Tras el atentado con bomba perpetrado en un tren en la estación de metro Parsons Green de Londres el pasado mes de septiembre, el conservador Nigel Farage, defensor del Brexit y partidario de Trump, fue uno de los primeros en solicitar que la policía británica estuviera armada. Actualmente las pistolas están restringidas a las unidades especializadas en el uso de armas de fuego, como la que consiguió neutralizar en ocho minutos el ataque terrorista que se produjo en London Bridge en junio.

El Reino Unido se enorgullece desde hace mucho tiempo de este modelo de actuación policial consensuada. Pero el consenso está empezando a tambalearse. En una encuesta reciente, una tercera parte de los agentes se declaró a favor de ir sistemáticamente armados, frente al 23% que se declaró a favor en el año 2006.

Es comprensible, pero demasiado simplista. América, donde unos policías fuertemente armados fueron incapaces de impedir que el mes pasado se produjera en Sutherland Springs (Texas) el 307º tiroteo masivo del año, pone de manifiesto que el hecho de llevar más pistolas no impide que se produzcan los ataques.

Los debates sobre los recursos de la Policía británica han de tener en cuenta los recortes en los servicios públicos, que están sometiendo a las fuerzas de la Policía a fuertes presiones.

Otro factor que debe tenerse en cuenta son las posibles repercusiones que esta medida tendría para los británicos negros, en particular los hombres negros, cuya representación en el sistema de justicia penal es desproporcionada. Llevar más pistolas no va a detener los ataques terroristas y, en cambio, podría hacer que más personas mueran a manos de la policía.

Según datos de Inquest, una organización benéfica que brinda apoyo a las familias de personas que han muerto en centros de detención estatales, desde 1990 cerca del 14% de las personas que han muerto en Inglaterra y el País de Gales mientras se encontraban en custodia policial o tras haber estado en contacto con la policía son de raza negra o pertenecen a minorías étnicas.

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde las personas de raza negra tienen más probabilidades de morir a manos de la policía que cualquier otro grupo, entre la población de raza negra o perteneciente a minorías étnicas del Reino Unido no se constata un número desproporcionado de muertos a manos de la policía. Sin embargo, en un estudio encargado por el Gobierno sobre la muerte de personas bajo custodia policial se ha reconocido recientemente que la discriminación racial podría ser un “factor que ha contribuido de manera significativa” a que se produzcan estos incidentes fatales.

En el informe de Dame Elish Angiolini, finalmente publicado en octubre tras una demora de 15 meses, se hacen 110 recomendaciones, incluyendo reformas a las Comisiones Independientes de Investigación de Quejas contra la Policía (IPCC, por sus siglas en inglés), donde ex agentes de policía dirigen las investigaciones.

El informe destaca asimismo que en las investigaciones de las IPCC la raza no suele considerarse un factor importante, a pesar de que la mayor proporción de personas que mueren como consecuencia del uso de la fuerza o la coacción policial son de raza negra. En el momento de redactarse el presente artículo, Terrell DeCosta Jones-Burton, de 15 años de edad, se encuentra gravemente herido en el hospital tras salir despedido de su bicicleta durante una persecución policial cuando circulaba cerca de su casa en el sur de Londres.

Cada muerte que se produce a manos de la policía está marcada por improntas preocupantes que alimentan la desconfianza entre estas comunidades y la Policía, algo que no va a mejorar por el hecho de tener más policías armados en las calles. En 2011, por ejemplo, la muerte de Mark Duggan por disparos de la policía desató numerosas revueltas en todo el Reino Unido.

Y el pasado mes de septiembre el periódico The Observer publicaba varios informes de testigos presenciales en los casos de cuatro hombres negros que fallecieron entre junio y julio de este año después de haber estado en contacto con la policía. Cada uno de los casos está basado en alegaciones de conducta desproporcionada por parte de la policía y en informes de hombres que “enferman” o fallecen. Además, para angustia de sus familias, ningún agente de la policía es suspendido mientras el organismo de control de la Policía realiza sus investigaciones. A fecha de hoy, a pesar de las más de 1.000 muertes que se han producido desde 1990, ningún agente ha sido procesado por la muerte de personas detenidas.

Black Lives Matter en todo el mundo

El movimiento Black Lives Matter, que se originó en Estados Unidos en protesta por el número desproporcionado de muertes de afroamericanos a manos de la policía, ha resonado en todo el mundo, inclusive en Europa. Esto se debe a que la población negra en la diáspora sufre a menudo un racismo institucional que pone en peligro su vida.

Black Lives Matter organizó una manifestación en Francia tras la muerte de Adama Traoré, un joven negro que falleció estando detenido por la policía en Beaumont-sur-Oise en 2016. La policía dijo que Adama había muerto de un ataque al corazón, pero su familia alega que fue golpeado hasta la muerte por los agentes. Lo mismo dijo la familia de Mitch Henriquez, que falleció mientras se encontraba en custodia policial en los Países Bajos en junio de 2015 después de que “se pusiera enfermo” de camino a una comisaría. El discurso de Black Lives Matter es una clave útil para llamar la atención sobre estos casos, y aunque el movimiento es relativamente nuevo, esta cuestión no lo es.

En Alemania, en el año 2005, Oury Jalloh de Sierra Leona, detenido por la policía y encadenado de manos y pies al suelo de una celda de detención, ardió hasta la muerte sobre un colchó antiinflamable. El pasado mes de febrero el Grupo de trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas de Ascendencia Africana publicó tras una visita a Alemania una declaración que mencionaba el caso de Jalloh y muchas otras personas, citando “el racismo institucional y los estereotipos racistas prevalentes en el sistema de justicia penal” para explicar por qué “el Estado, y en particular la Policía, no investigan ni procesan eficazmente los casos de discriminación racial y violencia contra personas de origen africano”.

El racismo institucional es una de las razones por las que los activistas del Reino Unido han calificado la muerte bajo custodia de personas de raza negra o pertenecientes a minorías étnicas como un desafío para el sistema de justicia penal británico tan profundo como el de Stephen Lawrence, cuyo asesinato a manos de varios jóvenes racistas en Londres en 1993 desencadenó una investigación sobre el racismo institucional en la Policía Metropolitana. La situación ha mejorado, pero no todo lo que debiera.

El mes pasado, el Gobierno británico puso en marcha un sitio web específico y una auditoría sobre la disparidad racial en el país que ha revelado la existencia de un arraigado racismo institucional. La mayoría de los datos no son nuevos, pero el sitio web facilita el acceso a los mismos. Y en un examen histórico del sistema judicial llevado a cabo a principios de este año por el diputado del Partido Laborista David Lammy, se ha constatado una proporción excesiva de hombres negros jóvenes a todos los niveles del sistema judicial.

La auditoría debería utilizarse para la formulación de políticas. Pero el debate sobre la dotación de armas a la policía no tiene en cuenta estas estadísticas, a pesar de que las personas de color tienen más probabilidades de ser consideradas peligrosas y que eso influye en la respuesta institucional.

Un hombre negro en el Reino Unido tiene una probabilidad 17 veces mayor que un hombre blanco de que se le diagnostique una enfermedad mental grave como esquizofrenia o trastorno bipolar, y las personas de raza negra también tienen una probabilidad cuatro veces mayor de ser internadas en un centro psiquiátrico con arreglo a la Ley de salud mental. Los servicios de salud mental se entrecruzan a menudo con el sistema de justicia penal.

Sarah Reed murió en 2016 cuando se encontraba bajo custodia policial, pero los activistas ya la conocían porque en 2012 había sido víctima de un ataque de la policía a raíz del cual su salud mental empeoró. La familia afirma que Sarah no recibió una atención o apoyo institucional adecuado durante los años previos a (y durante) su encarcelamiento, lo cual no debería haber sucedido. Se está llevando a cabo a cabo una investigación sobre su muerte.

Armar a la policía no dará lugar a un Reino Unido más seguro, y podría exacerbar las desigualdades existentes en el sistema judicial y hacer que más personas de raza negra mueran en detención. La lección que se desprende de Estados Unidos y Europa es que el racismo institucional cuesta vidas. Y el Reino Unido no es una excepción.