El asesinato de un hombre de etnia rusa ha provocado disturbios contra los migrantes en Moscú. Aunque la policía rusa ya ha detenido al principal sospechoso, los migrantes de todo el país siguen viviendo con miedo a ser detenidos arbitrariamente o a enfrentarse a sucesos peores.

El ciudadano azerí Orkhan Zeinalov, de 30 años, fue detenido por fuerzas especiales de la policía como supuesto autor del asesinato a puñaladas de Yegor Shcherbakov, de 25 años, el pasado domingo en el barrio de Biryulyovo, en las afueras de Moscú.

La noticia de la muerte de Shcherbakov provocó los peores disturbios étnicos que se han vivido en Rusia desde hace años. Unos ultranacionalistas irrumpieron en un almacén local de verduras que, según decían, tenía empleados a trabajadores extranjeros musulmanes procedentes de la región del Cáucaso y de Asia central, incluido al señor Zeinalov.

Cientos de personas rompieron ventanas, destrozaron vehículos aparcados y atacaron a transeúntes. Un total de 23 personas resultaron heridas, incluidos seis policías antidisturbios.

Sin embargo, el día después de esta explosión de violencia, la policía detuvo a más de 1.600 trabajadores y trabajadoras migrantes.

 

Crecen los sentimientos contra los migrantes

Aunque los disturbios del domingo pasado han ocupado los titulares de todo el mundo, forman parte de un creciente patrón de sentimientos en contra de los migrantes en Rusia.

En agosto, la policía de Moscú llevó a cabo una redada para atrapar a unos 3.000 trabajadores/as migrantes durante el período previo a las elecciones a la alcaldía de la capital rusa.

Seiscientos de ellos, principalmente originarios de Vietnam, fueron retenidos en un campamento de tiendas de campaña mientras esperaban a ser deportados por haber infringido las leyes de migración. Esta medida fue condenada por numerosos grupos de derechos humanos, sobre todo debido a las malas condiciones de vida existentes en el campamento de detención provisional.

En septiembre, las autoridades rusas de la ciudad de Sochi, anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, iniciaron redadas diarias para atrapar a los migrantes sin documentos que trabajaban en los proyectos de construcción de la ciudad.

Al parecer, unos 16.000 extranjeros participan en la construcción de las instalaciones para los Juegos Olímpicos de Sochi. Para finalizar a tiempo el ambicioso proyecto de 50 mil millones de US$ para el año que viene se necesitarán varios miles más. Sin embargo, dicho proyecto ha sido criticado por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.

En febrero, la ONG Human Rights Watch publicó un informe de 67 páginas en el que detallaba numerosos casos de trabajadores migrantes que residían en viviendas precarias y a los que habían retenido sus pasaportes y engañado para quitarles su salario.

Asimismo, han salido a la luz violaciones parecidas e igual de generalizadas en las obras de construcción de Moscú.

A principios de octubre, la Confederación Sindical Internacional (CSI) apoyó a sus afiliados rusos, la FNPR y la KTR, cuando se opusieron a las modificaciones de la legislación laboral rusa, que dejarían a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, tanto rusos como extranjeros, sin la protección jurídica básica en materia de horario laboral, horas extra y otras normas laborales fundamentales relacionadas con la Copa del Mundo de 2018.

 

La baza de la inmigración

Según datos de la ONU, Rusia posee la segunda mayor población migrante del mundo por detrás de Estados Unidos.

Las cifras publicadas en septiembre por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas revelan que el número de migrantes extranjeros que viven en Rusia alcanzó los 11 millones en 2013; es decir, más del 7% de la población total del país.

Los trabajadores/as migrantes, en especial los procedentes de Asia central, ocupan un gran número de puestos de trabajo mal remunerados, sobre todo en la industria de la construcción y en los servicios públicos, donde los empleadores violan sus derechos constantemente.

A pesar del destacado papel que ha desempeñado la mano de obra migrante en el auge de la industria petrolera del país, numerosos rusos están empezando a sentirse molestos por su presencia.

Según un sondeo estatal llevado a cabo en julio por la consultora VTsIOM, el 65% de los rusos opina que los inmigrantes son los responsables del aumento de la delincuencia, mientras que más de uno de cada tres rusos creen que “otras etnias” constituyen una amenaza para la seguridad nacional.

Asimismo, existe un malestar generalizado por la presencia de migrantes nacionales procedentes de las regiones musulmanas del norte del Cáucaso, incluidas Daguestán y Chechenia, asolada por la insurrección.

A pesar de tener pasaportes rusos, a ellos también les consideran inmigrantes y "no rusos".

Hace varios días, el Consejo de Europa publicó un informe sobre el racismo y la intolerancia en la Federación de Rusia. Aunque destacó algunos avances positivos, el Consejo formuló varias enérgicas recomendaciones, en especial en relación con la violación de los derechos humanos y laborales de los migrantes.

Como ocurre en tantos otros países europeos, los políticos están jugando ‘la baza de la inmigración’ para intentar sacar beneficios electorales.

Tras los disturbios del domingo, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, acusó a ciertos “elementos extremistas”, mientras que en agosto defendió las redadas de inmigrantes como "algo normal".

“En realidad son [en respuesta a] una demanda de los ciudadanos, la mayoría de los cuales consideran que la inmigración constituye un problema grave”, declaró entonces el señor Sobyanin ante los medios de comunicación rusos.

"Así es en cualquier país. Si existe una situación de emergencia, entonces el gobierno y la sociedad empiezan a actuar con más dureza”, añadió.

 

No os queremos, pero os necesitamos

Según el Servicio Federal de Migración, tan solo dos de los 11 millones de migrantes de Rusia están en situación legal.

Los migrantes laborales procedentes de los antiguos Estados soviéticos, incluidos los países de Asia Central, pueden permanecer en Rusia durante tres meses, pero a menudo prolongan su estancia durante períodos más largos y trabajan en la ‘economía sumergida’.

Los críticos de las continuas campañas de represión destacan que el alto número de migrantes indocumentados es el resultado de un marco legal deficiente y de la corrupción, ya que la policía es famosa por aceptar sobornos para ignorar a los trabajadores sin permiso de trabajo.

Asimismo, numerosos empleadores se benefician de los trabajadores/as indocumentados al pagarles bajos salarios y evitar el pago de sus impuestos y prestaciones sociales.

"Si ellos [los migrantes detenidos] han infringido la ley, se debe a una legislación deficiente", explicó en agosto Yevgeny Bobrov, del consejo de derechos humanos del Kremlin, en una conferencia de prensa poco después de visitar el campamento de tiendas de campaña.

"¿Por qué la policía no encuentra a los que les organizaron?", preguntó.

Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las grandes economías, la rusa necesita desesperadamente trabajadores migrantes, ya que simplemente no dispone del capital humano interno para impulsar la economía.

Según Konstantin Romodanovsky, director del Servicio Federal de Migración, Rusia necesita cada año la entrada de más de 300.000 trabajadores/as migrantes para satisfacer las demandas del país en lo relativo al desarrollo económico.

"Los migrantes aportan hasta el 7-8% del producto interior bruto de Rusia. No conozco a ningún economista que afirme que podemos prescindir de ellos ", aseguró Vladimir Volokh, antiguo alto cargo del Servicio Federal de Migración y actualmente profesor de la Universidad Estatal de Gestión de Rusia.

La solución, afirma, es que el gobierno ayude a los migrantes a salir de la economía sumergida, para que el país se pueda beneficiar de los impuestos que pagan los trabajadores/as con papeles.

Sin embargo, parece que por ahora la política nacional seguirá haciendo caso omiso del sentido común en materia económica.