The 600 million smartphones currently in use in Europe are responsible for some 14 million tonnes of CO2 emissions, which is more than the annual emissions of Latvia.
Por todo el mundo están surgiendo movimientos a favor del derecho a reparar. El mensaje que todos comparten –desde América y Europa hasta Australia y otros países– es simple: arreglar los dispositivos electrónicos debería ser más fácil que tirarlos a la basura. La Unión Europea parece compartir la misma postura. El año pasado anunció dos planes cruciales: el Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción para la Economía Circular, que reconocen la reparación como una estrategia clave que ayuda a reducir los impactos medioambientales, sociales y climáticos derivados de nuestro incesante consumo. Sin embargo, para despedirnos de la cultura del usar y tirar y adoptar un sistema económico que sea intencionadamente circular se necesitará mucho más que una mera buena voluntad política.
Tras haber penetrado en casi cada aspecto de nuestras rutinas diarias, la tecnología no solo ha transformado totalmente nuestra vida cotidiana, sino que también ha cambiado el modo en que producimos y consumimos hasta que resulta prácticamente irreconocible. Nuestra relación con los dispositivos creados por esta revolución digital, y con el modelo económico lineal de ‘extraer, producir, usar y tirar’ en el que se basa actualmente, supone un coste enorme para nuestro planeta y nuestras sociedades.
Por ejemplo, analicemos el caso de los omnipresentes teléfonos inteligentes. Los 600 millones de dispositivos actualmente activos tan solo en Europa son los responsables de aproximadamente 14 millones de toneladas de emisiones de CO2, una cifra superior a las emisiones anuales de Letonia. Si a esto le añadimos su contribución al flujo de residuos de mayor crecimiento del mundo así como los efectos adversos en el medio ambiente y las comunidades derivados de la explotación minera de los más de 50 metales diferentes necesarios para producir un dispositivo promedio, ya podemos hacernos una idea de la escala del problema.
La idea de que los gobiernos deberían apoyar la reparación de los dispositivos antes de que se conviertan en residuos parece bastante obvia.
Las reparaciones a menudo siguen siendo excesivamente complicadas, caras o simplemente imposibles, aunque resultan fundamentales para reducir la demanda tanto de energía como de recursos, limitar las emisiones cada vez mayores vinculadas a la producción y aumentar la resiliencia de las comunidades locales. Con demasiada frecuencia también se dejan únicamente en manos de los fabricantes. En lugar de recompensar la innovación orientada hacia diseños de larga duración y fáciles de reparar, el actual sistema favorece la tecnología de usar y tirar que se vuelve fácilmente obsoleta y dificulta la vida de los que prefieren reparar sus dispositivos en lugar de tirarlos a la basura.
Es evidente que el mercado por sí solo no va a ofrecer una solución al problema. Aunque los productores tienen que asumir la responsabilidad de los productos que sacan al mercado, tan solo la legislación puede asegurarse de que los dispositivos reparables se conviertan en la nueva norma. Y para lograrlo hay que conseguir que se les otorgue a todos el derecho a reparar.
El auge del movimiento por el derecho a reparar en Europa
Hace algo más de un año, la Unión Europea ocupó los titulares de la prensa tras aprobar las primeras normas que tenían como objetivo combatir los diseños irreparables de nuestras televisiones y electrodomésticos de cocina. Cuando entren en vigor en marzo de 2021, los nuevos requisitos garantizarán que los componentes de las televisiones, frigoríficos, lavadoras y lavavajillas que se estropean con más frecuencia y se venden en Europa sean fáciles de reemplazar y que los reparadores profesionales tengan disponibles piezas de repuesto y manuales de reparación durante un margen de siete y diez años. En esta especie de punto de inflexión, prometieron allanar el camino para que la UE pusiera fin a la actual cultura del usar y tirar.
Estas normas no salieron de la nada. Durante los años previos habían ido cobrando cada vez más fuerza las voces que exigían un cambio de sistema en el ámbito de las reparaciones. Entre ellas, las de los consumidores europeos cada vez más decepcionados por la brevísima vida útil de sus dispositivos y las de los negocios europeos que se dedican al reciclaje, las reparaciones y la renovación y que se enfrentan a un número creciente de obstáculos injustificados.
La Campaña por el Derecho a Reparar constituye un testimonio evidente de dicha frustración. Iniciada por cinco organizaciones en 2019, en el plazo de un año ha crecido hasta incluir a más de 30 socios en 15 países. Todos ellos comparten la firme convicción de que necesitamos medidas urgentes para poner freno al consumo cada vez más excesivo y abordar el tema de la vida útil cada vez más breve de nuestros dispositivos.
El Pacto Verde de la UE y el Plan de Acción para la Economía Circular –las estrategias medioambientales de referencia de la Comisión Europea– asumen una serie de compromisos con el objetivo de abordar la obsolescencia prematura de nuestros dispositivos. Basándose en las normas ya aprobadas, el regulador de la UE se comprometió a ampliar los requisitos de reparabilidad de otros dispositivos de los que se sabe que se estropean con frecuencia –como los smartphones, ordenadores portátiles o impresoras– y a informar mejor a los consumidores sobre la reparabilidad de los productos que compran. Sin embargo, un año después de asumir el cargo, la Comisión de Ursula von der Leyen está teniendo dificultades para cumplir sus promesas.
El primero y más evidente motivo de preocupación tiene que ver con los aplazamientos. Una amplia gama de diferentes propuestas –desde las relacionadas con la electrónica circular hasta el modo en que se proporciona información sobre la sostenibilidad a los consumidores– inicialmente previstas para el año 2020, se han aplazado para finales del año que viene. Así las cosas, aún no se ha presentado ninguna propuesta concreta para mejorar la reparabilidad de nuestros dispositivos, aunque las bases fundamentales para el proceso preliminar de algunos de estos productos, como los ordenadores portátiles, ya se completaron hace tiempo. Von der Leyen empezó a buen ritmo, pero desde entonces ha ido reduciendo la velocidad hasta un lento y desesperante avance.
¿Está amenazado el grado de ambición de los objetivos?
Los aplazamientos son frecuentes en la formulación de políticas. Pero por desgracia, tenemos más motivos para preocuparnos. Varias medidas presentadas recientemente por la Comisión Europea son contradictorias si se comparan con el grado de ambición que prometieron, lo cual nos ha dejado a muchos en un profundo estado de confusión. Una de dichas medidas está relacionada con la reciente propuesta de rebajar algunas de las normas de reparabilidad vigentes para las televisiones, en un claro guiño a las demandas de los fabricantes. Aunque se enfrenta a una gran resistencia por parte de la mayoría de los gobiernos nacionales y, por tanto, es poco probable que se apruebe, dicha propuesta ya es de por sí bastante preocupante.
Y lo que es peor aún, no se trata de un caso aislado. A principios de este año, la Comisión Europea aprobó una iniciativa de autorregulación propuesta por Sony, Nintendo y Microsoft para permitir que las tres empresas se saltaran las normas de reparabilidad. Esto se hizo a pesar de la total falta de compromisos tangibles que favorecieran la facilidad de reparar las videoconsolas e ignorando los llamamientos por parte de los gobiernos de los Estados miembros de la UE y las organizaciones medioambientales para aumentar el grado de ambición.
Dichas incongruencias en el enfoque de la Comisión todavía no han hecho sonar las alarmas. Después de todo, sigue habiendo bastantes elementos que justifican nuestro optimismo.
Tanto el estado de ánimo de los consumidores como la dirección estratégica de la UE parecen indicar que ya es inminente la hora en que cambiará la popularidad de la cultura del usar y tirar. Sin embargo, lo que sí revelan es que el cambio de sistema no será sencillo ni estará exento de trabas.
Debido a la amplia variedad de promesas de alto nivel que han asumido para abordar la obsolescencia prematura de nuestros dispositivos, es normal esperar que los líderes de la UE vayan a practicar lo que predican. Esto significa garantizar no solo que los productos se fabriquen para que duren y se puedan reparar fácilmente, sino también que las reparaciones sean más accesibles, asequibles y comunes –garantizando asimismo que se pueda comparar fácilmente la reparabilidad de los diferentes productos antes de comprarlos–.
Las emergencias ambientales y climáticas exigen medidas audaces y urgentes. Otorgar a la gente el derecho a reparar sus posesiones es un inicio, pero los pequeños avances no serán suficientes: necesitamos el mismo ritmo decidido con el que empezamos hace un año.
