El flanco judicial de su combate se abrió en 2009. Su principal escollo consiste en determinar las responsabilidades de las empresas Total y Grande Paroisse en el accidente provocado por la mezcla (realizada por un operario subcontratado) de nitrato de amonio con derivados del cloro para reciclar los sacos usados.

“Todo el mundo en la empresa conocía la existencia de una frontera implícita entre el norte y el sur de la fábrica, que impedía la mezcla de los dos materiales. Pero no así el operario externo”, explica Jean-François Grelier, presidente de la Asociación de Víctimas del 21 de Septiembre.

El primer juicio, que sentó en el banquillo de los acusados a Serge Biechlin, antiguo director de la fábrica, a la empresa Grande Paroisse y a Thierry Desmarest, director general de Total, finalizó con una sentencia absolutoria, a pesar de que el Ministerio Público solicitó una indemnización de 225.000 EUR a Grande Paroisse, filial de Total, y 45.000 EUR de multa y tres años de cárcel exentos de cumplimiento, para el director de Grande Paroisse.

La Fiscalía recurrió la sentencia, pero el segundo juicio, celebrado en 2012, confirmó las penas.

Total interpuso no obstante un recurso de casación por considerar que una de las magistradas del juicio no era “imparcial”, ya que entonces ocupaba la vicepresidencia del Instituto de Ayuda a las Víctimas y Mediación. Ella misma había solicitado su recusación al presidente del tribunal, pero éste se la había denegado.

Así que, en 2017, se celebrará un nuevo juicio.

Llegados a este punto surge un problema nuevo: solo los Tribunales de Casación de París y de Marsella son competentes para juzgar causas relativas a accidentes colectivos, pero el caso de AZF concierne a 3.000 demandantes y 2.500 querellantes, que viven en Toulouse y no pueden desplazarse durante cuatro meses a París para asistir al juicio.

Jean-François Grelier propuso una solución a este problema: “La ley contiene un artículo relativo a ‘audiencias foráneas’ que permite desplazar a los jueces, en lugar de a las partes. Por lo tanto, solicitamos la intervención del Ministerio de Justicia ante el Tribunal de Casación, para que los jueces se desplacen a Toulouse”

Sin embargo, los magistrados del Tribunal de Apelación decidieron en contrario el 27 de septiembre por la mañana: ordenaron que el juicio se celebre en París, a partir del 24 de enero, y que se transmita en directo en las pantallas de las salas de reuniones, en Toulouse. Incluso descartaron la opción de interactividad en el proceso.

“Rechazamos convertirnos en una ‘zona de hinchas’”, replica airado Jean-François Grelier, que continúa exigiendo la audiencia foránea. Califica el juicio de “fiasco” y afirma tener “la impresión de que las potencias financieras son las que deciden”.

En un e-mail enviado a Equal Times, el portavoz de Total indica simplemente: “La decisión de celebrar el juicio de apelación en París la adoptó el Tribunal de Casación, la mayor autoridad judicial francesa. (…) La organización del juicio es competencia de la justicia”.

Quince años después, el combate continúa de modo disperso

“Repatriar el juicio a Toulouse”. Todas las personas concentradas en torno a la rotonda del 21 de septiembre no hablaban de otra cosa. Es la décimo quinta vez que se reúnen para rendir homenaje a las 31 víctimas mortales y a los 2.500 damnificados, de los que todos forman parte, con un minuto de silencio.

Antes de este solemne instante, Brigitte reparte besos de grupo en grupo. La mañana del 21 de septiembre de 2001 ella llegó a la fábrica para sustituir a Arlette, la secretaria, que se marchaba de vacaciones.

Mientras charlaban, Brigitte vio un arco blanco, una humareda amarilla, y nada más: lanzada contra un armario, perdió el conocimiento. Cuando se despertó se encontraba entre escombros, con las costillas rotas y sangrando. Llamó a Arlette: silencio. Ésta ya no volvió a responder.

Quince años después de esta catástrofe, tras dos años y medio de psicoterapia, Brigitte no soporta pasar junto al lugar del accidente. AZF le arrebató su audición, su carrera, su pareja. El Departamento de Personas con Discapacidad le ha reconocido una invalidez del 50%, insuficiente para percibir una ayuda.

“Estoy totalmente sola, dejaré de cobrar el paro a finales de febrero”, se angustia. Sin embargo, esta antigua asalariada de Podium, el periódico de Claude François, conserva su cualidad combativa, está llena de energía. “No sé qué sucederá mañana… Pero nadie va a arrebatarme mi dignidad. Lucho todos los días por volver a encontrar mi lugar”, asegura con la cabeza alta.

Miguel y María, una pareja de octogenarios españoles, también están en pie de guerra. Vivían a 700 metros de la fábrica y estaban haciendo la compra en la Faourette cuando oyeron la explosión; a continuación, una lluvia marronácea les cayó encima. Cuando volvieron a su apartamento, lo vieron en ruinas.

Primero durmieron en un camping, después, por miedo a los robos, volvieron a su alojamiento y taparon los agujeros de las ventanas con contrachapado. “Tuvimos que esperar dos años hasta que reconstruyeron la casa”, explica María.

Tras la catástrofe, el padre, la hija, y, después, la madre, sufrieron una depresión. Todos deben llevar aparatos auditivos. Anne-Marie, a quien el accidente le provocó una desviación de la mandíbula, padece acúfenos terribles, hasta tal punto que ha debido pasar varias temporadas en un hospital psiquiátrico.

También Patricia sufre hiperacusia: su automóvil explotó mientras estaba detenida en un semáforo aquel 21 de septiembre de 2001. Ella y sus dos hijos —el más joven tiene hoy 19 años— llevan aparatos.

AZF ha arrebatado la audición de cientos de tolosanos. Esto fue lo que dio un nuevo impulso a la Asociación de Víctimas del 21 de Septiembre: en 2013, la nueva aseguradora de Total se negó a reembolsar la sustitución de las prótesis auditivas a las víctimas.

Pauline Miranda, una de las primeras en darse cuenta, tomó las riendas y contactó con Jean-François Grelier, presidente del “Colectivo de los sin-ventanas” y después presidente de las Víctimas del 21 de Septiembre, un veterano de la lucha contra Total.

Consiguió que Total pagara las prótesis auditivas, su mantenimiento y sustitución a 85 víctimas, por ahora. Son los nuevos alistados en las filas de quienes batallan por poder asistir al juicio contra Total, en Toulouse.

A su lado, alrededor de la rotonda, la asociación Plus jamais ça, ni ici ni ailleurs (Nunca más, ni aquí ni en otro lugar). Su portavoz, Yves Gilbert, a pesar de no ser uno de los afectados directos de la explosión de la fábrica, explica: “Ya no decimos que esto “podría ocurrir” porque ya ocurrió y cambió por completo nuestras vidas, nuestra manera de verla. Hay un antes y un después del 21 de septiembre de 2001”.

Al día siguiente de la catástrofe, Gilbert se enroló en la lucha por el cierre del polo químico en el que se encontraba AZF. Con sus compañeros, interpuso una denuncia contra Total ante el Tribunal Administrativo, y después el Penal. Además, intentó influir en la ley introducida después de la explosión, sobre la prevención de catástrofes industriales.

Cerca de allí, en el lugar donde hoy se encuentran el monumento a las víctimas y el polo europeo de investigación contra el cáncer, se rinde otro homenaje en presencia de representantes de la alcaldía.

El colectivo Mémoire et Solidarité (memoria y solidaridad) que reúne al personal superviviente, reivindica la reapertura del polo químico y se opone a la destrucción de los empleos. No creen en la tesis de un accidente industrial y reclaman “la verdad”, a pesar de las conclusiones de la justicia.

En esta conmemoración también participa Gérard Ratier, padre de un obrero fallecido. En un primer momento creyó que la explosión la provocó un atentado, pero hoy acusa a Total de haber camuflado pruebas que permiten explicar la catástrofe.

También él rechaza que el juicio se celebre en París: “Un juicio sin las víctimas, con dos de los expertos judiciales muertos, los abogados que no podrán permanecer cuatro meses… Es una pantomima. Si no afectara a una multinacional, el asunto ya se habría juzgado”.