Si Filipinas tiene el marco jurídico, ¿qué más necesita para impulsar una auténtica transición justa?

Si Filipinas tiene el marco jurídico, ¿qué más necesita para impulsar una auténtica transición justa?

En esta foto de septiembre de 2021, Rogelio Oliva posa junto a su ‘jeepney’ de diésel, un vehículo que conduce desde hace veinte años por la ruta Baclaran-Nichols, en el área metropolitana de Manila. Oliva se resiste a cambiar a un ‘jeepney’ eléctrico, como exige el gobierno, por el mayor coste de mantenimiento que le supondría.

(Nonie Reyes)

En 2008, Filipinas aprobó la histórica Ley de Energías Renovables (ER) con el objetivo de reducir las emisiones de carbono del país y aprovechar sus fuentes de energía locales. La ley se diseñó para atraer a los inversores privados mediante incentivos fiscales, a fin de que exploraran las abundantes fuentes de energía naturales de Filipinas, sobre todo hidrotermales, solares, eólicas, de biomasa y oceánicas.

Sin embargo, Filipinas continúa hoy apostando fuerte por el carbón. En la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de Glasgow (Escocia), Filipinas se ha comprometido a reducir un 30% de aquí a 2040 los gases nocivos de efecto invernadero. Pero este nuevo objetivo que se ha marcado el país asiático en su plan de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) supone un retroceso respecto a la promesa original del gobierno de reducir las emisiones en un 70% para 2030.

El carbón representa casi la mitad de la matriz energética de Filipinas y se prevé que alcanzará el 59,1% en 2028, a pesar de que el gobierno decretó en octubre de 2020 una moratoria en la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón. En el país hay, además, 28 centrales eléctricas de carbón a pleno rendimiento y el Ministerio de Energía aprobó otras 22, en el marco de su Plan Energético de Filipinas (PEP) 2018-2040, que pretende impulsar la visión del presidente Rodrigo Duterte de transformar Filipinas en una “una sociedad próspera y predominantemente de clase media para el año 2040”, mediante el aumento de la producción de fuentes limpias de energía local, la disminución del despilfarro energético y garantizando “el equilibrio entre el suministro de servicios energéticos fiables a un precio razonable, el apoyo al crecimiento económico y la protección del medio ambiente”.

Quienes defienden un aumento del uso del carbón arguyen que será imposible lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden sin los combustibles fósiles. Sin embargo, los defensores del clima temen que el mencionado PEP sea incongruente con los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París.

¿Cómo ha pasado Filipinas de ser uno de los primeros paladines de las energías renovables a tener una política energética a largo plazo que la aleja de su prometedora trayectoria “verde”?

“Los intereses creados por el carbón en el país, los erráticos cambios de política y los obstáculos políticos dificultan la transición hacia una senda baja en emisiones de carbono. Aún tenemos una oportunidad viable de encarrilar nuestros compromisos, pero el Ministerio de Energía debe apuntar más alto en materia de energías renovables en su plan energético para 2018-2040 y animar a las eléctricas a abandonar el carbón”, apunta Khevin Yu, activista de Greenpeace Filipinas.

Para Vicente Posada Unay Jr., secretario general del sindicato filipino del sector eléctrico National Union of Workers in the Power Industry (Power), afiliado a la central sindical nacional Sentro, parte del problema radica en que el gobierno no se ha comprometido adecuadamente con las partes interesadas fuera de los círculos políticos y la comunidad empresarial: “La ley [de energías renovables] carece de un proceso de diálogo social o de consulta con los trabajadores y las comunidades, por lo que no prevé una transición justa en la estrategia hacia las energías renovables”.

Para Unay, el proceso de descarbonización debe contar con la participación de todos –desde los trabajadores de las industrias contaminantes hasta los consumidores, pasando por las comunidades y los gobiernos locales– con objeto de evitar los perjuicios que esta pueda infligir a las personas y al medio ambiente. Sin una participación significativa de los trabajadores, el gobierno no podrá alcanzar las metas climáticas a las que se ha comprometido, afirma. “Los trabajadores deben comprender la ciencia del cambio climático para así poder participar activamente en la transición justa”.

Cuando la transición es injusta: el caso de los jeepneys

Una de las medidas introducidas para alcanzar las metas climáticas a las que se ha comprometido el país y, al mismo tiempo, proporcionar a los viajeros filipinos un transporte más seguro, más limpio, más saludable y con un combustible más eficiente ha sido la eliminación gradual de los jeepneys, un modo popular de transporte público desde la ocupación estadounidense en la década de 1900. En 2017, el gobierno introdujo el Programa de Modernización de Vehículos de Utilidad Pública, con la intención de avanzar hacia la sustentabilidad del sector mediante la sustitución por vehículos eléctricos de todos los jeepneys con motor diésel de más de 15 años.

Las medidas afectan a unos 200.000 conductores, muchos de los cuales consideran inasumibles los costes que conlleva el plan de modernización, tildado de “antipobres”. Joshua Mata, secretario general de Sentro, precisa que los trabajadores no se oponen al cambio hacia las energías limpias, pero que “los trabajadores afectados, como los conductores, deben recibir apoyo estatal, a través de subvenciones o préstamos fáciles”, algo que el plan de 2017 no contempla. La confederación sindicatos del transporte afiliada a Sentro, la National Confederation of Transport Workers’ Union (NCTU), intentó apelar la decisión, pero el gobierno se negó a negociar. En respuesta, los miembros de NCTU convocaron una serie de huelgas y protestas a partir de octubre de 2017 que paralizaron el transporte de las principales ciudades del país.

Tras las movilizaciones, Sentro ayudó a la NCTU a formar cooperativas de transporte, que negociaron préstamos blandos por valor de 160.000 pesos filipinos PHP (aproximadamente 3.200 dólares USD) por persona, para ayudar a los conductores de jeepney a cambiar a los vehículos eléctricos. Sin embargo, esta transición está plagada de problemas. Los conductores y las cooperativas de transporte se quejan de la ausencia de un entorno propicio (faltan estaciones de carga y talleres que reparen los e-jeepneys, etc.) además del elevado coste de los jeepneys eléctricos (entre 800.000 y 1.200.000 pesos PHP; el equivalente a entre 15.700 y 23.600 dólares). Los conductores también tienen que asumir gastos adicionales, como los de mantenimiento y las costosas sustituciones de las baterías.

Por si esto fuera poco, después de más de 18 meses de confinamiento en Filipinas (este país ordenó uno de los confinamientos más estrictos del mundo para intentar detener la propagación de la pandemia de covid-19), las familias de los conductores de jeepney, en su mayoría del área metropolitana de Manila, se encuentran entre los trabajadores informales obligados a combatir la pobreza y el hambre, además de la covid. Muchos conductores han tenido que mendigar por las calles para conseguir comida y algunos han convertido sus jeepneys en hogares improvisados, al ser desahuciados tras quedarse sin ingresos.

Rogelio Oliva, de 49 años, conductor de jeepney desde hace dos décadas, se niega a cambiar su vehículo por uno eléctrico, porque no puede asumir los costes de mantenimiento que supone.

“Antes de la pandemia solía ganar más de 1.000 pesos PHP [unos 20 dólares] al día conduciendo entre diez y doce horas. Ahora mis ingresos se han reducido a 500 pesos PHP [unos 9,80 dólares] porque no hay suficientes pasajeros. Si paso a conducir un e-jeepney, mis ingresos serán aún menores”.

Oliva explica que sus colegas de profesión que han optado por un jeepney eléctrico tienen que pagar ahora el coste adicional de funcionamiento de estos vehículos, los 1.500 pesos PHP mensuales (unos 29,50 dólares) que cuesta cargar la batería, además de tener que cargar sus vehículos durante al menos dos o tres horas antes de poder salir a la carretera. También señala que los motores de los e-jeepneys no sobreviven en las anegadas calles de Manila, una ciudad cada vez más propensa a las inundaciones. “Si quiere que cambiemos los e-jeepneys, el gobierno debe ofrecernos mejores alternativas, como concedernos subvenciones para el mantenimiento; de lo contrario no ganaremos lo suficiente para mantener a nuestras familias”, afirma.

“No puede haber una transición justa sin la representación de los trabajadores”

En Filipinas, la emergencia climática es algo más que un tema de conversación. Su propensión a las catástrofes naturales, convierte a este país en uno de los lugares más amenazados por el cambio climático, golpeado por un número creciente de ciclones tropicales, inundaciones y corrimientos de tierra, amén de un aumento del nivel del mar superior a la media.

En Filipinas, un país compuesto por 7.641 islas, se da una media de 21 tifones al año, de los cuales al menos cinco son destructivos. En 2020, uno de los ciclones tropicales más potentes del mundo, el supertifón Goni (Rolly), segó la vida de 32 personas y causó daños por un valor estimado de 415 millones de dólares. En 2013, el supertifón Haiyan, uno de los más mortíferos de los que se tiene constancia, acabó con la vida de al menos a 6.400 personas en todo el país.

El supertifón Rolly, en noviembre del año pasado, causó daños en el suministro eléctrico de la provincia insular de Catanduanes superiores a 120 millones de pesos filipinos PHP (unos 2,36 millones de dólares). Sin embargo, la Administración Nacional de Electrificación (NEA), la agencia gubernamental encargada de apoyar a las cooperativas eléctricas que suministran electricidad a las zonas rurales, sólo proporcionó ayudas en forma de préstamos por valor 20 millones de pesos filipinos PHP (unos 395.000 dólares), lo que obligó a los trabajadores a pedir préstamos comerciales en condiciones más onerosas.

El sindicato Power ha ayudado a los trabajadores de 24 cooperativas eléctricas de todo el país a negociar la inclusión en los convenios colectivos de la sostenibilidad de las operaciones, especialmente durante los desastres naturales. Los convenios colectivos también pretenden proteger estabilidad laboral de los trabajadores en los casos en que la cooperativa cambia a la energía renovable.

Unay afirma que Sentro sigue colaborando con los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, que forman parte de la Junta Nacional de Energías Renovables, para convencer al gobierno de que deje de aprobar las solicitudes de construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón. En 2019, el sindicato también inició un estudio piloto sobre el impacto del cambio a las energías renovables por parte de la Cooperativa Eléctrica de Masbate (Maselco), en la provincia de Masbate. Pero el proyecto se ha pospuesto debido a la pandemia.

Los sindicatos también siguen colaborando con la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Competencias (TESDA) en la aplicación de la Ley de Empleos Verdes de 2016, que prevé la reconversión y la mejora de las competencias de los trabajadores de los sectores manufacturero, agrícola y de servicios. La ley también pretende animar a las empresas a generar y mantener empleos verdes ofreciéndoles desgravaciones fiscales y la importación libre de impuestos de los equipos de capital utilizados en la promoción de los empleos respetuosos con el medio ambiente.

“Los sindicatos son las estructuras de mayor envergadura y tienen la fuerza política suficiente para empujar al gobierno a actuar en materia de justicia climática”, dice Mata, de Sentro. Julius Cainglet, vicepresidente de Educación, Investigación y Asociación de la federación sindical Federation of Free Workers (FFW), afirma que los sindicatos necesitan que el gobierno se implique más, especialmente en la Comisión del cambio climático (el único organismo de elaboración de políticas encargado de supervisar la aplicación de las medidas vinculadas a los compromisos climáticos del país, tal y como se recoge en el Acuerdo de París).

Cainglet señala que, si bien los trabajadores filipinos han desempeñado un papel destacado en los esfuerzos globales en pro de los objetivos climáticos, en las reuniones cruciales sobre el clima celebradas a nivel nacional, se les da de lado. “No puede haber una transición justa sin la representación de los trabajadores en la Comisión del cambio climático”, afirma.

Los jóvenes activistas climáticos también reclaman una mejor representación en dicha comisión. Se les invita a las consultas como observadores, pero no se les da la oportunidad de hacer aportaciones. “Espero que el gobierno se tome en serio la voz de los jóvenes sobre el cambio climático y adopte nuestras aportaciones para la acción”, dice Mitzi Jonelle, coordinadora de campaña de los jóvenes por la acción climática Youth Advocates for Climate Action Philippines (YACAP) y principal organizadora de las concentraciones masivas de estudiantes y jóvenes de toda Filipinas de los Viernes por el Futuro, inspiradas por la activista medioambiental sueca Greta Thunberg.

Lamentablemente, hacer campaña por la justicia climática puede resultar extremadamente peligroso en Filipinas. Según el grupo de derechos humanos Global Witness, con sede en Londres, en 2019 asesinaron en Filipinas a 43 activistas y el país se situó como el segundo lugar más peligroso del mundo para los defensores del planeta y del medio ambiente. La propia Jonelle está “tachada en rojo” –es decir, incluida en una lista negra de objetivos de la Policía y el Ejército, que maliciosamente etiqueta de “comunistas” o “terroristas” a quienes adoptan una postura crítica con el gobierno–, a pesar de que el trabajo de YACAP es pacífico: desarrollan módulos pedagógicos para escuelas sobre el cambio climático y de educación climática para agricultores y grupos de mujeres. “Es aterrador, pero también me indigna esa acusación. La lucha por la justicia climática ya no tiene que ver solo con el medio ambiente: nuestras vidas también están en juego”, concluye Jonelle.

Este artículo ha sido traducido del inglés.

La realización de esta crónica ha sido posible gracias a los fondos de la Friedrich-Ebert-Stiftung y forma parte de una serie de artículos sobre los sindicatos y la transición justa.