La lentitud con la que el Ministerio de Educación de Kenya está respondiendo a las presiones de las distintas instancias educativas para que ordene el cierre de la controvertida empresa de educación con fines de lucro Bridge International Academies (BIA) continúa suscitando una enorme preocupación.
Bridge International es la mayor cadena de escuelas de enseñanza primaria y pre-escolar del mundo. Según su página web, quiere llegar a los “700 millones de familias (en todo el planeta) que viven con menos de dos dólares al día”. Posee cientos de centros escolares en Nigeria, Kenya, Uganda y la India, que acogen a más de 100.000 niños y niñas, siguiendo un modelo de “una escuela en una caja, basado en la tecnología, que nos permite mantener unos precios tan bajos”.
El mes pasado, la Internacional de la Educación (IE), la federación mundial de sindicatos de docentes, junto al sindicato keniata Kenyan National Union of Teachers (KNUT) presentaron el informe Bridge vs Reality: a study of Bridge International Academies’ for-profit schooling in Kenya (Bridge frente a la realidad: un estudio sobre la enseñanza con fines de lucro impartida por Bridge International Academies), que analiza la comercialización y privatización de la educación en Kenya, donde Bridge International posee más de 400 centros escolares y emplea a más de 4.200 personas.
El estudio revela que la enseñanza que ofrece Bridge International es “de mala calidad, inaccesible a los más pobres y a los estudiantes con necesidades especiales” y la imparten “docentes sin cualificación, sobrecargados de trabajo y que se limitan a seguir un guion (elaborado en Estados Unidos) que leen en tabletas”.
El informe insta al gobierno keniata a velar por que los proveedores de enseñanza no estatales cumplan plenamente la normativa nacional.
“La legislación keniata dispone la contratación de docentes cualificados y que se imparta un programa conforme con los requisitos nacionales, en centros educativos y con instalaciones que satisfagan las normas estatales relativas a la seguridad y la infraestructura escolar”.
Durante la presentación del informe en Nairobi, el pasado diciembre, el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Fred Matiang’i, declaró que el Gobierno keniata continúa en conversaciones con la compañía estadounidense.
“Estamos manteniendo una intensa colaboración con las escuelas Bridge International y avanzando hacia la conclusión de nuestra iniciativa… Pronto les daremos información. No dejen de consultar este espacio”, afirmó Matiang’i.
En una entrevista telefónica con Equal Times, el Secretario General del KNUT, Wilson Sosion, expresó su inquietud por la respuesta del Ministerio.
“No deberíamos estar discutiendo sobre Bridge International. Se debería de haber ordenado el cierre de toda esta cadena de escuelas. El Ministro debe actuar de inmediato, en lugar de dejar que se pudra el sector educativo”, dice Sosion.
Colegios insalubres, docentes no cualificados
El informe de IE/KNUT se elaboró tras el cierre de 63 colegios de Bridge International en Uganda, con 12.000 alumnos matriculados, ordenado en noviembre por el Tribunal Superior del país. La juez Patricia Basaza Wasswa declaró que los colegios eran insalubres, no tenían las licencias pertinentes y sus docentes carecían de cualificación.
Además, en marzo del año pasado, el Gobierno de Liberia anunció un controvertido programa piloto que dejaría la gestión de toda la educación primaria del país en manos de una asociación público-privada formada por negocios de la educación, como Bridge International, y varias ONG.
Bridge International está financiado por el Banco Mundial, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, sus siglas en inglés) e inversores de primer orden, como la mayor compañía privada de enseñanza del mundo, Pearson PLC, Mark Zuckerberg, de Facebook, y la Fundación Gates. Sin embargo, los sindicatos de docentes llevan tiempo refutando que este sistema es la pretendida varita mágica que resuelve el problema del acceso a la educación de los más pobres.
En mayo de 2016, el investigador canadiense Curtis Riep fue arrestado en Kampala, Uganda, por investigar la labor de Bridge International en el país. Según el Washington Post, el episodio “sacó a la luz a la compañía y su funcionamiento”.
En el informe de IE/KNUT sobre Kenya, los sindicatos afirman que la realidad desmiente que las escuelas de Bridge International en Kenya sean tan baratas como proclaman. Uno de los ejecutivos de Bridge International admitió que, aunque la compañía afirma cobrar sólo entre 5 USD y 6 USD al mes, las familias acaban realmente pagando entre 20 USD y 25 USD mensuales por cada curso académico.
El sistema educativo keniata está en crisis, como sucede en muchos países del Sur. No hay suficientes plazas escolares, los docentes están sobrecargados de trabajo y mal remunerados y las infraestructuras y aulas son inadecuadas y están infradotadas.
En septiembre de 2015, la ONU adoptó a bombo y platillo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de los principales, el Objetivo 4, Educación, propugna una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos, durante toda la vida.
Además, el Gobierno keniata ha presentado el plan Kenya Vision 2030, para convertir a Kenya, en los próximos 20 años, en un país de ingresos medios, que ofrezca una vida de calidad a toda su ciudadanía. Para cumplir sus objetivos educativos, el Gobierno ha prometido contratar más docentes y mejorar su formación, construir más escuelas, mejorar y rehabilitar las existentes y modernizar el programa de estudios.
Problemas de coherencia y de calidad
Este es el telón de fondo que ha llevado al Gobierno keniata a buscar compañías con ánimo de lucro para ayudarle a educar a la juventud.
Pero los establecimientos de Bridge International –que comenzaron su andadura en 2009, en el asentamiento informal de Mukuru, en Nairobi— están rompiendo la coherencia del sistema, ya que los docentes no siguen el programa del Ministerio de Educación, que se imparte a través de los libros de texto del Instituto de Educación de Kenya (KIE).
“No prohíben utilizar los libros del KIE. Si nos descubren utilizando material del KIE nos deducen el salario de ese día (aproximadamente 471 chelines keniatas o 4,60 USD). Al imponernos impartir exclusivamente las notas que nos proporcionan no nos permiten salirnos del guion, si el departamento de calidad nos pilla, seríamos sancionados”, explica uno de los profesores de Bridge International en el informe de EI/KNUT.
También se cuestiona la competencia de sus docentes. El informe cita estudios que revelan que “para ahorrar dinero, BIA contrata principalmente personal no cualificado —la mayoría apenas ha completado el bachillerato— que no ha seguido el curso de capacitación para la docencia reconocido oficialmente, y al que BIA ofrece una formación de entre 2 y 5 semanas antes de empezar a enseñar”.
Esto contraviene la ley keniata, admite Matiang’i. “No se puede impartir clases en ninguna escuela del país sin la acreditación de la Comisión de Servicios Docentes, afirma. Incluso los profesores que vienen de colegios internacionales tienen que ir al Ministerio para que les aprueben sus credenciales antes de ser acreditados”.
Angelo Gavrielatos, Director de Proyectos de la IE, explica a Equal Times que la rápida expansión de las compañías educativas responde al simple afán de hacer dinero.
Estas empresas consideran la educación no como un derecho humano fundamental sino como un mercado potencialmente lucrativo y poco explotado, valorado entre 4,5 y 5 billones de USD al año, una cifra que se prevé aumentará a entre 6 y 7 billones de USD anuales en los próximos años.
“No están ahí por razones altruistas sino para beneficiarse de los pobres explotando las aspiraciones de las familias y de los propios niños y niñas”, afirma Gavrielatos, quien añade que este segmento de la población gasta una media de 80 USD al año en escuelas privadas de bajo costo, lo cual representa un mercado de 64.000 millones de USD costeado por las familias.
“El modelo de ‘una escuela en una caja’ de Bridge International está diseñado para reducir costos, ampliar rápidamente los servicios y aumentar la tasa de rentabilidad. Pero también implica ignorar las normas legales y educativas fundamentales, incluyendo la contratación de docentes no cualificados, el incumplimiento del programa escolar oficial, la utilización de métodos pedagógicos inadecuados, y centros escolares inapropiados y sin acreditación”, explica Gavrielatos a Equal Times.
