Se trata de una industria totalmente ilegal que, no obstante, genera cada año miles de millones de dólares. La denominada pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada) es el flagelo de los océanos. Al tiempo que las poblaciones de peces disminuyen drásticamente –las poblaciones de atún rojo del Pacífico se han reducido un 97% con respecto a su nivel histórico– y que la comunidad internacional trata de preservar la riqueza de los océanos, las prácticas ilegales se multiplican en alta mar. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la pesca INDNR representa entre el 20% y el 30% de las actividades del sector pesquero, con un volumen de negocios anual estimado entre 10.000 y 23.000 millones de dólares USD.

Cabe señalar que la pesca INDNR es una ocupación lucrativa sumamente organizada. “Suelen ejercerla buques que, de hecho, disponen de licencia de pesca”, afirma a Equal Times Pavel Klinckhamers, director del proyecto contra la pesca ilegal para la campaña Pan-Asia de Greenpeace. “Aunque dispongan de una licencia, estos barcos pueden pescar especies que no están autorizados a capturar, o pescar en zonas para las que carecen de autorización”, señala el activista.

“La pesca INDNR no consiste únicamente en pescar sin licencia”, explica Heather Stimmler, directora de medios de comunicación en Sea Shepherd. “La más habitual es, por supuesto, la pesca furtiva, pero la pesca INDNR también puede ser mucho menos espectacular y mucho más difícil de detectar”, añade. La sobreexplotación pesquera y la captura no declarada de especies de peces protegidas son algunos de los abusos a que se enfrentan los defensores de los océanos.

Según Peter Horn, director del proyecto para acabar con la pesca ilegal, Ending Illegal Fishing, en la organización Pew Trust: “Hay varios informes que revelan que uno de cada cinco peces es capturado en el ámbito de la pesca INDNR. Si bien en aguas europeas la cifra es ciertamente inferior, en zonas sometidas a presiones, como la costa de África Occidental, se calcula que asciende a dos de cada cinco peces. Las repercusiones de estas actividades son considerables, pero para determinados países vulnerables resultan catastróficas”.

La tragedia de los pescadores en pequeña escala

Estos países son los más afectados porque los cómplices de la pesca INDNR apuntan específicamente a los países más frágiles que carecen de medios para vigilar las costas. “La pesca INDNR es sintomática de países con un poder político frágil”, afirma Peter Horn a Equal Times. En esos países, como Ghana, la pesca INDNR constituye una “amenaza para los ecosistemas marinos y para la seguridad alimentaria”, añade Lindsay Jennings, directora de proyecto para la asociación Fish Wise, que lucha contra estas prácticas.

La sobreexplotación pesquera es una actividad que puede tener repercusiones desastrosas en esos países debido a que vacía las aguas territoriales de peces y hunde en la inseguridad alimentaria a cientos de pescadores en pequeña escala que dependen de este recurso para sobrevivir y alimentar a sus familias. En Ghana, por ejemplo, la pesca INDNR constituye una amenaza para los 2,5 millones de personas que dependen de los recursos marinos para su supervivencia. Según un informe de la Environmental Justice Foundation, Ghana es efectivamente uno de los países cuyas aguas figuran entre las más sobreexplotadas del mundo desde 2012, en particular por las flotas chinas.

El 37% del pescado capturado anualmente se consigue mediante esta práctica, que hace perder a Ghana 1.000 millones USD.

Este país está situado en una de las zonas más afectadas por la pesca ilegal, es decir, África Occidental. Pero las aguas de ciertas zonas de Asia y las costas de América Latina también se encuentran particularmente sobreexplotadas, sobre todo por flotas chinas de larga distanciaque pescan en escuadrilla, así como por algunos armadores europeos. Esto se inscribe en un fenómeno más amplio de “acaparamiento de océanos”, en el que los poderes políticos fuertes se aprovechan de los más débiles.

Son verdaderos focos donde se producen los peores abusos, a menudo con toda impunidad, debido a que la pesca INDNR se aprovecha al máximo de la inmensidad de nuestros mares y océanos. A los países en desarrollo les resulta efectivamente difícil controlar sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), es decir, aquellas zonas en las que cada país tiene derecho exclusivo a explotar los recursos y que se extienden hasta un radio de 200 millas náuticas de la costa. Se trata de una tarea enorme para las autoridades marítimas de países que se enfrentan ya a dificultades económicas y a la inseguridad en tierra.

El dilema de las banderas

Los piratas del mar son tanto más difíciles de castigar cuanto que tienen la posibilidad de esconderse en aguas internacionales, zonas que representan más del 60% de los mares y océanos del mundo y que no se encuentran bajo la jurisdicción de ningún país. “Una vez en aguas internacionales, ningún país tiene autoridad para efectuar un arresto”, precisa el activista de Sea Shepherd. Según el derecho del mar, la ley que se aplica a un buque en aguas internacionales es la ley del país bajo cuya bandera navega. Una regla sencilla... en apariencia.

Determinadas banderas, denominadas “banderas de conveniencia” o “banderas de libre matrícula”, permiten a los piratas de todo tipo actuar con absoluta impunidad en los mares y océanos del mundo. Los armadores los eligen porque son poco restrictivos en materia de seguridad y de legislación laboral. Hay 35 países considerados como “banderas de conveniencia” por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Los principales son Panamá, Liberia y las Islas Marshall. Según un estudio, en 2015, el 71% del tonelaje de la flota mercante estaba registrado como pabellón de conveniencia, frente al 51,3 % en 2005.

Aunque no todas las “banderas de conveniencia” entrañan actividades ilegales, la facilidad con que los buques piratas pueden cambiar de país de registro dificulta su localización.

“Estas banderas simbolizan la falta de transparencia que existe en el sector pesquero”, señala Peter Horn. “Permiten que los propietarios de barcos puedan poner trabas a la identificación de sus embarcaciones”.

No obstante, el fenómeno está cada vez más regulado, y según el director de proyecto de la organización Pew Trust, desde 2015, el número de banderas de conveniencia ha disminuido ligeramente.

La falta de regulación respecto a los océanos es una de las principales razones por las que se cometen tantos abusos. El caso de las “banderas de conveniencia” no es único, y otra práctica que es objeto de innumerables críticas es el “transbordo”, un sistema que permite a los barcos de pesca permanecer en alta mar durante meses y transferir sus capturas a otro barco que recoge el pescado y lo lleva a buen puerto. “El problema de esta práctica es que no está debidamente regulada y que constituye una puerta abierta a la pesca INDNR y a todo tipo de tráfico en alta mar”, precisa Peter Horn. “Los pequeños barcos pueden pescar ilegalmente puesto que, una vez transferido el pescado, resulta imposible rastrear el producto”, señala Heather Stimmler. Se trata de un verdadero sistema de “blanqueo de pescado”.

En un intento por preservar esta práctica, pero regulándola de manera más eficaz, la FAO está trabajando en una nueva serie de normas con objeto de especificar las prácticas éticas que deben utilizarse durante el transbordo. Por ejemplo, se podría prohibir el transbordo en alta mar en favor del transbordo en proximidad a los puertos, lo que favorecería una mejor regulación de las mercancías y que un mayor número de observadores a bordo de los buques pudieran vigilar las prácticas pesqueras.

El ejemplo de FISH-i en África

Los países están tratando de movilizarse frente a la pesca INDNR. Así pues, en varias zonas del mundo se han establecido órganos regionales, como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), para controlar mejor los buques pesqueros. “La lucha contra la pesca INDNR es un deporte de equipo”, opina Peter Horn. De hecho, la detención de buques piratas puede requerir la intervención de varios países. Y para facilitar las operaciones de control, varias asociaciones piden que se introduzcan números de identificación únicos para cada barco, de modo que se pueda seguir su rastro desde el comienzo hasta el final de su vida.

“Para ello se requiere la cooperación entre países”, afirma Heather Stimmler. Y esta noción está empezando a extenderse. La organización sin ánimo de lucro Stop Illegal Fishing (SIF), con sede en África, ha creado el grupo de intervención FISH-i, un dispositivo que agrupa a ocho países cooperantes de la región. Los gobiernos de la región, Greenpeace y SeaSheperd están trabajando juntos para detener a los buques piratas. Y este tipo de labor está dando sus frutos.

“En los últimos cinco años ha venido aumentando el número de países que toman conciencia de la importancia del problema, y las detenciones se han multiplicado”, se congratula la directora de medios de comunicación de SeaSheperd.

Las nuevas tecnologías también son parte de la solución. Cámaras, sistemas de vigilancia... hay soluciones de sobra, lo que faltan son medios. Si bien los sistemas de localización de buques vía satélite(SLB) establecidos por los países para vigilar los movimientos de los buques en todo el mundo han mostrado ciertos indicios alentadores, su eficacia sigue siendo limitada: “Me sigue pareciendo increíble cuando estoy en alta mar, en la costa de África Occidental, y veo la diferencia entre los sistemas utilizados para rastrear buques y lo que realmente sucede en el mar”, lamenta Pavel Klinckhamers. “Suele haber entre un 50% y un 100% más de barcos en las zonas observadas. Con la tecnología solo se ve la punta del iceberg. La clave está, por tanto, en multiplicar los medios de vigilancia. Los investigadores franceses, por ejemplo, han desarrollado un sistema de rastreo de albatros (aves marinas que siguen a los barcos pesqueros para alimentarse) utilizando balizas para identificar la presencia de barcos no declarada.

Acuerdos y subvenciones

La comunidad internacional no se queda de brazos cruzados ante este flagelo. Así pues, el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto (AMERP), firmado en 2010, se ha convertido en el primer acuerdo internacionalmente vinculante que aborda específicamente la pesca ilegal. El principal objetivo de dicho acuerdo es prevenir, combatir y eliminar la pesca ilegal con el fin de evitar que los buques que se dedican a estas actividades utilicen los puertos para descargar sus capturas. Contribuye a disuadir a dichos buques de seguir practicando ese tipo de pesca y a bloquear la introducción de los productos procedentes de la pesca ilegal en los mercados nacionales e internacionales.

Otra iniciativa, adoptada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) consiste en cancelar las subvenciones a la pesca establecidas por numerosos países, una práctica que abarata artificialmente el pescado y que, por tanto, fomenta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Así pues, esta organización internacional solicita a los países que se abstengan de conceder nuevas subvenciones. “La OMC está manteniendo negociaciones con un buen número de países que han implementado estas subvenciones perjudiciales, para tratar de eliminarlas”, señala Lindsay Jennings, directora de proyecto para la asociación Fish Wise.

Son iniciativas que podrían dar fruto en los próximos años. Pero hay que actuar más rápido. Ante la urgencia y el fenómeno de la pesca INDNR, cada vez son más los oceanógrafos que solicitan a la comunidad internacional el establecimiento de más zonas marinas protegidas y la reducción de la flota pesquera mundial. El pasado mes de junio se dio un primer paso cuando Senegal denegó nuevos permisos de pesca para la flota china de larga distancia, que solicitaba permisos para 52 nuevos barcos pese a la sobreexplotación existente en las aguas senegalesas. La decisión se tomó bajo la presión de los pescadores en pequeña escala y de asociaciones locales de defensa ambiental. Pero la evolución es lenta.

La comunidad internacional ha tardado diez años en acordar el establecimiento de un Tratado de Alta Mar, cuyas primeras negociaciones comenzaron en 2018.

El objetivo es crear un nuevo instrumento jurídico internacional vinculante para proteger la biodiversidad de los océanos y “promover el uso sostenible de esta biodiversidad en alta mar”. Se trata de un tratado debatido en la ONU que debía concluir en marzo y facilitar, en particular, la creación de zonas marinas protegidas para lograr la recuperación de los recursos pesqueros. Sin embargo, la pandemia ha obligado a posponer el examen de este texto, un acuerdo calificado por Greenpeace como “último recurso” para los océanos. El tiempo se acaba: 3,8 millones de personas dependen de los océanos para alimentarse y las poblaciones de especies marinas se han reducido en un 39% en los últimos 40 años.