Los sanitarios celebran la paralización cautelar del proceso de externalización de seis hospitales madrileños.

“Nosotros tenemos claro que hay que continuar las movilizaciones y que éstas deben ser sostenibles en el tiempo, unitarias y masivas.

Se trata de mantener la presión hasta que se consiga parar totalmente el plan privatizador”, explica Sergio Fernández Ruiz, vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid (FADSP).

FADSP es una de las distintas plataformas convocantes de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, desde la que se alerta que “se está produciendo una drástica reducción del presupuesto público, las desigualdades sociales en salud se están incrementando”.

Seis hospitales en el ojo del huracán

A comienzos de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó de forma cautelar la privatización de seis hospitales, tras el recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Estos centros dan servicio al 18 por ciento de la población de la Comunidad de Madrid con tarjeta sanitaria, en ellos trabajan 5.000 profesionales sanitarios y suponen transacciones económicas de decenas de millones de euros.

“No hay ningún argumento que permita asegurar que se va a ahorrar y mantener la calidad de la actual asistencia sanitaria, pero sí hay ejemplos como el del Reino Unido en el que una privatización similar llevó a un deterioro irreversible de la sanidad pública y al sufrimiento de miles de personas”, afirman desde AFEM.

El miércoles 25 de septiembre el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, quitó hierro a las manifestaciones y defendió su proyecto como "una medida que tenía un componente muy importante de ahorro, de reducción de costes manteniendo muy altos los niveles de calidad".

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se enfrenta a una veintena de recursos en los tribunales, afirman que su modelo supone “un ahorro de un 20 por ciento sobre el coste actual, lo que se traduce en alrededor de 170 millones de euros anuales para los 6 hospitales”.

No se trata del primer hospital de gestión privada pero en el contexto de austeridad y crisis en España, la situación de la Comunidad de Madrid es clave por tres motivos “la importancia numérica, la visibilidad y el hecho de que se trate de la primera acción generalizada de privatización”, afirma Fernández Ruiz.

Indefensión de los trabajadores sanitarios

“Hemos estado 200 días encerrados en el hospital desde noviembre de 2012 hasta enero de 2013, hemos participado junto a la ciudanía en marchas de 14 km desde el municipio de Coslada hasta Madrid, en las mareas blancas, hemos recogido firmas… nos sentimos muy arropados”, afirma José María González, enfermero desde hace tres años en el Hospital del Henares en Coslada, uno de los seis hospitales afectados.

La empresa privada Sanitas les anunció a finales de agosto que renegociaría los contratos con los trabajadores.

“Desaparecerían complementos por nocturnidad, cambio de turno o días festivos”, afirma González. Ahora las negociaciones se han paralizado.

“Estamos orgullos del servicio que prestamos a 150.000 ciudadanos desde este hospital y queremos mantener su calidad”, explica el enfermero.

¿Mismo servicio a un menor coste?

Tanto desde el Gobierno nacional como desde el regional insisten en su objetivo: “dada la falta de recursos económicos actual, ofrecer los mismos servicios sanitarios públicos a un menor coste”.

Sin embargo, ya han surgido voces que alertan sobre las consecuencias de estas políticas.

“Según el informe 2013, Los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas, se han detectado tres consecuencias: un aumento de las listas de espera, tanto del tiempo de demora media como del número de personas en lista de espera, un número importante de personas con bajos recursos que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan por los copagos (entre el 12 y el 16 por ciento) y un empeoramiento de la opinión de la ciudadanía sobre el funcionamiento del servicio sanitario público”, expone Fernández Ruiz.