El 22 de agosto, el Gobierno de Brunei iniciará la 19ª ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT), un enorme pacto comercial y de inversiones entre doce países de Asia y el Pacífico, incluidos toda Norteamérica, Australia, Malasia y Vietnam. El último país en acceder al mismo ha sido Japón.

Aunque los doce países están ansiosos por firmar el acuerdo antes de la Cumbre de los Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, que se celebrará en octubre en Indonesia, es poco probable que se pueda realizar a tiempo.

Con vistas al ingreso de Japón, Estados Unidos anunció el lunes que están haciendo todo lo posible para presentar a Japón una oferta de reducción arancelaria antes de septiembre.

En Japón también se puede sentir la tensión: el Gobierno ha preparado un ejército de 100 negociadores en un intento por ponerse al día con las negociaciones que ya han tenido lugar entre los otros gobiernos.

Sin embargo, por importantes que sean los aranceles para el comercio, las negociaciones se centran en aspectos no comerciales, como el logro de una ’coherencia normativa’ y de una ’neutralidad competitiva’.

El acuerdo no solo tiene como objetivo abrir los mercados de los productos y servicios para los doce socios, sino también establecer ‘directrices horizontales’ que dicten cómo se implementarán las normas y qué normas son innecesarias.

Por ejemplo, si un gobierno quiere aplicar normas más estrictas en lo relativo a los residuos de pesticidas en las frutas, tendrá que demostrar que el resultado deseado no se puede lograr con medios no normativos.

Entonces, se animará al gobierno a que lleve a cabo una ’evaluación del impacto normativo’ (EIN) para medir los costes y beneficios de la normativa.

La EIN es un vestigio de la agenda de liberalización de la era de Reagan, diseñada para aplicarse a nivel nacional.

Uno de los problemas es que, aunque los costes comerciales se pueden calcular fácilmente en términos monetarios, los beneficios sociales, como la salud pública y la protección del medio ambiente, resultan difíciles de calcular.

En lo relativo a estos asuntos, los gobiernos deberían tener libertad para tomar decisiones basándose en criterios políticos, culturales y sociales, y no solo en términos económicos.

Tribunales misteriosos

El AAT también creará tribunales especiales donde los inversores privados podrán presentar demandas contra gobiernos soberanos que apliquen políticas que afecten directa o indirectamente a sus inversiones o beneficios esperados.

Las medidas como el aumento de salarios, la protección de la salud pública mediante leyes antitabaco, la aplicación de políticas de energía limpia o incluso la aplicación de leyes nacionales se podrán apelar.

Los tribunales los gestionará una misteriosa camarilla de bufetes de abogados que desempeñará las funciones de juez un día y de jurado al día siguiente.

La historia demuestra que simplemente amenazando con utilizar un tribunal de este tipo, una empresa puede conseguir amedrentar a un gobierno que quiera diseñar o aprobar nuevas políticas o normas.

Los inversores extranjeros gozarán de un inmenso poder gracias al AAT, aunque éste carece de mecanismos para que los inversores cumplan con sus responsabilidades.

El AAT podría marcar una diferencia para eliminar los comportamientos abusivos de las empresas, como la explotación de trabajadores y trabajadoras, las malas condiciones laborales, las prácticas comerciales desleales contra los pequeños productores y la corrupción de los funcionarios estatales.

Sin embargo, los negociadores han mantenido estas cuestiones fuera de la agenda.

Los gobiernos del AAT están incluso metiendo la pata en lo relativo a los mercados financieros.

Tras la crisis económica, los gobiernos aprobaron leyes para volver a regular algunas de las funciones de los mercados de capitales; como por ejemplo, la ley Dodd-Frank en Estados Unidos.

La AAT y otros acuerdos comerciales regionales, como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, ofrecen una puerta trasera para que el gran capital evite las nuevas normativas y vuelva a la exuberante toxicidad financiera que hundió al mundo en la recesión.

El acuerdo dedica un capítulo en concreto a los servicios financieros que tienen como objetivo seguir liberalizando los mercados de capitales.

Se espera que estos limiten la capacidad de los gobiernos para usar normas y medidas que fomenten las inversiones productivas y protejan contra la especulación.

Los gobiernos sufren presiones para que renuncien a su competencia para proteger su balanza de pagos con controles de capital en caso de desequilibrios extremos, haciendo caso omiso de las investigaciones del FMI que demuestran la utilidad y necesidad de dichas herramientas.

Patentes de los medicamentos

También preocupa el hecho de que los negociadores en Brunei vayan a debatir la ampliación de las patentes de los medicamentos.

Sin pruebas convincentes, algunos gobiernos alegan que otorgar más protección a las patentes médicas potenciaría la innovación.

En realidad, esto significaría costes adicionales para los pacientes y mayores cargas para los presupuestos sanitarios.

Los incentivos para la innovación ya son elevados y ampliar las patentes podría tener un efecto contrario, ya que frenaría las inversiones en investigación y desarrollo y desviaría los fondos para investigación a los abogados en lugar de a los científicos.

Queda claro que los gobiernos se están jugando mucho en estas negociaciones. Un acuerdo que no consiga abordar este y otros muchos problemas provocará daños que serán difíciles o imposibles de solucionar.

Para que sea un acuerdo inclusivo, las partes negociadoras deben establecer normas aplicables en materia de trabajo, medio ambiente y conducta empresarial para que los beneficios derivados del comercio se puedan distribuir de forma justa, en lugar de otorgar excesivos derechos a las empresas.

El movimiento sindical ha estado participando en numerosas rondas de negociación, intentando promover estos objetivos.

Los gobiernos deben hacer entrar en vereda a sus negociadores antes de que sea demasiado tarde.

Los trabajadores y trabajadoras de Asia y América han manifestado su preocupación en este nuevo video producido por la federación sindical nacional de Estados Unidos, la AFL-CIO: www.aflcio.org/fair-tpp.