Casi 30 años de crecimiento ininterrumpido, con cifras dos dígitos, y su plena integración en la economía mundial, le han valido a China el título de “fábrica del mundo”, una descripción que le viene como anillo al dedo. China es la segunda economía mundial, posee la segunda mayor base industrial y es el mayor mercado de consumidores del planeta. Pero la llegada de un nuevo virus a la ciudad industrial de Wuhan, en diciembre pasado, ha provocado la mayor emergencia sanitaria en tiempos de paz de la historia reciente, que probablemente ocasionará la peor crisis económica desde la Gran Depresión.
El coronavirus se propagó, primero a Europa y luego al resto del mundo. Paralizó las cadenas de suministro de todo el planeta, llevando al cierre a millones de empresas que dependían de China para todo, desde las materias primas hasta los mercados.
Nadie se imaginó lo que sucedería si el motor de producción chino, en el que el mundo llevaba décadas confiando, empezaba a agarrotarse, pero la COVID-19 lo paralizó durante semanas.
Hoy que el mundo empieza a salir del confinamiento, nos encontramos al borde de una recesión mundial. La OCDE estima que, en el peor de los casos, el crecimiento mundial se reducirá a la mitad, y pasará este año del 2,9% al 1,5%. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) predice que más de 436 millones de empresas en todo el mundo enfrentan un alto riesgo de experimentar graves perturbaciones, mientras que 25 millones de personas podrían perder su empleo.
Hoy hay más razones que nunca para plantearse detenidamente cómo mejorar las condiciones laborales en las cadenas de suministro mundiales. Durante décadas, las empresas han confiado en la solidez de las infraestructuras, en la flexibilidad laboral y los bajos costos de la mano de obra chinas, para introducir estrategias de reducción de costos que han transformado el modelo de producción dominante en uno basado en la fabricación ajustada, la deslocalización y la subcontratación.
Trabajadores abocados a la miseria
El precio de décadas de ciego afán de lucro lo están pagando los trabajadores. Sobre todo los que ocupan los niveles inferiores de estas cadenas, que cada día ven vulnerados gravemente sus derechos. Muchas cadenas de suministro terminan o comienzan en la economía informal, cuyos trabajadores están fuera del marco legal y donde incluso el trabajo infantil no es una excepción. El aumento exponencial de las prácticas de subcontratación han hecho más larga y compleja la cadena, y generado una total falta de transparencia.
El coronavirus sólo ha contribuido a exacerbar estas fallas estructurales. Con su cierre temporal, las empresas han dejado de pagar o han reducido los salarios de su fuerza laboral, en el mejor de los casos, o han destruido los puestos de trabajo, en el peor. Si bien la mayor parte de los empleados de la mayoría de los países europeos pueden recurrir al menos a algún nivel de seguridad social, en los países con sistemas de protección social precarios o inexistentes, los trabajadores son despedidos sin remuneración y muchos acaban en la miseria, pasando hambre.
El sector de la confección de países como Bangladés, Camboya, Vietnam, Pakistán y Birmania (Myanmar) lleva en crisis desde principios de marzo. Las marcas de ropa cancelaron sus pedidos y las fábricas echaron el cierre temporalmente.
En Camboya, por ejemplo, las fábricas de confección dan trabajo a más de 800.000 personas, principalmente mujeres, y a finales de abril habían perdido su empleo 100.000 personas. Aunque el gobierno y los propietarios de las fábricas han estado pagando a los despedidos el 60% del salario mínimo (unos 106 euros; 120 dólares USD) desde abril, estas ayudas no podrán prolongarse eternamente, ya que las empresas no seguirán pagando si no aumenta la producción.
En Indonesia, los sindicatos están trabajando en un plan de desempleo dentro de su sistema de protección social, que pretende absorber este tipo de riesgos, así como la pérdida de empleo que la digitalización y el cambio climático provocarán en el futuro.
Desde 2016, la OIT ha iniciado un proceso de mejora de las condiciones laborales en las cadenas mundiales de suministro, que debería desembocar en un nuevo instrumento de la OIT que regule en ellas el trabajo decente. Pero los empleadores se resisten a las medidas vinculantes: sostienen que las empresas no son las responsables de evitar la explotación laboral sino los gobiernos, que son demasiado débiles para aplicar la legislación vigente. Además, se están manteniendo negociaciones en el seno de las Naciones Unidas, la Comisión Europea y los Gobiernos nacionales para elaborar un instrumento mundial jurídicamente vinculante sobre las empresas y los derechos humanos, que obligue a las compañías a asumir responsabilidades por la explotación que se produzca en sus cadenas de suministro, entre otros abusos corporativos.
Restructurar las cadenas de suministro
Existen otras medidas en vigor, como el Acuerdo de Bangladés sobre Incendios y Seguridad de los Edificios, por ejemplo, firmado en mayo de 2013 a raíz del derrumbe del Rana Plaza, que provocó la muerte de más de 1.100 trabajadores del sector de la confección. Dicho acuerdo fue puesto en marcha por los sindicatos y las marcas de moda para proteger de los abusos a los trabajadores y garantizar la seguridad de las fábricas. Entretanto, el programa Better Work de la OIT se ha esforzado por mejorar las condiciones laborales y promover el respeto de los derechos de los trabajadores en países como Indonesia, Vietnam, Camboya y Birmania.
Varias iniciativas sindicales están también contribuyendo de manera significativa al avance del trabajo decente en las cadenas de suministro mediante, entre otras, la firma de acuerdos marco mundiales (AMI). H&M, IndustriALL y el sindicato sueco IF Metall suscribieron en 2015 uno de los AMI más notables, que protege los intereses de 1,6 millones de trabajadores de la confección empleados en toda la cadena de suministro de H&M. En Indonesia, el protocolo sobre libertad de asociación en el sector textil, introducido en 2010, pide a diversas marcas, proveedores y sindicatos que respeten la libertad sindical en las empresas. No podemos dejar de mencionar el programa para el desarrollo de capacidades, dirigido a sindicatos que trabajan en compañías multinacionales en Asia, organizado por el sindicato belga ACV-CSC en Indonesia, Camboya, Birmania, Vietnam y Filipinas.
Cada vez hay más concienciación sobre la necesidad de reestructurar las cadenas de suministro, incluso entre las multinacionales que se benefician del sistema actual.
La combinación de los crecientes costos laborales, las tensiones comerciales, la presión de las organizaciones para que las cadenas de suministro sean más sostenibles, los debates sobre el “decrecimiento” y ahora la crisis de la COVID-19, está animando lentamente a las empresas a diversificar su base de producción y sus proveedores. Algunas están trabajando para desarrollar cadenas más cortas, con menos proveedores; otras están considerando la posibilidad de acercar la producción a sus principales mercados o sedes, y otras están experimentando con otros modelos de producción, como el reciclaje y la reutilización de materiales.
Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que estas cadenas mundiales crean puestos de trabajo en el Sur Global y que los trabajadores de allí perderían sus ingresos si se produjeran cambios extremos en estas cadenas. Es de esperar que los gobiernos y las instituciones internacionales, bajo la presión de los sindicatos y la sociedad civil, aprovechen este período de crisis para comprometerse con un marco jurídico que haga cumplir y garantice el respeto de los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en las cadenas de suministro del futuro. Si no lo hacemos, ponemos en riesgo la oportunidad de conseguir que los derechos humanos, los derechos sindicales y la protección del medio ambiente —implementados a través de medidas vinculantes de diligencia debida en materia de derechos humanos— sean los pilares centrales del mundo del trabajo después de la COVID-19.
