Pese a su renovada retórica, el FMI sigue promoviendo políticas fallidas

Cuando se oye hablar de un evento que lleva por título La desigualdad de ingresos es importante: cómo garantizar que el crecimiento económico beneficie a muchos y no solo a unos pocos no es precisamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) el organismo que nos viene a la mente.

Sin embargo, en abril, en las últimas reuniones de primavera de esta institución, la directora gerente Christine Lagarde, así como la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, discutieron la urgencia de abordar la creciente desigualdad en los ingresos y la necesidad de políticas redistributivas. Al tiempo que las máximas representantes del FMI en Washington expresaban su preocupación ante la desigualdad, en Ecuador, Argentina y Túnez la población salía a las calles para protestar contra las políticas de austeridad perjudiciales para los trabajadores que los gobiernos están implementando como parte de los programas del FMI.

En las décadas de los años 1980 y 1990, cuando varias crisis de endeudamiento se abatieron sobre el mundo en desarrollo, el FMI prestó dinero a los países afectados como parte de lo que denominó programas de ajuste estructural. Estos programas, que entran dentro de lo que se conoce como “consenso de Washington”, promovieron agresivamente una agenda de liberalización, desregulación y privatización, así como fuertes recortes en el gasto social.

Los programas de ajuste estructural protegían a los acreedores y abrieron la puerta para que las empresas multinacionales hicieran negocios en estos países, mientras que el costo de los ajustes era asumido por la población.

A medida que el crecimiento y el desarrollo prometidos como resultado de la aplicación de estos programas nunca llegaron a materializarse, el FMI perdió paulatinamente parte de su influencia. El doloroso recuerdo que dejaron los costos sociales resultantes de estos programas de ajuste estructural ha convertido al FMI en una institución extremadamente impopular.

En los últimos años, el FMI ha realizado importantes esfuerzos para reinventarse y crear la imagen de una institución preocupada por el crecimiento inclusivo y los indicadores sociales. El departamento de investigación del FMI ha dedicado gran cantidad de tiempo y espacio al tema de la creciente desigualdad. Este esfuerzo incluyó una investigación que mostró que la consolidación fiscal y la liberalización de las cuentas de capital, políticas centrales de los programas del FMI, incrementan la desigualdad de ingresos.

Asimismo, el Fondo ha examinado el efecto de las políticas en materia de mercado laboral que se ha dedicado a promover y hasta qué grado han contribuido a la disminución de la proporción de los ingresos captados por el trabajo.

Sin embargo, aun cuando su departamento de investigación abordó la cuestión de cómo lograr tanto el crecimiento como la inclusión, los programas de préstamos del Fondo no han incorporado estas preocupaciones.

A raíz de la crisis financiera de 2008, el FMI ocupó de nuevo un lugar importante en la escena mundial. El FMI dejó de utilizar la denominación de ajuste estructural, pero la estructura de las condiciones de préstamo del FMI y las exigencias en lo que se refiere a las políticas siguieron siendo muy similares, relegando casi al olvido el fracaso de los programas anteriores.

Para empeorar la situación, el FMI continúa con su tendencia a subestimar la profundidad de las recesiones causadas por las políticas de austeridad que promueve, prolongando así las crisis económicas y aumentando la carga de la deuda a medida que las economías se contraen.

Ecuador: las mismas políticas perjudiciales que antes

El último contrato de préstamo del FMI con Ecuador posee las características propias de un programa de ajuste estructural. Exige recortes masivos en el gasto gubernamental, dirigidos especialmente a los trabajadores del sector público, así como diversas reformas institucionales de inspiración neoliberal.

El programa continúa imponiendo políticas fallidas que, según el propio departamento de investigación del FMI, incrementan la desigualdad y representan un elevado costo social.

Para coincidir con la nueva imagen del FMI, el programa debería incluir un piso para el gasto social, a la par de un modesto aumento en el gasto destinado a la asistencia social durante el primer año. Sin embargo, el FMI ha establecido un piso bajo para la proporción del presupuesto que ha de asignarse a los programas de asistencia social, lo que augura escasas probabilidades de satisfacer las crecientes necesidades que generará la recesión en Ecuador.

El caso de Argentina, que firmó un contrato con el FMI en el verano de 2018, ya ha demostrado la insuficiencia de los pisos en materia de gasto social. A medida que la crisis económica sigue agudizándose a la par del programa del FMI, la pobreza se ha disparado en el país, aumentando del 25,7% a mediados de 2017 al 32% a finales de 2018, lo que significa un impresionante aumento de 6,3 puntos porcentuales.

Argentina también es un ejemplo del fracaso de los programas de austeridad del FMI, cuyas proyecciones de crecimiento tuvieron que ajustarse a la baja en más de un 3% durante un solo año, solamente 3 meses después de la firma del contrato inicial.

Un estudio detallado de todos los préstamos del FMI aprobados en 2016 y 2017 ha demostrado que 23, de un total de 26 programas, impusieron medidas de austeridad.

El número de las condiciones asociadas a los préstamos también sigue aumentando. Además, el estudio ha demostrado la insuficiencia de los pisos destinados al gasto social, incapaces de suministrar fondos suficientes, ni siquiera para la prestación de los servicios básicos de atención médica.

El FMI ha cambiado su retórica sobre la desigualdad y la inclusión social, pero la aplicación de sus programas continúa imponiendo las mismas políticas dañinas del pasado. Aun cuando se han dado algunos pasos simbólicos sobre la forma de poner en práctica los resultados de la investigación sobre el tema de la desigualdad, estos siguen sin incorporarse a los contratos de préstamo.

Si al FMI realmente le preocupa un crecimiento que beneficie a “muchos”, debe dejar de promover políticas que sigan perjudicando a los trabajadores.