“Gritemos juntos: ‘¡No vamos a ser esclavos!’”, “No tengamos miedo a decírselo: ‘¡No vamos a ser esclavos!’”. Pese al frío polar, el ambiente estaba caldeado el sábado 5 de enero en Budapest, la capital húngara, donde un gran cortejo compuesto por cerca de 10.000 personas desfiló desde la Plaza de los Héroes hasta el monumental parlamento neogótico que domina el Danubio. Por tercera vez desde mediados de diciembre, sindicatos, partidos políticos y organizaciones civiles se manifestaron codo con codo contra el gobierno nacionalista del primer ministro Viktor Orbán, que ocupa el poder en Hungría desde 2010.

“Nosotros a la fábrica, ellos al castillo”. El eslogan inscrito en una pancarta enarbolada durante la manifestación resulta explícito: la multitud protesta tanto contra una ley de “flexibilización” de las horas extraordinarias como contra el creciente autoritarismo de quien ocupa el poder. Tras una tercera victoria electoral consecutiva, durante las elecciones legislativas del mes de abril de 2018, consiguió reunir la “mayoría absoluta” de dos tercios que le permite gobernar sin trabas desde 2010 y volver a presentar su controvertido proyecto de ley, al que se vio obligado a renunciar un año y medio antes, ante la presión sindical.

Paradójicamente, en el país del “iliberalismo”, ha sido una ley de inspiración claramente neoliberal, adoptada en un ambiente caótico por el Parlamento el 12 de diciembre y que entró en vigor el 1 de enero, la que suscitó el descontento. Prevé un incremento del máximo de horas extraordinarias autorizadas, pasando de 250 a 400 horas al año, además de permitir que los empleadores las paguen hasta tres años más tarde. Viktor Orbán defendió la ley como una medida para “eliminar obstáculos administrativos estúpidos” y permitir que aquellos que lo deseen puedan “trabajar más para ganar más”, reproduciendo la cantinela del expresidente francés Nicolas Sarkozy, con quien mantiene una excelente relación.

La “sociedad del trabajo” frente al Estado providencia

Los sindicatos no comparten su visión. La principal central sindical del país, Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), considera que “ocasionará en la práctica una excesiva vulnerabilidad para los empleados y un desequilibrio aún mayor de la balanza en beneficio de los empleadores”. Los cuatro millones y medio de asalariados húngaros (con una población de apenas diez millones de habitantes) trabajan ya 40 horas semanales y temen verse obligados a tener que hacer incluso más en el futuro, por unos salarios que siguen siendo muy inferiores a los de Europa occidental. Luego de un incremento del 8% el 1 de enero, el salario mínimo está establecido en 149.000 florines húngaros brutos para los empleados no cualificados (460 euros) y 195.000 florines para aquellos con titulación (610 euros).

Rápidamente, todos los partidos políticos de la oposición se alzaron contra la que denominan “ley de esclavitud”. Divididos en función de sus líneas ideológicas y generacionales, los dirigentes de la oposición dejaron de lado divergencias y egos en un frente común.

A principios del año, el Partido Socialista (MSZP), el pequeño partido de izquierdas Párbeszéd, el partido de la juventud Momentum, los social-demócratas de la Coalición Democrática (DK), e incluso Jobbik (partido de extrema derecha que ha dado un giro hacia el centro) sellaron su nueva alianza contra el Fidesz de Viktor Orbán, augurándole “un año 2019 de oposición”. Asfixiados por una agresiva propaganda identitaria, han decidido aprovechar esta oportunidad para volver a hacer oír su voz en el terreno social.

El liberalismo ha fracasado, las democracias liberales occidentales han fracasado, según dejó en evidencia la crisis de 2008. Es la conclusión de Viktor Orbán. Hungría “se apoyará en una sociedad del trabajo”, no será un Estado providencia. Ese es su proyecto, desvelado a finales de julio de 2014, durante un discurso que pasaría a la posteridad, donde anunciaba la llegada del “iliberalismo” en Hungría, y que pretende difundir actualmente en Europa. Pero esa “sociedad del trabajo” no tiene en cuenta los derechos de los trabajadores. Un nuevo código laboral, que entró en vigor el 1 de julio de 2012, redujo la protección de los asalariados, restringiendo el derecho de huelga y marginando el papel de los sindicatos en el diálogo social.

La industria alemana en el visor

El Fidesz se enfrenta a un dilema. Lo mismo que otros países de la Unión Europea, Hungría no cuenta con suficiente mano de obra para hacer funcionar su economía. En el verano de 2016, el ministro de Economía, Mihály Varga, consideró que el país tenía la “urgente necesidad” de traer 200.000 trabajadores extranjeros, y la situación se ha deteriorado aún más desde entonces, a causa de la emigración húngara hacia otros países del oeste del continente. El instituto demográfico húngaro estima que 600.000 húngaros abandonaron el país desde principios de los años 2010, esencialmente con destino a Austria, Alemania y Gran Bretaña. Pero los dirigentes se niegan a recurrir a mano de obra inmigrante, como ha reiterado en múltiples ocasiones el primer ministro Orbán, “Hungría debe contar con sus propios recursos”. Aunque sea obligando a los empleados húngaros a trabajar más.

El Partido Socialista y el Jobbik acusan al Gobierno de sacrificar los intereses de los trabajadores húngaros en beneficio de los inversores alemanes, con mucho los más importantes en Hungría (la cuarta parte del comercio exterior se realiza con Alemania, su principal socio económico). No tienen pruebas, pero dicen estar convencidos de que la “ley de esclavitud” no es sino una devolución de favores al constructor de automóviles BMW, que anunció a finales de julio la construcción de una fábrica cerca de Debrecen, en el este del país, con una inversión total de 1.000 millones de euros.

“Tras discursos grandilocuentes, el Fidesz traiciona al pueblo para favorecer a las multinacionales”, declara un hombre de unos 50 años, en línea con lo que afirma su partido, Jobbik, cuya bandera enarbola destacando entre la multitud.

La acusación se basa en unas declaraciones desafortunadas del ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, quien comentó, durante un viaje a Düsseldorf el 26 de noviembre, que el proyecto de ley había sido “muy bien acogido por las empresas de Baden-Wurttemberg” y esperado desde hacía varios años por la patronal alemana. Particularmente expuestos a la desregulación de las horas extraordinarias, los obreros de las cadenas de montaje de la fábrica Audi de Győr, en el oeste del país, respondieron “Nein, danke!” (‘¡no, gracias!’) al proyecto del Gobierno.

La ley sobre horas extraordinarias ha venido a catalizar el descontento social en general. Varios sindicatos de funcionarios han convocado una huelga general porque los docentes, los empleados de la administración pública y los policías deben realizar ya un número considerable de horas extra.

“Este Gobierno es horroroso, recorta los derechos de los trabajadores y los derechos en general”, estima Lajos, de 65 años, profesor de biología jubilado que se sumó a la pequeña muchedumbre, compuesta por unas 2.000 personas, congregada a los pies del castillo de Buda durante la enésima manifestación organizada el sábado 19 de enero. Una jornada de acción en el transcurso de la cual los sindicatos no consiguieron “paralizar el país”, como pretendían, pero que contribuyó a hacer llegar la protesta a decenas de pequeñas localidades del país y a lo largo de las carreteras. En lugares donde no habían tenido manifestaciones desde hacía un decenio, en algunas ocasiones. La victoria de los empleados de Audi que obtuvieron, el 31 de enero, un aumento de sueldo del 18% para este año, después de una semana de huelga histórica en Hungría, les mostró el camino a seguir…