¿Quieren detener la muerte de los refugiados en el mar? Déjenles volar

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La primera vez que vi la fotografía del pequeño cuerpo de Alan Kurdi tirado boca abajo en una playa de Bodrum fue en la portada del periódico belga que estaba leyendo en un avión de Bruselas a Turquía.

Me pareció trágico e irónico que yo estuviera haciendo el mismo viaje en el sentido contrario, tan solo un día después que la familia de Alan. Sin embargo, yo no tuve que preocuparme por nada: ni esconderme en camiones contenedores, ni abordar embarcaciones abarrotadas, ni escapar de la policía ni sufrir el maltrato de unos contrabandistas despiadados. Como yo tengo un pasaporte ‘de los buenos’, podía disfrutar sentado cómodamente en un avión donde me servían vino y comida caliente y donde podía ver los últimos estrenos de Hollywood, todo por una fracción del precio que pagan los refugiados sirios para intentar llegar a Europa.

¿Por qué la familia de Alan y otras familias de refugiados no pueden recibir el mismo trato?

Como yo, posiblemente el lector se haya preguntado por qué casi 3.000 refugiados y migrantes han tenido que morir en el mar Mediterráneo tan solo en este año, mientras cientos de miles más arriesgan la vida para llegar a Europa, en lugar de subir a un avión seguro y cómodo para volar directos a su destino.

Y no es que el precio del billete les resulte prohibitivo. Los refugiados sirios, por ejemplo, pagan hasta 3.000 USD a los contrabandistas por el viaje, una cantidad muy superior al precio medio de un billete de avión.

En la mayor parte de los casos, los gobiernos de dichos migrantes y refugiados tampoco intentan detenerles para evitar que viajen al extranjero.

La respuesta radica, en gran medida, en la directiva 2001/51/CE de 2001 de la Unión Europea (la llamada “directiva sobre sanciones a los transportistas”), que complementa algunas disposiciones del acuerdo de Schengen de 1985.

El artículo 3 de dicha directiva estipula que: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para obligar a los transportistas que no puedan devolver al lugar de procedencia a un nacional de un país tercero al que se haya denegado la entrada a encontrar los medios para su devolución inmediata y a cargar con los costes de la misma, o, si su devolución inmediata no es posible, a hacerse responsable de los costes de estancia y regreso del nacional del país tercero en cuestión”.

En otras palabras, las líneas aéreas que vuelan a cualquiera de los Estados miembros son las responsables de comprobar que los pasajeros tengan los documentos correctos y los requisitos de visado necesarios para viajar al país de destino. Si no lo hacen, pueden incurrir en importantes pérdidas financieras para la industria del transporte aéreo, ya que el artículo 4 de la directiva insiste en que las sanciones serán “disuasorias, efectivas y proporcionales”.

Sin embargo, la misma directiva especifica que ésta debería aplicarse “sin perjuicio de los compromisos derivados de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados”.

 

La privatización de la protección de los refugiados

En la práctica, la “directiva sobre sanciones a los transportistas” ha externalizado y privatizado algo que es, fundamentalmente, una prerrogativa de los Estados.

Un estudio realizado por el Parlamento Europeo sostiene que las sanciones a los transportistas “no están exentas de riesgos para los solicitantes de asilo, a los que muy probablemente se negará la venta de billetes porque no cumplen con los requisitos establecidos por las líneas aéreas o las compañías de ferries, preocupadas porque no les sancionen en los países de destino… Esta técnica de filtración es aún más problemática porque no ofrece ninguna alternativa legal a los que tienen que huir urgentemente de sus países pero no cumplen con las condiciones establecidas”.

“Las sanciones a los transportistas, que asumen algunas de las funciones de control de los servicios policiales de Europa, impiden el movimiento de los solicitantes de asilo que se encuentran lejos de las fronteras europeas y les obliga a pagar más y a asumir mayores riesgos al viajar ilegalmente”.

Asimismo, el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (CERE) reconoce que “las empresas de transporte seguirán cumpliendo la normativa mientras sea más rentable económicamente no permitir viajar a un pasajero para evitar una sanción que dejar a un posible solicitante de asilo viajar y arriesgarse a tomar una decisión equivocada e incurrir en una multa y en los costes de la repatriación”.

Así, mientras los líderes de la UE hacen hincapié en su compromiso de luchar contra los contrabandistas y detener la muerte de los migrantes y refugiados, no se está hablando en ningún medio sobre un modo posiblemente más eficaz de acabar con el creciente tráfico ilegal de personas y de reducir la cifra de muertos a causa de la migración: la derogación de la directiva 2001/51/CE. O, al menos, su suspensión para los ciudadanos de Siria, Eritrea e Iraq, los tres países con el mayor porcentaje de solicitudes de asilo concedidas.

Los que se oponen a esta solución pueden argumentar que esto crearía un efecto de llamada, es decir, que si el viaje se vuelve ‘demasiado fácil’ llegarían muchos más refugiados a Europa.

Nada más lejos de la realidad. Si algo ha demostrado la cobertura informativa de los últimos meses es que la gente que huye de la guerra y la persecución hará cualquier cosa para poner a salvo a sus familias. El miedo a cruzar fronteras en barcas hinchables no les detendrá.

Todos los sirios que he conocido comparten un profundo amor por su país y no desearían otra cosa que quedarse en sus casas en paz. Pero entre las bombas del ejército de Assad, las tácticas medievales del llamado Estado Islámico y la comunidad internacional de brazos cruzados ante la guerra, muchos sirios se enfrentan a la terrible elección de emprender el peligroso viaje para ponerse a salvo o quedarse en casa y arriesgarse a morir.

Entonces, ¿por qué no facilitarles el viaje y asegurarnos de que puedan encontrar un refugio de manera segura?

Para contribuir a este esfuerzo se podrían enviar funcionarios de aduanas a los primeros países de entrada de los solicitantes de asilo: Turquía, Líbano y Jordania en el caso de los sirios. Varios analistas con los que hablé me explicaron que reformar la directiva sobre sanciones a los transportistas sería difícil y delicado a nivel político.

Sin embargo, también recalcaron que debería tenerse en cuenta al debatir nuevas formas de garantizar un acceso seguro y legal de los refugiados al territorio de la UE, así como otras medidas urgentes, como el aumento de los visados de trabajo y de índole humanitaria que conceden las embajadas de los Estados miembros de la UE y la aceleración de los programas de reasentamiento del ACNUR.

Esta es una situación desesperada. Para salvar vidas hay que analizar urgentemente nuevas formas de abordar las políticas de migración de la UE. Solo entonces podríamos decir que hemos hecho algo para no tener que ver nunca más la fotografía de un niño ahogado a pocos kilómetros de Europa.