En agosto, la ciudad de Río de Janeiro deberá recibir un millón de visitantes para uno de los acontecimientos de mayor interés mediático del año 2016. La policía y las fuerzas armadas tendrán que responder al doble reto de proteger la seguridad de los turistas y de las delegaciones deportivas, al mismo tiempo que garantizan los derechos de la población local.
No obstante, la política pro seguridad adoptada y las cifras de la violencia policial de los últimos años hacen que tanto las organizaciones no gubernamentales como los observadores pongan en duda el comportamiento ejemplar de las futuras operaciones policiales durante la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Durante todo el período de competiciones, no menos de 85.000 representantes de las fuerzas del orden estarán sobre el terreno para garantizar la seguridad en Río de Janeiro: la policía civil, la policía militar, soldados de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (unidad especial del Ministerio de Justicia), tropas del Ejército, pero también brigadas de seguridad financiadas por el sector privado (por ejemplo, la operación “Seguridad Presente”, creada en colaboración con una asociación de comerciantes); cuenta, además de vehículos blindados de última generación, con equipos caninos, robots anti-bombas y dispositivos aéreos no tripulados mejor conocidos como “drones”.
Todo este dispositivo será coordinado por la Secretaría brasileña de Seguridad para Grandes Eventos Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE), una entidad creada específicamente dentro del Ministerio de Justicia, que en Brasil recubre parcialmente las competencias del Ministerio del Interior.
Para el profesor e investigador en políticas de seguridad pública, Antônio Falvio Testa, de la Universidad de Brasilia, Brasil está preparado para recibir el evento deportivo en lo que concierne a la seguridad. “Todo debería transcurrir sin problemas, como ha transcurrido sin incidentes en la Copa Mundial, la Copa de las Confederaciones, las Jornadas Mundiales de la Juventud…”, comenta a Equal Times.
“El problema no es tanto la cuestión del terrorismo procedente del exterior, sino la amenaza interna de las organizaciones criminales”.
De hecho, desde la adjudicación de los Juegos a la ciudad de Río de Janeiro en 2009, se discutió el tema de la seguridad pública entre los organizadores, las autoridades y el Comité Olímpico. Brasil es un país en el que las estadísticas de la violencia armada y las tasas de homicidio se sitúan entre las más altas del mundo, salvo en los conflictos militares.
En el año 2014 se registraron casi 60.000 homicidios, según el Atlas de la violencia publicado por el Foro brasileño de seguridad pública. Pese a los esfuerzos de los últimos años, las estadísticas en materia de delincuencia y violencia no son mejores y, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP, organismo gubernamental), las cifras han sido aún superiores en Río de Janeiro para los primeros meses de 2016 en lo que se refiere a robos y asaltos a mano armada.
“Limpieza social”
Entre los homicidios, las organizaciones de derechos humanos denuncian los perpetrados por las fuerzas de policía, en circunstancias que no siempre son legítimas ni adecuadamente esclarecidas.
Para la oficina local de Amnistía Internacional, las operaciones de seguridad destinadas a reducir la criminalidad y a pacificar las favelas ante la perceptiva de acoger eventos como la Copa Mundial o los Juegos Olímpicos, tienen lugar en detrimento de la población local. En siete años de preparación, “han sido asesinadas por la policía 2.500 personas, solamente en la ciudad de Río de Janeiro, y han sido muy contados los casos en los que se ha obtenido justicia”, denunció Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Brasil, en la presentación del último informe publicado por este ONG.
Peor aún, se han señalado varios casos de “ejecuciones extrajudiciales”, es decir, homicidios en situaciones en donde las víctimas no estaban armadas ni opusieron resistencia.
En el curso de la última década, según la ONG, muere cada día una media de casi dos personas a manos de los representantes de las fuerzas del orden.
Además de los homicidios, los defensores de los derechos humanos denuncian también la detención irregular de personas sin hogar, de jóvenes negros y pobres que se encuentran en la playa, así como los desalojos forzados brutales y controvertidos, lo que ha llevado a organizaciones como la ONU a hablar de “limpieza social” de la ciudad, subrayando especialmente el alarmante número de casos que involucra a menores.
Para la abogada de derechos humanos Karina Quintanilha, que participa en la defensa en Sao Paulo de víctimas de la violencia policial, existe “una voluntad de generar un clima de miedo –ante la proximidad del evento– entre aquellos a los que las autoridades consideran como ‘enemigos’ del orden público”. Con el colectivo Mães e Pais em Luta (Madres y Padres en Lucha), contribuyó recientemente a llevar los casos de violencia contra estudiantes de enseñanza secundaria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
“Se constata un endurecimiento de la represión desde las grandes manifestaciones de junio de 2013, tanto de parte de la policía como del poder político y judicial”.
Alexandre de Moraes, el nuevo ministro de Justicia, nombrado en el Gobierno interino en mayo tras la marginación de Dilma Rousseff, es el representante de esta línea dura. “Como secretario de Seguridad Pública del Estado de San Pablo, su cargo anterior, hizo grandes inversiones en equipo antidisturbios, desarrolló nuevas tácticas de mantenimiento del orden y apoyó la creciente criminalización de todo acto cometido por manifestantes”, señala Karina Quintanilha.
“Es un poco como si el Estado de San Pablo hubiera sido su laboratorio. Y no sabemos lo que es capaz de hacer a escala nacional”.
El Gobierno interino está en funciones por un período aún indefinido. Pero lo que es seguro es que las leyes pro seguridad, promulgadas por la presidenta Rousseff, se encontrarán en vigor en el momento de los Juegos Olímpicos, lo que inquieta a activistas y manifestantes.
Por ejemplo, la ley antiterrorista, aprobada en marzo, tiene especialmente preocupada a la organización Artigo 19, que lucha por el respeto de la libertad de expresión, de opinión y de manifestación.
Camila Marques, abogada dentro de esta organización, explica que “esta ley es peligrosa porque es vaga y deja demasiado margen a la interpretación de los jueces. Fue aprobada de forma extremadamente rápida sin debate público”.
Algunas acciones militantes, por ejemplo, para denunciar los abusos en la preparación de los Juegos ahora pueden tener cabida en el ámbito de esta ley, socavando así la libertad de opinión.
Por otra parte, una ley especial hecha a petición del Comité Olímpico Internacional, la Ley general de los Juegos Olímpicos, también restringirá el derecho a circular y a manifestar en algunos lugares y prevé penas de hasta un año de prisión para aquellos que utilicen o desvíen la “marca olímpica” a efectos críticos.
A juicio de Camila Marques, “lamentablemente, los grandes acontecimientos deportivos siempre han tenido dificultades para respetar los derechos humanos, y Brasil no es la excepción”.
Este artículo ha sido traducido del francés.
