Sin los resultados prometidos, Macri mantiene el ajuste y encuentra “culpables”

Sin los resultados prometidos, Macri mantiene el ajuste y encuentra “culpables”

El primer año del macrismo exigió sacrificios al país. El desempleo subió a 8,5% tras una ola de despidos iniciada en el sector público. La inseguridad laboral avanzó: 43% de las personas temen perder su empleo. La desigualdad también: los más ricos ganan en promedio 26,5 veces lo que los más pobres. En esta imagen de 14/07/2016, manifestantes protestan contra el "tarifazo".

(AP/Victor R. Caivano)

El presidente Mauricio Macri cerró su primer año de gestión con resultados opuestos a los anunciados –tras la investidura– y un cambio de ministros que no modifica la política de ajuste.

Las opiniones sobre la gestión están divididas: mientras que Macri, autoevaluándose, calificó su primer año con un 8 sobre 10, los argentinos que evalúan negativamente la gestión casi duplican a quienes la ven positiva. Además, según una reciente encuesta para Clarín, el 51,6% de los argentinos acusan el incumplimiento de las promesas de campaña.

Recesión e inflación combinadas y en sus picos desde 2003 demandaban “culpables”: dentro del Gobierno, los menos comprometidos con la “austeridad”. Alfonso Prat-Gay fue echado del Ministerio de Hacienda y Finanzas, e Isela Costantini de la dirección de Aerolíneas Argentinas, ambos criticados en el Gobierno por “no trabajar en equipo” y por su “gradualismo” al ajustar; e implícitamente presentados como responsables de la falta de resultados.

El reparto de culpas también recayó sobre los responsables de la administración anterior, por la “herencia recibida” –que el macrismo proponía inventariar al asumir, aunque luego no lo hizo–, y sobre la población de migrantes.

 

Balance económico del primer año del macrismo

En una gestión económica dividida entre varios ministros, la disconformidad no parece ligada al ministro saliente: la estrategia de su área prácticamente no fue modificada. Prat-Gay es un economista de prestigio, principalmente por su desempeño al frente del Banco Central cuando comandó el rescate del sistema cambiario, monetario y financiero poscrisis de 2001, y su moderada heterodoxia le permitió navegar las aguas del Gobierno de Néstor Kirchner.

En la gestión Macri, Prat-Gay encaró exitosamente el acuerdo por la deuda en default con los llamados fondos buitre, desarmó rápidamente el temido control cambiario sin generar corridas (grandes movimientos devaluatorio en los mercados) contra el peso, y concretó un blanqueo impositivo de capitales récord (práctica polémica pero extendida para captar parte de los inmensos recursos que no son declarados al fisco, concediéndoles amplios perdones y ventajas para intentar que tributen a partir del blanqueo).

Desde la oposición, el exministro de Economía Axel Kicillof acusó al Gobierno de incumplir previsiones y promesas: “Anunciaron inflación de 20-25% y terminamos con 45%; crecimiento de 1%, y hay una caída de 2-3%. Y cero despidos, pero superan los 200.000”. Kicillof culpó a las políticas de ajuste, aunque no a la inflación y la devaluación reprimida al final de su gestión.

Efectivamente, el primer año del macrismo exigió sacrificios al país. El desempleo subió a 8,5% tras una ola de despidos iniciada en el sector público. La inseguridad laboral avanzó: 43% de las personas temen perder su empleo. La desigualdad también: los más ricos ganan en promedio 26,5 veces lo que los más pobres.

En un país, Argentina, donde un 32% de la población es pobre, el Gobierno descartó su promesa de lograr “pobreza cero”, e incluso vetó la Ley Antidespidos que sancionó el Congreso.

Para 2017, impulsa flexibilización laboral y congelamiento del empleo público. Según la ONG Chequeado, sólo el 10% de las promesas de campaña de Macri han sido cumplidas, y un 25% han sido notoriamente incumplidas.

 

Las políticas aplicadas: cómo se llegó allí

Las medidas más polémicas incluyeron aumentos de tarifas de servicios públicos, energía y transporte. Estos incrementos, de hasta 400%, pusieron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, en la lista de funcionarios más impopulares (también por haber beneficiado desde su cargo, según diversas publicaciones, a la filial argentina de Shell, de la cual fue presidente).

Tampoco fue exitosa la política antiinflacionaria del ministro de Producción, Francisco Cabrera: el traslado de la devaluación a los precios fue de entre 60% y 100%.

Menos notoria fue la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones de la minería y el agro. Este impuesto representaba uno de los principales ingresos del fisco, y reducía los precios internos de los productos afectados.

Las mineras y los consorcios agroexportadores también se vieron favorecidas por una devaluación que a la fecha ronda el 70%.

Desde la heterodoxia –versión local de “pensamiento económico progresista”–, un informe de ADG responsabiliza a la ortodoxia (neoliberalismo), al sostener que, tras “el tarifazo y la devaluación, el Gobierno impulsó un ajuste del gasto y el empleo públicos (...y..) una política monetaria antiinflacionaria (…) en un contexto recesivo, como respuesta a una inflación que, en su mayoría, no tenía origen fiscal ni monetario. El resultado: estanflación, una anomalía para la ortodoxia que insiste con recetas inadecuadas para ese escenario”.

¿Sirvió, sin embargo, el ajuste para hacer el futuro crecimiento más cercano y sostenible? El efecto parece el opuesto: el déficit de cuenta corriente aumentó un 35% y el fiscal llegó al 5% del PIB. El endeudamiento también registra récords desde la crisis.

 

Las soluciones de Macri

Tras las elecciones norteamericanas, tomó impulso “la cuestión extranjera”, en medio del malestar por el desempleo y la inseguridad. Proliferaron menciones sobre el “costo” que los inmigrantes imprimen al sistema educativo y al de salud, su “acaparamiento” del trabajo de los argentinos y a su relación con el delito.

Si bien los inmigrantes representan un 5% de la población carcelaria y un 4,8% de la total, y unos 1.300 son expulsados anualmente por antecedentes penales, el Gobierno reformó las leyes migratorias para dar trámite sumarísimo a la deportación de delincuentes. La ministra de Seguridad habló de “paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga”.

Pero lo que el Gobierno no modifica es el rumbo económico.

Tras el tarifazo de 2016, las tarifas volverán a subir, 68% hasta marzo. Y nuevamente en noviembre. Para algunos heterodoxos, el agravamiento de la macroeconomía sería funcional a una agenda neoliberal recargada con más ajuste, privatizaciones y desregulación, justificadas por una situación fiscal y financiera comprometida.

Entre los ortodoxos, Marina Dal Poggetto, pronostica “saltos significativos en la obra pública en el primer semestre”. En el segundo habrá elecciones parlamentarias que el Gobierno necesita atravesar sin deteriorar su posición legislativa ya minoritaria. Pero otros, como José Luis Espert, opinan que 2017 será bueno “por lo malo que fue 2016. La Argentina sólo recuperará lo perdido”.

Antes del nuevo tarifazo, el FMI recortó en un quinto su pronóstico de crecimiento para 2017. Se ignora cómo afectará esta nueva presión sobre el consumo y la producción. Macri es optimista: “Argentina sigue siendo el país con mayor potencial de crecimiento”.

Del otro lado de la llamada “grieta” –denominación popular de la división profunda y con rasgos de intolerancia que separaba a progresistas y conservadores en tiempos del kirchnerismo–, se sospecha que el crecimiento seguirá siendo “potencial”, pero no una “realidad”, si el ajuste persiste.

La grieta parece aún estar lejos de cerrarse.