Las organizaciones no gubernamentales de Reino Unido se enfrentan cada vez a más críticas por no pagar el salario mínimo nacional a sus trabajadores en prácticas, aunque ya se han publicado informes sobre el aumento de los salarios de los altos directivos en este sector.

La semana pasada, el periódico The Telegraph reveló que la cifra de altos directivos empleados en las 14 principales ONG de Reino Unido que cobran salarios superiores a 100.000 libras esterlinas al año ha aumentado de 19 a 30 en los últimos tres años.

Esta noticia salió a la luz después de un informe sobre prácticas no remuneradas en el tercer sector, publicado en mayo por las organizaciones Unite the Union e Intern Aware, que reveló que más de un tercio de los 50 principales empleadores del tercer sector en Inglaterra y Gales no pagan a sus trabajadores en prácticas.

James Lazou, el responsable de las investigaciones de Unite the Union, afirmó que algunas de estas organizaciones se niegan a pagar a los jóvenes trabajadores/as a pesar de que disponen claramente de los recursos para hacerlo:

“En otras palabras, muchas organizaciones no gubernamentales pueden pagar a sus trabajadores/as en prácticas, pero deciden no hacerlo.

Se escudan en la ambigüedad presente en la legislación sobre el salario mínimo para evitar pagar a sus empleados por el trabajo que hacen y al mismo tiempo excluyen a la gente que no puede permitirse trabajar gratis”.

El informe, titulado ‘Interns in the Voluntary Sector: Time to end exploitation’ (Trabajadores en prácticas en el sector voluntario.

Es hora de acabar con la explotación), exige que a los trabajadores en prácticas se les pague el salario mínimo nacional, que actualmente asciende a 6,19 libras esterlinas la hora para los mayores de 21 años.

Asimismo, un análisis del Gobierno llevado a cabo por la antigua presidenta de la organización National Society for the Prevention of Cruelty to Children, Dame Mary Marsh, concluyó que las prácticas no remuneradas discriminan a los candidatos más pobres y son responsables de cierto elitismo en el sector.

Desalentados y falta de respeto

Chris (nombre falso) es un licenciado de 26 años que lleva desde septiembre buscando trabajo en el tercer sector tras acabar un máster de desarrollo internacional.

Actualmente está realizando sus quintas prácticas sin remunerar trabajando a tiempo completo en una ONG en Londres y empieza a desmoralizarse.

“Normalmente me convocan a una reunión donde me dicen que no pueden ofrecerme un puesto de trabajo, por lo que las prácticas se acaban. En la mayoría de los casos, nunca hubo ninguna perspectiva de conseguir un empleo”, denuncia.

Tras un duro proceso de contratación (en el que tuvo que someterse a más de una entrevista), Chris consiguió su actual puesto como coordinador de medios de comunicación en prácticas.

Asiste con regularidad a reuniones de la junta directiva y asegura que le exigen un alto nivel de responsabilidad.

“He creado un proyecto de video y soy el jefe del mismo.

Solo es un proyecto pequeño, pero a todos los miembros de mi equipo les pagan y todos son empleados…

Además de tener que asistir a todas esas reuniones y hacer ese trabajo, tengo que llamar al banco cada mes para intentar que sean más comprensivos con mi situación económica”.

A pesar de su entrega a la organización, Chris afirma que no se han reconocido sus esfuerzos y siente que sus superiores no le tratan con respeto.

“En una ocasión pregunté si podía tomarme varios días libres para ir a visitar a mis padres.

Me dijeron: ‘Tendremos que preguntárselo a los de Recursos Humanos’.

Hace poco anunciaron un puesto remunerado como responsable de comunicaciones sin avisarme primero”, afirma.

Según el grupo de acción Intern Aware, las historias como la de Chris abundan. Libby Page, responsable de campañas y políticas de Intern Aware, asegura que se trata de un problema que el tercer sector debe empezar a resolver:

“Al no pagar a sus trabajadores en prácticas, las organizaciones no gubernamentales se arriesgan a limitar las posibilidades de sus empleados y el talento al que pueden acceder. Resulta especialmente importante para el sector voluntario reconocer estos asuntos, ya que al abordar temas de bienestar es importante garantizar el bienestar del propio personal”.

La Charity Commission, que regula las organizaciones no gubernamentales en Inglaterra y Gales, afirma que está estudiando las recomendaciones contenidas en el análisis del Gobierno realizado por Dame Marsh, el cual insta al tercer sector a adoptar un modelo de contratación más ético.

Tallulah Perez-Sphar, una portavoz de la Commission, nos advirtió que los miembros de los consejos de administración deben evitar tomar decisiones que puedan socavar la reputación del sector:

“Las ONG están sometidas a la Ley de empleo, al igual que el resto de las organizaciones. Sin embargo, la Commission recomienda a los miembros de los consejos de administración que tengan presente su responsabilidad para proteger la reputación de las ONG y que adopten una postura para poder defender sus decisiones de las críticas demostrando que han tenido en cuenta los asuntos relevantes, han recibido asesoramiento cuando procedía y han tomado la decisión que tomaría cualquier consejo de administración razonable”.