Miles de trabajadores y trabajadoras griegos protestaban contra las nuevas medidas de austeridad, mientras una controvertida nueva ley que eliminaría miles de puestos de trabajo en el sector público estaba siendo aprobada en el Parlamento por una mayoría mínima, este miércoles.

La cuarta huelga general en lo que va de año fue convocada por ADEDY y GSEE, las federaciones sindicales del sector público y del privado, respectivamente, que representan conjuntamente a alrededor de 2,5 millones de trabajadores.

La huelga estuvo precedida por protestas de los docentes y personal educativo contra los despidos y cierres de escuelas.

Las organizaciones sindicales ADEDY, GSEE y miembros del sindicato de trabajadores municipales POE-OTA, organizaron además un mitin en el centro de Atenas el martes por la mañana, seguido de una marcha hasta el edificio del Parlamento.

Nikolaos Kioutsoukis, Secretario General del mayor sindicato griego, GSEE, dijo a los manifestantes: “Ustedes los políticos, atados a la troika, han violado nuestras almas, han destruido nuestras vidas”.

“No pongan a prueba nuestra paciencia por más tiempo. Pasamos hambre, no tenemos trabajo y somos pobres. No tenemos nada que temer y nada que perder”.

“No más sacrificios”

La acción de los trabajadores y trabajadoras de la educación fue la última de una serie de huelgas y protestas por parte de trabajadores que se enfrentan al desempleo, a recortes salariales y a una pobreza en aumento.

Las huelgas del martes afectaron el transporte municipal, la recogida de basuras, los vuelos domésticos, los servicios bancarios y la atención hospitalaria. La Acrópolis, principal atracción turística de Atenas, cerró sus puertas temprano. Además, los empleados municipales, que también se verán afectados por las nuevas medidas de austeridad, llevan en huelga desde el lunes.

Sin embargo, el servicio de ferry hacia las islas griegas, crucial durante la estación turística del país, no se vio afectado.

PAME, el sindicato perteneciente al Partido Comunista Griego (KKE) organizó su propia concentración por separado.

Frente al Parlamento de Atenas, los manifestantes coreaban “No más sacrificios” y ondeaban pancartas donde podía leerse “Despidan a la troika” en referencia al trio compuesto por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha venido acordando créditos al país durante los últimos tres años, a cambio de unas duras medidas fiscales e implacables reformas estructurales.

La aprobación del proyecto de ley de reforma del servicio público era un requisito previo impuesto para desbloquear la última tanda de dinero del rescate de la Unión Europea y el FMI, que asciende a más de siete millones de euros.

Según cifras policiales, al menos 16.000 manifestantes se registraron en Atenas y 7.000 en Tesalónica, la segunda ciudad del país, cuando la conflictiva nueva ley dicta la reubicación (“movilidad”) de miles de funcionarios públicos, incluyendo agentes de la policía municipal, que ya se habían visto afectados por importantes recortes salariales y de pensiones en los últimos tres años.

Vasilis Polymeropoulos, Vicepresidente de ADEDY calificó el proyecto de ley de “trágico error”, justo antes de que fuera aprobado.

Costas Askounis, líder de la Unión de Ayuntamientos de Grecia que también se sumó a las protestas, indicó: “No nos oponemos a las reformas. Pero a lo que sí nos aponemos es a la completa abolición de instituciones como la policía municipal o el personal de vigilancia en las escuelas estatales”.

Como resultado directo de la votación, 4.200 funcionarios públicos, incluyendo docentes, guardianes de escuelas y policías municipales, entrarán en el denominado “programa de reserva de movilidad” quedando sometidos a traslados involuntarios y posibles despidos.

Recibirían el 75 por ciento de su salario durante un período de ocho meses, al término del cual, de no haber aceptado su traslado a otro departamento administrativo, se arriesgarían a perder su empleo.

El sindicato mayoritario GSEE calificó el proyecto de ley de “losa” para los trabajadores griegos, impuesta por el FMI y los otros países que utilizan el euro.

Desempleo récord

Hasta el momento, el sector público griego se había librado de los recortes laborales que han afectado al resto de la economía griega – y que situaron el desempleo en el 27 por ciento – desde que el país obtuvo su primer rescate internacional en 2010.

Sin embargo, ahora el Gobierno se ha visto obligado a adoptar la nueva legislación y recurrir a más recortes – 15.000 despidos para finales de 2014 y 12.500 funcionarios sujetos al sistema de movilidad – para que Grecia pueda recibir el siguiente paquete de fondos de rescate internacionales.

Parte de la cuota de despidos se produjo el mes pasado, cuando el Gobierno cerró la cadena estatal ERT, despidiendo a más de 2.600 empleados.

Como resultado del cierre intempestivo de la cadena, el Gobierno conservador liderado por Antonis Samaras perdió a uno de sus socios en la coalición el mes pasado y gobierna actualmente con una mayoría reducida de cinco escaños en el Parlamento.

Grecia, el primer país en recibir un rescate de la Unión Europea hace más de tres años, está luchando por controlar su enorme deuda pública.

La economía griega ha entrado en su sexto año consecutivo de recesión, con tasas de desempleo que se sitúan en un máximo histórico del 27 por ciento.

La tasa de parados entre los jóvenes alcanzó la cifra récord del 64 por ciento.

El Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, visita Atenas el jueves para discutir sobre las medidas de austeridad en el país.

El Gobierno griego ha anunciado que todas las huelgas y manifestaciones en Atenas quedarán prohibidas durante la visita de Schäuble.