Sulayman Bojang, un activista ecologista de 30 años, dice que se alegró mucho cuando se enteró en 2016 de que la empresa china Golden Lead quería abrir una fábrica de harina de pescado en su ciudad, una pequeña población costera situada en el suroeste de Gambia. “Pensábamos que los jóvenes de nuestra comunidad tendrían trabajo y podrían alimentar a nuestras familias”, explica. “Tener una fábrica en Gunjur iba a ser un gran avance en materia de desarrollo”.

Sin embargo, pocos meses después de que abriera la fábrica de harina de pescado en Gunjur en 2016, un hedor terrible envolvió la comunidad. En mayo de 2017 los habitantes de Gunjur descubrieron que el agua de la reserva natural de la comunidad, al lado de la fábrica, se había vuelto roja. Los residentes también empezaron a quejarse de que peces y mamíferos aparecían muertos en su playa.

Han pasado dos años desde la elección democrática de Adama Barrow, y los gambianos cada vez se muestran más críticos con la degradación ambiental que ven en su país. Aunque algunas comunidades han logrado defender satisfactoriamente sus derechos ambientales, muchas se quejan de que el nuevo Gobierno no atiende a sus solicitudes, en particular si entran en juego los intereses de empresas extranjeras.

Desde 2016 se han establecido varias fábricas de harina de pescado extranjeras en el pintoresco litoral atlántico de Gambia. Estas fábricas convierten el pescado gambiano en un polvo o pasta que posteriormente se envía a Asia para utilizarlo como pienso para animales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en 2018 China importó 1,47 millones de toneladas de harina de pescado, principalmente de Sudamérica, pero cada vez más de África. Este negocio experimenta un auge y los activistas de estas comunidades se quejan de que la contaminación de las fábricas está destruyendo su entorno natural.

Las publicaciones que denuncian esta degradación en las redes sociales llamaron la atención de la Agencia Nacional de Medio Ambiente (NEA, por sus siglas en inglés), la cual llevó a cabo su propia investigación.

A mediados de junio de 2017, la NEA llevó a Golden Lead ante los tribunales por supuestamente verter aguas residuales al mar sin el permiso correspondiente. Sin embargo, dos semanas más tarde, se anunció que la empresa había llegado a un acuerdo extrajudicial consistente en el pago de 25.000 dólares estadounidenses.

“Tenías la sensación de que te presionaban desde arriba para que llegaras a un acuerdo… Era la primera vez que nos sentíamos así bajo el nuevo Gobierno”, asegura a Equal Times un funcionario subalterno de programas del organismo.

La fábrica reanudó sus actividades el 1 de julio de 2017. Algunos residentes consideraron que el Gobierno no estaba protegiendo su entorno. Exigieron que la fábrica quitara la tubería que vertía aguas residuales en el mar. En marzo de 2018, varios activistas, entre ellos Bojang, quitaron la tubería por la fuerza. Fueron detenidos rápidamente por este acto.

Bojang y sus compañeros fueron puestos en libertad sin cargos y se volvió a instalar la tubería. Los funcionarios de la NEA dicen que ahora Golden Lead presenta puntualmente los resultados de sus pruebas trimestrales y que la fábrica ya no contamina el océano. Sin embargo, los activistas locales discrepan y hacen referencia a otros efectos nocivos de la fábrica, como la sobrepesca o el aumento del precio del pescado en el mercado. “Nos preguntamos para quién trabaja realmente nuestro Gobierno”, dice Bojang.

La complicidad del Gobierno

Ismaila Ceesay, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Gambia, sospecha de algunos de los acuerdos firmados entre miembros del Gobierno y empresarios extranjeros. “Algunos de los representantes del Gobierno dan a estos ‘inversores’ lo que quieren y vemos lo que [el Gobierno] obtiene a cambio”, dice, en referencia a un nuevo centro de conferencias valorado en 50 millones de dólares estadounidenses que se está construyendo en un terreno que antes formaba parte del parque nacional de Bijilo. “El Gobierno es cómplice de estas empresas extranjeras que destruyen nuestro medio ambiente”.

Atraer inversiones extranjeras es un elemento fundamental del programa del Gobierno de Adama Barrow, que sucedió a la dictadura de Yahya Jammeh en 2017. En julio de 2017, Gambia firmó un acuerdo de libre comercio con China y ha mantenido conversaciones con inversores noruegos y mauritanos. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la inversión extranjera directa en el país aumentó de 15 millones de dólares estadounidenses en 2015 a 29 millones en 2018.

Aunque la población acoge favorablemente la tan necesaria inversión extranjera, muchos gambianos están profundamente preocupados por la naturaleza de dichas inversiones. Los activistas mencionan numerosos ejemplos en los que, según afirman, el Gobierno antepone los intereses de los inversores a los de las comunidades.

El Gobierno anunció el mes pasado que planeaba descatalogar como zona protegida una sección del parque forestal de Salagi, a las afueras de la capital, supuestamente para dejar espacio para la maquinaria de construcción que se está utilizando en el nuevo centro de conferencias. A raíz de las protestas de los activistas de la comunidad, el Gobierno anunció que reconsiderará los planes.

Por otra parte, hay amplios indicios de que buques extranjeros llevan a cabo una pesca excesiva en las aguas de Gambia. En 2017, el Ministerio de Pesca levantó el embargo sobre la pesca industrial impuesto desde 2015. El año pasado, la marina gambiana incautó tres buques pesqueros chinos por pescar ilegalmente frente a sus costas.

En Mandinari, un pequeño pueblo a orillas del río Gambia, los activistas han acusado a un equipo de pescadores chinos y gambianos de practicar la sobrepesca, capturar especies protegidas y pescar en áreas reservadas a reconstituir los recursos marinos. Equal Times trató de ponerse en contacto con el autodesignado director de las operaciones de pesca para obtener explicaciones, pero este bloqueó nuestras llamadas y se negó a reunirse con nosotros. Los representantes del Ministerio de Pesca solo indicaron que había una investigación en curso. Según fuentes de la comunidad, el equipo continúa pescando y vendiendo pescado en el pueblo.

Un rayo de esperanza

En otros lugares, los activistas ecologistas han tenido más éxito a la hora de poner fin a las actividades problemáticas llevadas a cabo por empresas extranjeras. Abdoulie Samateh, un estudiante universitario de 26 años, creció a las afueras de Brikama, la segunda ciudad más grande de Gambia. De niño solía jugar en lo que antes era un bosque de vasta extensión. A principios de 2017, su padre se quejó de que un hedor terrible lo despertaba a mitad de noche.

Samateh cogió su motocicleta una noche y encontró el origen de este hedor: un humo que emergía de detrás de un muro sin ningún cartel con una puerta de hierro roja. “No sabíamos lo que pasaba ahí detrás”, dice, “solo sabíamos que nos poníamos enfermos”.

El origen de la enfermedad de la familia de Samateh era New Energy Enterprise (NEE), una planta china de pirólisis de neumáticos improvisada. La pirólisis de neumáticos consiste en la incineración a alta temperatura de neumáticos usados en cámaras sin oxígeno para obtener un combustible pesado utilizado para los buques de transporte. “Este proceso técnico puede ser limpio”, dice Martin von Wolfersdorff, que se define como un “apóstol de la pirólisis de neumáticos” en Alemania. Sin embargo, “las plantas de pirólisis no profesionales y mal gestionadas cometen crímenes contra el medio ambiente”.

La industria del reciclaje acoge favorablemente la pirólisis de neumáticos como una forma de solucionar el problema que plantean los aproximadamente mil millones de neumáticos que se desechan cada año. Si bien las plantas de pirólisis de Europa y Norteamérica cumplen normativas ambientales estrictas, algunas fábricas ubicadas en países en desarrollo han sido acusadas de emitir sustancias tóxicas y destruir el medio ambiente.

Según la Red de datos toxicológicos, se ha descubierto que el negro de carbón –un polvo residual generado a través de la pirólisis realizada en malas condiciones– causa un amplio abanico de enfermedades pulmonares y torácicas y posiblemente constituye un agente cancerígeno para el ser humano.

En Brikama, el negro de carbón, abandonado en viejos sacos de plástico fuera de la fábrica, ha sido esparcido por el viento y ha penetrado en la tierra.

Cuando periodistas gambianos visitaron el lugar a principios de año, fotografiaron un hoyo lleno de un líquido oleaginoso, que a menudo es el residuo de procesos de pirolisis no profesionales y puede contener cantidades elevadas de hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos.

Los funcionarios de la NEA dijeron que un representante de NEE, que hizo una presentación a la agencia sobre la pirólisis a mediados de 2015, no les informó acerca de estos residuos tóxicos. Después de la presentación se concedió una aprobación verbal, pero no escrita. La planta estuvo en funcionamiento desde finales de 2016 hasta principios de este año sin que la NEA realizara un control.

Samateh y otros miembros de la comunidad se quejaron a Jammeh Kebba, jefe de la unidad técnica del departamento forestal. Kebba dijo que intentó, en vano, hablar con el propietario de la planta. Kebba concedió entonces una entrevista a una emisora local de noticias, lo que atrajo una atención considerable. Poco después la NEA intervino y rápidamente dejó de salir humo negro de la planta.

Samateh y otras personas todavía no cantan victoria. “Solo cuando sepamos con toda seguridad que no van a volver, podremos celebrarlo. Pero todavía no confío en que nuestro Gobierno no acepte sobornos”, dice Samateh. “Debemos asegurarnos de que nunca más vuelvan a operar aquí”.