¿Por qué los estudiantes bielorrusos “deben” dos años de “empleo obligatorio” tras su graduación?

¿Por qué los estudiantes bielorrusos “deben” dos años de “empleo obligatorio” tras su graduación?

Students attend a class at the Minsk State Linguistic University, February 2019.

(Loïc Ramirez)
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Anastasia Tretiak nos cita en la cafetería de la Universidad Estatal de Idiomas de Minsk. La joven conoce bien la zona, porque estudió allí francés durante varios años. Después de graduarse le asignaron un plaza de maestra en una escuela pública del país durante dos años. Un trabajo obligatorio, para reembolsar el coste de sus estudios universitarios, financiados en su totalidad por el Estado bielorruso.

“Al terminar quinto, tuve que indicar qué destinos prefería que me asignaran. Un buen expediente te garantiza un mayor número de opciones”, dice la joven graduada. “Pero como tenía previsto continuar estudiando, descuidé mis opciones, convencida de que escaparía a esta etapa. Lamentablemente, no aprobé mi examen de entrada al doctorado y me asignaron un puesto en una ciudad muy pequeña de la región de Gomel (sureste del país)”.

Angustiada ante la idea de irse a vivir lejos de su familia y amigos, la joven se apresuró a buscar una alternativa. “Contacté con varias escuelas de la capital para proponerles mi candidatura. Un día, por puro milagro, ¡una de ellas me aceptó!”. El cambio de un destino a otro sólo es posible si las tres partes implicadas están de acuerdo: el primer empleador debe aceptar renunciar a la contratación de la candidata; el segundo, certificar la contratación de la candidata; y la Universidad, responsabilizarse de la formación de la estudiante. Una carrera de obstáculos en la que hay que llamar a la puerta de cada parte para obtener el pertinente documento oficial, imprescindible para el traslado.

“Afortunadamente, el decano de mi Facultad intervino en mi favor” y Anastasia logró completar su período laboral de postgrado, su raspredelenie, en la Escuela No. 38 de Minsk.

Distribución de la “mano de obra”

Raspredelenie (распределение) significa en ruso, literalmente, distribución. Se trata de un sistema de asignación de puestos de trabajo implantado en la República de Bielorrusia, que los universitarios becados deben realizar obligatoriamente cuando se gradúan. El país logró su independencia en 1991 y, desde 1994, está gobernado por Alexander Lukashenko (que en la actualidad está terminando su quinto mandato), un político acusado regularmente de autoritarismo y cuyo Gobierno es blanco de críticas, en particular desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por sus repetidas violaciones de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos.

La raspredelenie, heredada del sistema educativo de la URSS, cuyas instituciones de educación superior respondían a la demanda de las empresas estatales, se restableció en esta antigua república socialista a principios de 2000. Afecta a todas las disciplinas: medicina, idiomas, ciencias sociales, derecho, etc. Sólo los estudiantes que aprueban el examen de acceso a la universidad al final de la enseñanza secundaria tienen acceso a este sistema de financiación, si así lo desean. Para el resto, la única opción para entrar en la universidad es pagar su formación.

Sin embargo, el sistema se asemeja al trabajo forzoso, que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) define como “cualquier trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier pena y que no se le ofrece voluntariamente”.

Una acusación rechazada por las autoridades. “Ante todo, el estudiante es el que elige”, argumenta Irina Starovoytova, viceministra de Educación de la República: “Al finalizar la escuela secundaria puede optar por financiar o no su propia educación superior. Además, es una forma de conseguir su primer empleo. Incluso estudiantes que han pagado sus estudios, se dirigen a la Administración de su universidad para encontrar un trabajo en raspredelenie. Tiene sus ventajas: el Estado está obligado a facilitar la vivienda y los graduados disfrutan de la categoría de ‘jóvenes especialistas’ y de su correspondiente bonificación salarial”.

Sin embargo, la realidad parece menos ideal. “¡Una amiga mía tuvo que vivir con una anciana en un pueblo aislado de todo!”, explica Aliona P., estudiante de periodismo. Numerosos testimonios confirman las precarias condiciones en las que trabajaron, y que quedaron registrados en el informe de 2013 de la FIDH y de la ONG Viasna (organización bielorrusa de derechos humanos): dormitorios comunes como alojamiento, sin agua caliente, a varios kilómetros del lugar de trabajo, en aldeas sin apenas buses y trenes, salarios bajos y horas extraordinarias sin retribuir.

“Es cierto que, antes, para muchos era una pesadilla que les destinaran a una aldea perdida!”, se divierte en explicar Pavel Férénetz, un joven músico que vive en la ciudad de Brest, cerca de la frontera polaca. Pero, según él, se está poniendo “de moda” entre los jóvenes de ciudad, que están mostrando un renovado interés por la raspredelenie: “Hoy, mucha gente lo vive como un reto, una especie de retorno a la naturaleza”. Como prueba de esta nueva tendencia, el canal privado de noticias Tut.by, hostil al régimen, ha realizado varios reportajes sobre jóvenes graduados que están encantados de realizar la raspredelenie en zonas remotas del país. “Por supuesto, no es raro que haya algunos insatisfechos con el puesto al que les asignan”, admite Pavel, “pero no es culpa de las personas que reciben al nuevo especialista” .

¿Colocar a los jóvenes para acabar con el desempleo y los “parásitos”?

El sistema es, en efecto, un medio de responder a la demanda de profesionales en todo el territorio nacional y de evitar el abandono de determinadas poblaciones. Visto de esta perspectiva, el Estado cumple su responsabilidad de garantizar el funcionamiento de las estructuras públicas en todo el país: clínicas, escuelas, oficinas de correos, comisarías, etc. Sin embargo, la raspredelenie no se realiza sólo en el ámbito de lo público.

Anastasia Kondratskaya, licenciada en Traducción en la Universidad Lingüística, realizó sus dos años de trabajo obligatorio en una empresa privada en el sector de las tecnologías de la información. “Yo misma encontré el trabajo. Tenía que haber una conexión con mi formación y el hecho de tener que trabajar con el inglés fue suficiente”, explica la joven. “Lo importante es que pagues tus impuestos. Lo que no podía hacer era encontrar un marido rico y quedarme en casa”, dice sonriendo, “y además, en aquella época, habría tenido que pagar un impuesto por no trabajar”.

La joven se refiere al Decreto Nº 3 sobre “parásitos”, que provocó varias manifestaciones en el país en 2017. Esta ley sancionaba a las personas que trabajaban menos de seis meses al año con pagar al Estado una multa de 200 dólares USD (unos 178 euros; el salario medio mensual es de 300 dólares —unos 267 euros—). El objetivo era combatir las actividades ilegales y el trabajo no declarado (según las autoridades, de unas 350.000 personas) que escapaban a los impuestos. Pero esta medida también afectaba a toda una serie de personas en situación precaria. Ante el descontento popular, el Gobierno acabó cediendo y derogó el decreto en 2018.

“Unos 54.000 jóvenes ingresan en la universidad cada año en Bielorrusia”, dice la viceministra Starovoytova. “Alrededor de la mitad de estos jóvenes tendrán que hacer la raspredelenie.

Por lo general, provienen de familias modestas, la mayoría de las cuales aceptan pagar su “deuda” con el Estado de esta manera, y no con un banco —como ocurre en muchos países occidentales— para tener la oportunidad de estudiar. Sin embargo, abandonar el sistema durante la raspredelenie es complicado, ya que es necesario “reembolsar” sumas de dinero, cuyo cálculo la FIDH califica de “opaco”.

Sin embargo, el Gobierno ve un gran interés económico en este sistema. Permite la planificación de las necesidades del país entre los Ministerios de Economía y de Educación, que se coordinan para proporcionar empleo a los universitarios egresados, reduciendo así el riesgo de desempleo. El Estado bielorruso consigue, oficialmente, cifras extremadamente bajas en este ámbito (0,8% de desempleo en 2016, según el instituto nacional de estadística). Los medios de comunicación privados suelen poner en tela de juicio estos resultados y acusan al Gobierno de falsificar los datos. Para la OIT, la tasa de desempleo y de infrautilización de la mano de obra se estima en torno al 5,7%, en 2017.

Una limitación a la libertad de elección

Para Yauheni Preiherman, director del grupo de reflexión “Club Liberal” de Minsk, el sistema raspredelenie resulta “ineficaz” y “cada vez son más las familias bielorrusas que optan por evitar este sistema comunista de asignación laboral”. ¿Cómo? “La primera opción es pagando los estudios universitarios, algo problemático para gran parte de la población” y “la segunda, salir del país y estudiar en el extranjero”, escribe en un artículo.

Anna Makeenko, originaria de Vitebsk, al norte del país, apenas hace un año que completó su raspredelenie, en el lujoso Hotel Pékin en Minsk, donde continúa trabajando como recepcionista. “No quería ser profesora en una escuela, ¡no es para mí! Tuvimos que convencer al rectorado de la Universidad Lingüística para que aceptara este puesto en el hotel”, dice, vertiendo el té caliente en su taza.

Buena estudiante y dotada para los idiomas, a Anna le hubiera gustado salir al extranjero inmediatamente después de sus estudios para buscar trabajo. La única posibilidad de negarse a completar su período de trabajo de postgrado habría sido reembolsar los cinco años de estudio.

“Unos 6.000 dólares —5.350 euros—. ¡Imposible para mí, pagar esa cantidad! “Sin embargo, matiza Anna: “La ventaja es que tienes un trabajo al acabar tus estudios, pero creo que dos años es demasiado tiempo. No te sientes muy libre”.

This story has been translated from French.