Riaz Ahmad, 32 años, era operario de máquinas en Ali Enterprises, una fábrica de la confección en Karachi, la mayor ciudad de Pakistán.

Ali Enterprises era un importante proveedor de ropa prêt-à-porter para Kik, una empresa minorista alemana de bajo costo.

Riaz solía realizar el turno de mañana. El 11 de septiembre de 2012 salió de su casa a las 8:30 de la mañana y prometió a su esposa que estaría de regreso para las 4:30 de la tarde.

Diluviaba ese día y se quedó hasta más tarde en la fábrica. Hizo una última llamada telefónica a su esposa a las 5:45 p.m.

“Tosía y me dijo que la fábrica estaba en llamas. ‘No hay forma de salir. Si no vuelvo, cuida de los niños’. Fue la última vez que escuché su voz”, nos cuenta la esposa de Riaz, Nazia Perveen, de 30 años de edad.

Riaz Ahmad es una de las 252 víctimas (según estimaciones oficiales) que perdieron la vida en el incendio de la fábrica de Ali Enterprises el 11 de septiembre de 2012, uno de los peores desastres industriales ocurridos en la historia de Pakistán.

Sin embargo, la familia de Riaz es una de las 24 a las que aún no les han sido entregados los restos mortales de sus seres queridos.

Hasta la fecha, 17 cuerpos permanecen todavía en la morgue Edhi en Karachi, y pese a haberse efectuado pruebas de ADN en tres ocasiones, siguen sin poder ser identificados.

En los últimos meses las familias se han negado a conceder su autorización para que se proceda a un entierro colectivo, porque piden que el gobierno les garantice antes que recibirán una compensación adecuada.

“Él ganaba 30.000 INR (300 USD) y eso nos permitía vivir bien. Lo he perdido todo tras su muerte. Tuve que vender mis joyas de oro y otros objetos de valor para poder seguir manteniendo a mi familia. No he recibido compensación alguna porque el cuerpo de mi marido aún no ha sido identificado”, nos cuenta Perveen.

Según fuentes sindicales, al menos 262 trabajadores perdieron la vida en el incendio, pero hasta la fecha tan solo los familiares de 212 de los fallecidos han cobrado una compensación.

El gobierno tiene previsto extender certificados de defunción a los familiares de otras 17 víctimas, y el domingo 10 de febrero las familias finalmente aceptaron celebrar un funeral colectivo para dar sepultura a los cuerpos carbonizados que yacían en la morgue.

Pero el problema ahora es que hay 17 cuerpos y se reclaman al menos 24.

“Esto implica que sólo algunos de los cuerpos han sido recuperados”, afirmó Shujaah Qureshi, investigador principal en el Instituto de Educación Laboral e Investigaciones de Pakistán.

“Hasta la fecha, 212 familias han recibido 900.000 INR (9.000 USD) en compensaciones. La compañía alemana Kik ha aceptado además desembolsar un millón de dólares americanos. Intentaremos utilizar este dinero para indemnizar a aquellas familias que aún no han recibido compensación alguna”.

Indicó que el incendio de esta fábrica en Karachi no ha cambiado gran cosa respecto a la situación de los trabajadores y trabajadoras.

“Después del accidente, el gobierno quiso demostrar su seriedad y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, pero en seguida las cosas volvieron a estar como antes. Los propietarios de las fábricas son demasiado poderosos en Pakistán”, comentó.

Nasir Mansoor, líder de la sede en Karachi de la National Trade Union Federation (NTUF), afirmó que el gobierno es cómplice de los crímenes cometidos contra los trabajadores/as.

“Había al menos 1.500 personas trabajando en Ali Enterprise, pero únicamente 190 de ellas estaban oficialmente registradas. La mayoría de los que trabajaban en la fábrica estaban empleados mediante contratos con terceras partes y es por ese motivo que no conocemos siquiera el número exacto de obreros que perdieron la vida el 11 de septiembre” afirmó.

Muchos murieron por no haber podido escapar de las llamas en un edificio que tenía una única salida accesible, puesto que todas las demás puertas estaban cerradas con llave.

Mansoor indicó además que el gobierno ha venido apoyando a los propietarios de la fábrica.

En diciembre, el Primer Ministro de Pakistán, Raja Pervaiz Ashraf, solicitó que se reabriese una investigación sobre el caso, y que se retirasen los cargos por homicidio que pesaban sobre los propietarios de la fábrica.

El 11 de febrero, un tribunal pakistaní concedió libertad bajo fianza a los dos propietarios y a dos de sus empleados.

Según un funcionario del gobierno que prefirió guardar el anonimato, los empleados administrativos de la fábrica admitieron que las puertas estaban cerradas con llave para impedir que los trabajadores abandonasen sus puestos de trabajo y prevenir posibles robos de material o equipo.

“Los locales en realidad estaban previstas para una pequeña unidad industrial de calcetería, con una capacidad autorizada para 250 trabajadores como máximo. Pero el dueño amplió la unidad para convertirla en una fábrica de ropa de cuero y vaqueros, construyendo pisos adicionales de manera ilegal y contratando a 1.500 trabajadores”, indicó.