En Piquiá de Baixo, un barrio bajo de la localidad de Açailândia, al norte de Brasil, la vida de más de 1.000 personas está en peligro debido a la enorme contaminación y deforestación provocada por la extracción de hierro y acero.
La comunidad local, compuesta por 1.100 personas (380 familias), acordó trasladarse a cinco kilómetros de las empresas responsables de los graves daños medioambientales.
Más de 1.000 personas están en peligro debido a la contaminación y la deforestación masivas provocadas por la extracción de hierro y acero en la brasileña Piquiá de Baixo
Ya tienen una parcela de terreno para reconstruir el nuevo barrio y cuentan con la autorización del Gobierno federal.
Sin embargo, la persona que tiene que dar luz verde al proyecto final es la alcaldesa de Açailândia, Gleide Santos. Hasta ahora se ha negado a hacerlo.
Por tanto, la comunidad de Piquiá, junto a la Alianza Internacional de Habitantes, ha puesto en marcha una campaña mundial para ejercer presión sobre la alcaldesa Santos y la gobernadora del estado de Maranhão, Roseanna Sarney, con el objetivo de que acepten dar la autorización final a los planes de reasentamiento.
¿Cómo pueden vivir ahí?
El padre Dario Bossi es un misionero comboniano que lleva cuatro años apoyando la lucha de la comunidad de Piquiá.
“La campaña para reasentar a la comunidad fuera de la zona industrial se inició hace siete años, pero sus causas tienen raíces más profundas y antiguas, ya que se remontan a 1987, cuando la industria siderúrgica abrió cinco fábricas en la zona”, explicó a Equal Times.
“Una fábrica la cerraron, pero las otras cuatro han arrasado prácticamente con toda la selva amazónica que rodeaba el distrito”.
“Primero cortaron los árboles, pues necesitaban carbón para poner en marcha los hornos de 30 metros de altura que funcionan las 24 horas del día para fundir la materia prima mineral y producir el llamado ‘arrabio’, que se exporta principalmente a EE.UU. y cada vez más a China”.
“Hoy en día el carbón se utiliza menos, pero todavía se está deforestando la selva para cultivar eucaliptos, que también se usan como combustible para los hornos”, afirma el padre Dario.
La deforestación de la selva amazónica es solo parte del problema. Durante un cuarto de siglo, los habitantes de Piquiá han tenido que enfrentarse a las ingentes emisiones de CO2 y de agentes contaminantes provenientes de las chimeneas erigidas en sus patios traseros.
Esto ha provocado graves problemas de salud y muertes prematuras, debido a las afecciones respiratorias y a un elevado índice de ciertos tipos de cáncer entre la población.
“Además del humo y las partículas provenientes del proceso de refinado, los habitantes de Piquiá tienen que sufrir la contaminación provocada por los camiones que se usan para transportar el hierro y la que esparce el viento que sopla desde las montañas circundantes”, añade el misionero comboniano.
“Asimismo, utilizan el agua de la zona para refrigerar las instalaciones y vuelven a arrojarla a los ríos a temperaturas muy altas y llena de metales pesados, lo cual resulta increíblemente dañino para el ecosistema”.
En un estudio realizado hace dos años por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el 65% de los habitantes de Piquiá declaró que sufre de fiebres constantes y el 70% que siempre tiene dolor de garganta.
“Cuando vamos allí a celebrar nuestras reuniones para la campaña siempre volvemos con irritaciones cutáneas y catarros.
Nos sentimos sucios al salir de la zona. Y nosotros solo estamos allí durante un par de horas. ¿Puede imaginar cómo se sienten los que viven en el distrito?”, se pregunta el padre Dario.
El negocio de la minería
Piquiá de Baixo es solo una de las numerosas zonas afectadas por la presencia de grandes empresas dedicadas a la extracción de hierro y acero en Maranhão, uno de los estados más pobres de Brasil.
Sobre una línea ferroviaria de 900 km viaja el tren de mercancías más largo del mundo, de 4 km de largo y compuesto por 330 vagones y cuatro locomotoras.
Se utiliza para transportar el mineral extraído desde las minas hasta São Luis, el mayor puerto comercial de América Latina.
El tren necesita dos kilómetros para frenar. Además, una media de una persona muere en sus vías cada mes, ya que la línea ferroviaria no dispone de protección a lo largo de la mayor parte del trayecto.
La mayor empresa minera de la zona es Vale, que opera en 38 países y en 2012 fue votada la peor multinacional del mundo en términos del impacto social y medioambiental que causa, por la Declaración de Berna, una organización suiza de desarrollo sostenible.
Los beneficios que obtiene la industria siderúrgica en esta zona son enormes; ascienden a entre 50 y 60 millones de US$ al día. Por una tonelada de hierro refinado pueden ganar hasta 140 US$, cuando todo el proceso de extracción y refinado solo les cuesta 17 US$.
El papel de los sindicatos
La campaña para el reasentamiento de Piquiá ha dado sus frutos. Ya se ha diseñado un proyecto de vivienda y urbanismo para la nueva comunidad y se han obtenido fondos federales.
El municipio de Açailândia debe cumplir con su parte y otorgar la autorización para que el reasentamiento se lleve a cabo en la práctica.
Sin embargo, la administración local todavía duda, pues no quiere invertir dinero en construir una escuela o una clínica y aún está negociando la indemnización con el antiguo propietario de las tierras.
Asimismo, la campaña ha logrado recabar el apoyo de la asociación sindical local que representa a los trabajadores del sector siderúrgico.
Hace dos años, dichos trabajadores se declararon en huelga para reclamar mejores salarios y horarios laborales, pero luego decidieron apoyar a la comunidad de Piquiá e incluyeron sus problemas medioambientales en las demandas de los trabajadores.
El apoyo de los trabajadores ha sido esencial para el reciente progreso de la campaña.
Sin embargo, “la cuenta atrás para salvar a Piquiá de Baixo sigue adelante”, advierte el padre Dario.
“Realmente esperamos que por fin la alcaldesa pase a la acción”.
