El año pasado 409.849 personas fueron deportadas de los Estados Unidos por el Gobierno del Presidente Barack Obama.

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS/ICE), el promedio mensual de deportaciones asciende actualmente a 30.791, incluidos más de 8.500 padres de ciudadanos estadounidenses menores.

A lo largo de los últimos cinco años, el ICE ha auditado los registros de más de 2.000 empleadores, emplazándolos a despedir a los trabajadores en situación migratoria irregular, prescripción prevista en la ley estadounidense desde 1986.

No solo aumenta el número de indocumentados: el número de “trabajadores con contrato temporal”, traídos a los Estados Unidos con visas que condicionan su estancia en el país a su empleo, también crece.

El número de migrantes con visas de trabajo temporales que trabajan en los Estados Unidos oscila entre 700.000 y 900.000.

Entre los más notorios programas de visado figuran el H2A y el H2B, que han sido calificados de “regímenes análogos a la esclavitud” por el Southern Poverty Law Center, que ha documentado numerosos casos de abuso de los derechos de los trabajadores.

El Secretario de Seguridad Interna de Bush, Michael Chertoff, se refirió a esta aparente contradicción, aclarando que era como “cerrar la puerta trasera y abrir la delantera”.

Los controles estrictos desalentarían la migración ilegal y forzaría a los migrantes a adherirse a los programas de contratación temporal, afirmó.

Los controles estrictos y los programas de contratación temporal forman parte de los planes de reforma general en materia de migración (CIR) impulsados tanto por los gobiernos de Bush como el de Obama.

En abril, el Senado de EE.UU. aprobó otro proyecto de ley en el marco de la CIR, el S. 744, que intensifica los programas de contratación temporal y establece un sistema de puntos para la asignación de visados sobre la base de las aptitudes requeridas por las empresas empleadoras.

Una propuesta similar sigue aparcada en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Pese a que el Congreso no ha podido aprobar ninguno de esos proyectos de ley, los gobiernos estadounidenses sucesivos han utilizado sus poderes ejecutivos para imponer, unilateralmente, mayores controles y deportaciones, recurriendo con más frecuencia a los programas de contratación de mano de obra temporal.

 

DAN

A principios de octubre se celebrará en la ciudad de Nueva York la reunión del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo (DAN).

Las organizaciones sociales de la Acción Global de los Pueblos sobre Migración (PGA) se reunirán simultáneamente con el fin de proponer un programa progresista sobre los derechos de los migrantes.

Esas reuniones resaltan la incapacidad del Congreso estadounidense de actualizar las leyes nacionales en materia de migración, y ponen de manifiesto que el Congreso y el Gobierno vuelven hacia atrás mientras que las comunidades de migrantes en el resto del mundo procuran avanzar.

En un informe del Secretario General de la ONU de julio de 2013, por ejemplo, se manifiesta mucha más preocupación por el respeto de los derechos de los migrantes que en el Congreso estadounidense.

Con todo, en el informe se aprecia también que muchos países consideran que los ingresos que los migrantes envían a sus países de origen constituye una fuente de desarrollo económico, que suple las carencias engendradas por los programas de reforma económica neoliberales, que obligan a recortar gastos básicos.

Se asume pues que los migrantes deben servir como reserva internacional de mano de obra.

En el informe se señala que “los Estados Miembros deberían incorporar la migración en los planes nacionales de desarrollo [y en] las estrategias de reducción de la pobreza”. En realidad es un eufemismo para describir las políticas de exportación de mano de obra en los países en desarrollo y los programas de contratación temporal de mano de obra en los países desarrollados.

Una de las principales reformas propuestas en el informe es que se facilite la transferencia de remesas.

Por otra parte, oponiéndose a la percepción de que los migrantes son una reserva de mano de obra, la PGA critica la importancia que se concede a los programas de contratación temporal y a las políticas de los mercados en lo tocante a la reglamentación de los “canales legales de migración”.

Por el contrario, propone un “análisis crítico del modelo circular migración/mano de obra temporal, que incluye los programas de contratación temporal y de exportación de mano de obra como modelo de desarrollo económico, la dependencia de las remesas y los modelos que tratan a los trabajadores como mercancías”.

Las Naciones Unidas y la PGA coinciden en que la migración debe despenalizarse, aunque las soluciones propuestas por PGA son más radicales, ya que incluyen el fin de las deportaciones masivas y las detenciones, y un mayor énfasis en los derechos de los trabajadores.

La PGA pide también que se incluyan los “factores desencadenantes” de la migración al definir los derechos de los migrantes.

En México, por ejemplo, las organizaciones de migrantes, como el Frente indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), han hecho un llamamiento a favor del “derecho a no migrar” por un desarrollo económico que ofrezca la alternativa a la migración forzosa, y de cambios políticos para la consecución de ese fin.

 

Medidas básicas de protección

Algunas de las medidas básicas de protección de los migrantes ya están codificadas en los convenios de la ONU y la OIT, en especial la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que hace extensivos los derechos humanos básicos a todos los migrantes y sus familiares sin distinción.

Ese instrumento apoya el derecho a la reunificación familiar, establece el principio de "igualdad de trato" en materia de empleo y educación respecto de los ciudadanos del país de acogida, protege a los migrantes contra la deportación colectiva y asigna la responsabilidad de proteger esos derechos tanto a los países de origen como a los de destino.

Todos los países mantienen el derecho de determinar a quién habrán de admitir en sus territorios y en qué condiciones las personas adquieren el derecho a trabajar.

Ningún gobierno estadounidense ha solicitado su ratificación por el Congreso.

Por el contrario, el debate sobre la reforma en el Congreso ha enfrentado a los partidarios de una reforma general que incluya mayores controles, programas de contratación temporal y una regularización limitada de indocumentados (alternativa “liberal”) a los partidarios de controles más estrictos, incluso un aumento de los programas de contratación temporal y ninguna regularización (alternativa conservadora).

Las alternativas progresistas que preconizan la protección de los derechos de los migrantes son descartadas por ser políticamente imposibles.

El proyecto de ley del Senado S. 744, penaliza aún más la migración, obliga a los empleadores a verificar la situación migratoria de sus trabajadores mediante el recurso a una base de datos electrónica y exige una identificación fotométrica para la obtención de un empleo.

Al mismo tiempo, se erosiona el sistema de reunificación familiar, fruto de las luchas del movimiento de derechos civiles en EE.UU., colocando las necesidades laborales de los empleadores por encima de las relaciones familiares.

Si bien el proyecto de ley incluye un programa de regularización al que se oponen los Republicanos conservadores del Congreso, una gran proporción de los 11 millones que necesitan regularizar su situación no tendrían derecho a hacerlo debido a las limitaciones que se imponen, como las exigencias de ingresos, que penalizan a los pobres.

Si el texto se promulga tal como fue redactado, millones de trabajadores que no pueden optar a la regularización estarían sujetos a controles más estrictos y se verían ante la imposibilidad legal de trabajar.

Los trabajadores en posición vulnerable por ser indocumentados o tener contratos temporales tendrían más dificultades para organizarse, lo que posibilitaría que los empleadores impusieran salarios bajos.

 

Propuestas de los Republicanos

Las propuestas de los Republicanos en la Cámara de Representantes son aún peores.

Varios de ellos estarían a favor de eliminar las escasas restricciones que se imponen en los actuales programas de contratación temporal de mano de obra, rebajando los salarios, suprimiendo la garantía de vivienda y la obligación de que los empleadores contraten preferentemente a trabajadores nacionales que a extranjeros.

Otro proyecto de ley permitiría que los estados aprobaran sus propias sanciones para las personas indocumentadas y recurrieran a la policía local para hacer aplicar la ley, haciendo reinar el terror entre las comunidades de migrantes.

Las propuestas legislativas de los Demócratas y los Republicanos se hallan en un punto muerto.

Sin embargo, mientras el Congreso está paralizado, las deportaciones y los despidos siguen produciéndose.

La AFL-CIO, junto con muchas otras organizaciones, ha recogido firmas pidiendo al Gobierno que suspenda las deportaciones hasta que concluya el debate.

“La actual crisis de las deportaciones posibilita que millones de trabajadores de bajos ingresos sean objeto de abusos por parte de sus codiciosos empleadores, dividiendo a las familias y comunidades”, afirma el Presidente de la AFL-CIO, Richard L. Trumka.

En Washington DC, las organizaciones nacionales de defensa de los migrantes y los sindicatos nacionales han llamado a una gran movilización para forzar a los Republicanos a permitir que haya una votación en la Cámara de Representantes sobre un proyecto de ley análogo al S. 744.

Sin embargo, la inclusión a última hora de una dotación de 48.000 millones de dólares EE.UU. para financiar el aumento de las medidas de control de las fronteras y de los centros de trabajo en el proyecto de ley del Senado causó indignación entre muchas organizaciones.

Una de ellas, Community2Community, se encarga de la defensa y organización de los trabajadores agrícolas en el norte de Seattle, cerca de la frontera con Canadá.

“Nos oponemos a un proyecto de ley que beneficia los intereses empresariales y penaliza a los migrantes que quieren trabajar y buscan empleo”, señaló su representante. Se mostró sumamente crítico contra “nuestros dirigentes políticos que crean un grupo de migrantes de segunda clase al que no permiten tener acceso a prestaciones ni a la ciudadanía, pero al que sí exigen que pague impuestos”.

Otras organizaciones preconizan una estrategia política diferente.

“Lo que nos preocupa no es solo nuestra propia regularización, sino que tendremos otros 25 años de controles y un mayor número de trabajadores temporales”, advierte Lillian Galedo, Directora del centro Filipino Advocates for Justice, y activista en la Campaña por la Dignidad, que propone un programa alternativo parecido al de la PGA.

“Como conocemos las consecuencias de esas medidas, pensamos que el punto de partida idóneo para la reforma de la migración es un debate sobre lo que realmente quieren y necesitan las comunidades de migrantes, y sobre lo que sabemos que puede aportar una solución real a los problemas sociales relacionados con la migración”.

La Acción Global de los Pueblos sobre Migración y el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo también ofrecen alternativas al estancamiento sobre la cuestión de la migración en el Congreso estadounidense.

El examen de las alternativas progresistas podría ser decisivo para el debate en los Estados Unidos.

Los que el Congreso y el Gobierno llaman realismo político es el realidad un par de tapones que les impiden oír las voces que reclaman en todo el mundo que se concedan más derechos a los migrantes y se les trate como seres humanos, y no como reserva de mano de obra para las empresas.

A escala mundial esas voces son la mayoría: el 99%.