Una coalición de 53 eurodiputados se unió la semana pasada al Lobby Europeo de Mujeres (LEM) para reclamar que se termine con lo que describen como “un obstáculo para la igualdad entre mujeres y hombres y una violación de los derechos humanos”.

Este obstáculo es la prostitución, y, desde su lanzamiento en diciembre de 2012, la campaña del LEM ‘Juntos por una Europa libre de prostitución’ ha conseguido el apoyo de unas 200 organizaciones en 32 países.

El LEM ha hecho hincapié en que eso no significa penalizar a los trabajadores/as del sexo sino que se trata de solicitar a los Estados miembros de la UE que tomen medidas enérgicas contra las personas que hacen posible la prostitución: los chulos, los traficantes – y los clientes.

Otras recomendaciones incluyen el desarrollo de alternativas y programas de salida para los trabajadores/as del sexo, la prohibición de la compra de actos sexuales, la sensibilización y educación del público, políticas de prevención en los países de origen de las mujeres víctimas de la trata, y la promoción de la igualdad y la sexualidad positiva.

“Nosotros creemos que en la gran mayoría de los casos las mujeres no eligen la prostitución”, dice Pierrette Pape, Coordinadora de Campañas del LEM.

“De lo contrario, ¿por qué, incluso en países donde la prostitución está legalizada, se necesitarían estrategias de salida?

No se precisa ningún programa de salida para los banqueros, los docentes o los policías, [entonces] ¿por qué se necesitaría este tipo de programa si ser prostituta no es más que un trabajo como otro cualquiera?”

Por este motivo, Pape dice que no hay término medio a la hora de abordar algo que el LEM considera como una forma de abuso.

“En la UE hay dos enfoques distintos con respecto a la prostitución: el regulacionismo, en países como Alemania y los Países Bajos, donde la prostitución está despenalizada; y el abolicionismo, implementado en Suecia, Noruega e Islandia, donde los chulos y los usuarios de prostitutas son sancionados.

“Nosotros estamos a favor del segundo enfoque, y está clarísimo que, en última instancia, la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres.”

“Indiferencia total”

Esta postura implacable es rechazada de lleno por el International Union of Sex Workers (IUSW), un sindicato con sede en el Reino Unido, afiliado al GMB (el sindicato general de trabajadores).

En una carta abierta dirigida al LEM, publicada a principios de octubre, el IUSW acusa a la organización de demostrar “una indiferencia total por la vida de las mujeres en la industria del sexo.”

“El hecho de penalizar a los clientes no va a impedir que la prostitución siga existiendo, ni tampoco la penalización de las mujeres.

Pero sí que va a suponer más peligros y una mayor estigmatización para aquellas de nosotras que trabajamos como prostitutas.”

El IUSW también acusa al LEM de perpetuar una serie de falsas creencias sobre la prostitución sin tener en cuenta las opiniones de los trabajadores/as del sexo.

Pero el LEM dice que está intentando acabar con el mito de la “prostituta feliz” y con la idea de que legalizar la prostitución es el remedio milagroso para los problemas que esta práctica plantea.

“Si hay prostitutas felices”, dice Pape, “son sólo una pequeña minoría, y las leyes deberían beneficiar a la sociedad en general.

“En lo concerniente a la despenalización, hemos podido comprobar que el modelo holandés no funciona, y que no hace sino generar más crimen y más explotación.”

Según las cifras que cita el LEM, entre el 80 y el 95% de las mujeres que trabajan como prostitutas han sido previamente víctimas de algún tipo de violencia, como la violación, el incesto o la pedofilia.

El LEM también sostiene que a nueve de cada diez prostitutas les gustaría dejarlo, pero que no saben como salir.

Pero el IUSW refuta esta afirmación argumentando que las estadísticas citadas por el LEM no han sido revisadas por expertos y que proceden de fuentes poco fiables.

En cuanto al papel de la Unión Europea, Pape solicita a los Estados miembros que “adopten una postura conjunta para terminar con esta plaga.”

Hace referencia al artículo 83 del Tratado de Lisboa y al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949 de la ONU como fundamentos jurídicos para que se tomen medidas.

“Dieciocho Estados miembros ya han firmado el convenio, pero hablar de una aplicación efectiva es otra historia”, dice.