Papúa Occidental: actividades mineras bajo una ocupación olvidada por el mundo

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Es una región rica en recursos naturales y la principal fuente de ingresos fiscales para el cuarto país más poblado del mundo. Asimismo, bajo un gobierno militar de facto, es un lugar donde se encarcela, tortura, desaparece y asesina a numerosos activistas.

Entonces, ¿por qué el mundo no sabe más de Papúa Occidental?

Simplemente porque la región más oriental y agitada de Indonesia alberga “uno de los conflictos armados del mundo menos cubiertos por los medios de comunicación”, explicó Bob Dietz, director para Asia y el Pacífico del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), sobre el conflicto en cuestión, que ya dura más de 50 años.

No existen cifras oficiales, pero según los cálculos, el número de papúes asesinados por las autoridades indonesias asciende a entre 100.000 y 500.000 personas.

Las cuatro décadas de graves restricciones a los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos para que accedan a Papúa Occidental han tenido como resultado un bloqueo mediático casi total.

Vinculada a esta situación se encuentra una multinacional minera con sede en Estados Unidos, Freeport-McMoRan. Aunque su sede en Phoenix (EE.UU.) está a casi 15.000 kilómetros de distancia de Yakarta, la capital indonesia, se trata del mayor contribuyente del Estado asiático.

En 2014, Freeport aportó la asombrosa suma de 1.500 millones USD a las arcas del Estado indonesio.

Como cabe esperar, un enorme porcentaje de sus ingresos depende de sus actividades en Papúa, lo cual tiene amplias repercusiones.

“Para operar, Freeport necesita un fuerte apoyo del gobierno en materia de seguridad”, afirmó Andreas Harsono, investigador indonesio para la ONG Human Rights Watch.

“En regiones aisladas como Papúa, esto significa que en sus explotaciones mineras hay menos controles y potencialmente más violaciones de derechos”.

De hecho, la policía y el ejército de Indonesia se encargan de ‘mantener el orden’ para que se puedan extraer el cobre y el oro de manera segura y los ingresos fiscales puedan fluir hacia Yakarta.

La enorme mina Grasberg de Freeport (una de las mayores minas a cielo abierto del mundo, con una participación minoritaria de la multinacional minera Rio Tinto) está básicamente cerrada a las visitas procedentes del exterior.

“Suelo bromear con el asunto. Incluso si Jesucristo quisiera visitar Papúa [Occidental], no creo que consiguiese un permiso”, declaró Harsono, tras hacer hincapié en que para obtener un permiso hacen falta las firmas de 18 ministerios y agencias de seguridad diferentes, lo cual resulta una tarea imposible.

“Cualquier burocracia que exija tantas firmas para conseguir un permiso refleja que debe estar sucediendo algo terrible en la zona a la que se pretende acceder”.

 

Un largo historial de opresión

Papúa Occidental (conocida por la administración de Yakarta simplemente como Papúa) está formada por la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea (la mitad oriental es la nación independiente de Papúa Nueva Guinea). Desde hace tiempo, constituye la joya de la corona de las ambiciosas potencias mundiales.

En diferentes épocas ha estado bajo control de Alemania, los Países Bajos y Australia, antes de ser anexionada por Indonesia en 1969 en unas elecciones organizadas por el ejército en las que alrededor de 1.000 representantes elegidos a dedo fueron obligados a votar a favor de la anexión.

A partir de entonces, Papúa Occidental fue gobernada con mano dura durante la época del ‘Nuevo Orden’ del general Suharto.

“Suharto fue un dictador brutal que trató a los papúes como a animales de una forma salvaje y ordenó numerosas masacres y bombardeos en Papúa Occidental”, explicó a Equal Times Benny Wenda, líder de la campaña por la Libertad de Papúa Occidental.

Dichos ataques tenían como objetivo principalmente destruir las aspiraciones independentistas de la región y obligar a sus habitantes a convertirse en indonesios.

Wenda vive actualmente en el exilio, en Reino Unido. Viaja por todo el mundo para dar a conocer las brutales atrocidades que Indonesia ha cometido contra su pueblo.

Él lo vivió en carne propia cuando, siendo un niño, el ejército indonesio bombardeó su pueblo y asesinó a numerosos miembros de su familia.

Los recursos naturales han desempeñado un papel fundamental en la trayectoria de la historia papú.

Tan solo cuatro años después de la anexión llegó Freeport, lo cual marcó el comienzo de una larga relación que ha demostrado ser muy próspera para la empresa, el gobierno indonesio y para pocos más.

Mientras tanto, el pueblo de Papúa Occidental ha soportado grandes penurias y sufrimientos.

La esperanza renació con el desplome de la dictadura de Suharto en 1998. Ese año se celebraron elecciones libres en el archipiélago e incluso un referéndum de independencia en Timor Oriental, que también había sido invadido y anexionado a Indonesia en 1975 y se enfrentó a una opresión igual de sangrienta.

Sin embargo, para Papúa Occidental resultaron ser falsas esperanzas.

“Parecía que el referéndum de independencia era inminente, pero el nuevo gobierno indonesio se asustó mucho por la perspectiva de perder Papúa Occidental”, se lamentó Wenda.

“Por tanto, [el líder independentista de Papúa] Theys Eluay fue asesinado por las autoridades indonesias y a partir de entonces la situación en Papúa Occidental no ha hecho más que empeorar. Desde entonces, ningún gobierno indonesio ha intentado realmente ayudarnos con los derechos humanos ni la autodeterminación”.

Sin embargo, lo que sí ha cambiado ha sido la inversión aún mayor en el desarrollo de los recursos y el flujo continuo de migrantes procedentes de Java y Sumatra (las dos islas más pobladas de Indonesia) para gestionar dicho desarrollo.

“La migración interna indonesia o transmigrasi está a punto de convertir a los papúes en una minoría en su propia tierra natal”, nos explicó Dietz.

De una población total de 3,5 millones, tan solo alrededor de la mitad pertenece a uno de los cientos de grupos étnicos melanesios papúes. El resto de la población tiene sus orígenes en los migrantes javaneses, sondaneses, malayos y madureses, la mayoría de los cuales llegaron a partir de 1969.

Además, Indonesia tiene planes para seguir explotando Papúa mediante la expansión de las plantaciones de aceite de palma en tierras forestales tradicionales y el aumento de los ingresos mineros construyendo fundiciones y otras instalaciones industriales a lo largo de la costa.

“Me preocupa cómo usa el gobierno [todo este] dinero recaudado de los impuestos”, declaró Eric Samudra, un investigador sobre temas de gobernanza con sede en Yakarta. “¿Se está usando para beneficiar al pueblo, especialmente a los papúes? Obviamente, la respuesta es no”.

 

Público apático

A pesar de que en diciembre salió a la luz pública que la policía había matado a cuatro manifestantes, muchos indonesios siguen guardando silencio acerca de la ocupación de una minoría por parte de su gobierno. Dicha minoría es principalmente no musulmana y sus miembros lideran una insurgencia de bajo nivel para lograr la libertad y la justicia.

“El problema es que la mayoría de la gente decide no hacer nada al respecto, mientras otros creen que no se puede hacer nada”, se lamentó Samudra.

Sin embargo, recientes documentales como El acto de matar, nominado para los premios Óscar, están enfrentando poco a poco a los indonesios al turbulento pasado de su país, que incluye la sangrienta represión de su incipiente Partido Comunista en la década de 1960.

John M. Miller, coordinador nacional de la Red de Acción para Indonesia y Timor Oriental, publica mensualmente una actualización sobre la situación en Papúa Occidental y opina que aunque la conciencia pública está aumentando, todavía queda un largo camino antes de que se pueda dar un cambio real.

“El silencio se está empezando a romper, pero todavía no hay una amplia comprensión del asunto”.

El presidente Joko “Jokowi” Widodo prometió otorgar un mayor desarrollo y autonomía a las islas periféricas de Indonesia. Los asesinatos de diciembre colocaron a Papúa en el primer plano de los esfuerzos de su administración.

Sin embargo, todavía persisten interrogantes sobre si realmente podrá cambiar la situación en la zona.

“Creemos que el presidente Jokowi quiere cambiar las cosas en Papúa y ya ha tomado algunas medidas al respecto”, aseguró Harsono, tras hacer hincapié en que el presidente prometió visitar la región con frecuencia y escuchar a sus habitantes para que le transmitan sus inquietudes.

“Sin embargo, trasladar la seguridad y la burocracia civil a Papúa [Occidental] no resulta una tarea fácil”.

Esa es una de las razones por las que numerosos activistas papúes, incluido Wenda, están cansados de las palabras vacías y quieren un referéndum.

“Creemos que no puede haber otra solución que la independencia total de Papúa Occidental”.

En la práctica, la política del gobierno parece estar yendo en sentido contrario.

Un ejemplo: la fundición recientemente anunciada, que será gestionada por Freeport y un socio indonesio, se construirá en tierras tradicionales de la etnia kamoro en la costa del mar de Arafura, al sur de las operaciones mineras de Freeport ya existentes en la región.

La fundición se negoció directamente entre el gobierno indonesio y Freeport, sin que los habitantes locales pudieran decidir ni se les consultara en ningún caso.

Evidentemente, los habitantes de la zona se oponen a la fundición, pues temen que contamine aún más sus tierras y destruya su modo tradicional de vida. Si los planes avanzan, es muy probable que surjan tensiones.

Dominikus Mitoro, presidente interino del órgano consultivo del consejo de líderes indígenas kamoros, declaró públicamente que “Freeport o cualquier otro inversor se enfrentará a infinitos problemas” y que “ningún negocio funcionará sin trabas hasta que abandone [nuestras tierras]".

Según los activistas, ahora más que nunca el acceso de los medios de comunicación a Papúa Occidental es crucial para llamar la atención del mundo sobre la fundición prevista y para hacer entender al planeta la verdadera situación de los derechos humanos en la región y el papel que desempeña Freeport en todo ello.

Sin embargo, por ahora parece poco probable que los medios de comunicación puedan acceder a la zona.

“Los líderes de Indonesia parecen decididos a no perder otra zona de su extenso archipiélago dejando que molestos periodistas, tanto nacionales como extranjeros, saquen a la luz lo que está ocurriendo en Papúa”, concluyó Dietz.

Freeport McMoRan se negó a hacer comentarios sobre este tema.