En diciembre, el presidente ordenó al departamento que, a partir de primavera, defiriera la deportación de los migrantes indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos (y que, por tanto, son ciudadanos estadounidenses).

Una orden previa de Obama suspendió la deportación de los jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. como niños.

El proyecto de ley republicano derogaría ambas órdenes.

En enero se constituyó un nuevo Congreso dominado por los republicanos. El Congreso puede aprobar la financiación del departamento a partir del 27 de febrero o reducirle el presupuesto.

El presidente Obama ha amenazado con vetar este proyecto de ley. Y aunque en el Senado hay suficientes votos republicanos como para que se apruebe el proyecto, no son suficientes como para anular un veto.

El movimiento sindical estadounidense apoya los programas de acción diferida y se opone a las deportaciones masivas que actualmente suman un total de más de dos millones de personas desde que Obama asumió la presidencia, es decir, alrededor de 400.000 personas al año.

Después de que la mayoría republicana saliera elegida en el Congreso, el presidente de la central sindical AFL-CIO, Richard L. Trumka, advirtió que la propuesta de recorte de fondos “conllevaría una mayor explotación y obligaría a miembros de nuestra comunidad a seguir viviendo y trabajando con miedo”.

Guillermo Pérez, presidente del sindicato Labor Council on Latin American Advancement de Pittsburgh, declaró que la tarea del movimiento sindical consiste en garantizar la aplicación de la orden de acción diferida del presidente Obama para que “nos ayude a sindicalizar los lugares de trabajo donde existe un número considerable de indocumentados”.

Joe Hansen, presidente del sindicato United Food and Commercial Workers, opina lo mismo. “La medida ejecutiva no es lo único que necesitamos o merecemos”, declaró. “Pero constituye un paso en la dirección correcta”.

Polémica

Sin embargo, la última medida ejecutiva de Obama ha generado mucha polémica entre los sindicatos y los activistas de los derechos de los migrantes debido a las condiciones impuestas a las acciones diferidas.

Por ejemplo, los empleadores del sector tecnológico podrán traer a Estados Unidos un mayor número de trabajadores/as mediante programas de contratos laborales y pagarles salarios considerablemente más bajos que a los residentes del país.

Cada año llegan a Estados Unidos más de 900.000 personas con estos programas, que han recibido críticas debido a que dichos trabajadores/as tienen menos derechos laborales que el resto de la mano de obra.

Asimismo, diversas organizaciones han criticado la orden de la administración Obama porque aumenta la aplicación de la legislación en materia de inmigración.

Actualmente, la legislación estadounidense prohíbe que la gente trabaje sin una situación migratoria legal, pero aun así alrededor de 12 millones de personas siguen haciéndolo.

Gracias a la orden de Obama, un máximo de entre cuatro y cinco millones de personas obtendrán un permiso de trabajo.

Pero al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional aumentará la aplicación de la ley en detrimento de los otros millones de trabajadores/as sin permiso de trabajo.

En la última década, decenas de miles de trabajadores/as en los sectores de la agricultura, la industria cárnica, la construcción, la manufactura y otros han perdido sus puestos de trabajo como resultado de la aplicación de la legislación en el lugar de trabajo.

Muchos de ellos, por no decir la mayoría, estaban afiliados a sindicatos y la mayor parte de la opinión sindical ha condenado estas acciones.

Por ejemplo, cientos de trabajadores/as fueron despedidos en mitad de una campaña de sindicalización que se estaba llevando a cabo en una cadena de supermercados de California.

Gerardo Domínguez, director de sindicalización de la sección 5 del sindicato United Food and Commercial Workers, describió los despidos como “un desastre económico para la zona de la bahía de San Francisco. Estos trabajadores/as pagan impuestos que financian las escuelas y los servicios locales. Ser despedidos por su situación migratoria constituye una violación de sus derechos humanos y civiles. Sus familias y toda nuestra comunidad se verán perjudicadas y la desigualdad y la pobreza aumentarán”.

Además, el presidente anunció que se dedicarían aún más recursos para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, donde mueren cada año cientos de personas.

Según la Coalición de Derechos Humanos, una organización para la defensa de los derechos de los migrantes alineada al movimiento sindical y con sede en Tucson (Arizona): “Una mayor aplicación de la legislación significa que morirán incluso más personas intentando cruzar la frontera y se darán violaciones más flagrantes de los derechos humanos y civiles en nuestras comunidades fronterizas”.

“Tenemos que desmilitarizar la frontera, no aumentar su militarización. Estados Unidos ya gasta más dinero en la aplicación de las leyes de inmigración, incluidos los famosos tribunales arbitrarios de la Operación Streamline, que en el resto de los programas de aplicación de la legislación federal juntos. Es imperdonable que se vaya a gastar aún más”.

Asimismo, el presidente Obama anunció que aumentará el número de prisiones para migrantes gestionadas por el sector privado y el número de presos en las mismas.

Uno de dichos centros, el South Texas Family Residential Center, ya se ha construido en Texas para albergar a más de 2.400 niños y familias originarios de Centroamérica.

La AFL-CIO ha criticado duramente la detención de niños centroamericanos.

Una reciente delegación que viajó a Honduras encabezada por el vicepresidente de la central sindical, Tefere Gebre, llegó a instar al gobierno hondureño a que no aceptara a los deportados/as procedentes de Estados Unidos si no les han reconocido su derecho legal a solicitar asilo.

Políticas de libre comercio

Sin embargo, según numerosos grupos de defensa de los derechos laborales y de los migrantes, los migrantes de Centroamérica, México y otros países se han visto obligados a migrar debido a los tratados de libre comercio y otras políticas económicas practicadas por el gobierno estadounidense.

Aun así, hoy en día la administración de Obama solicita al Congreso que le otorgue un proceso de vía rápida para aprobar la Alianza Transpacífica, un acuerdo de libre comercio para 12 países costeros del océano Pacífico.

La Dignity Campaign, una red formada por diversos sindicatos locales, consejos laborales y organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, advirtió:

“Tras dos décadas de experiencia con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hemos aprendido que estos acuerdos empujan a la gente a la pobreza, provocando más desplazados y migraciones en el mundo, mientras eliminan puestos de trabajo en Estados Unidos”.

“Hay que acabar con estos acuerdos comerciales como parte de una política de inmigración inteligente. Tenemos que cambiar la legislación estadounidense de inmigración y las políticas comerciales para que aborden las causas fundamentales de la migración y para que garanticen los derechos humanos, civiles y laborales de los migrantes y de todos los trabajadores/as”.

La orden ejecutiva de Obama no cambiará la legislación estadounidense. Tan solo el Congreso puede aprobar leyes.

Únicamente puede cambiar el modo en que se aplicará la legislación existente. Por tanto, existe la posibilidad de que un nuevo gobierno elegido en 2016 pueda derogarla, deportando a los que han solicitado la situación migratoria diferida. Dicha posibilidad ya ha asustado a bastantes posibles solicitantes.

“El reto consiste en conseguir que esa gente solicite la acción diferida, consiga legalizar su situación y garantizar que nunca la pierdan”, explica Pérez.

“Si no conseguimos suficientes personas para el programa, es más probable que lo supriman. Me encantaría ver centros sindicales abriéndose por todo el país y funcionando como lugares donde la gente puede acudir para obtener información de calidad sobre las solicitudes. Sería precioso”.