Mientras Glasgow se prepara para albergar la COP26, la cumbre del clima de la ONU que se celebrará en noviembre de 2021, Escocia ocupa un lugar central en la lucha de poder mundial en torno a si el planeta adoptará medidas urgentes y cómo lo hará para atajar el aumento de las temperaturas y detener la destrucción acelerada del medio ambiente. De un lado se encuentran las empresas con altas emisiones de carbono (se calcula que entre 1988 y 2015 tan solo 100 multinacionales generaron el 71% de las emisiones) y los gobiernos que parecen satisfechos con limitarse a realizar pequeños ajustes en el actual sistema económico, a pesar de que este ha sido el responsable de que las temperaturas hayan aumentado de media más de 1,2˚C por encima de los niveles preindustriales. Y por otro lado se encuentra una creciente alianza de naciones, organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas y líderes empresariales con ideas progresistas que están exigiendo un cambio transformador para garantizar un futuro sostenible al planeta y sus habitantes.

Nos estamos jugando muchísimo. Se supone que la COP26 se iba a celebrar en 2020, pues este es el año en que los países presentarán sus objetivos de reducción de emisiones (también conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o CDN), basados en los compromisos adquiridos en 2015 en el Acuerdo de París. Si el planeta tiene que “alcanzar las cero emisiones netas cuanto antes”, lo cual constituye uno de los objetivos declarados de la COP26, dicha cumbre tendrá que hacer uso de una ambición climática extraordinaria para generar y mantener unas medidas climáticas sin precedentes.

Para el movimiento sindical escocés, liderado por la central sindical Scottish Trades Union Congress (STUC), la COP26 constituye una oportunidad única de garantizar que los objetivos de las emisiones de Escocia, vanguardistas a nivel mundial, sitúen la transición justa para los trabajadores y comunidades en el eje central de todas las políticas, inversiones y aplicaciones.

Escocia ya se ha comprometido a llegar a las cero emisiones netas de carbono para 2045, cinco años antes que el resto del Reino Unido, la primera gran economía en incorporar el objetivo de cero emisiones netas en su legislación nacional. Sin embargo, para los sindicatos y la sociedad civil, la COP constituye un modo de “ejercer una presión real desde las bases para cambiar el relato”, escribió Francis Stuart, responsable de políticas de la STUC, en un artículo publicado en febrero de 2020 para la red Poverty Alliance, junto a una serie de ideas políticas entrelazadas que abarcan desde los objetivos equitativos de la reducción de emisiones (tanto a nivel nacional como internacional) hasta los servicios públicos y la renta básica universales.

Cuando se trata de convertir la idea de la transición justa en medidas, lo que les está ocurriendo ahora a los trabajadores de la industria del petróleo y el gas en el mar del Norte es de vital importancia. Se calcula que los ingresos totales del petróleo y el gas generados en Escocia en 2018 ascendieron a 24.800 millones de libras esterlinas (27.300 millones de euros, 31.900 millones de dólares USD). En 2014, el sector empleaba a 41.300 trabajadores directamente y a unos 463.900 de forma indirecta. Para 2018, dichas cifras descendieron hasta los 30.400 empleos directos y 259.900 indirectos. Debido al impacto de la covid-19, en marzo de 2020 el empleo directo volvió a caer en picado hasta los 23.000 trabajos, sin que se haya publicado hasta la fecha ninguna cifra exacta sobre la cantidad actual de puestos de trabajo indirectos que mantiene el sector petrolero escocés del mar del Norte.

El gobierno descentralizado de Escocia (el parlamento escocés en Holyrood puede aprobar leyes sobre cuestiones descentralizadas como la educación, la vivienda y los temas relacionados con la vida cotidiana en Escocia, mientras que el parlamento británico en Westminster aprueba las leyes sobre las llamadas ‘cuestiones reservadas’ de relevancia británica o internacional, como las licencias de extracción en las plataformas de alta mar y la legislación tributaria) describe este sector como “esencial para lograr una transición energética sostenible, segura e inclusiva”. Aunque la precariedad laboral y los frecuentes despidos forman parte del ciclo de expansión y recesión conforme al cual opera el sector, la situación empeoró considerablemente este año debido al doble revés que supusieron la caída de los precios del petróleo hasta su nivel más bajo en 20 años y la demoledora crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Tan solo en marzo de 2020, 3.500 personas perdieron sus puestos de trabajo en el sector de la extracción en plataformas de alta mar.

Asimismo, una encuesta realizada en septiembre de 2020 entre 1.383 trabajadores del sector de la extracción de petróleo y gas en plataformas de alta mar (que representan al 4,5% de la actual fuerza laboral) y llevada a cabo por las organizaciones ecologistas Platform Londres, Greenpeace y Amigos de la Tierra Escocia (FoES), reveló que desde marzo han despedido o suspendido al 42,8% de los trabajadores de este sector.

En abril, la asociación profesional del sector, Oil and Gas UK, advirtió que durante los próximos 18 meses podrían llegar a perderse hasta 30.000 puestos de trabajo en dicho sector. Y si, como algunos analistas predicen, el desplome de la demanda de petróleo y gas que se ha dado este año debido a los confinamientos a nivel mundial por la covid se convierte en un factor acelerador del declive terminal de las industrias basadas en los combustibles fósiles, entonces ahora es el momento de aplicar unas políticas sociales, medioambientales y laborales que garanticen una transición hacia las energías renovables que no excluya a nadie.

La activista Gabrielle Jeliazkov de Platform Londres dirigió el informe y encuesta titulado Offshore: Oil and gas workers’ views on industry conditions and the energy transition (Explotaciones marinas: la opinión de los trabajadores de las plataformas petrolíferas y de gas sobre las condiciones en el sector y la transición energética) que se publicó el 29 de septiembre. Este reveló que el 91% de los encuestados nunca habían oído hablar del concepto de la transición justa, lo cual demuestra cuánto camino queda aún por recorrer antes de que se convierta en un proceso que abarque a toda la sociedad. Sin embargo, Jeliazkov explica a Equal Times que aunque no conozcan dicho término, los trabajadores sí conocen a fondo las repercusiones positivas que podría generar. Por tanto, los trabajadores deben liderar cualquier transición realmente justa: “Las comunidades que trabajan con el petróleo y el gas tienen que dirigir el proceso para que no se repita el desastre provocado por la eliminación progresiva del carbón. Las demandas de los trabajadores deben orientar las políticas, pues cuentan con la experiencia vivida y tienen derecho a planificar su futuro. De lo contrario no se conseguirá una transición justa”.

Los empleos verdes: un proyecto sumamente ambicioso

Una de las herramientas más importantes para garantizar a los trabajadores un asiento en la mesa de la economía verde ha sido la Asociación por una Transición Justa. Fundada en 2016 por la STUC y FoES junto a otros miembros, incluidos diversos sindicatos y organizaciones ecologistas de Escocia, dicha asociación se reúne periódicamente para debatir sobre la mejor manera de enmarcar la transición justa en los ámbitos en los que trabajan y presionar al gobierno escocés. Asimismo, ofrece a las organizaciones una oportunidad para que debatan sobre sus enfoques individuales e introduce a otros aliados en el debate sobre asuntos concretos.

En septiembre de 2018, gracias a la presión de la Asociación por una Transición Justa, se creó un grupo de trabajo nacional para que asesorara sobre cómo descarbonizar la economía de Escocia de una manera justa. La Comisión de la Transición Justa (JTC), presidida por el profesor Jim Skea, está formada por 12 miembros de entornos muy variados que abarcan desde la ciencia climática y el mundo empresarial, hasta los sindicatos, el ámbito académico y el ecologismo. En el período previo a la presentación de su informe final ante el gobierno escocés a principios del año que viene, los miembros del grupo de trabajo se han reunido periódicamente, participando a la vez en asuntos comunitarios.

El 27 de febrero de 2020, la Comisión publicó un informe provisional en el que instaba al gobierno escocés a que utilizara la COP26 como una oportunidad para promover su enfoque de una transición justa. Asimismo, dicho informe instaba al gobierno a que aplicara medidas contundentes antes de la publicación del informe final. Hasta la fecha, el parlamento escocés parece estar escuchando. Por ejemplo, al poco de iniciarse la pandemia del coronavirus, el gobierno anunció la creación de un Fondo para las Bajas Emisiones de Carbono de 2.000 millones de libras esterlinas (2.200 millones de euros, 2.570 millones de dólares) para lograr la transición de Escocia a las cero emisiones netas, así como de un Fondo para Empleos Verdes de 100 millones de libras (110 millones de euros, 129 millones de dólares) para crear 100.000 puestos de trabajo dignos a lo largo de la próxima década.

Sin embargo, algo que parece repetirse es que el gobierno escocés avanza más si recibe presiones de los sindicatos y la sociedad civil. Desde que se creó la Comisión, la STUC y sus aliados reiteraron la importancia de una colaboración significativa de los trabajadores y los sindicatos.

Por ejemplo, Platform Londres se presentó ante la JTC a finales de primavera de 2020 durante una de sus reuniones periódicas. Sobre esta sesión, “uno de los mensajes que nos transmitieron fue que la gente que está trabajando para el sector [del petróleo y el gas] está muy dispuesta a mudarse a un ámbito en el que haya más seguridad laboral”, explicó Skea a Equal Times.

Para seguir presionando a la Comisión, Platform, Greenpeace y FoES están organizando una serie de talleres a nivel nacional para permitir que “los trabajadores del sector energético redacten sus demandas políticas a favor de una transición que les sea favorable”. Aún está por verse si estas conclusiones seguirán sirviendo de orientación a las conclusiones de la JTC, pero en su entrevista de septiembre con este medio, Skea aseguró que la Comisión “las analizará con sumo interés”.

Como forma parte de la COP, será el gobierno del Reino Unido y no el de Escocia el que presente sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o CDN ante el proceso de negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Sin embargo, la Ley sobre el Cambio Climático de Escocia constituye en la práctica el compromiso escocés con los objetivos del Reino Unido; y con dicha ley ha demostrado ser mucho más ambiciosa que los ingleses. Por ejemplo, la enmienda de 2019 del parlamento británico (que se centra en su objetivo para 2050) a su Ley sobre el Cambio Climático de 2008 no hace referencia a la transición justa, cosa que la de Escocia sí hace gracias a la presión que ejercieron los sindicatos y la sociedad civil. Y aunque el Reino Unido se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas para 2050, Escocia ha incorporado a su legislación unos objetivos de reducción de emisiones del 70% para 2030 y de cero emisiones netas para 2045.

BiFab: una oportunidad perdida que evidencia un “fracaso político”

Escocia ha recibido numerosos elogios por sus avances hasta la fecha, entre los que se incluyen haber triplicado durante la última década la generación de energía eléctrica renovable. Pero hasta la fecha, dicha transición no se ha traducido en la creación de los puestos de trabajo que habían prometido. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística revelan que a pesar de las anteriores promesas de crear 130.000 puestos de trabajo para 2020 en sectores con bajas emisiones de carbono y en energías renovables, de hecho entre 2014 y 2018 los empleos verdes bajaron de 23.400 a 23.100.

“Escocia ha tenido éxito al generar electricidad mediante energía eólica terrestre, pero las ocasiones en que se han creado empleos para Escocia y las cadenas proveedoras del Reino Unido han sido ínfimas”, asegura Dave Moxham, el subsecretario general de la STUC. Moxham, que también es miembro de la Comisión de la Transición Justa, aclara: “Lo que necesitamos es un plan de transición que combine el decrecimiento de la extracción del petróleo en alta mar con el crecimiento exponencial previsto para la energía eólica marina”.

Los sindicatos y los ecologistas se han unido a las empresas escocesas para intentar llevar a cabo una transición verde, no obstante, su ambición no siempre ha sido correspondida con una voluntad política equivalente. Un ejemplo es Burntisland Fabrications (BiFab), una empresa con sede en la localidad de Fife que antes fabricaba las superestructuras de las plataformas petrolíferas, pero que ahora también produce carcasas para las turbinas eólicas de alta mar y se dedica al desmantelamiento de las plataformas petrolíferas.

El pasado 21 de octubre (2020), el gobierno escocés retiró una garantía financiera de 30 millones de libras esterlinas (33 millones de euros, 39 millones de dólares) a BiFab para la fabricación de carcasas para turbinas eólicas costa afuera, una decisión que resultará en la pérdida de 450 empleos. De acuerdo con el gobierno escocés, las reglas de ayuda estatal de la UE (restricciones para asegurar que los recursos gubernamentales no se empleen para distorsionar la competencia entre Estados miembros, una cuestión que se ha convertido en un importante punto de fricción en las negociaciones del Brexit) establecen que las ayudas no pueden garantizar trabajo para una compañía determinada. Las uniones GMB y Unite piden que el gobierno busque asesoramiento jurídico para que esta decisión siga siendo pública.

Los secretarios de GMB Scotland y Unite Scotland, Gary Smith y Pat Rafferty, respectivamente, definieron el colapso de BiFab como un “fracaso político”. En una declaración conjunta señalaron: “Parece que los ministros del gobierno de Escocia han dejado de lado nuestra mejor baza para construir un sector manufacturero de turbinas costa afuera con futuro, y haciendo eso han borrado de un plumazo las esperanzas de las comunidades en Fife y Lewis, que apostaron su futura prosperidad en eso”. A finales de octubre (de este 2020), la Comisión de Transición Justa escribió al gobierno escocés para pedirle que haga todo lo que pueda para garantizar el futuro de BiFab.

Esta empresa ya se encaró a la administración a finales de 2017. Entonces, cientos de trabajadores de BiFab, respaldados por los sindicatos Unite y GMB, ocuparon tres recintos y organizaron un encierro antes de manifestarse frente al parlamento escocés con el objetivo de intentar preservar 1.400 puestos de trabajo. Como respuesta, el gobierno escocés compró una parte de BiFab, pero siguieron surgiendo problemas. Los pedidos volvieron a escasear en 2019, así que la Asociación por una Transición Justa y los movimientos sociales que colaboran con la misma se unieron a los trabajadores para organizar más protestas, como la que se llevó a cabo en el exterior de la empresa francesa proveedora de energía EDF.

“EDF iba a enviar desde Indonesia 54 carcasas para un parque eólico marino situado a tan solo unos 25 kilómetros de la fábrica de BiFab”, explicaba el pasado mes de septiembre Stuart de la STUC. Tras la presión de los medioambientalistas y los sindicatos, BiFab recibió un pedido para fabricar 8 de las 54 carcasas. Y es este acuerdo el que colapsaría el pasado 21 de octubre. Así las cosas, el futuro de BiFab quedará de nuevo en manos del gobierno escocés, un gobierno que ha dejado a los trabajadores y a las comunidades afectadas “furiosas” y con un sentimiento de traición.

A esto se añade que una empresa china obtuvo la adjudicación de otro contrato para fabricar 84 carcasas de turbinas para el proyecto de un parque eólico marino ubicado a solo varios kilómetros de dos fábricas de BiFab, en vista de lo cual, la sindicalista del GMB Hazel Nolan declaró:

“Ya es bastante grave que tengamos que mendigar las migajas que caen de la mesa de nuestro propio sector eólico marino, pero cuando se firman contratos de producción de miles de millones de libras en el extranjero y luego se envían los productos a las aguas frente a la costa de Escocia, entiendes que se nos está escapando cualquier posibilidad verosímil de una recuperación económica verde”.

En Reino Unido, las uniones sindicales piden cambiar los Contratos por diferencia (Contracts for Difference), un esquema británico que apoya la generación de energía renovable, para asegurar que se incluya el contenido hecho localmente.

Un campo de batalla similar es el que espera a las uniones sindicales escocesas en relación con las competencias de Crown Estate. Por primera vez en más de una década, Crown Estate Scotland, una autoridad descentralizada que gestiona las tierras y aguas públicas, ofrecerá contratos de arrendamiento para nuevos parques eólicos marinos a finales de 2020. Esto constituye una oportunidad para que Escocia cumpla sus objetivos al responder a las recomendaciones del informe de la STUC Scotland’s renewable job crisis and Covid-19 (La crisis del empleo en el sector de las energías renovables en Escocia y la covid-19), publicado en junio de 2020. Dicho informe detalla cómo hasta la fecha la expansión de Escocia en el sector de las energías renovables no ha logrado crear nuevos puestos de trabajo. Por el contrario, las empresas multinacionales suelen dominar el sector escocés de las energías renovables, utilizando cadenas proveedoras que dependen de puestos de trabajo precarios y basados sobre todo en el extranjero.

La STUC sigue presionando al gobierno escocés para que aproveche las competencias que le otorgaron a través de Crown Estate. Uno de los avances que se lograron tras las reuniones con Roseanna Cunningham, la ministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Reforma Agraria, es que ahora las empresas deben redactar una declaración sobre sus cadenas proveedoras donde se detalle dónde se han fabricado las piezas y componentes. Aun así, Stuart advierte que dichas directrices deben reforzarse y cumplirse para garantizar que la mayoría se fabriquen en Escocia.

Una normativa estricta y una propiedad pública

Para Jeliazkov de Platform Londres, la encuesta a los trabajadores de septiembre revela los peligros a los que se enfrentan los trabajadores de las plataformas petrolíferas. “La reciente declaración de BP en la que anunciaba que va a entrar en las energías renovables es inquietante. La precariedad, las malas condiciones laborales y los bajos salarios serán la norma donde quiera que vayan BP o Shell”. Jeliazkov asegura que una normativa más estricta es lo mínimo que debería hacerse para mejorar la situación y lo ideal es que viniera acompañada de una propiedad pública. La STUC y FoES se han hecho eco de las mismas demandas.

Jeliazkov plantea otra cuestión relacionada con la normativa: “Uno de los mayores problemas para los empleados que cambian de trabajo y se pasan al sector de la energía eólica marina es tener que repetir los mismos cursos de capacitación que completaron para las plataformas petrolíferas. Casi todos los trabajadores preguntan: ‘¿por qué tengo que gastarme miles de libras más para obtener certificados como el de embarcar y desembarcar de los barcos?’”. Sobre este tema, Stuart de la STUC afirmó: “Debido a la falta de convenios colectivos sectoriales, contamos con diferentes condiciones y requisitos de capacitación. Necesitamos un enfoque más planificado y estamos luchando para lograr unos planes sectoriales basados en la transición justa”. Desde el punto de vista técnico, los convenios sectoriales son una competencia controlada por el Reino Unido, pero Stuart asegura que el gobierno escocés tiene espacio para ser creativo; por ejemplo, podría subvencionar únicamente a empresas que reconozcan los convenios sindicales.

A propósito de la capacitación, el informe Offshore (Explotaciones marinas) reveló que el 81,7% de los trabajadores del petróleo y el gas en el mar del Norte declararon que contemplarían cambiar a un trabajo en otro sector laboral, pero si les ofrecieran la opción de reciclarse, más de la mitad estarían interesados en las energías renovables y la eólica marina.

Otra recomendación del informe provisional de la JTC es que todas las iniciativas de capacitación anunciadas por el gobierno –como el paquete poscovid de 100 millones de libras para los jóvenes (independiente del Fondo para Empleos Verdes)– deberían priorizar los empleos con bajas o cero emisiones de carbono.

Asimismo, la Asociación por una Transición Justa está presionando para crear una empresa de energía de propiedad pública. El gobierno escocés ha acordado establecerla para 2021. Sin embargo, “tienen que ser más ambiciosos”, según Ryan Morrison, un activista de FoES. “El objetivo es una empresa minorista y de suministro. En cambio, necesitamos una empresa de energía pública y bien capitalizada que pueda fomentar los proyectos de energías renovables, de energía eólica marina y las cadenas proveedoras locales y al mismo tiempo reduzca los precios de la energía para abordar la pobreza energética de Escocia”.

Los sindicatos y los ecologistas han expuesto los detalles que les gustaría ver incluidos en los grandes cambios, desde las inversiones públicas hasta el control público y la reformulación de normativas. El profesor Skea respondió que la JTC no quiere formular recomendaciones “anodinas” de alto nivel que no ofrezcan una orientación clara. “Tenemos que mantener las recomendaciones prácticas y viables, pero reconocemos nuestras limitaciones. No podemos entrar de lleno en todos los entresijos relacionados con la redacción de recomendaciones detalladas sobre cómo se pueden estructurar las normativas específicas. También conviene tener en cuenta la cuestión de lo que ocurra a partir de marzo de 2021 [cuando se publique el informe final de la JTC] y eso va a depender en gran medida del nuevo gobierno que salga elegido tras las elecciones [escocesas de mayo de 2021] del año que viene”.

Sin embargo, Morrison afirma que este momento decisivo es perfecto para fomentar proyectos más ambiciosos: “Esto tiene que ser una enorme transformación industrial, en la que el gobierno utilice cada instrumento de presión, cada inversión y todos los medios de los que disponga para que esto avance”.

Hacia una transición que sea justa para todos

A pesar de los retos, Escocia ha ido avanzando. “Escocia ha ampliado el concepto de la transición justa. En muchos países se trata solo de cómo dejar de extraer carbón. En cambio en Escocia ya estamos analizando cuestiones más amplias, como qué va a suceder con el petróleo y el gas, y el aspecto del consumo por parte de la economía. Estamos abordando asuntos como la introducción de mejoras energéticas en las viviendas, las inversiones en la eficiencia energética y la calefacción con bajas emisiones de carbono para las viviendas”, explica el professor Skea.

Un ámbito que conlleva una gran dosis de incertidumbre es el Brexit, que parece un tema tabú para la Comisión. “Evidentemente, el Brexit tiene unas repercusiones enormes”, advierte Skea, “pero se parece un poco al clima y los jejenes [pequeños insectos voladores que provocan molestas picaduras] de Escocia: siempre está en segundo plano. Para Escocia, una de las cuestiones fundamentales es cómo se van a dividir las competencias dirimidas por Bruselas entre las diferentes regiones del Reino Unido”.

Y aunque el Reino Unido ha recibido numerosos elogios por su ambición climática –fue la primera gran economía en firmar el Acuerdo de París– también se puede percibir una creciente brecha entre Escocia y Londres.

Además de volver a avivar las proclamas escocesas a favor de la independencia, el Brexit es un proyecto impulsado por los ingleses, centrado en Londres y respaldado por los negacionistas del cambio climático, así como por aquellos que tienen intereses en la sanidad privada y los fondos especulativos. Aunque el primer ministro británico Boris Johnson asegura que es un ‘conservador ecologista’, su consejo de ministros está plagado de negacionistas del cambio climático. Asimismo, durante su campaña electoral, poderosos escépticos del cambio climático le entregaron una donación de 25.000 libras. Puesto que su gobierno se ha mostrado tan dispuesto a violar el derecho internacional con la cuestión del Brexit, se pueden vislumbrar indicios de peligro y no sería extraño que el Reino Unido, liderado por Johnson, pudiera en un futuro incumplir sus compromisos en materia del cambio climático. La incoherencia de su planteamiento ha quedado clara después de su reciente promesa de convertir al Reino Unido en el “líder mundial en energía eólica limpia” para 2030. Sin embargo, esa misma semana su gobierno no utilizó sus facultades para impedir la construcción de una nueva mina de carbón de gran profundidad en Cumbria, la primera mina de este tipo en territorio británico en 30 años.

Todos estos factores que se están desarrollando en Reino Unido representan una gran incertidumbre para Escocia, ya que sus medidas climáticas dependen de tres niveles de competencia: la UE, el Reino Unido y Escocia. El gobierno escocés, presidido por el independentista Partido Nacional Escocés, ha demostrado su enorme disposición a apartarse de las medidas de Londres; por ejemplo, en su gestión de la covid-19.

A diferencia del Brexit, la pandemia ha ocupado un lugar preponderante en las labores de la Comisión, como en su Informe de Recuperación Verde, publicado en julio de 2020. Una de sus recomendaciones es que Escocia utilice los 500 millones de libras (550 millones de euros, 643 millones de dólares) que le han asignado para desarrollar el transporte público, incluida la compra de autobuses eléctricos para la COP en Glasgow. Debido a las normas de competencia, la JTC no puede aconsejarle sobre qué empresa de construcción de autobuses debería contratar. Sin embargo, el sindicato Unite the Union recibió la recomendación como una noticia potencialmente positiva para la empresa de autobuses Alexander Dennis con sede en Falkirk, que tiene un partenariado con los líderes en ‘movilidad verde’ BYD Europe –con sede en Países Bajos– para construir vehículos eléctricos. A esta empresa le han obligado a despedir a trabajadores después de que la covid-19 redujera repentinamente la demanda, pero si obtuviera un contrato para construir los autobuses para la COP su suerte podría cambiar.

La inversión en autobuses eléctricos fomentaría una amplia gama de empleos que abarcarían desde la fabricación hasta la conducción. Asimismo, podría impulsar la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, ya que el transporte genera el mayor porcentaje de huella de carbono en Escocia. Además, el buen transporte público también repercute en la justicia social, medioambiental y económica, explica Ellie Harrison. Esta mujer es la presidenta de Get Glasgow Moving (GGM), una campaña para lograr un transporte público digno en esta ciudad escocesa donde menos de la mitad de los hogares disponen de automóvil, según el último censo.

“Los ciudadanos con los ingresos más bajos, las mujeres, los jóvenes y las personas mayores dependen de forma desproporcionada del transporte público y padecen el terrible sistema de transporte público de la ciudad. Esto no solo se debe a la fragmentación [del sistema de transporte], sino también al coste y a lo poco fiables que resultan sus servicios. La llamada “prima de la pobreza” es muy evidente”, asegura Harrison. GGM se está organizando para cambiar la situación. Entre sus objetivos se incluyen la propiedad y el control públicos como un modo justo de lograr la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, así como una empresa de autobuses de propiedad pública para la región de Glasgow.

“Si se gastan 500 millones de libras en una flota de autobuses, deben seguir siendo de titularidad pública”, advierte Harrison.

“Desde la descentralización, Escocia ha estado gastando dinero público en empresas privadas de autobuses. Hay que ponerle fin a esta práctica. Necesitamos un control absoluto para proporcionar el sistema de transporte necesario para que un gran número de personas salgan de sus automóviles y empiecen a utilizar el transporte público antes de 2030”, añade.

Además, GGM junto con la central sindical Glasgow Trade Council y otras organizaciones, incluida la organización juvenil Scottish Youth Climate Strike, han formado una coalición llamada Free Our City (Liberad a Nuestra Ciudad) para luchar por un transporte público gratuito y utilizar la COP para presionar al gobierno e instarle a que invierta el dinero en la concreción de sus promesas. Dicha coalición constituye un microcosmos donde se puede ver cómo la transición justa unifica las luchas social y medioambiental.

Moxham afirma que la STUC apoya la campaña GGM y describe la producción de autobuses, junto a las energías renovables como la eólica marina, como representativas del trabajo digno. “Estas dos cuestiones son la esencia de la estrategia de la transición justa. Con el compromiso adecuado por parte del gobierno y la colaboración de los sindicatos y ecologistas, exponen de un modo claro los ámbitos de mayor potencial. Si las empresas como Alexander Dennis o BiFab ya no existen en cinco años, entonces habremos fracasado. Si se convierten en instalaciones que trabajan para lograr una transición verde, entonces estaremos avanzando por el buen camino”.