La globalización neoliberal, al redistribuir las desigualdades entre los países y en su interior, ha creado ganadores y perdedores. Como lo ha demostrado el execonomista jefe del Banco Mundial, Branko Milanovic, quienes más han ganado con la globalización son las clases medias asiáticas emergentes, especialmente en China, así como aquellos ubicados en el percentil más rico del planeta, que se han beneficiado del fuerte aumento experimentado por los ingresos más altos. Por otro lado, los perdedores son las clases medias de los países industrializados y las poblaciones más pobres de los países menos desarrollados, cuyos ingresos se han estancado.

Al cabo de varias décadas de declive, la desigualdad social ha vuelto a aumentar en la mayor parte de los países industrializados tras el retorno neoliberal de la década de los años 1980. La creciente inseguridad económica de las clases medias, que representan la mayoría de la población activa en los países industrializados y, por lo tanto, los electores, favoreció el aumento del repliegue nacional-populista y el cuestionamiento de los fundamentos de la democracia liberal. Los “perdedores de la globalización” seducidos por el discurso nacional-populista no son siempre los más pobres, que tienden a abstenerse, sino las clases medias que viven en las pequeñas ciudades de las regiones desindustrializadas, cuyos ingresos han aumentado menos que la media nacional y tienen temor al “descenso de su posición social”.

Las políticas fiscales progresivas pueden reducir las desigualdades, pero la injusticia social que alimenta el resentimiento de los perdedores de la globalización se ha visto, en cambio, exacerbada por la injusticia fiscal.

Un estudio empírico sobre la evolución de los impuestos en 65 países industrializados y emergentes entre 1980 y 2007, publicado en la American Economic Review, demuestra que la globalización ha tenido como efecto aumentar la presión fiscal sobre las clases medias y reducir la imposición de los ingresos más altos y de los beneficios de las empresas. La mayor movilidad de las empresas y los ingresos más altos, favorecidos por la globalización, han incitado a los gobiernos a tomar medidas para atraerlos mediante un sistema fiscal más favorable. Como contrapartida, han optado por imponer una mayor carga fiscal a los trabajadores de ingresos medios, que tienen menos movilidad.

En lo relativo a los impuestos corporativos, los gobiernos se han enfrascado en una carrera a la baja en materia de impuestos con la esperanza de atraer inversiones. En la zona euro, la tasa media de este impuesto pasó del 35% al 22% entre 1995 y 2018. En Estados Unidos, la administración Trump adoptó en diciembre de 2017 una reforma tributaria que implicó una reducción del impuesto de sociedades del 35% al 21%. En la esfera mundial, la tasa impositiva media de las empresas descendió de un porcentaje superior al 40% a menos del 25% entre 1980 y 2015. A este ritmo, alcanzará el 0% en 2052.

En cuanto a la tributación de los ingresos más altos, la tasa impositiva marginal más elevada del ingreso de las personas físicas, que tiene como objetivo gravar el tramo de ingresos más alto, ha descendido una media del 40% en los países de la OCDE entre 1981 y 2017. En EEUU, la administración Reagan la redujo del 70% al 28%, para luego ser aumentado al 39% por la administración Clinton. En el Reino Unido, el Gobierno de Margaret Thatcher la redujo de un porcentaje superior al 90% a un 40%. Se ha observado una tendencia similar en Europa continental: por ejemplo, la tasa marginal más alta en Francia disminuyó del 75% al 41% entre 1980 y 2010.

La consecuencia de estos procesos es que la reducción del impuesto de sociedades y la tasa marginal superior han tenido que ser compensadas por un aumento de los impuestos de las clases medias y el aumento del IVA, un impuesto que recae sobre los consumidores, es decir, sobre toda la población.

La evasión fiscal, todo un reto

Esta injusticia fiscal a su vez se ve exacerbada por la evasión fiscal, que beneficia principalmente a las empresas transnacionales y a los ingresos más altos. Las revelaciones de los denunciantes, transmitidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre las finanzas extraterritoriales (OffshoreLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks y otros Papeles de Panamá), han alertado al público sobre la industria de la evasión fiscal, que priva a los Estados de medios colosales y agrava las desigualdades sociales.

Con respecto a las personas físicas, se estima que la cantidad de riqueza financiera que poseen los particulares en paraísos fiscales asciende a 5.600 billones de dólares USD, es decir, el 10% del PIB mundial. A escala mundial, la pérdida de ingresos fiscales debido a la evasión fiscal de parte del 1% de personas más ricas, que son quienes concentran la mayor parte de la evasión fiscal de los particulares, se calcula en 200.000 millones de dólares al año. Los activos colocados en paraísos fiscales están extremadamente concentrados: casi el 80% está en manos del 0,1% de los más ricos y el 50% en manos de los más ricos de ese 0,01%.

De añadir este patrimonio extraterritorial al que figura en encuestas o declaraciones fiscales arrojaría como resultado un aumento significativo de la participación del 0,01% en la riqueza nacional de la mayoría de los países: el aumento alcanzaría entre un 4% y 5% en Escandinavia y entre un 30% y 40% en Francia, Reino Unido y España.

En otras palabras, de tomarse en cuenta los ingresos extraterritoriales ocultos de los más altos ingresos, las desigualdades revelan ser mucho más importantes que lo que indican las estadísticas oficiales.

Con respecto a las empresas, cada año se declara en paraísos fiscales casi el 40% de los beneficios de las transnacionales. La fragmentación de las cadenas de producción que ha favorecido la globalización ha permitido a las empresas transnacionales declarar artificialmente beneficios en filiales ubicadas en paraísos fiscales con el fin de evitar pagar impuestos en los países donde realmente se generaron estos beneficios. La pérdida para los Estados representa casi un 20% de los ingresos por concepto de impuestos corporativos para la Unión Europea y un 15% para Estados Unidos.

A escala mundial, el FMI estima que la pérdida total de ingresos fiscales a causa de la optimización fiscal de las empresas transnacionales es superior a los 600.000 millones de dólares estadounidenses al año, incluidos 200.000 millones de dólares USD en los países en desarrollo.

Restablecer el equilibrio a través de la justicia fiscal

La globalización de la justicia fiscal reduciría las desigualdades, respondería a la fatiga democrática y movilizaría recursos para invertir en la transición ecológica y social.

En cuanto a los particulares, la restauración del equilibrio entre los impuestos sobre el trabajo y los ingresos del capital, así como entre las clases medias y los ingresos más altos requeriría la globalización del conjunto de los ingresos de las personas físicas, ya sea que provengan del trabajo o del capital, para gravarlos con la misma tasa progresiva. Elevar la tasa marginal superior e introducir un impuesto progresivo sobre el patrimonio también ayudaría a frenar la concentración excesiva de riqueza.

Poner alto a la evasión fiscal, que beneficia principalmente a los más ricos, requiere a su vez el establecimiento de un mecanismo multilateral para el intercambio automático de información fiscal, pero también la imposición de un registro público de los beneficiarios reales de las empresas, a fin de evitar transferencias extraterritoriales fraudulentas del ahorro con la intermediación de empresas fantasma.

En el caso de las empresas, detener la carrera hacia el extremo inferior de la escala fiscal implica introducir una tasa impositiva mínima para las empresas a nivel internacional. Poner fin a la optimización fiscal de las corporaciones transnacionales también requeriría obligarlas a publicar un informe que detalle sus actividades país por país, para poder gravar de manera unitaria los beneficios de todos los grupos multinacionales, después de repartirlos entre los diferentes países en los que realmente tuvieron lugar las actividades.

Dichas medidas han empezado a tomarse o están en discusión dentro de la Unión Europea y la OCDE. Sin embargo, el camino aún es largo y las medidas tendrían que aplicarse a escala mundial. Para ello, es importante informar y movilizar a los ciudadanos que cada vez se ven más afectados por las consecuencias económicas y políticas de la injusticia fiscal. Es preciso interpelar a los responsables políticos sobre estos temas mediante campañas y movilizaciones ciudadanas, como la iniciada en Bélgica por el Centro Nacional de Cooperación para el Desarrollo (CNCD-11.11.11), que es la plataforma de las ONG belgas de desarrollo, y la Red de Justicia Fiscal a fin de hacer de la justicia fiscal una realidad a escala nacional, europea y mundial.