“En 1994 asesinaron a mi hijo, un niño de 12 años que no tenía nada que ver con este asunto. Luego, ese mismo año, asesinaron a varios de mis colegas”, nos explica Luis Lara, líder del Frente Nacional de Lucha (FNL), un sindicato guatemalteco de servicios públicos.

“Después secuestraron a mi hija: la metieron en un automóvil, la torturaron, hicieron lo que quisieron con ella y la llevaron a un lugar aislado. Pensaron que la habían matado. Incluso le dieron el tiro de gracia para asegurarse de que estaba muerta. Sin embargo, allí en la oscuridad no sé qué ocurrió. Probablemente se moviera y la bala le atravesó el ojo. Después de ese suplicio se tuvo que exiliar”.

 

El relato del señor Lara es solo una de las numerosas historias espeluznantes que cuentan los activistas sindicales en Guatemala. Según el último recuento, se calcula que al menos 63 sindicalistas han sido asesinados en esta nación centroamericana. Ni una sola persona ha sido encarcelada por estos delitos.

Sin embargo, los responsables sindicales afirman que la cifra real es mucho más elevada y que si el gobierno guatemalteco no mejora la situación pronto, podría enfrentarse a sanciones económicas y a la rescisión de sus acuerdos de libre comercio con Europa y Estados Unidos.

“Debido a los numerosos asesinatos de sindicalistas, hoy en día Guatemala es el país más peligroso del mundo para estar afiliado a un sindicato”, afirmó Stephen Benedict, director del departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

“Los trabajadores y sus sindicatos siguen enfrentándose a la violación generalizada de sus derechos más básicos, como la libertad sindical y el derecho a negociar en nombre de los trabajadores a los que representan. Tienen que lidiar a diario con el acoso, la intervención de empleadores y autoridades gubernamentales en los asuntos sindicales y, en última instancia, las amenazas de muerte y los asesinatos”.

 

La cultura de la impunidad

No es ningún secreto que Centroamérica es una región peligrosa. Según la CSI, entre 2009 y 2012, 38 sindicalistas fueron asesinados en Guatemala, 23 en Honduras y ocho en México.

Sin embargo, la situación es especialmente grave en Guatemala, donde la violencia es endémica y la tasa de homicidios asciende a 34 de cada 100.000 personas.

En 1996, Guatemala emergió de una brutal guerra civil que duró 36 años y en la que murieron 200.000 personas y fueron desplazadas 50.000. El Estado quedó debilitado, con pocas instituciones: incompetentes y a menudo corruptas.

Según los abogados de derechos humanos, la escasa capacidad para hacer cumplir la ley y el débil sistema judicial de Guatemala fomentan una cultura de la impunidad y el miedo. Cuando los sindicalistas luchan para conseguir mejores derechos laborales, los que ostentan el poder y el dinero no encuentran ninguna dificultad para pagar a alguien que les silencie.

En los últimos meses, varias delegaciones sindicales internacionales de alto nivel han viajado a Guatemala para investigar la situación de los activistas sindicales y presionar al gobierno de Otto Pérez Molina para que acabe con la impunidad que permite circular en libertad a los culpables de estos delitos.

En marzo, el gobierno guatemalteco firmó un acuerdo con la CSI y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para investigar y perseguir los delitos contra los sindicalistas.

Sin embargo, pocos días después de que la delegación de la OIT abandonara el país, fueron asesinados tres activistas sindicales.

Cinco meses después, la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una federación sindical mundial, se reunió con el presidente Pérez Molina para informar a su gobierno de que si no emprende acciones para luchar contra esta oleada de asesinatos de sindicalistas se arriesga a que se apliquen medidas en contra de su favorecedor estatus comercial, en especial en lo relativo al Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACAUE).

 

Falta de avances

En septiembre, la OIT regresó a Guatemala para analizar los avances del gobierno y mantener una consulta con su representante en este país, el cual asumió su cargo en julio de 2013 como una de las condiciones del acuerdo firmado en marzo.

“Existen algunos indicios de cambio, pero todo avanza con demasiada lentitud”, explicó a Equal Times Luc Cortebeeck, el presidente del Grupo de los Trabajadores de la OIT.

“Estos cambios son el resultado de la presión que han ejercido los interlocutores internacionales, pero el poder que ostentan los terratenientes y los dueños del capital sigue siendo desmesurado”.

En un intento por proteger sus acuerdos de libre comercio, el gobierno guatemalteco ha asegurado que desea cumplir las normas internacionales y mejorar la situación de los sindicalistas.

Sin embargo, debido a que el Partido Patriota de centro-derecha (actualmente en el poder) solo ocupa 58 de los 158 escaños del Congreso, todavía no se ha aprobado la legislación necesaria en materia laboral.

“El gobierno está paralizado por el sistema político. Por desgracia, los empleadores de Guatemala todavía no han utilizado su considerable peso político para promover los cambios necesarios”, explicó el señor Cortebeeck.

 

Terroristas, amenazas de muerte y campañas mediáticas

Numerosos sindicalistas guatemaltecos han recibido amenazas de muerte y son el objetivo de numerosas campañas mediáticas negativas, lo cual explica la razón por la que hoy en día la afiliación sindical asciende únicamente al 1,6% de la población activa.

“Hace poco, un periódico publicó un panfleto con una lista de terroristas en la que aparecía yo. ¿Terrorista yo? ¿Porque lucho por la justicia, la igualdad y la paz? ¿Por la democracia? ¿Por cosas que en el resto del mundo son corrientes y se respetan?”, declaró el señor Lara.

“Estos suplementos [de periódico] son caros. ¿De dónde proviene el dinero? ¿Quién está pagando para destruir a la gente que lucha por la democracia?”.

El gobierno guatemalteco insiste en que está haciendo todo lo posible para mejorar la situación y ha ofrecido protección policial a varios líderes sindicales amenazados.

“En marzo de este año, organizamos una mesa redonda con el ministro del Interior y todos los líderes sindicales”, aseguró el ministro de Trabajo de Guatemala, Carlos Contreras Solórzano.

“El objetivo consistía en desarrollar políticas de prevención para evitar y prevenir las agresiones a los trabajadores y líderes de los sindicatos y en intercambiar información para combatir a los criminales o responsables de dichos delitos”.

“Para garantizar que los delitos contra los líderes sindicales no queden impunes, hemos creado un grupo de trabajo formado por la fiscal general y los principales líderes sindicales de Guatemala”.

Sin embargo, el señor Benedict asegura que estas medidas no están funcionando.

“El gobierno debe tomar las medidas necesarias para brindar una protección eficaz a los sindicalistas amenazados. El sistema actual, que consiste en pedir a los sindicalistas que llamen a un número de teléfono móvil, no es una solución”.

“Así lo dejó patente un caso acaecido recientemente. Un sindicalista llamó a dicho teléfono móvil, donde le dijeron que su situación de riesgo sería ‘evaluada’. Al día siguiente le asesinaron”.

La ISP está presionando de nuevo al presidente Pérez Molina para que tome medidas urgentes y proteja a los sindicalistas, después de que en octubre agredieran a cuatro más de sus miembros en Guatemala; uno quedó en coma y el resto temen por sus vidas.

Aunque el trabajo de la fiscal general para poner fin a la impunidad ha sido elogiado, para reducir la cifra de delitos antisindicales hay que cambiar diversas leyes laborales guatemaltecas con vistas a que cumplan con los convenios de la OIT, ofrezcan más protección a los trabajadores/as y otorguen a los inspectores de trabajo la autoridad pertinente para imponer sanciones.

A finales de octubre de 2013, la OIT debatirá si va a iniciar una comisión de investigación en Guatemala. Dicha comisión constituye el procedimiento de investigación de más alto nivel.

Este tipo de investigación a fondo tan solo se ha llevado a cabo 11 veces en los casi 100 años que han pasado desde que se fundó la OIT.

“Podría tener consecuencias muy negativas para Guatemala en lo relativo a sus acuerdos comerciales con EE.UU. y Europa y a sus programas de cooperación”, advirtió el señor Cortebeeck.