Hasta ahora, la Federación Rusa ha respondido con silencio a la fecha límite fijada para presentar un informe de situación en cumplimiento con la sentencia de un tribunal internacional que ordenó la liberación de un barco de Greenpeace y de los 30 miembros de su tripulación.

En una demanda interpuesta por los Países Bajos, el mes pasado el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM) ordenó a Rusia que liberara el barco de bandera holandesa Arctic Sunrise y a su tripulación en cuanto el Gobierno holandés pagara una fianza de 3,6 millones de € en forma de garantía bancaria.

El lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda informó al TIDM de que ya había abonado la garantía, cumpliendo su parte de la sentencia.

Ahora, todas las miradas están puestas en Rusia y en su respuesta a este tribunal con sede en Hamburgo.

Sin embargo, hasta la fecha Rusia se ha negado a participar en los procedimientos de dicho tribunal, acogiéndose a una exención que Moscú añadió a su ratificación en 1997 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

Rusia no asistió a las audiencias del 6 ni del 22 de noviembre, dejando vacíos numerosos asientos en la sala del tribunal presidida por más de 21 jueces internacionales.

Más tarde, en su respuesta inicial a la sentencia, Rusia declaró que analizaría “detenidamente la sentencia del tribunal para formular una respuesta".

Aunque Rusia no participó en los procedimientos del TIDM, esto no altera para nada el hecho de que esté obligada a cumplir con la sentencia del tribunal, que examinó ampliamente su argumento y lo desestimó.

Las sentencias de este tribunal son vinculantes para cualquier parte del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incluida Rusia.

Si no libera al barco y a los 30 del Ártico, la Federación Rusa estará incumpliendo sus obligaciones contraídas con el derecho internacional y violando su propia constitución.

A punta de pistola

Tras una protesta pacífica contra la extracción petrolífera en el Ártico llevada a cabo en la plataforma de perforación de Prirazlomnaya, propiedad de Gazprom, varios agentes rusos de seguridad abordaron ilegalmente el Arctic Sunrise en aguas internacionales y se apoderaron del barco a punta de pistola.

A continuación, el barco fue remolcado hasta Murmansk, donde los 28 activistas de Greenpeace Internacional y dos periodistas autónomos fueron acusados de piratería y más tarde de vandalismo.

Al interponer la demanda en el tribunal de Hamburgo, los Países Bajos, como Estado del pabellón del Arctic Sunrise, argumentaron que Rusia no tenía ningún derecho a abordar y detener el barco y que dicha detención constituye una grave violación del derecho a la libertad y la seguridad de cada miembro de la tripulación.

Los expertos en asuntos jurídicos internacionales han alcanzado un amplio consenso en el que aseguran que la acusación de piratería no tiene ningún sentido según el derecho internacional y la legislación rusa. A estos expertos han unido sus voces varios sindicatos marítimos, como la Organización Internacional de Capitanes, Pilotos y Prácticos (MM&P) y Nautilus International, que manifestaron su inquietud por las acusaciones de piratería y la detención de los 30 del Ártico.

Aunque ha quedado claro que la Comisión de Investigación ya no pretende formular los cargos de piratería, los 30 del Ártico siguen acusados de vandalismo y se enfrentan a un máximo de siete años en prisión.

Además, desde que los tribunales de San Petersburgo les concedieron la libertad bajo fianza, no pueden abandonar el país y esperan que Rusia cumpla la sentencia del TIDM.

La industria pesquera y la naval están siguiendo de cerca este caso, pues el posible incumplimiento de la sentencia del TIDM por parte de Rusia tendría repercusiones jurídicas y políticas que podrían debilitar la confianza en el sistema de resolución de conflictos basado en el CNUDM y el derecho marítimo internacional.

Obligaciones

En el pasado, Rusia ha participado activamente en los procedimientos del TIDM y la Corte Internacional de Justicia.

En 2002, Rusia hizo uso del TIDM para obtener la pronta liberación de uno de sus buques (el Volga) que había sido detenido por Australia.

Si Rusia ignora la sentencia del tribunal que ordena la liberación del Arctic Sunrise, ¿qué pasará en el futuro cuando inicie acciones legales en el TIDM contra otros Estados?

Un sistema fuerte de resolución de conflictos internacionales se basa en que las partes que lo han ratificado cumplan con las decisiones.

Donald Rothwell, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional Australiana, lo resumió muy bien en un reciente artículo de opinión publicado en la página web australiana de noticias ABC:

“Rusia no puede… elegir cuándo va a atenerse o no a la legislación marítima. Como miembro destacado de la comunidad internacional, tiene claramente la obligación de acatar la sentencia del tribunal y liberar el barco Arctic Sunrise y a su tripulación, así como de permitirles abandonar Rusia”.

Por tanto, nosotros en Greenpeace esperamos que Rusia, tras detenidas deliberaciones acerca de la sentencia, cumpla totalmente con la misma, liberando cuanto antes al barco Arctic Sunrise y a los 30 del Ártico.