Lo avisó el 18 de mayo el secretario general de la ONU, António Guterres: en los próximos meses podríamos presenciar “el espectro de la escasez mundial de comida”. El aumento del precio de los alimentos básicos –en lo que va de año, el precio del trigo ha aumentado más de un 50%– puede tener un impacto demoledor en los países empobrecidos. La guerra en Ucrania ha puesto al mundo en guardia frente a la posibilidad de una crisis alimentaria: Ucrania y Rusia producen el 12% de las calorías que se comercializan a nivel global, y proveen a las cadenas globales de comercialización el 28% del trigo, el 29% de la cebada, el 15% del maíz y el 75% del aceite de girasol. Los datos los aporta The Economist, en un artículo significativamente titulado La catástrofe alimentaria que se avecina (The coming food catastrophe).

Sin embargo, el problema no es nuevo ni se limita a la situación en Ucrania, sino que viene a visibilizar lo que la comunidad científica y el activismo ecologista alertan desde hace décadas: el sistema agroalimentario globalizado y financiarizado no sólo genera graves impactos socioambientales, sino que es tremendamente ineficiente y supone una apuesta arriesgada si de lo que se trata es de garantizar el suministro de alimentos. Investigadores de la Universidad de Padova afirman en un reciente artículo científico que “la dependencia del comercio parece limitar la seguridad alimentaria en los países importadores” de alimentos y establecen una correlación inversa entre aumento del comercio global y resiliencia del sistema agroalimentario.

“No se puede alimentar a la población con cultivos anuales usando petróleo que aniquila la vida del subsuelo de la que dependen el ciclo de los nutrientes. Urge transformar la manera que tenemos de cultivar”, sostiene Gustavo Duch, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria. La agricultura industrial, expone el veterinario y escritor, depende de las minas de fosfatos del Sáhara Occidental, para producir fertilizantes inorgánicos que se aplicarán en Ucrania, donde se produce trigo y maíz que, junto a la soja traída del Cono Sur latinoamericano, sirve de base para producir piensos para animales que se engordan en España para ser exportados al norte de Europa y a China. Es sólo un ejemplo de la irracionalidad de un sistema globalizado y totalmente desconectado tanto de las necesidades locales como de los recursos naturales disponibles, y extremamente dependiente del petróleo tanto para la fabricación de agroquímicos como para el transporte de las materias primas de una esquina a otra del planeta. “Hacer de la agricultura una industria es sacrificar el futuro de quienes nacerán”, concluye Duch.

“La globalización trata el alimento como si fuera mercancía y no un derecho, y en ese contexto las empresas son cada vez más grandes”, sintetiza Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra España.

El problema de fondo es que se está tratando el alimento como una mercancía (commodity), una materia prima más que se compra y se vende en los mercados, con ánimo muchas veces especulativo, y bajo una inercia oligopolizadora que va dejando el mercado de los alimentos básicos en manos de un puñado de empresas multinacionales, como las comercializadoras de granos Cargill, Bunge y Louis Dreyfus.

En los últimos veinte años se han multiplicado las conexiones comerciales, de modo que unos países cada vez exportan más, y otros son cada vez más dependientes de las importaciones. Cuando algo altera el sistema –como ocurrió en la pandemia, y más recientemente con la invasión rusa de Ucrania– se evidencian los riesgos de dejar el suministro de alimentos en manos del comercio global. La apuesta por la agroecología podría ser, entonces, no sólo una cuestión de justicia social y ecológica, sino también la opción más realista para poner coto al hambre, que afecta a más de 800 millones de personas y que podría amenazar a muchas más en un futuro próximo.

La lógica de la mercancía frente a la lógica del alimento

“Debemos lograr que predominen cultivos que se adaptan a nuestro ecosistema, y producir para comer, no para vender”, razona Blanca Ruibal, quien subraya la importancia en Europa de la Política Agraria Común (PAC), dotada de un ingente presupuesto y por tanto, capaz de orientar qué, cómo y quién produce alimentos. Las últimas reformas indican que vamos hacia una política agraria más verde, donde la preocupación ambiental gana relevancia: así, la estrategia Del campo a la mesa (From Farm to Fork) plantea como objetivo para 2030 reducir un 50% el uso de plaguicidas químicos y de fertilizantes, y conseguir que como mínimo un 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea se dediquen a agricultura ecológica.

No obstante, la PAC elude la pregunta sobre quién debe producir nuestra comida. “Los alimentos los deben producir los campesinos, los agricultores, y no las grandes empresas; y las políticas ambientales pueden acabar poniendo trabas a los pequeños productores. Estamos en un momento delicado, en el que una PAC más verde puede expulsar aún más a los pequeños productores”, reflexiona Ruibal.

En ese contexto, el debate se plantea en términos de soberanía alimentaria –o, como propone Ruibal, de ‘justicia agraria’– antes que en términos de una dicotomía entre producción agroecológica versus agroecología.

“Un producto campesino no siempre es ecológico. Hay un sector cooperativista que está vinculado al agronegocio, que usa agroquímicos y va ligado a una problemática ambiental; pero el dinero se queda en el país, y piensa en el largo plazo: por ejemplo, hay rotación de cultivos, lo que ya quiebra la lógica de minería del agronegocio. Lo que sí se aprecia son dos modelos contrapuestos de producción de alimentos basados en dos lógicas diferentes: uno está volcado hacia afuera, a los mercados internacionales, que es la lógica del commodity; y otro, hacia adentro, anclado en las necesidades de consumo locales, que es la lógica del alimento”, explica Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de Argentina, un país que combina una enorme capacidad de producción de alimentos y una gran dependencia económica de los mercados globales.

Para Roig, las políticas que lleven hacia una agricultura sostenible y justa son viables. Pone un ejemplo: “Para que [la provincia argentina de] Chubut fuera soberana en leche producida por cooperativas, la inversión rondaría los cinco millones de dólares, lo que es un costo muy asumible. Lo que planteamos son medidas baratas y factibles, como la posibilidad de cultivar productos frescos en las ciudades. Es viable, tiene anclaje territorial y hay voluntad política”.

Existe sin duda una percepción creciente de los riesgos que implica el actual modelo, en términos sociales, ambientales y de suministro alimentario. Pero persisten dos grandes dificultades para transformar el modo en que cultivamos y comemos: uno tiene que ver con el poder político y económico que acumulan empresas como las comercializadoras Bunge y Cargill o las biotecnológicas BASF y Bayer. El otro tiene que ver con los imaginarios: sigue siendo hegemónico lo que algunos autores han llamado el “mito del progreso”: la creencia en el crecimiento sin límites y en la innovación tecnológica que acríticamente se equipara a desarrollo, al tiempo que desprecia lo rural considerándolo sinónimo de atraso.

Ese mismo imaginario del progreso es el que puede llevarnos a falsas soluciones basadas en la geoingeniería y la innovación tecnológica: “Si denuncias la escasez de agua, te hablan de cultivos hidropónicos. Pero no sólo hay escasez de agua: también de potasio, de fosfatos, etcétera. Si lo miras de forma holística, las soluciones tecnológicas no sirven”, afirma Ruibal.

Hacia una transición con enfoque internacionalista

Otro desafío tiene que ver con la necesidad de pensar en términos de transición, y desde una visión internacionalista. No podemos pasar de un plumazo de un modelo extremadamente dependiente del comercio internacional a otro anclado en el territorio: en el artículo citado, la revista liberal The Economist advierte de que aplicar políticas proteccionistas podría precipitar una situación de hambruna en los países más dependientes de la importación de alimentos.

Sería necesario planificar la escalada, y hacerlo contemplando la deuda ecológica que han contraído los países del Norte después de siglos de expolio colonial: “Como ocurre en términos de justicia climática, los países que más sufren las consecuencias dañinas del modelo agroalimentario son a menudo los menos responsables”, reflexiona la coordinadora de Amigos de la Tierra-España.

Lo cierto es que algunos países que son hoy importadores netos de alimentos han llegado a esa situación como consecuencia de las políticas de ajuste estructural que se aplicaron en los años 80 y 90, la época en que se consolidó el modelo de la globalización y el actual sistema agroalimentario; esto es especialmente cierto para la región del África subsahariana. Sería interesante, sugiere Ruibal, tomar como inspiración los mecanismos que se están pensando en torno al clima, para que los países del Norte global contribuyan a financiar la transición agroalimentaria en el Sur, mientras que en Europa las políticas de la PAC podrían desempeñar un papel fundamental para guiar una transición justa hacia otro modelo agroalimentario más justo, resiliente y sostenible.