Para no dejar a nadie atrás en la ciudad hay que garantizar una transición justa a los trabajadores del transporte público urbano

Nadie duda de que las ciudades y el transporte público serán piezas clave en la fase de recuperación poscovid-19, hasta el punto de que se habla de la necesidad de aprovechar la “oportunidad urbana”. El debate sobre el mundo poscovid se suele centrar en el potencial que posee el sector del transporte para crear empleos verdes, reducir las emisiones, ampliar el acceso y remodelar la sociedad de forma más equitativa a través de inversiones en movilidad sostenible, de la potenciación del transporte público o de la electrificación del transporte. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un informe en el que destaca el enorme potencial de creación de puestos de trabajo y la reducción de emisiones que supondría apostar por inversiones que dupliquen el transporte público y la electrificación.

En este relato, como sucede con otros relatos en torno al transporte sostenible y las ciudades inteligentes, se echa de menos que se mencione el papel que desempeñarán los trabajadores y sus representantes. En concreto, la necesidad de una transición justa para los trabajadores del sector del transporte, que serán clave para nuestra recuperación poscovid y para enfrentar la emergencia climática que padece el planeta. Del mismo modo, los trabajadores del transporte rara vez tienen un papel claro en la tan cacareada ciudad "inteligente", excepto el de ser receptores pasivos del cambio. El nivel de detallada planificación que se aplica cuando se introducen los avances tecnológicos, rara vez se extiende a la exploración de los efectos que dichos avances tendrán para los trabajadores y sus medios de vida.

Cuando hablamos de trabajadores del transporte en nuestras ciudades no nos referimos solo a los conductores del transporte público (que suelen ser el grupo más visible) también engloba al personal de mantenimiento, administración, venta de billetes, a limpiadores, revisores, además de quienes trabajan en el transporte a través de aplicaciones telefónicas (en el transporte de pasajeros y en el reparto a domicilio). En las ciudades del Sur Global, una gran parte de estos trabajadores (en algunas ciudades hasta el 85% de ellos) trabajan en empleos informales, lo que significa que carecen de acceso a seguridad social, a un salario estable, a condiciones laborales seguras o a representación sindical. Un informe encargado por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) en 2018 identificó más de 30 profesiones vinculadas a los servicios de transporte público informales en Nairobi.

La emergencia climática, unida al papel clave de estos trabajadores durante la pandemia de COVID, implica que las inversiones en el transporte tendrán que considerar, negociar e incluir una transición justa para los trabajadores desplazados por las medidas climáticas. A menudo, las consecuencias del cambio climático afectan sobre todo a los trabajadores del transporte más vulnerables (a través de la contaminación atmosférica y de los fenómenos meteorológicos extremos) y a los desplazados por políticas que, a pesar de sus buenas intenciones, se imponen desde arriba, sin negociación en la base.

Los trabajadores del transporte, en primera línea de la emergencia climática

La modernización del transporte público sin una transición justa para los trabajadores y las comunidades, que son cruciales para el funcionamiento de estos sistemas, está ya provocando desplazamientos y marginación. En Filipinas, el Programa de Modernización de los Jeepneys está amenazando los medios de vida de miles de conductores que no tienen capacidad económica suficiente para acceder a las nuevas licencias de vehículos eléctricos que el Gobierno ha ordenado.

La ITF encargó dos evaluaciones sobre el impacto en la fuerza laboral de la introducción del sistema de Buses de Tránsito Rápido en ciudades como Dakar y Nairobi –que está dejando atrás a miles de trabajadores, mayoritariamente del transporte informal, que perderán sus empleos sin una transición justa hacia un empleo formal o un medio de vida alternativo–. En Bogotá, la electrificación del sistema Transmilenio amenaza directamente a más de 6.000 trabajadores del sistema tradicional de autobuses, cuyos puestos de trabajo desaparecerán a finales de este año.

Los trabajadores del transporte, y especialmente quienes tienen un empleo informal, padecen en primera línea la emergencia climática. Sus innumerables horas de trabajo en ciudades carentes de estrategias serias de mitigación y adaptación al cambio climático les expone más a la contaminación atmosférica, las inundaciones y la congestión.

Se espera de ellos que presten unos servicios imprescindibles, incluso durante los fenómenos meteorológicos extremos, a pesar de que muchos carecen de unas condiciones laborales y de una atención sanitaria dignas.

Es frecuente oír hablar de soluciones de transporte para las ciudades que ignoran las opiniones de los trabajadores cuyo esfuerzo mantienen las ciudades vivas y en funcionamiento. Ellos merecen una transición justa, que responda a sus necesidades inmediatas y a medio plazo. Son múltiples las implicaciones de una transición justa para los trabajadores del transporte en las ciudades: el acceso a un empleo formal y estable, a la seguridad social; a primas por trabajar en condiciones meteorológicas extremas; a mejoras de la salud y la seguridad en el trabajo; al reconocimiento de la condición de empleados de quienes trabajan para plataformas digitales; a garantizar a los trabajadores informales una vía hacia la formalización de sus empleos dentro del sistema del transporte; además de cambios tecnológicos que beneficien a la mano de obra, y prestar especial atención a las implicaciones de género de la transición y a las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras, que son las más afectadas por la informalidad y el cambio climático.

Una transición justa también implica redefinir para quién organizamos el sistema de transporte, quién se beneficia y cómo cambiamos las condiciones estructurales que han producido y reproducido las desigualdades existentes. Si una política profundiza la privatización, desplaza a los trabajadores y conduce a una mayor precariedad e informalización, aunque sea "verde" y reduzca las emisiones de carbono, no será justa con los más necesitados.

Por último, una transición justa significa negociar con los sindicatos. Un marco global de transición justa para el personal del transporte reforzará la necesidad de reducir las emisiones y de abordar de frente la crisis climática. Además, generará la legitimidad desde abajo necesaria, ya que pondrá el acento en cómo se hace y en quién lo hace, además de en a quiénes beneficia este cambio. Una estrategia global de transporte público que incorpore las necesidades, la visión y la experiencia de los trabajadores del transporte a través de una transición justa es una condición necesaria para una transformación socialmente equitativa.

Estas transiciones no serán fáciles ni baratas. Requerirán una sustanciosa financiación pública y, dada la complejidad de las negociaciones, el sector público deberá desempeñar un papel destacado. Como regulador del espacio de la ciudad y dado que se trata de la única entidad con la capacidad de gestionar una transición justa para resolver la crisis climática en pro de los trabajadores y las comunidades, deberá impedir que se sigan invadiendo los espacios comunes de nuestras ciudades para uso privado, y, al mismo tiempo, deberá remunicipalizar los servicios públicos esenciales.