El 3 de febrero de 2020, Charles Kajoloweka escuchaba pegado a la radio, en su oficina en la ciudad de Mzuzu, en el norte de Malaui, cómo los jueces leían lo que sería una sentencia histórica. Los cinco jueces del Tribunal Supremo, que actuó como Tribunal Constitucional, escucharon durante más de tres meses a los abogados de los dos partidos principales de la oposición en el país, el Partido del Congreso de Malaui (MCP por sus siglas en inglés) y el Movimiento Unido de Transformación (UTM por sus siglas en inglés). Los abogados argumentaron que las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2019 habían sido fraudulentas y citaron el uso esporádico de corrector (típex) para alterar las hojas de resultados de los colegios electorales en favor del presidente actual, Peter Mutharika, del Partido Demócrata Progresista (DPP por sus siglas en inglés).
El Gobierno y la Comisión Electoral de Malaui (MEC) insistieron en que las irregularidades no eran lo suficientemente significativas como para haber alterado los resultados finales de las elecciones, en las cuales Mutharika obtuvo el 38,57% de los votos, Lazarus Chakwera del MCP obtuvo el 35,41% y Saulos Chilima, del UTM, quedó en tercera posición con el 20,24% de los votos. Sin embargo, la sentencia sin precedentes de 500 páginas en las que se citaban “anomalías e irregularidades” que eran “generalizadas, sistemáticas y graves”, y cuya totalidad se leyó en una emisión en vivo por la radio que duró 10 horas, anuló los resultados impugnados y ordenó que se celebraran nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 150 días. Las nuevas elecciones debían celebrarse el 2 de julio, pero como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el presidente Mutharika ha anunciado medidas de confinamiento y la MEC ha suspendido el registro de votantes.
“Fue un momento emocionante”, recuerda Kajoloweka, director ejecutivo de Youth and Society (Juventud y Sociedad, YAS), una organización de la sociedad civil local. “Se puso de manifiesto la realidad sobre el terreno: cuando la gente está decidida puede conseguir lo que se propone”.
La anulación de unas elecciones es un paso democrático importante, no solo para este país de África meridional, sino también para el resto de países africanos.
Como Calum Fisher, investigador sobre el panorama político en Malaui de la Facultad de Estudios Orientales y Africanos (School of Oriental and African Studies, SOAS) de la Universidad de Londres, escribió: “En un continente donde la democracia sigue siendo, por lo general, deficiente y frágil, la sentencia de Malaui ha asestado un golpe al Ejecutivo al defender, en los términos más duros, la independencia judicial”.
Después de lograr la independencia de Gran Bretaña en 1964, Hastings Kamuzu Banda gobernó el país con mano de hierro durante 30 años, encarcelando, asesinando y obligando a sus oponentes a exiliarse y declarándose presidente vitalicio en 1971. Aunque Malaui se convirtió en una democracia multipartidista en 1994, el país se ha enfrentado a numerosos desafíos, como la corrupción endémica, la falta de transparencia y rendición de cuentas, además de pobreza y desigualdades generalizadas.
Sin embargo, los líderes de la sociedad civil y las organizaciones de base cada vez insisten más en la rendición de cuentas y la justicia. Inmediatamente después de las elecciones de mayo de 2019, se celebraron protestas masivas durante meses en ciudades de todo el país a fin de impugnar los resultados y pedir la dimisión de la presidenta de la MEC, Jane Ansah.
Peter Mutharika –antiguo profesor de Derecho en los Estados Unidos, especializado en derecho económico internacional, derecho internacional e, irónicamente, derecho constitucional comparado– llegó al poder siguiendo los pasos de su hermano mayor, el presidente Bingu wa Mutharika, quien murió en el ejercicio de su cargo en 2012. A pesar de haber sido acusado de traición después de que una investigación concluyera que Peter Mutharika había intentado utilizar al ejército para impedir que la vicepresidenta de Bingu, Joyce Banda, asumiera el poder después de la muerte de su hermano, Peter finalmente ganó otras controvertidas elecciones en 2014 y se convirtió en presidente.
Sin embargo, en esta ocasión, los incansables esfuerzos de la oposición, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias han conducido a un resultado que pocos podían imaginarse. Kajoloweka, cuya organización forma parte de la Malawi Human Rights Defenders Coalition (Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Malaui, HRDC), dice que es el resultado que el pueblo de Malaui merecía: “Fueron unas elecciones caóticas, que estaban lejos de considerarse fiables. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil (OSC), tenemos la responsabilidad de salvaguardar los principios democráticos, en particular la voluntad manifestada por el pueblo a través de las elecciones. No podíamos aceptar menos”, añade.
Enseñanzas extraídas
Los observadores insisten en que se pueden extraer enseñanzas importantes de la experiencia reciente de defensa de la democracia de Malaui.
“Algo que otros países pueden aprender de la experiencia en Malaui es la forma en que la HRDC y otras organizaciones han logrado dar visibilidad a las elecciones mediante una serie de protestas masivas. Parece que la estrategia es efectiva”, dice Nicholas Cheeseman, profesor de Democracia de la Universidad de Birmingham y coautor del libro How to Rig an Election (Cómo amañar una elección), de 2018. “Probablemente es una de las estrategias en la que los partidos de la oposición y las organizaciones pueden fijarse, y de la que pueden aprender, si se encuentran ante una elección que consideran que no cumple los requisitos correspondientes”.
El correspondiente para África de la BBC, Andrew Harding, escribió en un artículo justo después de que se dictara la sentencia: “Básicamente, los jueces [del Tribunal Constitucional] argumentaron que los malauíes merecen, y deben esperar, unas elecciones de primera categoría, tal vez no perfectas (¿quién puede presumir de eso?), pero sin abusos sistémicos. No tendrían que conformarse con las elecciones de tercera categoría habituales que algunos países e instituciones todavía parecen tolerar o promover”.
En África, es inusual que cuando se impugnan los resultados de las elecciones las sentencias judiciales vayan en contra de los partidos gobernantes; las elecciones de 2018 en Zimbabue es uno de los ejemplos recientes. En Malaui, sujetos cuya identidad no ha sido divulgada trataron de sobornar a los jueces para que el fallo fuera favorable al presidente (un banquero prominente fue arrestado más tarde en conexión con el caso de soborno). Según Cheeseman, el hecho de que, aun así, los jueces fallaran en contra del Gobierno demuestra que Malaui tiene “instituciones democráticas independientes, las cuales no son perfectas, pero tal vez son más independientes que en otros países africanos”.
Malaui siguió el precedente sentado por Kenia en septiembre de 2017, cuando los jueces de su Tribunal Supremo anularon la victoria electoral del presidente Uhuru Kenyatta, alegando que se cometieron irregularidades y que las elecciones no se celebraron de conformidad con la Constitución del país. Se ordenó celebrar en un plazo de 60 días nuevas elecciones, en las cuales finalmente resultó vencedor Kenyatta. En la sentencia de Malaui se hacen varias referencias al fallo de Kenia.
Las decisiones judiciales de Malaui y Kenia han tenido, y seguirán teniendo, un impacto significativo en la democracia y el Estado de derecho. En primer lugar, los jueces de ambos países indicaron que el incumplimiento del procedimiento debería considerarse una razón suficiente para estimar que los resultados de una elección estaban amañados; no es necesario probar que la oposición habría ganado. Y tal vez, lo que es más importante, ambas decisiones sientan el precedente de que no es necesario saber el número exacto de votos que se han ganado o perdido para anular los resultados. Dado el aluvión de elecciones impugnadas y referendos celebrados en todo el mundo, estas acciones de apoyo a la integridad electoral envían una señal poderosa a todo el mundo.
Según Herman Manyora, un estratega político y de comunicación afincado en Kenia, África se encuentra en un punto en el que se ha confirmado el papel fundamental de un poder judicial independiente. Será un factor clave en los próximos meses y años, especialmente en un continente donde se encuentran seis de los diez dirigentes que llevan más años en el poder del mundo.
“Dado que se celebrarán unas seis elecciones en África este año, no me sorprendería que se anularan una o dos. Es una manera de reforzar la democracia, ya que aquellos en el poder sabrán que no pueden quedarse utilizando medios fraudulentos. Es bueno para la democracia y para África”, dice.
Sin embargo, al igual que en Kenia, la decisión judicial en Malaui se enfrenta a varios obstáculos. “Los tribunales pueden dictar sentencia, establecer precedentes y estipular lo que debería pasar posteriormente. Pero los tribunales no controlan la legislación ni pueden formular leyes”, dice Cheeseman. “Además, poseen competencias limitadas para hacer cumplir la normativa y no controlan la seguridad para asegurarse de que se aplican las decisiones”.
El hecho de que el tribunal anulara las primeras elecciones en Kenia no resolvió la crisis política del país. Por el contrario, la anulación dio paso a un periodo lleno de tensiones y episodios de violencia que llevó a la convocatoria de nuevas elecciones. “Creo que el mensaje de Kenia es que, a no ser que seamos lo bastante audaces, es posible que no logremos elecciones de mejor calidad o una democracia mejor a través de sentencias judiciales. No obstante, se trata del inicio de un proceso al que deben sumarse otros grupos y organizaciones y en el que hay que ser fiel no solo a la letra [de la ley] sino también al espíritu de la sentencia”, dice Cheeseman.
