En Colombia vivimos recientemente un avance importante de las fuerzas alternativas en la conformación del nuevo Congreso de la Republica y todo parece indicar que el candidato de izquierda Gustavo Petro, según los resultados de las encuestas más recientes, podría ser el nuevo presidente de Colombia.

Ante este panorama político favorable se hace necesario que presentemos las propuestas que desde la Escuela Nacional Sindical y el sindicalismo hemos venido impulsando para que el nuevo Congreso y un eventual nuevo Gobierno con una perspectiva antineoliberal, consideren en sus agendas políticas y legislativas en materia laboral y sindical. Si logramos que estas iniciativas se transformen en política pública del nuevo gobierno en concordancia con el Congreso de la Republica recientemente electo, podremos ir haciendo realidad los principios de unas condiciones laborales y de empleo cada vez más dignas en nuestro país.

Por una política pública de trabajo decente

El punto de partida para ir haciendo realidad el trabajo decente en Colombia es empezar a darle cumplimiento a la ley y a las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben las formas de intermediación laboral que se realizan por medio de Cooperativas de Trabajo Asociado, fundaciones, y otras organizaciones no autorizadas, así como poner límite al abuso en la intermediación laboral que hacen las Empresas de Servicio Temporal. Por su parte el Estado debe dar ejemplo de respeto de las normas laborales evitando la subcontratación, y priorizar la vinculación directa del personal que desarrolla labores misionales en el empleo público.

Un tema que genera mucho malestar en Colombia es el enfoque mercantil y de negocio que tiene la seguridad social, por lo que se hace necesario diseñar un nuevo sistema, excluido del mercado, que sea público, universal, solidario y con enfoque preventivo.

¿Y cuáles son los elementos de este nuevo modelo de seguridad y protección social? De entrada debería ponerse fin al falso piso de protección social que ha desarrollado el gobierno del presidente Iván Duque y que ha precarizado aún más las condiciones laborales de los trabajadores. Y, al mismo tiempo, establecer un régimen de salud público, universal, solidario con un enfoque preventivo y no reactivo. Otro elementos tocaría al régimen de pensiones, que debe ser predominantemente público y de prima media (solidaridad intergeneracional), para garantizar pensiones reales en la vejez. Por otra parte, el sistema de riesgos laborales debe rescatar la verdadera dimensión de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la muerte en el trabajo. También proponemos que se estudie la posibilidad de establecer una ‘renta básica’, por lo menos de emergencia, para atender rápidamente el drama del hambre que golpea a más de 21 millones de colombianos.

En lo relacionado con los derechos de libertad sindical –una de las dimensiones del trabajo decente–, se deben adoptar los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno (Plan de acción laboral Obama-Santos, Hoja de ruta con la Unión Europea, compromisos con la OCDE), las recomendaciones de los organismos internacionales como la OIT, los fallos de la Corte Suprema y los mandatos constitucionales. Concretamente, y entre otros, se necesita el desarrollo de la negociación multinivel y por sectores económicos –según lo recomienda la OCDE–, y prohibir los pactos colectivos en empresas donde existan sindicatos –según las recomendaciones de la OIT–.

Además de todo lo anterior, habría que reglamentar el artículo 56 de la Constitución Política para definir qué se entiende por ‘servicio público esencial’ y evitar que se sigan declarando ilegales, de manera abusiva, las pocas huelgas que se realizan en el país.

Los recursos que el Estado dedica a la fiscalización de las obligaciones de las empresas, para impartir justicia laboral, están muy por debajo de los estándares de organizaciones internacionales a las que pertenece Colombia. Por ejemplo, el número de inspectores laborales es un 55% inferior al que señala la Organización Internacional del Trabajo y la relación de jueces en materia laboral respecto a la población es un 83% inferior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; de hecho, entre 1993 y 2019, el número de procesos aumentó un 177%, pero el de jueces laborales no cambió. Para garantizar mayor eficacia en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, este se debe fortalecer con más inspectores según los parámetros internacionales, con un enfoque preventivo y también de protección de derechos. Se deben nombrar más jueces laborales, y crear mecanismos de acceso a la justicia laboral que sean ágiles y expeditos para la defensa y restablecimiento de los derechos laborales y de libertad sindical que se vulneran.

Una promesa incumplida, por más de 30 años, por el Congreso de la Republica es la expedición de un Estatuto del Trabajo de acuerdo con una serie de principios establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política. Una prioridad del nuevo Congreso es cumplir este mandato constitucional, que a su vez declara que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

Discriminación de género, violencia antisindical y futuro del trabajo

Ante los pocos avances para superar la discriminación de género en las prácticas laborales del país, se hace necesaria una política de empleo con enfoque diferencial, orientada a promover y proteger el empleo de las mujeres. Y es que la pandemia del coronavirus tuvo impactos regresivos mayores sobre el empleo femenino. Aunque las mujeres han ido progresando en sus niveles de educación y de participación laboral, ante situaciones de emergencia social, se devuelven al hogar para atender el cuidado de la familia como ha quedado evidenciado en los datos macrolaborales. Ante esto, es urgente que se cree una política nacional de economía del cuidado, para que esta función se democratice, y las mujeres no sigan siendo la única solución ante esta necesidad.

También es importante incluir dentro de un enfoque diferencial, la inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo sobre el empleo que se ofrece en actividades referidas al cuidado, pues esas son las que más emplean a mujeres. Por ejemplo, la posición ocupacional de empleo doméstico está copada en su gran mayoría por mujeres (94%), pero es un renglón ocupacional con muchos desafíos aún por resolver en materia de protección del trabajo digno.

Y, a la hora de promover la creación de nuevos puestos de trabajo formal en el país, se debería incluir el enfoque diferencial en la oferta que se genere, pues no solo las mujeres tienen mayor participación en el autoempleo, sino que en ellas las implicaciones son mucho más sensibles por las condiciones estructurales en las que se encuentran las mujeres en el país.

La violencia antisindical, que aún persiste en nuestro país y se focaliza contra activistas y líderes sindicales, es otro pendiente.

Aquí se requieren acciones articuladas para transformar esta realidad, las cuales deberían apuntar a desmontar la cultura antisindical que legitima la violencia; también al reconocimiento de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición; a la superación de los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas; así como la reparación colectiva e integral del sindicalismo y la promoción de reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.

Finalmente, se debe abordar el trabajo en plataformas virtuales (digitales) que se desarrolla en el marco de una alta ilegalidad, precarización y flexibilidad laboral. Estas modalidades digitales/virtuales del trabajo presentan grandes retos para los marcos jurídicos, pues no es el derecho laboral sino el derecho comercial el que lo regula. El trabajo digital es una tendencia inevitable, pero se necesita que la regulación laboral sea la única que aplique a estas nuevas formas organizativas del trabajo. Las relaciones laborales no solo deben regularse por el derecho laboral, sino que deben también involucrar la protección social de todos los trabajadores.

Un nuevo modelo de desarrollo que genere trabajo decente

Un reto del nuevo Gobierno es replantear el modelo de desarrollo que nos ha gobernado por más de 30 años, con resultados deplorables. El empleo estable y bien remunerado solo será posible si el Estado implementa políticas que fomenten el desarrollo total de las fuerzas productivas del país con énfasis en el progreso científico y tecnológico, la diversificación económica, y la infraestructura social, económica y de transporte.

El nuevo modelo de desarrollo debe garantizar la libertad de empresa, pero con un papel protagónico del Estado para garantizar la seguridad social, en la regulación de la moneda, del comercio y los mercados, y en el fomento de la economía productiva.

El Estado debe garantizar la disponibilidad de crédito adecuado para la inversión productiva en la agricultura, la industria, la minería responsable, energía, comunicaciones, transporte, en lugar de seguir basando nuestra economía en actividades de extracción minero-energética, exportadora de bienes primarios, y lógicas financiero-especulativas que aportan muy poco a la ocupación y explican los altos niveles de informalidad en las ventas callejeras y la economía de subsistencia.