Este miércoles, los líderes del mundo reunidos en la asamblea general de la ONU asistirán a un ‘evento especial’ de la ONU para analizar la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a partir de 2015.

Cuando la ONU creó los ODM en el año 2000, la salud era una de las piedras angulares del programa.

Pero, ¿cuáles serán las prioridades de la salud en el período posterior a 2015?

A diferencia de hace casi quince años, cuando se negociaron los actuales ODM, el contexto mundial del desarrollo ha cambiado de manera sustancial.

La crisis financiera y económica ha afectado gravemente a los presupuestos para el desarrollo en muchos de los llamados ‘países donantes’.

Además, los países emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los llamados BRICS) están desempeñando ahora un papel mucho más destacado para ayudar a definir la agenda mundial de la salud.

En las negociaciones en curso sobre la agenda posterior a 2015, un objetivo en concreto relacionado con la salud se encuentra entre las prioridades: la cobertura sanitaria universal, que reemplazará a los actuales ODM sobre mortalidad infantil y sida, así como sobre malaria y tuberculosis.

La cobertura sanitaria universal significa que todos los habitantes de un país en concreto podrán recibir la asistencia sanitaria que necesiten sin correr el riesgo de arruinarse financieramente para pagarla.

Según Andrew Cassels, director de estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la comunidad sanitaria mundial apoya la inclusión de un solo objetivo sanitario amplio.

“Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que la actual situación de los ODM, bastante privilegiada, con tres objetivos relacionados con temas específicos de salud, no necesita repetirse”.

Entonces, ¿cómo funcionará el objetivo de la cobertura sanitaria universal posterior a 2015?

El contenido concreto del objetivo todavía se está negociando, pero ya podemos vislumbrar algunos puntos.

En la reunión de la ONU de esta semana relativa a los ODM, los organizadores exigirán una nueva forma de gobernanza socialmente responsable en materia de salud.

Una gobernanza que incluya enfoques que vayan más allá de las medidas en materia de salud impulsadas por el mercado.

“Un ejemplo de una de estas medidas en materia de salud no impulsadas por el mercado es la opción de un mínimo de protección social”, explica Zusanna Muskat-Gorska, asesora política de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

“Esta opción debe ser universal, equitativa y sostenible y hacer especial hincapié en el papel de los servicios públicos de calidad”.

Los sindicatos son firmes partidarios de la agenda posterior a 2015.

“Exigimos compromisos específicos sobre el empleo (‘trabajo decente para todos’) y la protección social. Luego queremos que se incluyan algunos temas de salud”, explica Muskat-Gorska.

“Además, hacemos hincapié en que la salud está absolutamente relacionada con las consecuencias y factores determinantes sociales y económicos.

Por tanto, no se puede tratar aislada de los compromisos en materia de protección social. La salud se puede considerar un indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental”.

Todavía no está claro qué lugar ocuparán el sida y el VIH en la agenda posterior a 2015.

El VIH sigue siendo uno de los indicadores más sólidos para definir las desigualdades en el ámbito de la salud en todo el mundo.

Incluso hoy en día, el África subsahariana sigue siendo el hogar del 67% del total de personas que viven con el VIH y del 90% de los niños y niñas recién infectados.

“El sida sigue siendo un tema de injusticia social”, afirma Muskat-Gorska. “Lo consideramos un reflejo de la discriminación, los estigmas y la desigualdad económica.

Salta a la vista que el marco posterior a 2015 debe responder a este reto. Y tampoco debemos perder de vista las lecciones aprendidas”.

Entonces, ¿qué pueden hacer los sindicatos?

“Actuamos como catalizadores de un progreso más amplio en materia de salud y desarrollo, para demostrar que la salud debe reconocerse como un derecho humano y un bien público en todo el mundo.

Por tanto, en el marco posterior a 2015 el énfasis debe recaer en las responsabilidades de la comunidad internacional, los gobiernos nacionales y otras partes interesadas como garantes”.