introducir la obligatoriedad del asesoramiento a mujeres mayores de 18 años, ya adultas y embarazadas, antes de permitirles proceder con el aborto, mientras niegan a las jóvenes la oportunidad de aprender sobre su sexualidad, su salud reproductiva y sus derechos", lamenta Genov.