Escala el conflicto lingüístico en Camerún: represión y pena de muerte para los "refugiados digitales"

Escala el conflicto lingüístico en Camerún: represión y pena de muerte para los "refugiados digitales"

A young man in Bamenda, a major city in one of two anglophone regions in Cameroon that have experienced protests and repression in recent months.

(Jake Lyell/Alamy)
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Aunque el 5 de febrero los aficionados al fútbol de todo el mundo festejaron la victoria de Camerún en la final de la Copa Africana de Naciones, el 20% de los cameruneses que vive en las zonas anglófonas del país no tuvo nada que celebrar.

Durante más de un mes han tenido que soportar un bloqueo total del acceso a internet. Los residentes de las dos regiones de minoría anglófona consideran esta medida como un claro intento por parte del gobierno de reprimir la disidencia tras varios meses de protestas multitudinarias, huelgas y disturbios.

Aunque la mayoría de los cameruneses también habla al menos una de las 240 lenguas locales del país, el francés y el inglés son las lenguas oficiales y los francófonos constituyen la mayoría de la población.

Sin embargo, los anglófonos de las zonas al noroeste y suroeste del país constituyen aproximadamente el 20% de los 23 millones de habitantes de Camerún.

Hace tiempo que los anglófonos se sienten discriminados por el Gobierno central dominado por los francófonos. De hecho, el porcentaje de anglófonos en puestos clave de poder es bajísimo y suelen quejarse del trato que reciben como ciudadanos de segunda clase en su propio país, por no hablar de la marginación económica.

Los hechos alcanzaron su punto álgido en noviembre de 2016, cuando las autoridades detuvieron a más de 100 personas y provocaron la muerte de hasta seis ciudadanos en la ciudad de Bamenda, ubicada en la región noroccidental, tras las manifestaciones por el uso predominante del francés en las escuelas y tribunales anglófonos. En dicho mes, además de las detenciones en masa se registraron denuncias graves por brutalidad policial, detenciones ilegales y tortura.

Recientemente se juzgó a tres destacados anglófonos que participaron en las protestas. El abogado Nkongho Felix Agbor Balla y el profesor universitario Fontem Aforteka’a Neba (líderes del Consorcio de la Sociedad Civil Anglófona de Camerún, que aboga por volver al sistema federal de dos Estados e ilegalizado hace poco por el gobierno junto al Consejo Nacional de Camerún del Sur que aboga por la secesión), así como el líder de las protestas Mancho Bibixy, han sido acusados de varios delitos, entre los que se encuentran: insurrección, incitación a hostilidades contra el Estado, terrorismo, proclamación de la secesión y difusión de informaciones falsas. Estos individuos podrían enfrentarse a la pena de muerte si son declarados culpables.

 

"Refugiados cibernéticos"

Mientras tanto, millones de cameruneses siguen desconectados de internet, una situación que David Kaye (el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión) describió como “una atroz violación de su derecho a la libertad de expresión” asi como del derecho internacional.

En respuesta al bloqueo, los habitantes de las regiones afectadas (en especial los empresarios y estudiantes) han ideado nuevas formas de evitarlo. Una de ellas ha sido el éxodo de usuarios de internet a otras zonas del país donde todavía pueden conectarse, como la capital Yaundé, la capital comercial Douala o Bafoussam, la capital de la región occidental. Otros incluso se trasladan a poblaciones cercanas en la vecina Nigeria.

Los expertos del centro tecnológico camerunés ubicado en Buea (una ciudad en la región suroccidental también conocida como Silicon Mountain) llaman a esta gente “refugiados cibernéticos” o “refugiados digitales”.

“El bloqueo de internet no tiene precedentes y es intolerable”, nos explica Rolence Achia, un estudiante de ingeniería de sistemas de telecomunicaciones de la Universidad de Buea. Muchos bancos han cerrado, los cajeros automáticos no funcionan, las empresas se han visto obligadas a cerrar y muchos trabajadores tienen que quedarse en casa con una excedencia sin sueldo.

Una gestora de comunidades que desea mantener el anonimato asegura que ahora tiene que arriesgarse en un peligroso trayecto tan solo para acceder a la red. “Pongo en riesgo mi vida una vez a la semana al recorrer la peligrosísima carretera de Kumba a Douala [famosa por sus numerosos accidentes de tráfico] tan solo para poder conectarme a internet. Soy una refugiada en mi propio país”, se queja.

Un alicaído Neba Kitts, un estudiante anglófono de unos 19 años procedente de Bamenda, llega a Ekok, una pequeña localidad en la frontera entre Camerún y Nigeria. Nos cuenta que se dirige a Ikom (Nigeria), a aproximadamente una hora de distancia en coche desde la frontera, donde podrá continuar con sus estudios en línea. “No pienso volver a Camerún hasta que desbloqueen internet”, explica Kitts a Equal Times antes de subirse a un autobús con destino a Ikom.

Los funcionarios de inmigración en Ekok afirman que aproximadamente 50 personas, en su mayoría jóvenes, cruzan a diario la frontera a Nigeria en busca de una conexión a internet.

Sin embargo, a pesar de la popular campaña #BringBackOurInternet (Devuélvannos nuestro internet), el gobierno de Camerún alega que ha bloqueado la red para mantener la estabilidad social y advierte que no la restablecerá hasta que acaben los actuales disturbios civiles.

 

El "problema anglófono"

El llamado "problema anglófono" de Camerún se remonta a la época de la colonia. Tras la anexión alemana en 1884 de lo que pasó a llamarse Kamerun, el territorio se dividió entre Gran Bretaña y Francia tres décadas más tarde, al acabar la Primera Guerra Mundial. En 1961 se creó la República Federal de Camerún reunificada, pero durante 11 años el país funcionó bajo un sistema federal de dos Estados. A partir de 1972, Camerún ha sido un Estado centralizado unitario que, según los anglófonos, favorece enormemente a la mayoría francófona.

Uno de los principales problemas es el uso de maestros francófonos en escuelas anglófonas y la intrusión del sistema jurídico francés en las zonas anglófonas del país. En octubre de 2016, más de 1.000 abogados se declararon en huelga por el nombramiento de jueces educados en el sistema francés que no entendían el derecho consuetudinario anglosajón y por la falta de disponibilidad de textos jurídicos en inglés.

A finales de noviembre se unieron los maestros anglófonos que se declararon en huelga indefinida. Muchos sindicatos de maestros anglófonos (entre ellos la Teachers’ Association of Cameroon y el Cameroon Teachers’ Trade Union) llevan tiempo luchando contra la paulatina armonización de los dos sistemas educativos autónomos existentes en el país. Se trata de una medida que, según los maestros anglófonos, constituye un intento obvio de acabar poco a poco con la educación en inglés en Camerún.

Asong Ndifor, editor del único diario camerunés en inglés, el The Guardian Post, describe el problema lingüístico como una “bomba de relojería” a punto de estallar. En lugar de desactivar dicha bomba con diplomacia, la principal reacción del gobierno del presidente Paul Biya (en el poder desde 1982) ha sido la represión.

Desde octubre han detenido a numerosos manifestantes y activistas anglófonos, incluidos el juez del Tribunal Supremo y presidente del principal partido de la oposición Partido de Acción Popular (PAP) Ayah Paul Abine, el corresponsal de la BBC Randy Joe Sa’ah y el reportero del diario The Guardian Post Amos Fofung.

Uno de los abogados que representan a Agbor Balla en el actual juicio declaró a la cadena Deutsche Welle que los acusados se enfrentan a cargos falsos.

“Se puede ver claramente que se trata de graves delitos políticos, lo cual significa que no tienen ninguna posibilidad”, afirmó la abogada Alice Nkomn.

Charles Achaleke Taku, prominente abogado camerunés en la escena internacional en el ámbito de derechos humanos, explicó a Equal Times: “Los cargos falsos formulados contra el abogado Nkongho Felix Agbor Balla y otros en el Tribunal Militar de Yaundé constituyen una violación del derecho internacional. El derecho internacional prohíbe que los civiles sean juzgados en tribunales militares”.

Asimismo, numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados Africanos, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, se han pronunciado en contra de la violación de los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y de expresión y las detenciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno.

 

Hacia una resolución del conflicto

En plena escalada de las tensiones, el 1 de diciembre el gobierno creó un Comité Especial Interministerial para estudiar las demandas presentadas por los maestros y proponer soluciones a la crisis. Sin embargo, hasta la fecha todas las iniciativas han resultado ser inútiles.

En las regiones anglófonas se siguen llevando a cabo protestas y boicots todos los lunes y martes; el 11 de febrero (fecha en que se conmemora el día del plebiscito que vio nacer a la República Federal de Camerún en 1961) se organizó un boicot aún mayor para paralizar las poblaciones, pero al menos cuatro personas fueron asesinadas en Ndop, a solo 45 kilómetros de Bamenda, tras el estallido de los enfrentamientos entre civiles y militares.

Antes de ser detenido, Agbor Balla había pedido la reinstauración del sistema federal de dos Estados (en vigor entre 1961 y 1972) para resolver la crisis, pero el presidente Biya se expresó enérgicamente en contra de la propuesta en su discurso a la nación a finales de año. “Camerún es una e indivisible”, declaró Biya. Asimismo, advirtió que no toleraría ningún intento de modificar la forma actual de Camerún, aunque el referéndum del 20 de mayo de 1972 para crear el Estado moderno se considera un asunto sumamente polémico.

Numerosos usuarios de teléfonos móviles han recibido contundentes mensajes de texto del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones con advertencias como la siguiente: “Estimado usuario. Si usted publica o difunde en las redes sociales información que no pueda contrastar, se enfrentará a penas de entre 6 meses y 2 años de prisión o multas de entre 5 y 10 millones CFA [entre 8.200 y 16.400 USD]. MINPOSTEL”.

Mwalimu George Ngwane, un reconocido activista de la sociedad civil y especialista en resolución de conflictos, explicó a Equal Times que el presidente Biya debería ordenar la liberación inmediata de todos los detenidos como un primer paso para resolver la crisis actual.

Ngwane, que ha promovido la creación de la comisión para el bilingüismo recientemente fundada por el presidente Biya, también exigió una mayor mediación entre el gobierno, los líderes anglófonos, las autoridades tradicionales y los líderes sindicales. “El diálogo nacional servirá de base para el proceso de sanación”, declaró a Equal Times.