Colombia “sigue siendo el país más mortífero para trabajadores y sindicalistas” con 22 asesinatos entre abril de 2020 y marzo de 2021, según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Las cifras totales de violaciones a los derechos humanos del movimiento sindical se han reducido respecto a los años más cruentos del conflicto, pero ni siquiera con el acuerdo de paz firmado hace cinco años se han eliminado estas violencias.

“La mayor parte de los crímenes siguen sin resolver, ya que el Gobierno sigue sin asignar los medios necesarios para efectuar una investigación oportuna y el procesamiento de los responsables”, dice el informe de la CSI. Además de los hechos de violencia directa, en el país “los empleadores vulneran regularmente el derecho a formar sindicatos y eliminan a los representantes de los trabajadores mediante despidos o no renovando sus contratos”.

En su Sistema de Información en Derechos Humanos (Sinderh), la Escuela Nacional Sindical (ENS) ha registrado 15.430 violaciones a la vida, libertad e integridad de los sindicalistas en Colombia entre el 1° de enero de 1971 y el 29 de septiembre del 2021. Entre estas, el 21,3% son homicidios: 3.288 sindicalistas han sido asesinados en las últimas cinco décadas en Colombia.

Acostumbrados a la violencia

Las amenazas al trabajo sindical en Colombia son tan constantes que quienes ejercen esa labor se han acostumbrado a ellas. Darwin Duque, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc), recuerda que hacia 2013 o 2014 participaba de una negociación colectiva en el hospital de Roldanillo, municipio en el departamento suroccidental de Valle del Cauca. “Ese día en plena negociación llegó un sufragio, un paquete con el que nos amenazaban, que no nos querían ver en el pueblo, que si no nos íbamos iban a rodar cabezas”, cuenta a Equal Times.

Dos semanas antes de recibir esa amenaza, percibió seguimientos en la camioneta de seguridad en la que se movilizaba para entonces. Posteriormente su nombre ha aparecido en amenazas colectivas a través de comunicados o de mensajes de texto. Estas se han vuelto parte de la cotidianidad de Duque y de decenas de dirigentes sindicales. “Cuando hablo con compañeras y compañeros que han sufrido amenazas veo que uno abusa con el tema de la tranquilidad”, dice.

En 2019 el Estado le retiró el esquema de seguridad que le había asignado: un vehículo blindado y dos escoltas. Le dejaron un hombre de seguridad personal, pero como Darwin no tiene automóvil, sino que se moviliza en su moto, ese escolta no puede viajar con él porque “no le permiten hacerlo”.

De esa normalización de la hostilidad antisindical también da cuenta Martha Alfonso, maestra que ocupa la segunda vicepresidencia de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). “Uno a veces ni se da cuenta de que también es víctima”, dice ella, quien tiene a cargo el seguimiento a la situación de derechos humanos del sindicato.

Cuenta que este año la buscaron porque querían entrevistar a una mujer sindicalista víctima. Ella empezó a buscar contactos, hasta que le aclararon: “No, es que la estamos llamando a usted. Usted aparece en el registro de amenazadas”. El largo inventario de amenazas que acumula en su contra en más de 15 años de actividad sindical pasó desapercibido: “Es tan tenaz que uno considera que estar amenazado por ser sindicalista es un gaje del oficio”.

Las amenazas son el tipo de violación a los derechos humanos de los sindicalistas que más se ha presentado en la historia reciente de Colombia. La ENS registra 7.598 casos que representan el 49,2% de todas las violaciones de derechos (a la vida, la libertad y la integridad de sindicalistas): 75% contra hombres y 25% contra mujeres.

La violencia contra el sindicalismo en Colombia es “un fenómeno sistemático, selectivo e histórico”, plantea la ENS en su más reciente Cuaderno de Derechos Humanos. Si bien está marcada por un conflicto armado de más de medio siglo de duración en el país, esta organización considera que su comprensión no se agota allí, “sino que, por el contrario, se expresa a través de lógicas, modalidades, dinámicas y características propias”.

Como resultado, se han registrado en cinco décadas de conflicto y posconflicto –además de las amenazas y homicidios– 1.954 desplazamientos forzados, 783 detenciones arbitrarias, 740 hostigamientos, 431 atentados, 253 desapariciones forzadas, 196 secuestros, 110 torturas y 74 allanamientos ilegales contra sindicalistas.

Las dinámicas que permiten explicar estas violaciones a los derechos sindicales van desde la lucha territorial de los actores armados, la retórica social contrainsurgente y la “corrección ideológica” ejercida principalmente por las guerrillas, hasta las regulaciones de los conflictos laborales y el control social y político que se pretende ejercer sobre el sindicalismo.

La paradoja de estas cifras es que su prevalencia ha desactivado la discusión pública sobre su gravedad. “El reconocimiento social de este fenómeno, el reconocimiento político, la verdad y la memoria históricas son una tarea pendiente aún”, nos dice la socióloga Viviana Colorado, integrante del área de defensa de derechos de la ENS. La cobertura realizada por la mayoría de los medios de comunicación masivos tiene su cuota de responsabilidad, continúa Colorado, tanto por la ausencia de registro y seguimiento de los hechos como por el enfoque usado cuando sí se registran, en muchos casos omitiendo la identidad sindical de las víctimas.

Hacer memoria y buscar justicia

“Alrededor de 487 organizaciones sindicales han sido víctimas de violencia en Colombia”, asegura Viviana Colorado. El acuerdo de paz entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC creó un sistema de justicia transicional que, para la investigadora, abrió una ventana de oportunidad para el sindicalismo colombiano para “avanzar en la tarea de que se reconozcan y se esclarezcan esos hechos, que se sienten precedentes para que se pueda superar la violencia antisindical y la impunidad que cubre este tipo de crímenes”, que es superior al 90%, afirma. Al tocar esa ventana, los sectores sindicales han partido de este principio:

“No estamos hablando de un hecho del pasado, sino de un fenómeno que persiste”, asegura Colorado.

La ENS acompañó esta labor a través de la construcción de informes de varias de las principales organizaciones para entregarlos al sistema de justicia para la paz, principalmente a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un organismo extrajudicial con el mandato de construir en tres años (2019-2021) un informe general sobre el conflicto armado.

Fueron 13 los informes entregados a la CEV en agosto de 2020. Estos le servirán a esa institución como insumo para el informe general sobre el conflicto armado que debe presentar a mediados del año 2022, y en el cual los sindicatos esperan aparecer representados. Hasta el momento, según respuesta de la CEV a Equal Times, la CEV ha recibido un total de 72 informes que incluyen hechos de violencia a sindicalistas o a organizaciones sindicales: seis remitidos por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y 66 recibidos directamente.

Según la ENS, alrededor del 90% de las violaciones contra el sindicalismo afectaron directamente a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y sus filiales. Esta organización presentó un informe que recoge alrededor de 3.000 homicidios contra miembros de esa organización. Francisco Maltés, presidente de la CUT, cuenta que esperan que frente a estos hechos se den reparaciones individuales a las familias, pero también una reparación colectiva “porque el Gobierno tiene que aceptar y desarrollar una política para que lo que se perdió fruto del asesinato de dirigentes sindicales se recupere”. El proceso de reparación colectiva es todavía incipiente.

La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), las otras dos centrales del país, también presentaron informes. Algunos sindicatos que presentaron informes autónomos fueron Anthoc, sobre las violaciones a los servidores de la salud; Sintraunicol, sobre los trabajadores de las universidades públicas; la Unión Sindical Obrera (USO), sobre las afectaciones a sus miembros; Fecode, sobre las persecuciones a los docentes; Sintraofan, sobre las ejecuciones extrajudiciales a sus miembros; un informe sobre las violencias contra las mujeres sindicalistas construido por tres centrales (CUT, CGT y CTC) y Fecode; y un informe más general y explicativo presentado por la ENS.

Entre las conclusiones presentadas en esta documentación se afirma que en la mayoría de los casos de violencia no se conoce un presunto responsable. “De los restantes han sido los paramilitares y los organismos estatales los principales presuntos responsables. La guerrilla y los empleadores también hacen parte de la lista”, dijeron entonces las organizaciones. Por ello, la participación ante el sistema de justicia transicional es también un llamado de los sindicatos a que las instituciones de justicia llenen esos vacíos que se traducen en impunidad y ayuden a construir la memoria histórica de hechos escasamente documentados como el desplazamiento forzado, el exilio y la casi desaparición de sindicatos enteros.

Desde San Alberto, Cesar, Arturo Rincón Sarmiento, empleado de Indupalma y vicepresidente de la seccional de Sintraproaceites en ese municipio del norte del país, cuenta que cuando comenzaron a llevar a cabo las reuniones para construir el informe que presentaron a la CEV sobre las afectaciones a los trabajadores del sector palmicultor, “algunos compañeros no se apuntaron porque había un temor a nombrar a Juancho Prada [exjefe paramilitar] y al Bloque Central Bolívar sabiendo que muchos de ellos todavía están en la región”.

Aunque el papel de los grupos paramilitares en la victimización de centenares de sindicalistas en el Cesar está probado en sentencias judiciales, y aunque el presente es mucho menos violento que el pasado según afirma Rincón, el temor quedó instalado. Además, Sintraproaceites se ha visto diezmado por la liquidación voluntaria de la empresa Indupalma, pues a través de “arreglos” la mayoría de empleados renunció de forma voluntaria. Rincón cuenta que hacia los años 80 eran cerca de 2.000 trabajadores. Hoy quedan 72 luchando por mantener el contrato directo con la compañía en lugar de un contrato por tercerización.

Según el más reciente Cuaderno de Derechos Humanos de la ENS, cerca de un 15,7% de violaciones a derechos sindicales se han dado en sectores de agricultura, caza y pesca, ligados a la ruralidad.

Un informe presentado a las entidades del sistema de justicia transicional que da cuenta de esto es el de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), nacida en 1976. Allí señalan que las regiones donde más fuertemente los golpeó la violencia fueron la región Caribe, el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño –donde fue “prácticamente exterminada”– y el departamento de Meta.

Esa Federación documenta la ocurrencia de 572 homicidios, “de los cuales 403 habrían sido presuntamente cometidos por grupos paramilitares” y otros 107 por agentes estatales”. Por eso, afirma que Fensuagro “hoy es una de las organizaciones sindicales agrarias con mayor número de integrantes asesinados en su historia”, en una dinámica que no ha cesado, pues los sectores rurales son los más golpeados por la reconfiguración de los actores armados después del proceso de paz.

Pese a la gravedad y representatividad de estos crímenes, existe una dificultad en su reconocimiento como violencia antisindical por parte del Estado, pues desde 2014 tomó la decisión de calificarlos como violencia contra campesinos, y no como violencia contra sindicalistas, cuenta Viviana Colorado. Algo similar ocurre con los maestros, pues la violencia contra estos no indaga por su participación sindical, sino que se queda en el ejercicio de esa profesión. Esa es una de las razones que explican que en la última década se haya dado un descenso en los casos de violencia antisindical. Otra razón, dice Colorado, es que efectivamente algunos hechos se han reducido en intensidad respecto a las décadas anteriores.

Según el registro de la ENS, de 1990 a 1999 hubo 1.518 homicidios. En la década siguiente fueron 1.045 y de 2010 a 2019 otros 283. “Un solo caso debería generar preocupación”, dice Colorado, quien también advierte que existe un subregistro, pues los maestros que ya no se cuentan representan históricamente el 45,6% de hechos de violencia y ahora no se incluyen, pero también por las dificultades que la pandemia ha significado para la documentación de casos en terreno.

El caso de los maestros también demuestra las dificultades de hacer memoria en medio de la persistencia de la violencia. Fecode presentó en 2019 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal transicional) el informe La vida por educar, que documenta casos de violencia contra docentes sindicalizados entre 1986 y 2010. “Ese año [2019] tuvimos varios asesinatos y amenazas. Cuando estábamos en junta nacional mataron a un rector. Entonces decidimos hacer una caravana por la vida, a raíz de eso nos amenazaron las famosas Águilas Negras”, cuenta Martha Alfonso. Ese grupo, cuya existencia niega el Estado, suele firmar amenazas a líderes sociales de distintos sectores. En diciembre recibieron otra amenaza, y les llamó la atención que entre las “razones” que la argumentaban estaba la presentación del informe. Por eso, ella intuye que la búsqueda de verdad y justicia ha sido uno de los elementos que han aguzado los hostigamientos en contra de los miembros del sindicato de maestros de Colombia.

Un presente de estigmatización

Además del informe a la justicia transicional, la amenaza contra Fecode en diciembre de 2019 resaltaba otro elemento: la participación del sindicalismo en el estallido social que comenzó en noviembre de ese año y que ha tenido varios momentos de efervescencia hasta 2021. Así como el paro nacional ha continuado, los hostigamientos también. Martha Alfonso señala que ha habido “unas campañas brutales en las redes sociales” contra Fecode, sindicato al que sectores del partido oficialista Centro Democrático han llamado “Farcode”, para sindicarlo de tener relación directa con la antigua insurgencia de las FARC.

Uno de los puntos más altos de la creciente estigmatización contra los docentes por su participación en movilizaciones sociales y por la defensa de una educación crítica fueron las amenazas contra los directivos de Fecode. Estas llevaron a que en junio de 2021 Nelson Alarcón, expresidente del sindicato y miembro del comité del paro nacional que negociaba con el Gobierno de Iván Duque, dejara el país por cerca de 40 días. Al regresar, aseguró que las amenazas de muerte continuaban. En octubre, las centrales obreras señalaron que durante el paro se cometieron al menos 32 hechos de violencia contra líderes sindicales.

Francisco Maltés considera que la estigmatización es “el elemento previo al asesinato. Siempre que hay procesos de estigmatización es previsible que habrá violencia, no solamente la muerte del dirigente sindical, también el exilio, también el silencio”.

Por su parte, Viviana Colorado señala que, según el seguimiento de la ENS, pese a que hoy se documentan menos amenazas que antes, “la violencia está más focalizada en la dirigencia sindical”. Mientras que en el pasado era cerca del 30% de los casos contra directivos y líderes visibles, para 2020 el 90% de los casos de violencia fueron contra sindicalistas con estos perfiles, dice la investigadora.

Uno de los departamentos donde las amenazas se han agudizado a raíz de las recientes protestas es Valle del Cauca, uno de los epicentros del paro nacional y de las regiones donde más abusos de fuerza policial se presentaron. El directivo de Anthoc Darwin Duque cuenta que a inicios de septiembre una sindicalista de Yumbo, integrante de la junta directiva de ese municipio, recibió una amenaza directa y una agresión física por parte de un hombre y una mujer. “Esa subdirectiva estuvo muy activa en el marco del paro”, cuenta Duque para esbozar una hipótesis sobre las razones detrás de esa amenaza. Coincide en señalar que las amenazas se vienen concentrando en personas con labores de dirigencia en los sindicatos.

El presente del sindicalismo colombiano está lejos de ser alentador. Los 9 homicidios, 4 atentados, 52 amenazas, 25 hostigamientos y 11 detenciones arbitrarias ocurridas en 2021, hasta octubre, son ejemplo de esto. En mayo de 2021, Colombia volvió a ser llamada por la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para rendir cuentas sobre la libertad sindical a raíz de las denuncias de violencias luego de la firma del acuerdo de paz. Viviana Colorado califica este llamado como “una alerta” en un país donde los sindicatos rechazan la impunidad de las violencias del pasado mientras luchan por sobrevivir a las violencias del presente.