¿Qué hace falta para proteger a las trabajadoras del hogar filipinas del abuso y la explotación en Oriente Medio?

¿Qué hace falta para proteger a las trabajadoras del hogar filipinas del abuso y la explotación en Oriente Medio?

The children and relatives of overseas Filipino workers (OFW) rally outside the Philippine Department of Foreign Affairs in Manila, Philippines on 21 May 2013, calling for the protection of stranded OFWs. Saudi Arabia is home to the largest number of Filipino migrant workers in the Middle East.

(AP/Aaron Favila)

El número de trabajadoras del hogar supera los 67 millones en todo el mundo, en su mayoría mujeres y casi todas de origen humilde o procedentes de sectores económicamente desfavorecidos. La falta de trabajo en su país hace que, cada año, aproximadamente una de cada cinco trabajadoras del hogar emigre al extranjero, concretamente a la región del Golfo, donde se ven expuestas al abuso, la explotación, el trabajo forzoso y la violencia.

Filipinas, junto con Uganda, Kenia e Indonesia, es uno de los cuatro principales países de origen del mundo de trabajadores del hogar migrantes. Entre 1992 y 2015, un promedio de 86.000 filipinas migraron cada año al extranjero para trabajar como empleadas del servicio doméstico.

Sheila Mabunga fue una de ellas. Esta madre soltera de 37 años dejó a su hija de 13 años en Mindoro Oriental, al sur de Filipinas, para buscar trabajo en Manila. Pero en el tren de camino a la capital, alguien le entregó un folleto sobre ofertas de trabajo en Arabia Saudita que anunciaba una agencia de contratación local. Sheila decidió solicitar trabajo como cocinera.

“Estaba desesperada”, cuenta Sheila a Equal Times. “Mi madre estaba enferma, y la venta de comida preparada en mi pueblo no me permitía ganar suficiente dinero para comprar las medicinas de mi madre y enviar a mi hija a la escuela”.

Sheila llegó a la capital saudita, Riad, en agosto de 2014, donde se encontró con un empleador (o kafeel, término que denomina específicamente a la persona o empresa que patrocina el visado y el permiso de trabajo de un migrante) distinto al que se le había especificado en el contrato de trabajo. Entonces se dio cuenta de que en realidad iba a trabajar como asistenta del hogar.

“Era un trabajo muy duro. Tuve que soportar muchas humillaciones y abusos físicos”, declara. Sheila tenía que subir y bajar todos los días una escalera de 80 peldaños para limpiar la casa de tres pisos en Riad en la que trabajaba, además de atender a los cuatro hijos, de entre 5 y 16 años de edad, que tenían sus empleadores.

Los abusos empezaron en su segundo día de trabajo, cuando la mujer de su empleador la golpeó en la cabeza con la ducha porque el niño más pequeño, que todavía no se había acostumbrado a Sheila, se negaba a bañarse y había empezado a llorar.

A partir de ese momento las cosas fueron de mal en peor. La jornada laboral de Sheila empezaba a las cinco de la mañana pero no la dejaban comer nada hasta las cuatro de la tarde. “Yo esperaba ansiosa las sobras de lo que ellos comían, para así poder llevarme algo a la boca, pero me decían que se las diera de comer a los gatos”, recuerda llorosa.

Aunque Sheila es católica romana, solía ir con sus empleadores a la mezquita. “Yo le pedía a su Dios, Alá, que me salvara. Que me dejara volver a mi casa, que yo pudiera volver a estar con mi familia y acabar con aquella agonía”, explica.

Tras un año espantoso en Arabia Saudita, sus oraciones fueron escuchadas y Sheila consiguió regresar a su país gracias a la ayuda del Center for Migrant Advocacy (CMA), una ONG con sede en Manila que trabaja para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. Pero la historia de Sheila no es, ni mucho menos, única.

Condenada a muerte

Uno de cada cinco trabajadores filipinos en el extranjero (OFW, por sus siglas en inglés) es trabajador del hogar, lo que se calcula representa un total de 2,067 millones, en su mayoría mujeres, de una población total de 10 millones de habitantes. Cada año, muchos de ellos sufren abusos terribles, incluso mortales.

Sonny Matula, presidente de la Federation of Free Workers, el sindicato general más antiguo de Filipinas, dice que es difícil conseguir datos precisos sobre el número de trabajadores migrantes que sufren abusos durante el período que trabajan en el extranjero.

“Sin embargo, tenemos informes de nuestro servicio exterior que ratifican que más del 90% de todos los problemas relacionados con trabajadores migrantes filipinos en Oriente Medio tienen que ver con trabajadores del servicio doméstico”, explica Matula a Equal Times.

Uno de los ejemplos más notorios es el caso de Jennifer Dalquez, una trabajadora del hogar de 30 años de edad, madre de dos hijos, que ha sido acusada de asesinato y condenada a muerte por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Dalquez dice que, el 14 de diciembre de 2014, su empleador intentó violarla a punta de navaja y que ella le apuñaló accidentalmente al tratar de defenderse. El caso ha provocado gran indignación internacional, ya que, por lo visto, durante el juicio no se permitió que Dalquez alegara que ella había actuado en legítima defensa, ni tampoco se tuvo en cuenta el largo historial de abusos que había sufrido a manos de su empleador.

“Mi hija es una buena persona. Se fue a trabajar al extranjero porque no soportaba ver a sus hijos pasando hambre”, cuenta su madre, Rajima, a este medio durante una entrevista telefónica. “Lo único que queremos es que nuestra hija vuelva a casa”.

Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas ha hecho recientemente un llamamiento al Gobierno de los EAU para que se revoque la condena contra Dalquez, alegando que durante el juicio se vulneraron las normas internacionales.

“El trato discriminatorio por parte de los tribunales penales, en particular contra las mujeres migrantes, a las que no se les facilita servicio de interpretación ni asistencia jurídica en condiciones, da lugar a unas condenas excesivamente duras. Esto es, al parecer, un problema persistente en los Emiratos Árabes Unidos”, señala el grupo de expertos.

Del 10 al 16 de abril de 2017, el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte visitó Arabia Saudita, Qatar y Bahréin, donde solicitó a los dirigentes árabes que reforzaran las medidas de protección y mejoraran el bienestar de los trabajadores filipinos migrantes en la región, en particular de las trabajadoras del hogar. El Gobierno filipino también se ofreció a pagar a los familiares del empleador asesinado una diya, o indemnización, a cambio de la libertad de Dalquez. La oferta continúa negociándose.

Protecciones más estrictas

Con 760.000 OFW –la mitad del máximo de 1,5 millones que llegó a alcanzarse en una ocasión, hace varios años–, Arabia Saudita es el país de Oriente Medio con el mayor número de trabajadores migrantes filipinos.

A la vista del creciente número de casos de abuso, el Gobierno filipino prohibió entre 2011 y 2012 que se enviaran trabajadoras del hogar a Arabia Saudita.

La prohibición se levantó tras la firma entre Arabia Saudita y Filipinas, en mayo de 2013, de un acuerdo bilateral sobre la contratación de trabajadoras del hogar, a raíz de lo cual el número de trabajadoras del hogar enviadas a Arabia Saudita ha aumentado radicalmente de 42.440 en 2013 a 71.316 en 2014. En 2015, la cifra ascendía a 68.005.

Pero según Lito Soriano, que participó en el establecimiento de una nueva oficina para ayudar a los OFW (el asesor presidencial para los filipinos en el extranjero), el acuerdo bilateral con Arabia Saudita ha “generado un entorno opresivo para las trabajadoras del hogar” debido a las elevadas sumas de dinero que los contratistas sauditas y filipinos pueden llegar a ganar.

“La nueva consigna ahora es volumen y rapidez”, dice. Antes de que se firmara el acuerdo, las trabajadoras del hogar tenían que pagar una comisión de colocación, pero ahora son los empleadores los que pagan unas sumas enormes de entre 3.000 USD y 5.000 USD. Mientras tanto, el salario medio de las trabajadoras del hogar sigue oscilando entre 200 USD y 500 USD mensuales. A veces las trabajadoras del hogar reciben salarios inferiores porque los empleadores tratan de recuperar el dinero que pagaron por la comisión de contratación mediante la aplicación de deducciones salariales ilegales o el impago total del salario.

Durante el primer semestre de 2015 el Congreso filipino registró 358 casos de trabajadores filipinos migrantes que se encontraban en la cárcel, en centros de detención, en situación de arresto domiciliario o que estaban pendientes de causas penales.

Tal como lo expresa en su informe de abril de 2017 sobre Arabia Saudita el catedrático Philip Alston, actual relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, “los numerosos acuerdos bilaterales convenidos entre Arabia Saudita y los países de origen, que incluyen disposiciones en materia de protección laboral para las trabajadoras del hogar, no logran compensar la falta de implementación en el ámbito nacional”.

En 2013, por ejemplo, el Gobierno saudita aprobó una nueva serie de regulaciones para proteger a las trabajadoras del hogar, pero Alston subraya la “falta crónica de implementación” que da pie a la proliferación de abusos, en particular a la trata de personas. Se dan casos en los que, cuando el empleador inicial no puede permitirse desembolsar la comisión de contratación, las trabajadoras del hogar son desplazadas o vendidas de un kafeel a otro. Esto se hace de manera ilegal y sin gestionarse la transferencia del visado original de trabajo, lo cual dificulta enormemente la localización de las trabajadoras una vez que han sido desplazadas de su ubicación inicial.

¿Limitar el envío de trabajadores? Más fácil de decir que de hacer

El secretario de Trabajo filipino Silvestre Bello III anunció el pasado mes de mayo que el Gobierno podría limitar en breve el envío de trabajadoras del hogar filipinas a la región del Golfo.

“Yo recibo numerosas quejas y mensajes de angustia de nuestras trabajadoras del hogar filipinas en Oriente Medio. Por eso me estoy planteando seriamente, si no suspender, reducir en todo caso el número de asistentas del hogar, OFW y trabajadores cualificados que se envían al extranjero, sobre todo a Oriente Medio”, declaró Bello en una rueda de prensa celebrada en Manila el 9 de mayo de 2017.

Pero eso es más fácil de decir que de hacer. La contribución económica de los trabajadores filipinos migrantes es considerable. Las remesas en efectivo enviadas por los filipinos en el extranjero alcanzó en 2016 la cifra récord de 26.900 millones USD, un aumento del 5% respecto a los 25.610 millones USD que se enviaron en 2015.

Sin embargo, trabajar en el extranjero no siempre supone un pasaje a una vida mejor, dice Hans Cacdac, director de la Administración para el Bienestar de los Filipinos en el Extranjero (OWWA), un organismo perteneciente al Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE).

“El lado trágico del empleo en el extranjero es que hay un fallo en el proceso de contratación”, señala Cacdac. Antes de nuestra entrevista, Cacdac recibió a 24 trabajadoras del hogar consternadas, todas ellas procedentes de Kuwait salvo una que venía de Dubai, que habían llegado a las tres de la mañana. La mayoría de ellas tienen historias desgarradoras que contar, explica.

El pasado mes de agosto Cacdac estuvo en Arabia Saudita con el Secretario Bello III para facilitar la repatriación de una serie de trabajadoras desplazadas. Cacdac recuerda la visita que realizaron a Irma Edloy, una trabajadora del hogar de 35 años que entró en coma después de haber sido violentamente agredida y violada por su empleador. “Irma murió horas después de nuestra visita al hospital”, recuerda Cacdac, visiblemente conmovido.

También menciona el caso de Amy Capulong Santiago, que falleció en Kuwait el 25 de enero tras haber sido supuestamente golpeada hasta la muerte por su empleador.

La muerte de estas dos mujeres, ambas madres de familia, podría haberse evitado si los contratistas hubieran realizado un control adecuado de las condiciones de trabajo, señala Cacdac. De hecho, estas medidas existen. El problema es que raramente se aplican.

Una contratación ética

Ante esta situación, el Gobierno filipino tiene previsto instituir más medidas para proteger a sus trabajadoras del hogar migrantes. Además de insistir en el establecimiento de unas prácticas de contratación ética –que, según algunos observadores, deberían empezar por una preparación física, emocional y cultural de los trabajadores, coordinada por los contratistas y relacionada con las funciones que los trabajadores deberán desempeñar–, el Gobierno ha establecido una nueva oficina (el asesor presidencial para los filipinos en el extranjero) con vistas a localizar a los OFW, atender sus preocupaciones y contribuir a formular medidas de protección.

Filipinas aprobó en 2013 la Ley Kasambahay (Ley de Trabajadores del Hogar), en el marco de su compromiso para implementar el histórico Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el reconocimiento del trabajo doméstico y la protección de las trabajadoras del hogar.

Marieke Koning, asesora de políticas de la Confederación Sindical Internacional (CSI), encomia este logro pionero por parte de Filipinas e insta a que el país asuma un papel más destacado en la cooperación con otros países de partida asiáticos y africanos para convencer a los países de destino árabes de que amplíen su legislación laboral de tal manera que también cubra a las trabajadoras del hogar migrantes.

Filipinas ha concluido hace poco nuevos acuerdos bilaterales con Arabia Saudita y Jordania. Asimismo, se han firmado acuerdos laborales con los EAU, Kuwait y Qatar, pero estos no cubren a las trabajadoras del hogar. Además, Filipinas está actualmente finalizando un acuerdo con el Líbano –un país donde se calcula que dos trabajadoras del hogar mueren cada día– y está negociando también con Bahréin y con Omán.

No obstante, lo que resulta preocupante es que en el Kurdistán iraquí se estén abriendo nuevas rutas de tráfico ilícito de trabajadores filipinos migrantes. Elmer Cato, encargado de Negocios de Filipinas en Irak, explica a Equal Times que, en los dos últimos años, el número de trabajadores filipinos en Irak se ha duplicado y asciende a 4.000. Si bien hay quienes viajan de manera voluntaria, muchas de las mujeres son víctimas de la trata, después de haber sido engañadas con falsas promesas de un trabajo decente en otras partes de Oriente Medio, y algunas son incluso obligadas a prostituirse.

En los próximos meses, Filipinas y Arabia Saudita pondrán a prueba un nuevo mecanismo de base de datos para establecer perfiles concretos de contratistas, tanto en el país de origen como en el extranjero. “La base de datos podrá asesorar a los trabajadores sobre determinados contratistas cuyos nombres están incluidos en listas negras, y sobre cómo proteger sus derechos”, dice Cacdac.

Además, Arabia Saudita ha empezado a entregar a las trabajadoras del hogar una tarjeta SIM gratuita, pero los kafeels se la suelen confiscar. El ministro de Trabajo y Desarrollo Social también le dijo a Alston que se había establecido un servicio de atención telefónica para los trabajadores migrantes y que ya se habían recibido 165.095 quejas por parte de trabajadoras del hogar.

En el frente nacional, el programa de reintegración de 40 millones USD del Gobierno filipino para trabajadoras del hogar repatriadas ya ha beneficiado a 3.000 trabajadoras en dificultades, con unos fondos de capital de lanzamiento de entre 10.000 y 200.000 pesos (entre 200 USD y 4.000 USD), y préstamos de hasta 1,8 millones de pesos (aproximadamente 36.000 USD).

Pero una medida importante para la protección de las trabajadoras del hogar es educar e informar a todas las personas acerca del valor del trabajo doméstico, de los derechos que las trabajadoras del hogar deberían poder disfrutar y del papel vital que desempeñan a la hora de hacer posible todo tipo de trabajo.

“Los gobiernos tienen que promover de manera activa una percepción positiva de las trabajadoras del hogar migrantes y concienciar a la opinión pública sobre las contribuciones sociales y económicas positivas que aportan las trabajadoras del hogar, luchando al mismo tiempo contra las actitudes discriminatorias y las lagunas que persisten en el ámbito de los derechos y las protecciones –en la ley y en la práctica”, expresa Koning. Sin embargo, esto promete ser uno de los mayores retos.