Ya es hora de abordar la trata de seres humanos como un asunto laboral

 

Si hoy en día hay un asunto global que requiere de un diálogo social urgente, ese es el de la migración laboral.

La creciente explotación de trabajadores y trabajadoras migrantes indocumentados del sector informal equivale a los que los activistas describen como ‘esclavitud moderna’.

En Europa, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el trabajo forzoso, en gran parte resultado de la trata de seres humanos y la migración irregular, afecta a hasta 880.000 personas, es decir, a 1,8 personas por cada 1.000 habitantes.

Y las cifras están aumentando cada año. La pobreza, el subdesarrollo y la falta de trabajo decente obligan a la gente a buscarse una vida mejor en otro lugar, a cualquier precio.

La crisis económica no ha hecho más que empeorar las cosas.

Según un informe sobre la trata de seres humanos publicado en abril por la Comisión Europea, entre 2008 y 2010 se registraron 23.000 víctimas, presuntas o probadas, de la trata.

Esto representa un aumento del 18% en comparación con cifras anteriores.

Sin embargo, las restrictivas políticas en materia de migración y delitos penales que pueden estar relacionados con la trata no han conseguido adaptarse a la situación del mercado laboral.

Por el contrario, los controles fronterizos y los procedimientos de deportación cada vez más estrictos han tenido como consecuencia no deseada el provocar que la trata de seres humanos sea más rentable.

Por tanto, al abordar el modo de enfrentarnos a la trata de seres humanos, tenemos que desviar la atención del crimen organizado y, en cambio, analizar las dinámicas de los mercados laborales y las prácticas laborales coercitivas en los sectores económicos dominantes.

 

Evasión de la justicia

En toda Europa, las políticas contra la trata relacionadas con el trabajo forzoso hacen hincapié en varias tendencias innegables presentes en el mercado laboral de la UE.

Resulta importante destacar que el creciente abuso de las subcontratas para intentar reducir los costes de la mano de obra está vinculado a la falta de disposiciones efectivas que obliguen a los principales contratistas a responder de los abusos a los trabajadores/as.

En los casos de trata, si un trabajador informa sobre los abusos que ha sufrido suelen retirarle el permiso de trabajo o incluso deportarle si es un migrante en situación irregular. Por otro lado, los juicios a los empleadores deshonestos son poco frecuentes.

Asimismo, aunque la mayor parte de los países europeos ofrecen a las víctimas de la trata el derecho a una indemnización por parte de los culpables y del Estado, en la práctica, pocas suelen recibir algo.

En Irlanda, la organización Migrants Rights Centre Ireland y la federación sindical Irish Congress of Trade Unions informaron recientemente sobre el caso de un trabajador migrante indocumentado al que indemnizaron con 92.000 € por el impago de sus salarios.

Posteriormente, la sentencia fue anulada en la apelación del empleador, quien alegó que el derecho a la indemnización quedaba anulado por la situación irregular del demandante en materia de migración.

Aunque la apelación sigue en curso, por ahora el fallo deja sin protección a todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una situación similar.

Esto demuestra que para que la aplicación de los derechos laborales sea efectiva debe haber una barrera que separe la situación migratoria del derecho al acceso a la justicia.

En caso contrario, los abusos no se denuncian y los explotadores quedan impunes.

Sensibilización de la población

Recientemente se han dado varios casos que han sensibilizado al público sobre el asunto de la trata.

En enero, los medios de comunicación suecos informaron del hecho de que importantes empresas forestales estaban empleando a agentes para atraer a trabajadores de Camerún bajo falsas promesas de salarios y buenas condiciones laborales.

Para recibir algo parecido al salario mensual que les prometieron, los trabajadores tenían que plantar unos 3.500 árboles al día, el doble de lo que cualquier trabajador experimentado es capaz de hacer.

En abril, varios trabajadores de Bangladesh fueron víctimas de disparos en una plantación de fresas en Grecia, después de haber exigido a su supervisor el pago de los seis meses de salarios impagos que les debía.

Este trágico incidente sacó a la luz la situación en el sector griego de la recolección de fruta, en el que miles de trabajadores/as migrantes se ven obligados a sufrir unas condiciones laborales y de vida terribles por un salario ínfimo, cuando tienen la suerte de que les paguen.

Sin embargo, a pesar de las pruebas irrefutables de que existían indicadores claros de trata, a ninguno de los dos grupos de trabajadores se les reconoció como víctimas de trata y explotación laboral.

Al menos en el caso sueco se pudo conseguir una indemnización por salarios impagos, gracias a la intervención del Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (el Sindicato Sueco de Trabajadores Forestales, Madereros y de Diseño Gráfico o GS). Sin embargo, demasiado a menudo no se hace justicia.

 

Un enfoque basado en los derechos humanos

La lucha contra la trata de seres humanos y el trabajo forzoso debería estar incluida en políticas gubernamentales integrales que se centren en: normativas sobre migración basadas en derechos humanos, la reducción de pobreza, el desarrollo, inspecciones laborales eficaces, la regulación de las agencias privadas de empleo, garantías para la libertad sindical y la negociación colectiva para todos y campañas contra la discriminación.

Hoy en día, este no es el caso.

Hasta hace poco, los esfuerzos de la UE para combatir la trata de seres humanos se centraba principalmente en una respuesta mediante la ley penal y en un control de la migración irregular.

El enfoque basado en los derechos humanos para la protección de las víctimas ha sido secundario y el impacto que tiene la dinámica del mercado laboral en las causas y consecuencias de la trata de seres humanos se ha ignorado en la mayor parte de los casos.

Por otro lado, la normativa de la UE sobre movilidad laboral y prestación de servicios influye indirecta pero considerablemente en los esfuerzos para luchar contra la trata.

Por ejemplo, el hecho de que los trabajadores desplazados (los empleados en un Estado miembro de la UE pero enviados temporalmente por su empleador a realizar trabajos en otro Estado) puedan estar trabajando bajo peores condiciones laborales que sus homólogos nacionales puede provocar situaciones de explotación, pues siguen aplicándoles las normativas laborales vigentes en su país de origen, incluso si éstas son más deficientes que las del país al que se desplazan.

Como las normas laborales del país receptor no se pueden imponer, resulta imposible realizar un seguimiento de la naturaleza potencialmente explotadora de las condiciones laborales en que trabaja esta gente.

Lo que hemos observado en numerosos casos de explotación laboral en Europa es una elevada incidencia del trabajo forzoso relacionado con el falso trabajo por cuenta propia o los falsos destinos, como ocurrió en un caso reciente en Bélgica.

Decenas de mujeres procedentes del este de Europa fueron reclutadas para trabajar como limpiadoras en una estación de servicio situada en una autopista.

Sin embargo, primero las llevaron a Alemania para conseguir unos documentos que las declaraban como “trabajadoras autónomas” que se desplazarían a trabajar a Bélgica.

En realidad, así quedaban totalmente bajo el control del subcontratista, quien les obligaba a trabajar 15 horas al día durante semanas enteras.

Les pagaron menos de un tercio del salario mínimo legal, les desplazaron por toda Bélgica para trabajar en diferentes estaciones de servicio y les amenazaron y engañaron con respecto a sus derechos.

 

El argumento económico para acabar con la esclavitud moderna

Otros acontecimientos políticos en Europa, como la supresión del derecho de los trabajadores/as migrantes a cambiar de empleador, también pueden contribuir enormemente a aumentar la explotación y los abusos.

En términos generales, la movilidad laboral y la libre prestación de servicios (combinados con la falta de sensibilidad ante la trata de seres humanos) pueden provocar un aumento de la trata, en lugar de su disminución.

Pero por desgracia, la mayor parte de los gobiernos y empleadores del sector privado no entran fácilmente en acción por razones meramente humanitarias.

Si lo hicieran, hoy en día no habría 20,9 millones de personas viviendo en situación de esclavitud.

Se calcula que el trabajo forzoso genera 44,3 mil millones de $ al año.

Conseguir que el sector privado se involucre en la lucha contra la trata de seres humanos es fundamental, siempre y cuando las empresas aborden sus deficiencias, en especial en lo relativo a la explotación en las cadenas de distribución.

Al mismo tiempo, cualquier implicación del sector privado para combatir la trata no afecta a la responsabilidad que tienen los gobiernos de garantizar el respeto a los derechos humanos en su territorio.

Los gobiernos son responsables del desarrollo de normativas adecuadas, la inclusión de instrumentos internacionales aplicables en las leyes nacionales y la garantía de su aplicación, así como de la aplicación de planes de acción y de un control eficaz para erradicar la trata en el sector privado, basándose en estrategias ya existentes, como los Principios Rectores de la ONU (también conocidos como ‘marco Ruggie’) sobre empresas y derechos humanos.

Sin embargo, hasta la fecha los resultados han sido decepcionantes.

Cada año tan solo registramos unos pocos miles de casos juzgados. Mientras tanto, millones de víctimas de la trata de trabajadores/as siguen sin ser identificadas.

Además, miles de víctimas rescatadas acaban poco después en situaciones similares.

Ya es hora de aplicar nuevas formas de pensar y actuar en lo relativo a la trata de seres humanos.

La aplicación del derecho penal debe estar mucho mejor integrada en la prevención a largo plazo y las estrategias de empoderamiento, incluidas las políticas laborales.

Asimismo, es preciso prestar mayor atención a las medidas preventivas; aunque es necesario alcanzar un consenso sobre qué deben implicar dichas medidas.

También existe la necesidad urgente de que los interlocutores sociales se impliquen más amplia y profundamente en el desarrollo de las políticas migratorias.

Las políticas migratorias rígidas y restrictivas solo sirven para fomentar la explotación y la trata, en especial cuando el estatuto de residencia de un trabajador/a migrante está vinculado a un contrato laboral o a un empleador en concreto.

Además, existe una necesidad real de inspecciones laborales eficaces, una regulación de las agencias privadas de empleo, garantías para la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva y la protección de los trabajadores y trabajadoras subcontratados.

Necesitamos más colaboración europea, no menos.

Y necesitamos asociaciones sólidas. Las organizaciones que luchan contra la trata no pueden conseguir gran cosa si no involucran a otros sectores.

Solo se podrá abordar el tema de la esclavitud si gobiernos, empresas, organismos de desarrollo, sindicatos y otros interlocutores de la sociedad civil trabajan juntos.