Aunque ha pasado tres décadas de su vida trabajando como carpintero en Israel, y los últimos 17 años como agricultor en la zona sur de la Cisjordania ocupada, Mohammad Issa Salah, de 70 años, sigue luchando para llegar a fin de mes.

“Aquí el coste de la vida es como en Europa, pero los salarios son como en África”, explica a Equal Times este anciano palestino del pueblo de Al-Khader en el poco inglés que recuerda de la escuela.

La situación de este trabajador no es una excepción. Una cuarta parte de los palestinos viven por debajo del umbral de la pobreza y la tasa de desempleo es similar. Los palestinos llevan décadas luchando para poder ganarse la vida y reivindicar sus derechos en el lugar de trabajo.

Durante los últimos 50 años, la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén Este y la franja de Gaza sin duda ha afectado a las condiciones laborales de los palestinos. Al mismo tiempo, los sindicatos han luchado para dejar a un lado las divisiones políticas con el objetivo de dar pasos concretos para proteger los derechos de los trabajadores palestinos.

“No solo la tierra está ocupada. También lo está la economía palestina”, nos cuenta Matthew Vickery, autor del libro Employing the Enemy: The Story of Palestinian Labourers on Israeli Settlements (Emplear al enemigo: la historia de los trabajadores palestinos en los asentamientos israelíes).

En 1967 cientos de miles de palestinos se encontraron de la noche a la mañana bajo el control militar de Israel. Rápidamente se convirtieron en mano de obra no cualificada para la economía israelí, viéndose sin otra salida que la de realizar trabajos que pocos israelíes querían hacer, por mucho menos dinero y con poca protección jurídica.

Asimismo, según Vickery, la ratificación en 1994 del Protocolo sobre Relaciones Económicas (también conocido como Protocolo de París) por parte de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) “consolidó” la dependencia de la economía palestina con respecto a Israel.

Principalmente, el protocolo impuso el uso de la moneda israelí en los territorios ocupados y dejó las importaciones y exportaciones palestinas bajo el control de facto de Israel. Asimismo, permitió a Israel vetar las solicitudes de la Autoridad Palestina (AP) que no se consideraran beneficiosas en términos económicos para la potencia ocupante.

Durante la Segunda Intifada (2000-2005), las autoridades israelíes empezaron a limitar drásticamente el acceso de los trabajadores palestinos a Israel. Aunque Salah recuerda la época en que podía entrar directamente a Israel en un coche con matrícula palestina, hoy en día los trabajadores tienen que solicitar permisos y tardan horas en cruzar a pie los puestos de control.

Raed, un obrero palestino de la zona de Belén que desea permanecer en el anonimato, relató a este medio que trabajó ilegalmente en Israel durante más de una década. No podía costearse el permiso de trabajo, pero estaba desesperado por conseguir una fuente de ingresos debido a la falta de oportunidades en Cisjordania.

“Durante más de diez años tuve miedo constantemente, estaba preocupado y estresado, lo cual me llevó a una depresión”, se lamenta Raed mientras recuerda la ansiedad que le suponía cruzar la Línea Verde sin que le atrapara el ejército o dormir a ratos en las obras por miedo a las redadas de la policía.

Hoy en día se calcula que 36.000 palestinos trabajan en asentamientos israelíes ilegales, un tabú para muchos en la sociedad palestina, que consideran que estos trabajadores contribuyen a los esfuerzos colonizadores de Israel.

“Cualquier trabajador que va a los asentamientos siente vergüenza”, explica Salah. “Pero muchos de ellos no tienen más remedio que hacerlo. O trabajan en Israel y los asentamientos o se mueren de hambre o se suicidan”.

Cuando les preguntamos por qué trabajan en Israel y no en Cisjordania, tanto Salah como Raed aseguraron que no les queda más remedio debido a la pésima situación económica en los territorios palestinos.

Durante su medio siglo de vida laboral, Salah afirma que no tuvo “ningún encuentro” con ningún sindicato. Su experiencia es un reflejo de la de muchos trabajadores palestinos. Un informe redactado en 2013 por la organización Arab World for Research and Development (AWRAD) denuncia que el 85% de los trabajadores no se ha visto “expuesto” a los sindicatos y que el 43% no confía en las organizaciones sindicales palestinas.

Un movimiento sindical debilitado

Aunque los sindicatos surgieron en Palestina en la década de 1920, el movimiento se vio gravemente debilitado tras la creación del Estado de Israel en 1948, ya que numerosos líderes sindicales se exiliaron a países vecinos o vivían en Cisjordania bajo el dominio jordano que reprimía los movimientos sindicales.

Desde la guerra de los Seis Días hasta la Primera Intifada, es decir, durante las primeras dos décadas y media de ocupación, Israel también ejerció la represión contra los sindicalistas.

“En aquella época, trabajábamos en dos frentes. Luchábamos contra la ocupación y luchábamos para apoyar a los trabajadores”, nos explica Husain Foqahaa, miembro de la secretaría nacional de la central sindical Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU). “Muchas veces organizábamos manifestaciones contra la ocupación, hacíamos declaraciones y nos reuníamos. Apoyábamos a la OLP. Por eso nos detenían”.

La creación de la Autoridad Palestina tras la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, seguida de la fundación de la PGFTU afiliada a la Confederación Sindical Internacional (CSI), fue un momento de esperanza para los activistas de los derechos laborales. Por fin los palestinos tenían la oportunidad de formular su propia legislación laboral, en lugar de verse sometidos simultáneamente al gobierno otomano, el mandato británico y la legislación jordana, egipcia e israelí.

Sin embargo, aunque la AP aprobó una legislación laboral en 2000, seguida de la ley que creó la seguridad social en 2003, los salarios mínimos en 2012 y un sistema no estatal de pensiones en 2014, Foqahaa admite que la aplicación de dichas leyes sigue suponiendo un problema grave.

Asegura que el salario mínimo –unos míseros 1.450 shekels (aproximadamente 414 USD) al mes cuando el umbral de la pobreza en los territorios ocupados palestinos se sitúa en los 2.293 shekels (655 USD)– y la legislación laboral tan solo se aplicaron en el 50% o menos de los casos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró en mayo de este año que “el marco jurídico no garantiza por sí solo el respeto en la práctica de los derechos de los trabajadores” y concluyó que “para garantizar que se cumple la ley son necesarios unos servicios eficaces de inspección laboral y un acceso sin trabas a la justicia”.

Foqahaa asegura que la falta de mecanismos para sancionar a los empleadores que violan las leyes desempeña un importante papel en la crisis. La OIT destacó que en 2017 la AP cuenta con 57 inspectores de trabajo oficiales, una cifra ínfima si se tiene en cuenta que al menos 745.000 palestinos trabajan en Cisjordania fuera de los asentamientos israelíes, según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina.

Según el informe de la organización AWRAD, el 46% de los trabajadores palestinos afirman que no conocen sus derechos. Además, la tasa de desempleo del 27% (que asciende al 41% en la franja de Gaza sitiada) también disuade a los trabajadores de hacer valer sus derechos en el lugar de trabajo. Con unas tasas de desempleo tan elevadas, los trabajadores saben que les pueden despedir y reemplazar fácilmente si se atreven a expresarse.

“El principal problema al que nos enfrentamos es que el gobierno palestino no cuenta con ningún plan estratégico para asuntos sociales o económicos”, explica Foqahaa.

Aunque este miembro de la PGFTU culpa principalmente a la AP por no haber establecido como prioridad los derechos de los trabajadores, también condena a los sindicatos palestinos por no haber asumido sus obligaciones frente a los trabajadores.

“Los trabajadores están sufriendo mucho a manos del gobierno palestino, del gobierno israelí, de los empleadores palestinos, de los empleadores israelíes... Y nadie se ocupa de sus derechos, ni siquiera la PGFTU. Me da vergüenza porque no estamos trabajando tan bien como deberíamos para apoyar a los trabajadores”.

“Creamos muchas comisiones, organizamos reuniones, talleres... Pero en la práctica no se aplica nada”, añade Foqahaa.

Asimismo, cree que la gran influencia que ejercen los diferentes partidos políticos sobre los sindicatos ha tenido como resultado que las centrales sindicales (entre las que se incluyen organizaciones como el General Union of Palestinian Workers, vinculado a la OLP) perdieran de vista su razón de ser. Según declaró, cada una de las cinco principales centrales sindicales palestinas a nivel nacional está afiliada a un partido diferente; la PGFTU está vinculada a Fatah, el partido gobernante de la cada vez menos popular AP.

“No nos permiten reunirnos ni tomar decisiones sin los partidos políticos”, asegura Foqahaa. Como conclusión, agrega que los sindicatos palestinos deben dejar a un lado las divisiones políticas para luchar eficazmente por los trabajadores.

En una declaración a Equal Times, el Ministerio Palestino de Trabajo minimizó las críticas vertidas contra el gobierno argumentando que la legislación laboral se está aplicando “de un modo aceptable”.

Además, el ministerio se limitó a describir los vínculos entre la AP y los sindicatos como “una relación y colaboración integradora” para promulgar nuevas leyes que regulen las condiciones laborales en Cisjordania.

Sin embargo, en el pueblo de Al-Khader, Salah se muestra pesimista con respecto al futuro siempre y cuando las autoridades palestinas sigan sin preocuparse por el destino de la clase trabajadora de su sociedad.

“¿Qué solución? No hay solución”, advierte el anciano. “Para los trabajadores no hay ninguna solución fácil”.